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El ministro de Universidades, Joan Subirats, en su intervención en el Congreso tras la aprobación de la nueva Ley de Universidades.

Foto: El ministro de Universidades, Joan Subirats, en su intervención en el Congreso tras la aprobación de la nueva Ley de Universidades.

El Congreso aprueba la nueva Ley de Universidades de Subirats: tope a las tasas y a la temporalidad de profesores

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se ha aprobado en el Congreso y trae algunos cambios en cuanto al autogobierno, su estructura y alumnado.

El Congreso de los Diputados, tras la votación de las enmiendas del Senado, ha aprobado el texto definitivo de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) o Ley de Universidades.

Para Joan Subirats, ministro de Universidades, «esta Ley permite a las universidades seguir manteniendo una función esencial que llevan haciendo desde hace centenares de años». Y cita el pluralismo ideológico, el conocimiento crítico, la preparación humana y el desarrollo de la investigación como pilares.

La nueva Ley de Universidades entra en vigor a los 20 días tras su próxima publicación en el BOE.

Tope a las tasas universitarias

La LOSU consolida que las Comunidades Autónomas fijarán el precio siguiendo el principio general de contener o bajar precios progresivamente. Es decir, los precios públicos solo podrán reducirse o mantenerse, nunca subir, aunque no se especifica cómo se compensará la financiación para mantener esa reducción de tasas.

Estudios más cortos y para todas las edades

Las universidades ofertarán microcredenciales, micromódulos y otros títulos de corta duración.

Según la nueva norma, desde el inicio de los estudios de doctorado hasta la estabilización solo pasarán diez años. De esta forma se consigue un «rejuvenecimiento de la plantilla universitaria», explican desde el propio ministerio.

El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años (en vez de los 5 de la LOU). Así, se elimina la acreditación para esta figura al igual que se hace en el resto de los países europeos, y accediendo por concurso público. Con ello «se avanza la edad de entrada y se permite también atraer talento internacional», afirman fuentes ministeriales.

Además, el objetivo es que las universidades se dirijan a todas las edades siendo la formación a lo largo de la vida una «función básica de la universidad». Para ello, se van a establecer títulos propios, microcredenciales, micromódulos y otros títulos de corta duración.

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Plazas de profesorado y reducción de temporalidad

Otros de los cambios que prevé la nueva LOSU son los que afectan a su personal. Cualquier profesor titular o permanente laboral, con los méritos que establezca la universidad en sus estatutos, podrá postularse al puesto de rector, antes reservado para los catedráticos. Tendrán un único mandato de seis años.

En cuanto al compromiso a la hora de reducir hasta el 8% la inestabilidad laboral en el sector público, las universidades van a convertir a 25.000 profesores asociados a indefinidos a tiempo parcial, con derechos de antigüedad, paro y vacaciones. Además, se va a favorecer que los falsos asociados que han leído la tesis lleguen a ser ayudantes doctores, al valorarse más su labor docente.

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Con la LOSU, además, se crea la figura de profesor permanente laboral, a modo de lo que ocurre ya en Cataluña y País Vasco, donde la acreditación de méritos permite contratar a investigadores de forma paralela al sistema funcionarial.

Los jóvenes investigadores no podrán ser más de seis años ayudantes doctor, teniendo que superar una evaluación a los tres años del contrato. Además, el profesor sustituto no podrá impartir más horas de clase que las del remplazado. Se pretende rebajar la edad media en la que un profesor se convierte en fijo de los 45 años actuales a los 35.

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Alumnado, mujeres y ciencia

En cuanto a la discriminación positiva, las universidades pueden tomar la decisión de favorecer a las mujeres a igualdad de idoneidad de méritos. Los colegios privados que segregan por sexo y quieran ser adscritos a universidades públicas se verán obligados a mezclar a los alumnos. Y los campus deberán desarrollar una política que tenga en su punto de mira el cambio climático.

Por último, se va a impulsar la presencia del alumnado adulto en la universidad, promocionando la presencia de adultos sin Bachillerato, pero experiencia en el campo de su interés.

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