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Políticas educativas: asignaturas pendientes y retos en 2020

Las reformas educativas previstas para 2019 no se han podido llevar a cabo por la inestabilidad política, posponiéndose para este nuevo año.

Publicado en Mundo Educativo
Foto de Políticas educativas: asignaturas pendientes y retos en 2020

El propósito del PSOE de derogar la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE), también conocida como Ley Wert, no se ha podido llevar a cabo en 2019. Tampoco pudieron llegar a buen puerto los 2.720 millones de euros que estaban presupuestados para Educación y que, entre otras medidas, incrementaban en 200 millones de euros las becas.


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Unas elecciones generales adelantadas para el mes de abril hicieron que la tramitación parlamentaria de una nueva ley educativa quedara paralizada. La situación política ha hecho que la comunidad educativa considere a 2019 como “un año perdido para las políticas de educación”.


En respuesta a la situación, los principales sindicatos docentes coinciden en señalar la reforma de la ley electoral como “una prioridad” en cuanto se forme un nuevo Ejecutivo para afrontar retos como el fracaso escolar o el diseño curricular. En este sentido, se pide recuperar la inversión en educación hasta el 5,9% del PIB y crear un sistema transitorio de ingreso a la profesión docente, entre otras cuestiones.


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El Gobierno del PSOE, antes de ser nombrado en funciones, tuvo tiempo de aprobar una ley que recomendaba que el horario lectivo de los maestros de Primaria y Secundaria tuviera un máximo de 23 y 18 horas lectivas semanales, aunque la decisión quedaba en manos de las Comunidades Autónomas. A pesar de ello, con el comienzo del curso la mayoría de las Comunidades mantenían horarios lectivos por encima de lo recomendado por la ley, lo que ha sido criticado por algunos sindicatos docentes.


Por otra parte, los resultados de los alumnos españoles en el Informe Pisa de la OCDE tampoco fueron buenos. Los estudiantes españoles que hicieron las pruebas en 2018 empeoraron en ciencias y matemáticas, creándose fuertes desigualdades regionales. En este sentido, desde la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) se pide un pacto educativo cuando llegue la estabilidad política.


En 2019, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se mostró partidaria de que la prueba de acceso a la Universidad fuera común en todas las Comunidades Autónomas para evitar diferencias. El Gobierno se mostró de acuerdo en estudiar las incidencias y quejas mostradas por esta cuestión tras la última Selectividad, pero la situación política ha hecho que se incumplan los plazos, lo que complica la aplicación de un nuevo modelo para la convocatoria de 2020.


La última polémica en referencia a la educación ha llegado de la mano de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, que negaba que la elección de centro educativo fuera un derecho constitucional, una opinión que fue criticada por el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, que comentó que el discurso de la ministra “estaba fuera de lugar”.


La ministra, por su parte, zanjó la cuestión afirmando que las familias de la concertada “no tenían nada que temer con el PSOE”, a quien definió como “el más claro baluarte en la defensa de la educación pública y concertada”. En este sentido, desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (CONCAPA) se anunciaba que “vamos a defender a capa y espada la libertad de educación”.



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