La seguridad alimentaria es un sector imprescindible para una gran variedad de industrias. Por ello, los profesionales que se especializan en esta área están muy demandados en el mercado laboral.
Las salidas laborales que se presentan a un experto en seguridad alimentaria son muy amplias, gracias a su gran desarrollo en las últimas décadas, unido a un nivel de exigencia cada vez mayor en la garantía de la seguridad alimentaria.
Trabajar en un laboratorio de control de calidad en industria alimentaria, como investigador especialista en seguridad alimentaria, o en el sector de la consultoría y asesoramiento a empresas del sector alimentario son sólo algunas de las salidas que brinda la seguridad alimentaria.
¿Qué formación se necesita para trabajar en seguridad alimentaria?
Para trabajar en este sector es necesario acreditar una formación adecuada en la materia. Actualmente se pueden completar estudios de grado universitario, como el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos o el grado Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias.
A nivel de postgrado, existen opciones de máster en seguridad alimentaria o también cursos de experto universitario en esta materia.
Y también es posible acceder a cursos profesionales o de especialización, que tratan algún aspecto concreto de la seguridad alimentaria. Como el curso que ofrece la escuela de formación Dicampus en Gestión de Sistemas de Seguridad Alimentaria. Esta formación se dirige específicamente a todos aquellos profesionales que trabajando o que procedan del sector de las industrias alimentarias.
El curso se imparte en modalidad online, con una duración total de 130 horas. Esta formación va dirigida al aprendizaje de la gestión de los diferentes sistemas de seguridad alimentaria, incluidos los sistemas APPCC.
Requisitos de acceso al curso
Este curso está especialmente dirigido a profesionales en activo de los sectores de las industrias alimentarias, agricultura y ganadería cuya relación laboral se haya extinguido por un expediente de regulación de empleo (ERE) o suspendido por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), perteneciente a cualquier sector.
El 30% de las plazas pueden asignarse a personas en desempleo que estén inscritas como demandantes en el Servicio Público de Empleo Estatal.
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