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La nueva ley de prevención apostará por la formación

Cuando en el Parlamento Español se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995 muchos fueron los que se atrevieron a calificarla como la más avanzada de la Unión Europea. Sin embargo, siete años después nuestro país sigue registrando una

Publicado en Histórico Reportajes
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Decisiva fue la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 que sirvió para perfilar las obligaciones y responsabilidades que tendrían a partir de ese momento las empresas en lo que se refiere la seguridad de los empleados y a la disminución de la accidentalidad en el sistema productivo español.


Y muy decisivo fue también la Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado en el año 1997 que precisamente definió las funciones y nivel de competencias de los prevencionistas, así como, los conocimientos necesarios para desarrollar tareas específicas o para prestar servicios concretos, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Fue, de hecho, a partir de este reglamento que se establecieron los tres niveles de cualificación que puede obtener un prevencionista en España.


Tenemos, por ello, un primer Nivel Básico, suficiente para desarrollar una actividad preventiva mínima, normalmente, en las empresas más pequeñas y con menor nivel de riesgo, es decir, en la mayoría de las empresas españolas. Para el desempeño de las funciones de este nivel sería necesario un curso de 50 ó 30 horas, según el tipo de actividad de la empresa, sobre conocimientos muy elementales en la materia, claro que siempre realizado en un centro homologado. Hablamos casi en exclusiva de “trabajadores designados” con esta formación específica que, aparte de otras funciones normalmente ajenas a la prevención, desarrollan funciones tales como promover entre la plantilla los comportamientos seguros, el correcto uso de los equipos de trabajo, las actuaciones preventivas básicas, en general, la cooperación de trabajadores y mandos, así como, la evaluación y control de los riesgos de una empresa y la actuación primaria en caso de emergencia.

De un carácter ya más profesional y de dedicación exclusiva, nos encontramos con el nivel intermedio. También promueve, evalúa, vigila y controla los riesgos, como en el nivel básico, pero el técnico de nivel intermedio además propone acciones para la reducción de riesgos, participa en la planificación y dirige actuaciones básicas, y, sobretodo, complementa, asiste y colabora con expertos externos o con técnicos de nivel superior. Trabajador designado por la empresa, quizá con dedicación exclusiva, la Ley no establece requisitos académicos previos, aunque lo cierto es que este nivel está copado en su mayor parte por titulados en FP I. Eso no quita que licenciados o diplomados universitarios a menudo lo obtengan a modo de titulación complementaria. El curso para obtener el título de nivel intermedio al menos ha de tener una duración de 300 horas, estructurado en diferentes módulos que instruyen fundamentalmente en los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo, en las técnicas de análisis, evaluación y control de diferentes tipos de riesgos, en las técnicas específicas de seguimiento y control, en la promoción, en la organización y gestión de la prevención.

Y llegamos al profesional más cualificado en este área, el Técnico de Nivel Superior, que puede realizar las funciones del nivel intermedio pero que, más allá, es el único capacitado para asumir competencias de gestión, organización y planificación de estrategias en el ámbito de la prevención. Claro que, también por ello, al contrario que en los otro niveles, la actividad que desarrollan lleva implícita una responsabilidad civil y penal. Dirigido en exclusiva a titulados universitarios, un curso de Técnico de Nivel Superior homologado no puede ser inferior a las 600 horas, con una parte común de 350 horas como mínimo, sobre fundamentos, técnicas en sus diversas especialidades, actuaciones, comunicación y ámbito jurídico, otra parte específica de 100 horas a elegir una entre Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y otra parte de 150 horas para la realización de un trabajo o el desarrollo de actividades preventivas en un centro de trabajo. Existe, asimismo, otra especialidad, Medicina del Trabajo, esta última, no obstante, sólo asumible por un médico especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa.

Y también se ocupó este reglamento de definir cuando una empresa debe realizar tareas preventivas. Obligando, por ejemplo, a constituir un servicio de prevención propio –incluyendo técnicos superiores con al menos dos especialidades- en empresas de más de 500 trabajadores, o entre 250 y 500, cuando desarrollen actividades de especial peligrosidad, o en los casos en que así lo decida la autoridad laboral previo informe de la Inspección de Trabajo. Definiendo, en su caso, los Servicios de Prevención ajenos cuando la empresa prefiera esta alternativa. Exigiendo en el caso de que la empresa tenga menos de 6 empleados, en actividades no consideradas peligrosas, el compromiso y continuo control, así como, la conveniente formación básica (curso básico) y demostrada capacidad del empresario o de una persona designada para esta tarea.

La concienciación de las empresas y los empleados, esta legislación vigente, han hecho que durante estos años la demanda de prevencionistas creciera de manera muy significativa. Un buen número de empresas tienen ahora en cuenta el factor riesgo laboral a la hora de llevar a cabo su actividad productiva y de gestión, considerándolo más como una inversión necesaria que como un coste. Y como fiel reflejo de esta creciente preocupación por la seguridad de los empleados tenemos un mercado laboral en el que este perfil técnico se ha visto claramente favorecido, y todo apunta a que lo seguirá siendo por muchos años.

Sin embargo, los datos recogidos no dejan sitio para mostrarse satisfechos. Y es que, pese a los avances, todavía España sufre la segunda tasa de siniestralidad más elevada de la Unión Europea, sólo superada por Portugal. Sí es cierto que en medición de la siniestralidad en nuestro país se contabilizan un rango más amplio de accidentalidad, que nuestra actividad productiva se ha intensificado de manera especial, lo cual, tampoco puede ser motivo para la tranquilidad cuando por otra parte tenemos que, entre 1996 -año en el que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales- y 2000, el número de accidentes laborales en España aumentó el 40,15%, hasta alcanzar los 6,2 millones de siniestros, que causaron 4 millones de bajas, 48.000 accidentes graves y 6.935 mortales (según una auditoría realizada por Atenea).

Especialmente castigados han sido estos últimos años el colectivo de profesionales en las franjas de edad entre 16 y 24 años y entre 25 y 34. Además, la relación entre la precariedad laboral y los accidentes laborales es más que evidente. En seis de cada diez accidentes laborales producidos en España el año 2002 se vieron afectados trabajadores y trabajadoras con contratos temporales, concretamente han sido los sectores de la construcción y la hostelería los más castigados. Se han quejado reiteradamente muchos colectivos y los distintos sindicatos de la precariedad laboral que algunas leyes promovidas por el gobierno favorecen, del incumplimiento sistemático de las normas por parte de las empresas, “una de las leyes más avanzadas de Europa, no obstante, ineficaces medidas del gobierno”, de la falta de información y formación del empleado sobretodo en lo que respecta a las ETTs y, por último, del general desconocimiento de la ley así como de la falta de cultura preventiva dentro y fuera de las empresas.


Así las cosas, no es de extrañar que también los datos de 2002 fueran como para asustar. 1.831.938 accidentes ocurridos en el puesto de trabajo lo cual supone un incremento del 1,07% con respecto a 2000. Si es cierto que los accidentes graves descendieron (un 2,25%; 11.721), aunque también es cierto el aumento de las personas muertas en su puesto de trabajo, 1104 (8,12%; cada día de trabajo murieron 5 trabajadores por accidente laboral), y 453 lo hicieron “in itinere” (un 1,34% más). Por supuesto, el número de enfermedades profesionales ha mantenido su ascenso imparable (12,7% más que en 2001).


 


Una reforma muy necesaria...



Con cifras incontestables como las anteriores, representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las organizaciones empresariales y sindicales, reunidos en la Mesa de Diálogo Social celebrada el 30 de diciembre de 2002, estuvieron de acuerdo en la necesaria y urgente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, en especial con el fin de establecer la obligación legal de implantar un plan preventivo en cada empresa y obligar a aquellas que desarrollen actividades peligrosas a designar responsables en materia de seguridad y riesgos laborales.

Afortunadamente, la primera mitad de este año ha querido dar cierto respiro a las autoridades. En este sentido, los accidentes mortales se redujeron un 14,6 por ciento con respecto al primer semestre del año anterior, es decir, un total de 492 muertos según datos facilitados por el gobierno. Y en todo ese tiempo, el Ministerio de Trabajo ha estado elaborando este importante proyecto de ley que, finalmente, a propuesta del Ministro de Trabajo, se ha podido aprobar el 18 de julio de 2003. El nuevo texto ha sido consultado y asumido por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y por las organizaciones sindicales CC.OO y UGT. Asimismo, cuenta con el informe favorable del Consejo Económico y Social, que ha incorporado una serie de modificaciones técnicas, así como una disposición adicional para dejar constancia de que se trata de una ley de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas.

Dos son las leyes que, en definitiva, se modificarán. Por un lado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo de favorecer la integración de la prevención en los procesos productivos. Por otro lado, la de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en este caso para mejorar el cumplimiento de la normativa preventiva.


 


Prevenir es ante todo planificar... 



La nueva Ley de Reforma de la Prevención de Riesgos Laborales obligará al empresario a elaborar e implantar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que, además, deberá quedar integrado en el sistema general de gestión de la misma. Este plan incluirá la evaluación de los riesgos laborales y la planificación de las actividades preventivas que deberán desarrollarse en ejecución del mismo, que podrá ser por fases y de forma programada.

Se refuerza el papel de los representantes de los trabajadores encargados de la prevención, al obligar a que, previo a cualquier acción preventiva, esta sea debatida en el seno del Comité de Seguridad y Salud de cada empresa. Aparte, siempre se deberá desarrollar un seguimiento de dicha actividad preventiva.

Importante es señalar que en el caso de que la empresa desarrolle actividades peligrosas esta deberá designar responsables en materia de seguridad y riesgos laborales, personas que tendrán que estar presentes en el centro de trabajo en las situaciones de mayor riesgo.


 


Sólo el método del palo ha de funcionar... 



Pero claro, bien sabían el Gobierno y los distintos agentes implicados que ninguna reforma funcionaría si no se acompañaba de unos adecuados mecanismos que garantizaran su cumplimiento. De hecho, ese fue uno de los motivos que minó la eficacia de la trascendental Ley de 1995. Por eso, el Gobierno, apoyado por sindicatos y patronal, ha incluido en la reforma la modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.

Se tipifica, así pues, como infracción la no inclusión de la actividad preventiva en la empresa y el incumplimiento por las empresas de la obligación de aprobar e implantar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Y también será objeto de sanción no llevar a cabo las evaluaciones de riesgos o no realizar aquellas actividades de prevención que se derivan del resultado de dichas evaluaciones, así como, incumplir la obligación de realizar el seguimiento de la actividad preventiva y no adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los que participan de la labor preventiva reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes.

Especialmente riguroso quiere ser el Gobierno con las empresas que suscriban pactos que tengan por objeto eludir las responsabilidades que reconoce la normativa de prevención de riesgos laborales, infracción que pasa a considerarse como muy grave.

Y tenemos el espinoso asunto de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) que, dado su situación de intermediario entre las empresas y la mano de obra poco cualificada, siempre ha sido motivo de gran preocupación en lo que concierne a la seguridad laboral. Como solución a esto, a partir de la reforma se considerará infracción grave aquellos supuestos en los que una empresa contrate trabajadores, a través de una ETT, y les permita incorporarse a su puesto de trabajo sin haberse cerciorado antes, documentalmente, de que han recibido la información relativa a los riesgos laborales, poseen la formación específica y cuentan con un estado de salud compatible con el puesto a desempeñar.

Tras la nueva redacción de todo el artículo 8 de la Ley de Infracciones y Sanciones, se identifica como sujetos responsables de estas infracciones, según los casos, a los empresarios promotores de obras o contratistas, así como a entidades formativas y auditoras.

Y en este mayor control que se pretende, tanto el Gobierno como los sindicatos tenían claro que la aportación de los funcionarios iba a ser fundamental. Ya a finales de 2002 se insistió en la urgente necesidad de ampliar el número de funcionarios con competencias en materia de prevención en 700. Ahora, está previsto reconocer los funcionarios de las comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia funciones de asesoramiento y comprobación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, para, de ese modo, garantizar una mejor colaboración con la inspección de trabajo.

El caso es que si estos funcionarios apreciaran algún incumplimiento de la normativa podrán requerir al empresario, es más, si tras ese requerimiento el empresario sigue sin cumplir sus obligaciones, podrán dirigir un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que, si procede, se levante un acta de infracción. Además, en tales informes los hechos relativos a incumplimientos de condiciones materiales o técnicas gozarán de presunción de certeza.

En definitiva, con la puesta en marcha de este proyecto el Gobierno espera favorecer una mejor aplicación de la normativa de prevención. Cree además, que el equilibrio de las medidas que contiene permitirá garantizar un estricto cumplimiento de la normativa, potenciando la actuación de los órganos de control públicos, a través de una mejor definición de las conductas infractoras.

Sin duda, la formación va a adquirir un papel protagonista. El incremento de inspectores y funcionarios relacionados con la prevención deberá ser cuantioso si se pretende llevar a cabo un control efectivo de la seguridad en las empresas, tal y como han puesto insistentemente de manifiesto los sindicatos en las diferentes comunidades autónomas. Faltan inspectores de trabajo capaces de asumir esta responsabilidad, asimismo, técnicos expertos y otros profesionales relacionados con la prevención van a verse muy favorecidos, ya sea para ser incorporados a las plantillas de las empresas, por cuenta ajena, o para realizar servicios externos, por cuenta propia. La realización de auditorías, la implantación y seguimiento de planes dentro de las organizaciones, son funciones que se van a realizar en mayor número de empresas.

Pero quizá el aspecto más sobresaliente de esta reforma sea la decidida apuesta por la difusión de la prevención a todos los niveles, áreas, ámbitos y jerarquías. Implantar una “sana” cultura preventiva en las empresas y la sociedad a través, sobretodo, de la información y de la formación. Que el empresario, pequeño o grande, mandos, directores de Recursos Humanos, controllers, responsables de prevención, auditores, que todos los empleados conozcan los riesgos para la salud que puede suponer su actividad profesional diaria y cómo ha de desarrollarse para que sea totalmente segura. Hablamos, a fin de cuentas, del acceso que han de tener el empleado, previo a asumir cualquier puesto de trabajo, a convenientes programas formativos acordes en tiempo y contenido a sus responsabilidades y riesgos. Algo que, indudablemente, va a colocar en un lugar central a los formadores en prevención.


Enlaces de interés:


Web Oficial del Ministerio de Trabajo


LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales


REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención


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