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La nueva ley de FP a examen

Por fin se aprueba la primera ley específica que regula todos los aspectos de la Formación Profesional impartida en España y que pretende integrarnos en un mercado laboral europeo. Así pues, en lo esencial sigue fielmente las Directivas Comunitarias

Publicado en Histórico Reportajes
Foto de La nueva ley de FP a examen

Antecedentes


Ya en el Segundo Programa Nacional de FP, aprobado en marzo de 1998 y que se ha venido desarrollando hasta mediados de este año, se definieron claramente las líneas generales hacia las que irremediablemente debía dirigirse esta importante modalidad educativa. Y es que la nueva realidad económica y social de la década de los 90 hacía necesario una también nueva Formación Profesional. En primer lugar porque el nuevo profesional precisa más que nunca de un proceso formativo que se prolongue a lo largo de toda la vida laboral, integral y bien coordinado, que llegue a todos y que asimismo sea reconocido oficialmente en todas sus etapas y variantes. También había que conseguir, para la mejora de las distintas acciones formativas, que la colaboración y comunicación entre las empresas y las escuelas fuera cada vez más estrecha. Y además era imprescindible lograr una coherencia con aquellos programas formativos del resto de países comunitarios, líneas ya definidas en distintas Directivas Europeas con el firme propósito de lograr la convergencia y el libre movimiento de personas.


Y en ese afán, los sucesivos gobiernos centrales asesorados por el Consejo General de la Formación Profesional fueron desde 1993 tomando las primeras medidas de mejora, las cuales, se hicieron más sólidas a finales del los 90 a partir del Segundo Programa Nacional de FP. Pronto se creo un Sistema Nacional de Cualificaciones, con el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales como órgano responsable. Esta institución, con sus aciertos y errores, ha sido la responsable durante los últimos años del diseño del cuadro de titulaciones oficiales regladas de FP. También se creó un Observatorio Profesional como institución informativa y orientadora de las necesidades del mercado laboral en pro de la adaptación continua de las escuelas a la cambiante realidad productiva. Asimismo, se dieron pasos decididos hacia una mayor integración entre los tres tipos de FP: la inicial reglada, la continua y la ocupacional. Y todo lo anterior siguiendo un camino paralelo al marcado por el resto de países europeos e implicando también de una manera más directa en el diseño y desarrollo del programa tanto a las Comunidades Autónomas como a las empresas, sindicatos y demás agentes sociales.


Una formación en alza


Junto a estos cambios necesarios, la Formación Profesional ha experimentado últimamente en nuestro país un significativo crecimiento en importancia. Ha habido, de hecho, un cambio en la concepción social y empresarial de esta modalidad educativa de manera que ya casi nadie cree que es la alternativa de todo aquel que fracasa en la ESO o en el Bachillerato, tal y como hace años se pensaba. A esto hay que unirle la falta de vocación práctica, de orientación hacia el empleo y adaptación rápida a las cambiantes necesidades de las empresas, que se le achaca al tradicional sistema educativo español, especialmente en lo que respecta al Bachillerato y a la universidad, lo cual, también ha provocado que ahora muchos busquen en la alternativa de la nueva FP una solución a tan viejos problemas.


Sin duda, el prestigio de la FP aumenta, y eso lo demuestra unas cifras que año tras año van creciendo mientras que en otros ámbitos de la enseñanza oficial ocurre exactamente lo contrario. Así, el número de estudiantes de ciclos formativos de Grado Medio ha pasado de 75.766 en el curso 1997-98 a 158.337 en el curso 1999-2000 y a 191.550 en el curso 2000-01. Por otra parte, en los ciclos formativos de Grado Superior, el número de estudiantes ha pasado de 79.900 en el curso 1998-99 a 148.439 en el 1999-2000 y a 185.928 en el curso 2000-01. Siguiendo esta tendencia, también ha aumentado el número de centros que imparten ciclos formativos de FP pasando de 2.285 en el curso 1999-2000 a 2.488 este último curso. Y para fortalecer todo esto las cuotas de empleo han mejorado hasta el punto de que en este momento el 67% de titulados obtiene un empleo antes de los seis meses.

Efectivamente, se habían dado pasos en la buena dirección, de lo cual, muchos se pueden congratular pero, con todo, aún quedaban cosas por hacer, sobretodo cuando llega el momento de compararnos con nuestros vecinos Europeos. Que un 41% de los estudiantes de Enseñanza Secundaria no obligatoria (la posterior a la ESO) siga estudios de Formación Profesional es una proporción inimaginable en nuestro país hace sólo diez años, pero si lo comparamos con la media europea, que es del 58%, nos daremos cuenta de la diferencia que aún existe. Muy lejos todavía de países como Austria con un 74% de los estudiantes realizando Formación Profesional frente al 26% que opta por el Bachillerato, o como Alemania, Holanda y Bélgica con un 68% de FP frente al 32%.
Una realidad, la europea, que hacía imprescindible también en nuestro país un mayor esfuerzo en la mejora y potenciación de este tipo de educación en todos sus aspectos y que sobretodo necesitaba imperiosamente un marco legal específico que la regulase.


La nueva Ley de Formación Profesional


En junio de 2000 la Ministra de Educación anunció la inminente elaboración de la tan esperada Ley de Formación Profesional. Para ello, el gobierno siempre ha insistido en la imprescindible colaboración y consenso tanto del propio gobierno y de las distintas Comunidades Autónomas como del resto de agentes sociales y, teniendo en cuenta que iba a venir marcada por las Directivas Europeas encaminadas a la creación de empleo, este consenso debería ser posible sin mucha dificultad. Sin embargo, hay que decir que varios de los aspectos discutidos no han estado exentos de agrias polémicas.


La oposición más enconada la ha encontrado el Gobierno por parte de las Comunidades Autónomas, temerosas éstas de que la Ley suponga la invasión de algunas de sus competencias. No obstante, dado que el actual estatus de mayoría absoluta que detenta el Gobierno, era lógico que sus tesis finalmente se impusieran. Primero en la elaboración del Proyecto de Ley, remitido al Parlamento para su debate en diciembre de 2001, y luego en la aprobación de la Ley por el propio Congreso en abril de 2002 y por el Senado el 6 de junio de 2002. Hay que decir a este respecto que se aprobó sólo con la votación a favor del PP y de Coalición Canaria.


Estas, a continuación, han sido las líneas generales de la llamada Ley Orgánica de Cualificaciones y de la Formación Profesional, que como se verá sigue en lo fundamental el II Programa Nacional de FP:


1. En esta ley se establece que la Formación Profesional se adaptará a las cambiantes demandas del mercado laboral, facilitando una formación dirigida al empleo y posibilitando la formación a lo largo de toda la vida. Para ello la Ley establece la creación de un Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales (SNCP) cuyo cometido es la definición de un Catálogo de Cualificaciones Profesionales (aquellas que requiere el mercado de trabajo) y de un Catálogo Modular de Formación Profesional (módulos necesarios para que las personas puedan conseguir una de esas cualificaciones que demanda el mercado laboral). Esta formación podrá ser impartida por las Administraciones Educativas y Laborales así como por los agentes sociales y para su diseño y ejecución contará con la colaboración de las empresas.


2. El nuevo sistema integra las tres modalidades de FP: formación reglada, continua y ocupacional. Es decir, que la formación superada en una modalidad podrá ser reconocida por las otras. En este sentido una de los aspectos más destacables de la nueva Ley es la creación por parte de las Administraciones competentes de Centros Integrados de FP en los que se impartirá formación inicial reglada, ocupacional y continua. El propósito es que estos centros se conviertan en referente para las empresas del entorno.


3. Las titulaciones españolas se homologarán a las existentes hoy en la Unión Europea, facilitando así la movilidad tanto de alumnos como de trabajadores. De ese modo, en sus aspectos generales, esta Ley sigue fielmente las directrices marcadas por las distintas cumbres europeas en materia de educación y empleo, así como, las marcadas por las Directivas Comunitarias.


4. La Ley permite reconocer las competencias profesionales adquiridas a lo largo de la experiencia laboral de las personas. No es sólo cuestión de estudiar un curso y aprobar un examen, las habilidades adquiridas en el ejercicio diario de una profesión pueden ser ahora reconocidas dentro de la cualificación de una persona.


5. Se crea un Sistema de Información y Orientación para que alumnos, familias y trabajadores conozcan las cualificaciones que se requieren en el mercado laboral y los centros en los que se puede obtener la formación correspondiente.


6. La Ley establece un sistema de evaluación y calidad externa para garantizar la adecuación permanente del sistema de FP a las necesidades de la sociedad.


 


Reacciones 


Para la aprobación de esta Ley fueron suficientes los votos a favor del PP y de Coalición Canaria. El resto de partidos votaron en contra y durante el período de debate en el Parlamento se presentaron un total de 250 enmiendas, de las cuales, sólo se aceptaron 30 enmiendas parciales. Pero ya se sabe, una mayoría absoluta es demasiada ventaja y lo que estaba claro es que por las buenas o por las malas iba a salir adelante este proyecto.

Así, en todo el proceso de debate las críticas por parte de los partidos políticos de la oposición y de diferentes colectivos y organismos educativos han sido habituales, las cuales, se han hecho especialmente agrias una vez presentado el anteproyecto en el Parlamento. Quizá los aspectos más controvertidos hayan sido la elaboración del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales o el régimen organizativo de los futuros centros integrados de FP. También fue puesto en tela de juicio el sistema de financiación, en opinión de los socialistas, insuficiente para llevar a cabo con mínimas garantías de éxito todos los aspectos contemplados en la Ley. En general, todos coincidieron en la falta de diálogo que el gobierno ha mostrado en este tiempo, lo cual, ha tenido como resultado una Ley al gusto del gobierno central, según mucho antidemocrática y que sin duda no va a favorecer la tan necesaria colaboración.


Pero de los implicados en el debate, han sido los gobiernos de las comunidades autónomas los que más se han opuesto a la nueva Ley. De ellos, Convergencia y Uniò ha sido el grupo que ha llegado más lejos en sus críticas. Según Ignasi Guardans, portavoz en materia educativa de este partido en el Congreso de los Diputados, esto supone una descarada invasión de las competencias de las autonomías. "La Ley es rígida e impedirá la adaptación de los trabajadores al mercado laboral" y esto lo dice porque el gobierno ahora va a crear un solo Sistema de Cualificaciones, en el que las autonomías participarán pero no tendrán la última palabra. Sobre esto, Guardans insistió en que la elaboración del catálogo debería corresponder en exclusiva a las comunidades autónomas pues son ellas las que mejor conocen sus propios tejidos productivos y laborales. Tampoco gusta a este partido cómo se van a gestionar los nuevos Centros Integrados de FP, según su portavoz, "la evaluación y acreditación de estos centros debería estar en manos de las autonomías". Es, de alguna manera, crear una red de centros para impartir FP cuando el Gobierno ya no tiene las competencias educativas. Con todo esto, ya anunció este partido que llevará esta Ley de FP ante el Tribunal Constitucional, recurso que hace unos escasos días aprobó su interposición la Generalitat de Cataluña.


Así las cosas, el Gobierno Central, en boca de la Ministra de Educación, Pilar del Castillo, deja clara su tesis: "Entendemos que si hay un mercado único de trabajo tiene que haber un solo sistema de cualificaciones profesionales, sin menoscabo de las adaptaciones de las administraciones (correspondientes)". Y es que quién se va a resistir a una mayoría absoluta.


Desajustes


Se cita en el texto de la Ley la necesidad de una oferta pública de Formación Profesional más adecuada a la nueva realidad. Ya en el anteproyecto se contempla la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, los idiomas, trabajo en equipo y la prevención de riesgos laborales.


El actual sistema de cualificaciones incorpora 139 titulaciones en 22 familias profesionales. En Grado Medio, las cinco familias más solicitadas, en orden de importancia, son Administración, Electricidad y Electrónica, Sanidad, Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados y Comercio y Marketing. En Grado Superior, las cinco más solicitadas son Administración, Informática, Electricidad y Electrónica, Sanidad y Comercio y Marketing. Como se ve, Administración es la especialidad más demandada por los estudiantes en ambos casos y sin embargo hay otras familias que ni siquiera aparecen en esta lista que son más demandadas por las empresas.


En estos momentos hay todavía un desajuste entre la cualificación de las personas y la demanda de trabajadores. Así por ejemplo, se buscan trabajadores para los siguientes sectores: "Edificación y Obra Civil", "Mantenimiento y Servicios a la Producción", "Hostelería y Turismo" (particularmente en lo que se refiere a la comercialización turística) y "Restauración" (servicios de restaurante y bar). Por otra parte, están surgiendo en España algunas actividades para las que no existe titulación correspondiente, como geriatría, tratamiento de la piedra ornamental, o el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.


Lo que todos esperamos es que estos, y otros desajustes, sean rápidamente corregidos gracias a la nueva Ley de FP. Ya veremos qué pasa.


redaccion@aprendemas.com



Enlaces de interés:


Documento explicativo de la nueva Ley de Formación Profesional, publicado en la página web del Ministerio de Educación, incluidos los enlaces al BOE en el que se publicó el texto de la Ley:


http://www.mec.es/leyfp/index.html


Leonardo, una FP europea. Bajo este nombre se pretende crear un espacio común europeo en materia de educación y Formación Profesional. Así este programa trata de coordinar los esfuerzos de las distintas instituciones educativas y laborales oficiales de los países de la unión para fomentar la movilidad educativa y profesional en Europa. Dentro de este programa se estimulan la realización de distintas acciones a través de fondos aportados tanto por el Ministerio de Educación como de la propia UE. Entre sus objetivos está el de mejorar la calidad en la FP, promoverla en todo el ámbito europeo, organizar programas, fomentar la cooperación y el intercambio entre países. No obstante, hay que decir que no se puede participar a título individual en este Programa Leonardo. Está de hecho dentro del ámbito de las instituciones públicas y privadas dedicadas e interesadas en la FP tanto a nivel educativo y de investigación, como profesional y empresarial:


http://www.mec.es/fp/leonardo/


Como ejemplo valga una iniciativa de alcance europeo financiada en gran parte por fondos del Programa Lonardo fue el denominado Proyecto Estia, que ha consistido en la creación de una página web para dar información sobre educación, ofertas laborales y mercado de trabajo:
www.estia.educ.goteborg.se
Red de información sobre educación europea:
www.eurydice.org
Reportaje publicado en Aprendemas.com explicando los puntos más importantes del II Programa Nacional de FP:


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