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Jóvenes en campus universitario.

Foto: Jóvenes en campus universitario.

La Ley de Universidades avanza con cambios en la contratación de profesores y las tasas universitarias en primer plano

La nueva Ley de Universidades podría traer novedades para los profesores, mientras que los estudiantes plantean tasas gratuitas.

El Ministerio de Universidades se está planteando algunos cambios en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Uno de los más destacados es que los 11.000 contratados doctores y los profesores ayudantes doctor no tendrán que hacer una estancia de nueve meses en otro centro para ejercer de profesores titulares.

Además, el profesorado de las universidades de los países de la UE se acreditaría bajo el principio de reciprocidad. Es decir, se aceptarán automáticamente las credenciales de aquellos países que acepten las españolas, según apunta El País.

Además, el nuevo texto normativo podría reservar para los profesores asociados que son doctores el 15% de las plazas en una oferta de empleo. En cuanto a la posibilidad de progresar en la Universidad, se podría hacer tanto con la actividad investigadora como con la docencia. Y ninguna persona podrá ser contratada mediante la modalidad de profesor ayudante doctor por más de seis años.

La nueva ley también recogería que los catedráticos doctorales de escuelas universitarias podrán integrarse en el cuerpo de profesores manteniendo sus derechos y antigüedad. Por lo que respecta a la contratación de profesores sin tesis, una comisión compuesta por miembros de la universidad evaluará los méritos de los candidatos. Además, se contempla la creación de una nueva vía que permitirá a las Comunidades Autónomas crear la figura del profesor permanente laboral, como ya ocurre en Cataluña y País Vasco.

Petición de los estudiantes: hacia la gratuidad de las tasas universitarias

Los estudiantes, por su parte, solicitan que la nueva Ley de Universidades establezca una financiación que permita avanzar hacia la gratuidad de las tasas universitarias, tal y como lo han trasladado a través de la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) a la mesa del negociación.

La nueva ley establece que los precios públicos universitarios serán fijados por cada Comunidad Autónoma, aunque siempre en los límites marcados por la Conferencia General de Política Universitaria. Los universitarios insisten, sin embargo, en la gratuidad de la primera matrícula universitaria y la creación de un sistema de financiación que evite que la falta de financiación sea cubierta por las tasas de los estudiantes. Además, también revindican que el incremento del gasto público en Educación se produzca en los próximos cinco años.

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