Menú
¡Llama gratis! 900 831 816

Las enseñanzas no regladas ya tienen sus reglas

Tras algunas sonadas quiebras de centros de formación no reglada, pero sobre todo, tras diversos casos de engaño e indefensión por parte de sus afectados, era urgente la implantación de una normativa que pusiera orden en tan creciente sector. Así, co

Publicado en Histórico Reportajes
Foto de Las enseñanzas no regladas ya tienen sus reglas
Estudiantes-grado-INE

La reciente suspensión de pagos de Cambridge English School no hace sino confirmar la particular y ya prolongada crisis por la que pasa el sector de los centros de idiomas en nuestro país. 13 centros en varias provincias españolas con 9.000 alumnos que ya colocan la lista de personas afectadas por esta crisis en más de 100.000, eso sin contar los cientos de empleados, principalmente profesores, que han perdido su empleo y que en la mayoría de los casos han dejado de cobrar sus sueldos durante varios meses.


Pero quizá lo más grave de todo este asunto haya sido, de nuevo, el gran número de clientes que habían suscrito préstamos para financiar sus cursos, gestionados por comerciales y en todo caso responsabilidad del departamento comercial de dicho centro pero que, a fin de cuentas, fueron concedidos por una entidad de crédito. Y probablemente de nuevo habrá algunos despistados que se sorprenderán de que tienen una deuda contraída con un banco, cuyas cuotas mensuales, y pese a que sus clases se suspenden, deberán seguir pagando a riesgo de entrar a formar parte del tan temido registro de morosos. Se trata, en definitiva, de préstamos aparentemente no vinculados, cuya devolución no lleva aparejada la prestación de un servicio que, en este acaso, debería ser la impartición del propio curso que contrataron. ¿Y qué pasa con los que han pagado previamente el curso al completo en efectivo?, pues parece que estos tampoco van a ver un duro. Son, sin duda, los peor parados. Desde luego, todo esto nos lleva a la conclusión de que la forma más segura de abonar un curso de idiomas es por cuotas mensuales, y si fuera posible, pagar a mitad o final de mes.


Crisis y necesidades éticas en las enseñanzas no regladas


No ya sólo con los centros de idiomas, más allá, esta crisis nos hace plantear ciertos interrogantes éticos y prácticos de aún difícil solución en lo que concierne a los centros privados de enseñanzas no regladas. Cuál es la manera apropiada de promocionar un curso, cómo se le debe informar al usuario, cómo debe éste pagar, hasta qué punto y de qué manera se puede ofrecer un crédito, qué garantías se le debe dar, qué mecanismos de defensa y reclamación deben estar a disposición del usuario en caso de quiebra o de incumplimiento de contrato por parte del centro. Todas ellas, cuestiones sumamente importantes en tanto en cuanto la formación se ha ido convirtiendo en una actividad esencial en el desarrollo de las personas y de la sociedad.


Tradicionalmente, las enseñanzas no regladas, dado su carácter no oficial, han crecido al margen de cualquier control mínimamente riguroso por parte de organismos o instituciones públicas. Pero lo cierto, es que también esta enseñanza la utilizan las empresas y sobretodo las personas para formarse o cualificarse, mejorar en cualquier caso, y de esa manera optar posteriormente a determinados puestos de trabajo. La enseñanza no reglada o, si prefieren, la formación complementaria, ya sea presencial o a distancia, también constituye un elemento importante y valioso en cualquier currículo. No es lo mismo ser un licenciado sin más, a ser un licenciado con conocimientos avanzados de informática y alto nivel de inglés, o francés, o con profundos conocimientos en legislación medioambiental, o en contabilidad, de cualquier manera, habilidades y conocimientos obtenidos a través de cursos monográficos, seminarios o, incluso, a través de un curso de postgrado.


Los usuarios deben tener los medios para reconocer la calidad, la formación seria y profesional, aunque no se trate de formación oficial. Baste decir, sólo por poner un ejemplo representativo, que la formación de postgrado no conlleva la obtención de titulación oficial en la mayoría de los casos pero sí un reconocimiento más o menos oficioso que puede llegar a ser muy valorado ya sea en el sector público o en el privado. Por eso, después de varios casos de presuntas estafas, quejas de usuarios decepcionados con los servicios obtenidos por determinados centros, difusión mediática de quejas por incumplimiento de contratos, se ha hecho patente la necesidad de una legislación específica y clara, o cuanto menos un código de conducta, así como, mecanismos de control, que pongan orden en el sector de las enseñanzas no regladas.


Un primer paso...


Así las cosas, desde septiembre de 2002 tanto el Ministerio de Sanidad y Consumo como los gobiernos autonómicos y diferentes instituciones representativas del sector, han emprendido diferentes iniciativas en esta línea normalizadora. Un primer paso digno de mención fue la presentación en Madrid a principios de diciembre del pasado año del Código de Buenas Prácticas en la Contratación del servicio de Enseñanza no Reglada, a iniciativa de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid y con el firme apoyo de la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia (ANCED), la institución más representativa de nuestro país en el sector de la enseñanza a distancia ya que aúna al mayor número de centros a distancia. Fundamentalmente, lo que se pretende con este código es mejorar la calidad de los contratos de enseñanza no reglada, para proteger los legítimos intereses económicos y sociales de los usuarios, y proporcionar a los Centros una acreditación de las buenas prácticas empresariales. Es decir, se trata de un código al que pueden adherirse sólo los centros privados que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de un título sin validez académica.


Sobre la ANCED hay que añadir que ha sido estos meses una institución especialmente activa en el establecimiento de medidas eficaces que mejoren y garanticen la calidad y conducta ética de los centros de formación a distancia, así como, en la difusión de los derechos de los usuarios y los pasos que estos deben seguir ante la contratación de cursos. De ahí que se haya encargado de difundir también en diferentes medios, incluido Aprendemas.com, un documento en el que se indican los derechos y obligaciones en la educación a distancia-online. En particular, este texto dirigido de manera directa a los posibles clientes enumera todos los aspectos esenciales a los que hay que prestar atención, previo, durante o después de la firma de un contrato, y, además, todo aquello que se debe exigir a los centros en cuanto a las garantías.

Quizá un código definitivo


Y esta primera iniciativa se ha seguido en otras autonomías y, sobretodo, a nivel estatal por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, que es la institución responsable de actuar en la relaciones entre los centros de formación no reglada y los alumnos, es decir, los consumidores finales. En este sentido, a finales del año pasado este ministerio ya anunció que estaba trabajando en la adopción de una serie de medidas que dieran una definitiva solución a la problemática planteada a propósito de las actividades de los centros de enseñanza no reglada y en particular de algunos centros de idiomas. Un borrador o intento de futura regulación que se concretó el viernes 7 de febrero de 2003 en el Código de Buenas Prácticas en la Enseñanzas No Regladas, el que puede ser considerado primer paquete de medidas con carácter oficial y de alcance nacional.


Se trata en realidad de un compromiso de autorregulación realizado por la Confederación Española de Centros de Formación y Academias Privadas (CECAP), según un modelo elaborado y visado por el Instituto Nacional del Consumo (Ministerio de Sanidad y Cosumo) en colaboración con las comunidades autónomas, y al que se van a adherir voluntariamente sus centros privados de enseñanzas no regladas. No en vano, la CECAP cuenta con más de 3.000 centros asociados en toda España, y por lo tanto, este acuerdo firmado con el ministerio y respaldado por todas las asociaciones de consumidores españolas, beneficiará a más de 600.000 alumnos y, en general, a todos los posibles clientes de estos centros, que a partir de ahora van a ver significativamente reforzada la protección de sus derechos.


Dos son los propósitos clave de este código, por un lado el compromiso firme de ofrecer información veraz y precisa y, por otro, siempre especificar las condiciones de financiación de manera clara e inequívoca. Pero veamos, uno a uno, los diferentes asuntos incluidos en el presente código que en una extensa nota de prensa el Ministerio de Sanidad y Consumo explicó:


Veracidad y Calidad. Se ha establecido unos niveles adecuados a cada tipo de formación en cuanto a la titulación académica del profesorado y en cuanto al número de alumnos por aula. Además, la oferta, promoción y publicidad de las distintas actividades formativas deben ajustarse al principio de veracidad y no inducir a error ni crear falsas expectativas relativas a la calidad y validez oficial cuando esto no sea así.


Información. Los centros deberán contar con un servicio de información y orientación para los alumnos matriculados o potenciales que, además, resuelva cualquier tipo de incidencia y consulta en torno a la presentación de los cursos. Deberá estar en un lugar visible y accesible datos como su denominación, titular, horarios de atención al público, procedimiento para tramitar consultas o reclamaciones, relación de cursos y turnos, condiciones de contratación y de baja anticipada, entre otros. Además, también en lugar visible, se deberá hacer indicación expresa de que los certificados, diplomas o títulos expedidos por el centro son de carácter privado.


Precios. Expresado por escrito, los centros del CECAP facilitarán al alumno de forma clara, suficiente y desglosada, el precio total del curso y de las cuotas en que se divide el mismo, especificando las fechas de sus vencimientos, así como el importe de los derechos de matrícula e inscripción. También informará a los alumnos por escrito del precio del material didáctico, en el caso de que éste no vaya incluido en el coste. Detallará la forma de pago, derecho de desestimiento del alumno y las causas, formalidades y consecuencias de la resolución de los contratos. En el supuesto de que el centro exija el pago del precio total del curso por adelantado, al contado o mediante cualquier fórmula de financiación, lo tendrá que indicar expresamente y de forma clara al alumno.


Contratos. Consensuados con las Organizaciones de Consumidores, dos son los modelos de contratos: uno para cuando la formación sea de carácter abierta y continuada, y otro cuando cerrada y determinada. Deberán ser acordes a la normativa vigente, claros y sin cláusulas abusivas.


Financiación. Ya sea con el propio centro o con un tercero, se deberá dar una información clara, precisa e inequívoca sobre la naturaleza, modalidad y condiciones de la financiación. Concretamente, se informará sobre los datos completos del financiador, TAE o, en su caso, tipo de interés nominal anual, así como los gastos aplicables y condiciones en las que podrán modificarse ambos. También se especificarán claramente el importe, número y periodicidad de los pagos para el reembolso del crédito, y el importe total de estos pagos. En ningún caso el centro podrá imponer la financiación con una entidad determinada, ni ceder o subrogar el crédito a terceros sin el consentimiento expreso e inequívoco del alumno.


Cesación de Servicio. En el caso de que el centro deje de prestar el servicio de enseñanza contratado, o el contrato se resuelva por cualquier causa no imputable al alumno, el centro deberá establecer mecanismo para asegurar la devolución del importe abonado por el alumno correspondiente al período computado a partir de la fecha en que el contrato se resuelva. En el caso de que exista financiación se asegurará el cese de la obligación de abonar los vencimientos de pago correspondientes a los períodos en los que la prestación no se realice, o los que se hayan devengado a partir de la resolución del contrato principal.


Reclamaciones. Cuando sean por escrito, se exige al centro su resolución en el plazo más breve posible, que en ningún caso excederá de 15 días. En el caso de que no sean resueltas satisfactoriamente, los alumnos podrán acudir a la Junta Arbitral, cuyo Sistema Arbitral de Consumo deberá ser aceptado como mecanismo de resolución de los conflictos que se pudieran plantear.


Comisión Deontológico Nacional. Se constituirá en un plazo de tres meses y entonces será la encargada de asegurar el cumplimiento del Código Ético. Asimismo, estimulará y coordinará la actividad de las distintas Comisiones Deontológicas Territoriales, cuyas competencias asumirá en caso de que estas se inhiban. Tendrá un presidente nombrado por el CECAP y un secretario, además, estará compuesta por dos representantes del sector designados por CECAP y por dos representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, designados por el Instituto Nacional del Consumo, del Ministerio de Sanidad y Consumo, a propuesta del propio Consejo. Leves, graves o muy graves son los tres tipos de faltas que se contemplan, que, previo expediente, puede llevar hasta la expulsión del centro de la Confederación, con divulgación en medios incluida.

Todo esto en cuanto a un código que alcanzará a todo el territorio nacional. No obstante, el la misma presentación de este Código de Buenas Prácticas en la Enseñanzas No Regladas Maria Dolores Flores, directora general de consumo, anunció que también desde su departamento se ha aprobado un texto que se está consensuando con las distintas comunidades autónomas para que ellas mismas puedan legislar en base a unas normas comunes. Además, aprovechando la ocasión este departamento quiso avanzar que ya tiene preparados para la enseñanza de idiomas y para la formación a distancia sendos códigos de carácter más específico.


A propósito de la financiación y de una regulación específica


Aunque esta iniciativa supone un importante paso adelante en el control y regularización de las actividades comerciales de las academias y centros privados, desde Aprendemas.com pensamos que todavía este sector carece de normas claras y mecanismos de control en algunos aspectos puntuales. Especialmente grave, es la falta de unas normas específicas en todo lo concerniente a la financiación de los cursos a través créditos al consumo cuando son solicitados por los alumnos a través de la gestión de los propios centros. Y desde luego este nuevo código no va a solucionar el vacío legal que a tantos malentendidos, medias palabras, medio estafas o estafas completas y, en definitiva, injusticias, ha llevado la financiación a través de terceros. Digamos para empezar que este compromiso recientemente firmado ni siquiera obliga a los centros a la suscripción de un seguro que cubra el pago de los créditos suscritos por los alumnos. Y todo eso de la información clara, expresa e inequívoca o eso del consentimiento expreso e inequívoco del alumno son controles legales son normas que pueden ser burladas discretamente por centros o comerciales más o menos avispados.


Y es que la solución definitiva no viene tanto de los centros como más bien del que nosotros estimamos como mayor culpable de todo este asunto de los créditos para financiar cursos. Efectivamente, los bancos son los que desde el mismo momento en que empezaron a surgir casos de presuntas estafas y engaños en la gestión de los créditos por parte de algunos centros sin escrúpulos, incluso otros casos en los que parece que no hubo mala fe, debieron tomar cartas en el asunto y ejercer un mayor control. Pero desgraciadamente esto ha sido un lucrativo negocio para los bancos que daban una rentable salida a sus depósitos y que, además, estaban fuertemente respaldados por el registro de morosos, pues, quién se puede permitir entrar en el “ostracismo bancario” cuando debe cien o doscientas mil pesetas, por muy injusta que esta deuda sea.


El caso es que el Ministerio de Sanidad y Consumo ya anunció a finales del año pasado su intención de modificar la Ley de Créditos al Consumo. En este sentido, en la rueda de prensa del pasado 7 de febrero la directora general de consumo recordó a los presentes que se sigue trabajando a través de su departamento para diseñar una reforma que, básicamente, facilite la vinculación entre los contratos de consumo y de crédito, de forma que los ciudadanos sólo tengan que pagar mientras se presta el servicio contratado. Asimismo, se incorporará como cláusula abusiva el pago anticipado de servicios continuados. Y desde Aprendemas.com esperamos que con esto también se controle a los bancos, para que ellos, a su vez, se impliquen en el control de las actividades comerciales de los centros en lo que respecta a la solicitud y gestión de los créditos de sus alumnos.



redaccion@aprendemas.com



Enlaces de interés:


Web corporativa de la Confederación Española de Centros de Formación y Academias Privadas (CECAP):


Interesante noticia publicada en Internet relativa a cómo salir de un registro de morosos:


Cómo Salir de un Registro de Morosos



Web del Instituto Nacional de Consumo (dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo):


 


Noticias y Reportajes relacionados de Aprendemas.com :


Las enseñanzas no regladas también necesitan sus reglas



Desde diciembre Madrid tiene su código ético para las Enseñanzas No Regladas



Quizá un laudo que dé pronta solución a los afectados de Oxford



Definitivamente en Opening ya no se hablará inglés



Enseñanza de idiomas: una crisis por contagio



Estudiante: ¡Cuidado con los préstamos!