El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha recibido varios informes que apuntan a que España desvía a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general a través de un sistema de educación paralelo centrado en centros de educación especial o aulas especiales dentro de las escuelas.
Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva
A pesar de que la normativa internacional deja claro que los jóvenes con discapacidad deben tener acceso efectivo a la educación con el fin de lograr su desarrollo individual y su inclusión social, Noticias ONU señala que expertos en Derechos Humanos han concluido que, en España, la segregación y la exclusión de los estudiantes con discapacidades de la educación general equivale a violaciones graves de su derecho a la educación. Asimismo, el informe concluye que “un efecto del sistema existente es la invisibilidad de las personas con discapacidad, identificándola desde sus primeros años de vida como personas que no pueden lograr lo que las demás”.
Tras recibir los informes, Coomaravel Pyaneandee, vicepresidente del Comité, y Carlos Parra Dussan, miembro del mismo, han viajado a Madrid, León, Valladolid, Barcelona, Sevilla y Málaga para reunirse con miembros de la Administración central y los gobiernos regionales, así como con organizaciones de personas con discapacidad, investigadores, académicos, jueces y abogados. El objetivo del Comité es comprobar que España cumple sus compromisos en materia de derechos humanos, lo que conllevaría que las personas con discapacidad no queden excluidas de la educación primaria y secundaria.
Carlos Parra ha asegurado al respecto que “dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en la igualdad de oportunidades. Debe haber una modalidad y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que requiera”.
El Comité ha instado a España a establecer un plan de acción en colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad para que se elimine la educación segregada de la legislación educativa. Además, ha recomendado que se establezcan mecanismos de supervisión para comprobar que todo el territorio nacional vela por estos derechos.
España rechaza en informe
Por su parte, el Gobierno español ha manifestado su firme rechazo al informe sobre el trato que reciben las personas con discapacidad en el sistema educativo, mostrándose en desacuerdo con la idea de que en España se niega la igualdad de derechos a estas personas de forma deliberada, al tiempo que recalca que en el país se ha apostado por la educación inclusiva de todo el alumnado.