El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, 15 de abril, el proyecto de ley de protección de los derechos de los menores con el fin de proteger los derechos de los niños y adolescentes, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, estableciendo medidas de protección integral, así como de prevención o detección precoz, indican desde las Cortes.
El proyecto, aprobado con amplia mayoría (268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones), incluye una serie de novedades en la protección de los derechos de los menores y continúa su tramitación parlamentaria hacia el Senado.
Entre los puntos más importantes es la ampliación del plazo en el que la víctima puede denunciar los abusos sexuales y delitos graves, que pasa a ser hasta que cumpla 35 años en lugar de los 18 años actuales, lo que implica que este tipo de actos delictivos no prescribirá hasta la víctima cumpla 40 años, edad que se eleva hasta los 55 años en el caso de los más graves.
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La ley crea la figura del coordinador frente al acoso escolar.
Además, recoge que los menores de 14 años solo podrán declarar una vez durante la fase de instrucción del proceso judicial frente a las cuatro actuales y solo testificarán en el juicio de manera excepcional.
El proyecto también establece la obligación de todo ciudadano de comunicar aquellos indicios de violencia que advierta ante las autoridades o la policía, aunque también se deja la puerta abierta a que sean los propios menores quienes denuncien.
El amplio texto incluye otra serie de derechos como que los menores sean escuchados en todos los procesos administrativos, judiciales o de otra índole que tengan relación con la acreditación de la violencia o reparación de las víctimas.
Un derecho que, igualmente, se aplica en los casos de separación o divorcio, siempre que los niños tengan suficiente madurez para tomar decisiones que les afecten. Aparte, se pone coto al síndrome de alineación parental –uno de los progenitores manipula al niño en contra del otro progenitor-, para que no se tengan en cuenta planteamientos en esta línea sin aval científico.
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Otra de las medidas es la puesta en marcha de juzgados específicos y capacitados para tratar la violencia contra la infancia y la adolescencia, aparte de contar con agentes de autoridad. De este modo, se da esta categoría a los funcionarios de servicios sociales, quienes podrán requerir la colaboración de las fuerzas de seguridad, servicios sanitarios o cualquier servicio público necesario para su intervención.
El proyecto también introduce cambios en materia de la ley de violencia de género para que se reconozca que el perjuicio o daño que se hace sobre la mujer también afecta a los niños, menores de edad o familiares. Asimismo, en el caso de que los menores vivan en entornos con violencia de género, se les da más protección, pudiéndose suspender el régimen de visitas si hay indicios fundados de que hayan presenciado, sufrido o convivido con la violencia, salvo decisión judicial, entre otros puntos.
El proyecto incluye otros aspectos como la educación afectivo-sexual, que se recibirá en todas las etapas educativas, aparte de elaborarse protocolos específicos con la participación de los menores contra el abuso, maltrato, acoso escolar y sexual, ciberacoso, violencia doméstica o de género, suicidio o autolesión, entre otras formas de violencia. Además, ahora, el marco legal, además, incluye castigos por la promoción a través de Internet de, por ejemplo, los trastornos alimenticios, suicidios o autolesiones.
Los protocolos llegan a su vez a las administraciones porque todos los centros deberán tenerlos para actuar frente a los casos de violencia. Otras medidas son la creación de un registro central de información sobre violencia contra la infancia y el endurecimiento de las condiciones de acceso al tercer grado de los condenados por delitos sexuales contra menores de 16 años, para conseguir la libertad condicional y los permisos penitenciarios.