La ciberdelincuencia sigue en aumento. El Instituto Nacional de Ciberseguridad gestiona más de 100.000 incidentes anuales de empresas y de particulares, de las que cerca de 700 se corresponden con operadores estratégicos como compañías eléctricas o empresas de telecomunicaciones.
Unas deficiencias que el teletrabajo ha puesto aún más de manifiesto al tener que trabajar muchos empleados con equipos en remoto.
Para intentar frenar esta situación, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto Ley 43/2021 por el que se regulan las obligaciones de determinados operadores en la protección de sus redes y sistemas de información, siguiendo con la línea de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016.
El Real Decreto establece así la obligación de que determinados operadores tengan que tener un Responsable de Seguridad de la Información (RSI), con los medios y recursos suficientes para que pueda llevar a cabo sus funciones de manera eficaz y real.
Con esta obligación se prevé que aumente la demanda de profesionales de la ciberseguridad.
Esto implica que estos operadores se deberán dotar de personal con conocimientos y experiencia en este campo, quienes tendrán además una posición dentro de la organización que facilite el desarrollo de esas funciones y le permita la interlocución con la alta dirección.
Esta obligación se prevé que aumente la demanda de profesionales de la ciberseguridad, que ya llevan desde hace años en las primeras posiciones de los rankings de perfiles con más alta empleabilidad.
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