La Ley de Convivencia Universitaria, cuyo anteproyecto ha sido aprobado en Consejo de Ministros, derogará el reglamento de 1954. Se trata de un código de conducta y tiene como objetivo pasar de una norma centrada en los castigos a la mediación para solucionar conflictos más propia de un ordenamiento constitucional. Se da respuesta así a una demanda de la comunidad universitaria y del Defensor del Pueblo.
Aunque se prevé que las propias universidades desarrollen sus propias normas de convivencia, se considerarán faltas muy graves las novatadas siempre que ocurran dentro de las instalaciones universitarias, el acoso, el plagio en Trabajos Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctorales.
Otras de las faltas que serán sancionadas serán la falsificación de actas, los escraches violentos o la discriminación por razón de sexo u orientación sexual, así como incumplir las normas de salud pública o suplantar a un miembro de la comunidad universitaria. Todo ello supondría una expulsión de la universidad de entre dos meses a tres años, o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso académico, según la nueva Ley.
Desde la CREUP – Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas solicitan mayor concreción en la definición de las faltas y sanciones. Destacan en un comunicado que «la integridad de la universidad se debe medir por la calidad de las garantías dentro del proceso sancionador, sin que resulte en abusos de poder contra un sector sin medios para defenderse». Además, consideran que esta ley debe asegurar no vulnerar «en ningún caso» la libertad de manifestación y de expresión.
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La nueva ley se reenviará al Parlamento para su tramitación a finales del verano.
Faltas graves y leves
Como faltas graves estarían apoderarse indebidamente de exámenes o falsear resultados, impedir la celebración de actividades universitarias o acceder a los sistemas informáticos de la Universidad sin permiso. Estas actuaciones podrían acarrear la expulsión del alumno durante un mes o la pérdida de la matrícula.
En cuanto a faltas leves, sería acceder a instalaciones universitarias sin permiso, realizar actos que deterioren el patrimonio de la universidad. Se solventarán con una amonestación privada.
La nueva ley se reenviará al Parlamento para su tramitación a finales del verano y podría quedar aprobada a principios del próximo año. El ámbito de aplicación de la normativa serán las universidades públicas y afectará a los estudiantes y no al personal docente y no docente, que tienen su propio régimen disciplinario. Ante el borrador de la normativa los estudiantes apuntan a que no se les permite participar en el procedimiento sancionador.
Comisión de Convivencia
En cualquier caso, la ley establece que se creará una Comisión de Convivencia encargada de canalizar las iniciativas que supongan la mejora de la convivencia y en los casos que se estime pertinente tramitar el proceso de mediación como alternativa a la sanción.
Esta Comisión contará con una representación de los estudiantes, el personal docente e investigador, y otro personal de la universidad. La mediación, sin embargo, no será posible cuando se abra un expediente por violencia de género, daños contra el patrimonio universitario o fraude académico. Y tampoco cuando una de las partes implicadas se niegue a ello.