El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha abierto el plazo para solicitar las Becas SERÉ 2025, destinadas a apoyar económicamente la preparación de las oposiciones de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado.
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1.300 Becas Seré
La convocatoria de este año de Becas SERÉ cuenta con una dotación económica «sin precedentes», según el Gobierno, de 15,6 millones de euros. Esta inversión permitirá conceder un total de 1.300 becas de 12.000 euros anuales.
Se distribuirán de la siguiente forma:
– 930 becas para las Carreras Judicial y Fiscal
– 230 becas para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia
– 40 becas para el Cuerpo de Abogados del Estado.
– 100 becas adicionales en modalidad mixta de ayuda económica y en especie. Una parte se ofrece directamente a la persona que prepara y otra a la persona que oposita para su manutención.
Plazo abierto del 9 al 23 de junio de 2025.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 9 de junio hasta el 23 de junio. Las personas interesadas deberán presentar su solicitud a través de los medios electrónicos habilitados por el Ministerio.
Más becas y acompañamiento a opositores
Desde la puesta en marcha del programa en 2022, el número de beneficiarios y la inversión pública destinada a estas ayudas se ha multiplicado por diez. La inversión total se ha incrementado de 1,6 a 15,6 millones de euros, aumentando así la ayuda económica por beca de 6.600 a 12.000 euros y el número de becas convocadas de 245 a 1.300.
A esto se añade un programa de acompañamiento impulsado por el Centro de Estudios Jurídicos que ofrece a los aspirantes seleccionados la opción de contar con apoyo académico personalizado por parte de integrantes en activo de las propias Carreras Judicial y Fiscal.
En paralelo, el Gobierno ha blindado el futuro de estas becas a través del proyecto de Ley de medidas para el fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, actualmente en tramitación parlamentaria, que establece el carácter estructural del programa y fija como cuantía mínima de la ayuda el Salario Mínimo Interprofesional.