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Las enseñanzas no regladas también necesitan sus reglas

La generalización de nuevas prácticas comerciales demasiado agresivas y en especial el uso de créditos al consumo no vinculados, hacen necesario una nueva normativa que regule y que defienda los derechos de los usuarios de centros de enseñanza no reg

Publicado en Histórico Reportajes
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Aún no nos habíamos recuperado de la traumática quiebra de Opening cuando un nuevo centro de cierto peso ha anunciado hace apenas dos días su definitiva suspensión de pagos. Brighton-Barcelona ha dejado en esta ocasión a 200 empleados en la calle y a algo más de 4.000 alumnos sin la posibilidad de asistir a unos cursos ya abonados, nuevo caso que confirma que el sector de la enseñanza de idiomas está pasando por una particular crisis económica y de confianza. Y antes de nada, hay que decir que sólo se trata de sus varios centros ubicados en Barcelona pues aquellos situados en otras provincias nada parece que indicar que pasan por problemas similares cuando la verdad es que ni siquiera responden a los mismos propietarios.


Lo cierto es que este nuevo escándalo ha golpeado precisamente cuando los alumnos afectados de la veraniega quiebra de Opening, “el gigante de los idiomas con pies de barro”, empezaban a encontrar una solución definitiva a su situación. Así, hace unos pocos días, según publicó el Instituto Nacional de Consumo, tanto los bancos afectados, es decir, Pastor Servicios Financieros, Santander Central Hispano, Financia Banco de Crédito y Eurocrédito, como varias academias de idiomas, alcanzaron un acuerdo por el cual los estos alumnos, podrán continuar sus estudios en aquellos centros franquiciados (no propiedad) de Opening que no cerraron sus puertas o en los de Wall Street. Además, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha iniciado contactos con la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas para ampliar el acuerdo a otras academias de inglés que se quieran adherir al mismo.


Pero el Ministerio de Sanidad y Consumo, como máxima institución responsable de velar por las buenas prácticas comerciales para con todos los consumidores españoles, ha estado preparando en estos últimos meses un borrador o intento de futura regulación en todo lo que concierne la enseñanza privada no reglada. Fruto de ello ha sido el nuevo modelo de Decreto para regular los centros privados de enseñanzas no regladas presentado la semana pasada y en cuya elaboración ha contado con la colaboración de todas la Comunidades Autónomas.


Se trata con esto, básicamente, de proteger los derechos a la información y económicos de los usuarios y en este sentido se ha prestado especial atención a los asuntos que más polémica han levantado las últimas quiebras conocidas, como la de Opening, relativos a los contratos, la información a través de un folleto obligatorio y la claridad en la forma de pago. En definitiva, con la nueva norma se quiere dar respuesta a numerosos problemas que se plantean en relación con la oferta, promoción, publicidad e información, sobre los cursos a impartir, el contrato, la prestación del servicio, la factura o justificante de pago que se entrega a los alumnos y el sistema de reclamaciones que asiste a estos últimos para exigir sus derechos en el centro.


 

Respecto a los contratos, el proyecto establece que el alumno, antes del comienzo de los cursos o clases, podrá exigir la firma de un contrato de enseñanza, del que se le entregará un ejemplar, y que ha de atenerse a los requisitos de concreción, claridad y sencillez exigidos por la normativa vigente, y a la buena fe y justo equilibrio entre las obligaciones de las partes, con exclusión en todo caso, de cláusulas abusivas.


Respecto al folleto, se establece que, junto al contrato, tendrá que entregarse obligatoriamente al alumno un folleto informativo cuyo contenido se detalla minuciosamente en la norma. Ha de especificar la identificación del centro, su titular, las prestaciones pedagógicas, material necesario, horario y lugar donde se impartirá el curso, número máximo y mínimo de alumnos, plazo de inscripción, reserva de plaza, titulación académica o cualificación profesional de los profesores, precios y forma de pago. Además, deberá estar disponible al público en el lugar que se indique en el tablón de anuncios.


En cuanto a las modalidades de pago, se deberá avisar expresamente de si se exige la totalidad del precio, si el pago ha de efectuarse al contado o se prevé plago aplazado y, en este último caso, si existe o no financiación. Si fuera pago aplazado, se detallará el precio de las cuotas en que se divide el precio total, las fechas de sus vencimientos y el número de éstas. Pero en este aspecto, sin duda, lo que más preocupa es la fórmula de la financiación, ya sea con el propio centro o con un tercero, y este proyecto establece que habrá de proporcionarse, además, una información clara, precisa e inequívoca sobre la naturaleza, modalidad y condiciones de financiación. En particular, el folleto reflejará la razón y domicilio social del prestamista y el importe del desembolso inicial cuando exista, la parte que se aplaza y la parte financiada.


También, ha prestado atención este modelo de decreto a otras informaciones que deberían ser obligatorias como por ejemplo en las actividades de oferta, promoción y publicidad, en las que no podrán utilizarse denominaciones que puedan inducir a confusión con respecto a su carácter reglado no oficial.


No obstante, tendremos que esperar a un documento más claro con respecto a la solicitud de un préstamo para la financiación de enseñanzas no regladas, que debería obligar tanto a los centros como a las entidades de crédito a informar y poner en conocimiento, con confirmación por parte del consumidor, las consecuencias y la vinculación que lleva aparejada la firma de determinados documentos, y que esos documentos que se van a firmar son efectivamente solicitud de un crédito. Además, debe el consumidor ,en caso de incumplimiento de servicio por parte del centro, gozar de los derechos y medios eficaces de reclamación para no seguir pagando un crédito que siempre habría de ser vinculado al servicio.


Hay que decir, que este proyecto afectará no sólo a la enseñanza de idiomas sino a todas las enseñanzas no regladas como también sería en materias como informática, ocio o formación profesional no oficial, entre otros.
redaccion@aprendemas.com
Enlaces de interés:
Instituto Nacional de Consumo


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