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Formación y empleo ante el reto de la inmigración

La realidad social española ha sufrido estos años una insólita transformación. No en vano, más de 3,5 millones de extranjeros son los que actualmente pueblan nuestro país con el noble propósito de alcanzar una vida próspera, algo que unos ven como un

Publicado en Histórico Reportajes
Foto de Formación y empleo ante el reto de la inmigración
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El número de inmigrantes residentes en España ha aumentado de forma espectacular durante los últimos años, fundamentalmente atraídos por la bonanza económica de nuestro país y la oportunidad que ofrece un mercado laboral con escaso interés por parte de los trabajadores nacionales en determinadas actividades. Tanto es así que, de los 600.000 inmigrantes que había en España en 1998, se ha pasado a una cifra actual estimada en más de 3 millones y medio de personas procedentes de los cinco continentes. Una circunstancia, en definitiva, que ha desbordado todas las previsiones realizadas al respecto.


 


Al igual que ocurre en otros países de nuestro entorno, la población de inmigrantes en España se caracteriza por ser muy heterogénea. Según un reciente informe realizado por la empresa Peoplematters, el 53% de los extranjeros residentes en España son hombres frente al 47% de mujeres, en su mayoría personas jóvenes. Otro estudio elaborado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, concluye que a finales de 2004 los marroquíes constituían el colectivo más numeroso entre los inmigrantes con 386.958 personas, seguidos por ecuatorianos (221.549), colombianos (137.369), británicos (128.283), rumanos (83.372), italianos (72.032), chinos (71.881), peruanos (71.245), alemanes (69.719), argentinos (56.193) y portugueses (50.955), además de otras múltiples nacionalidades repartidas por todo el mundo. La mayoría de ellos están instalados en las grandes capitales como Madrid y Barcelona, además de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, principalmente.


 


Se trata de datos que muestran la importancia que ha adquirido la población extranjera en nuestro país, que de alguna forma incide ya en diversos aspectos sociales como puede ser, entre otros, el panorama actual del empleo. El envejecimiento de la población española y la baja natalidad, así como la escasez de mano de obra autóctona en diversos sectores o el crecimiento de la economía nacional, son factores que han propiciado durante los últimos años un proceso de transformaciones en el mapa del empleo, a las que también ha contribuido en gran medida el elevado aumento de la población inmigrante. 


 


En este sentido, el actual Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, efectuó entre los meses de febrero y mayo del presente año un nuevo proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, que ha venido a poner más luz sobre las cifras de ocupación laboral por parte de los ciudadanos extranjeros. Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, más de 700.000 personas presentaron sus solicitudes de regularización en este periodo, lo que supone según los propios cálculos de este Ministerio cerca del 90% de los inmigrantes que hasta el momento se encontraban en situación irregular. Según los mismos datos, se quedaron fuera del proceso alrededor de 150.000 personas sin contar con los 400.000 inmigrantes menores de 16 años o mayores de 64 que no pueden trabajar por motivos de edad.  


 


Afiliaciones a la Seguridad Social


 


Como consecuencia de este último proceso de regularización, la afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social alcanzó el pasado mes de julio la cifra de 1.590.187 personas, subiendo en 94.711 cotizantes respecto al mes anterior con un incremento del 6,33%. Entre los nuevos afiliados, un total de 92.768 ocupados pertenecen a países extracomunitarios mientras que 1.943 proceden de la Unión Europea. En cuanto a las cifras globales referentes al número de afiliados a la Seguridad Social a finales del pasado mes de julio, 295.090 eran ciudadanos de la UE y 1.295.097 procedían de otros países no comunitarios, lo cual supone incrementos interanuales del 15,34% y del 59,99%, respectivamente.


 



Asimismo, tal y como ha informado recientemente el Ministerio de Trabajo, de los 995.091 nuevos afiliados que se registraron en los siete primeros meses del año, 361.254 corresponden al proceso de regularización que se inició el pasado mes de febrero y 633.837 al resto de trabajadores. En este sentido, el 81,44% de los extranjeros afiliados a la Seguridad Social (1.295.097 personas) proceden de países no comunitarios, y de ellos, casi cuatro de cada diez eran de nacionalidad marroquí y ecuatoriana, países que sumaban entre ambos 479.484 cotizantes. Además de éstos, el resto de extranjeros no comunitarios afiliados al sistema se reparten entre Rumanía (134.067), Colombia (129.341), Perú (58.816), Argentina (50.684), China (48.070), Bulgaria (37.782), Bolivia (31.568), Ucrania (31.432) y otros países no europeos (293.853).


 


Por su parte, entre los extranjeros procedentes de cualquiera de los países pertenecientes a la Unión Europea, británicos, italianos y portugueses son los más numerosos con 53.761, 52.882 y 48.463 afiliados, respectivamente. Les siguen alemanes y franceses, con 40.163 y 35.633, y a cierta distancia, los trabajadores polacos, con 18.289 cotizantes. Las cifras más bajas corresponden a Chipre, con sólo 48 ocupados, Luxemburgo (110), Estonia (156) y Malta (179).


 


Sectores de empleo


 


La mayoría de los trabajadores inmigrantes están encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social (1.081.257) y, dentro de él, uno de cada cuatro trabaja en la construcción. Otros sectores con mayor presencia de inmigrantes son los de la hostelería, las actividades inmobiliarias, el comercio y la industria manufacturera, con porcentajes del 20,08%, 14,37%, 14,29% y 10,54% sobre el total, respectivamente.


 


Además, tras el Régimen General, el 13,13% de los extranjeros afiliados (208.802) están inscritos en el Régimen Especial del Hogar, donde se ha incrementado especialmente el número de ocupados debido al proceso de regularización. Así, este régimen especial de trabajadores del hogar experimentó en julio el mayor crecimiento porcentual con un 11,23%, ganando 32.166 ocupados respecto al mes de junio. A continuación figura el Régimen Especial Agrario, con un 9,7% de los extranjeros afiliados (154.199), y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que aglutina al 8,86% de los inmigrantes afiliados (140.882). En el otro lado de la balanza, tan sólo el 0,28% de los extranjeros que cotizan a la Seguridad Social están inscritos en el Régimen del Mar y el 0,03% en el del Carbón.


 


Llama la atención la cantidad de inmigrantes que se decantan por montar su propio negocio o al menos trabajar por cuenta propia. De hecho, uno de cada cuatro nuevos autónomos durante los primeros siete meses del presente año ha sido extranjero, lo que supone un crecimiento del número de inmigrantes autónomos seis veces superior al del total del Régimen. Concretamente, el cómputo general de trabajadores autónomos aumentó durante este periodo un 2,27%, mientras que los inmigrantes afiliados a este Régimen se incrementaron en un 14%.


 


Las causas, según algunos expertos, se encuentran en que los inmigrantes abren negocios para dar servicios a su propio colectivo, como restaurantes de comida autóctona de sus países de origen, tiendas de ropa y alimentación o locutorios, por citar actividades muy representativas. Desde la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos se asegura que el reglamento de extranjería para inmigrantes que quieran establecerse por cuenta propia se ha flexibilizado respecto a hace un año, además de que muchos extranjeros que han trabajado por cuenta ajena y se quedan sin contrato pasan al Régimen de Autónomos, para así poder seguir trabajando y mantener su permiso de residencia. Este mismo organismo calcula que en el año 2010 habrá unos 300.000 inmigrantes autónomos, del total de más de 4 millones de trabajadores que cotizarán por dicha vía.


 


En todas las comunidades autónomas aumentaron hasta julio los autónomos extranjeros afiliados a la Seguridad Social, repartidos mayoritariamente entre las comunidades autónomas de Cataluña, con 26.243; Comunidad Valenciana, con 22.588, y Andalucía, con 22.531, que concentran el 60% del total de autónomos inmigrantes. En cuanto a su lugar de procedencia, la mayoría de ellos provienen de países de nuestro entorno geográfico, ya que el 53,5% de los trabajadores autónomos extranjeros procede de la Unión Europea (75.433), mientras que el 46,5% (65.449) son extracomunitarios. Así, la mitad de los autónomos extranjeros han llegado fundamentalmente del Reino Unido (21.177), Alemania (13.579), China (13.293), Marruecos (10.970) e Italia (10.661).


 


Formación de los inmigrantes


 


El factor migratorio siempre se ha relacionado con el bajo nivel social y cultural de sus protagonistas, aunque un reciente estudio publicado por la Fundación BBVA y el Instituto de Estudios Autonómicos (IEA), revela que el 20,7% de los inmigrantes residentes en nuestro posee estudios universitarios, únicamente tres puntos por debajo del porcentaje referido a la población española. Claro que se trata de datos generalizados con sensibles diferencias entre los continentes de procedencia, ya que mientras los inmigrantes magrebíes y del resto de África cuentan con un nivel educativo inferior, aquellos que han llegado desde América Latina o los países europeos superan en algunos casos la media española. Concretamente, casi la tercera parte de los inmigrantes nacidos en países de la Europa del Este cuenta con estudios universitarios, así como los provenientes de la Unión Europea.


 


No obstante, muchos de los inmigrantes intentan continuar con sus estudios una vez instalados en España, aunque el actual sistema universitario no se lo pone fácil. Excepto aquellos que vienen exclusivamente a estudiar, la mayoría debe compaginar las clases presenciales con un empleo, lo que provoca un gran número de abandonos por incompatibilidades horarias. No es extraño, en este sentido, que la Asociación de Profesionales Latinoamericanos, haya solicitado recientemente al Gobierno español la apertura de un turno de noche en las universidades públicas que haga posible la asistencia a clase a la población inmigrante trabajadora.

En cuanto a la educación preuniversitaria, tampoco está exenta de numerosos problemas tanto para los estudiantes extranjeros como para los nacionales. Una de las conclusiones del citado estudio revela que cuanto mayor es la proporción de alumnos extranjeros por curso menor es el índice general de aprobados. Una cifra superior al 6% de estos estudiantes en las aulas afecta negativamente al rendimiento del conjunto de los alumnos, especialmente en estudios de educación Primaria y en el primer ciclo de Secundaria. La progresiva incorporación de alumnos extranjeros a la Escuela española está provocando un mayor número de traslados voluntarios de estudiantes españoles desde la educación pública a la concertada, ya que ésta cuenta con un porcentaje muy inferior de alumnos inmigrantes y esto a día de hoy supone obtener un rendimiento superior.


 


Para acabar con este y otros problemas relacionados con el alumnado inmigrante en la educación no universitaria, tanto la Administración central como las consejerías de educación de las comunidades autónomas, ponen en marcha cada año diversas actividades destinadas a una mayor integración y adaptación de los alumnos. Es el caso de los programas de atención a la diversidad que, además de para alumnos extranjeros, están orientados a otros colectivos de estudiantes con problemas de adaptación de muy diversa índole. El objetivo de tales programas consiste en asegurar el aprendizaje de algunas materias que permiten progresar en los estudios, analizando los distintos ritmos de maduración, los estilos individuales de aprendizaje o aquellas dificultades asociadas a factores culturales, personales, sociales o económicos.


 


Necesidades formativas en torno a la inmigración


 


Como ya hemos visto, la inmigración ha pasado a convertirse en un asunto de máxima relevancia en España. Amenazas pero también oportunidades de desarrollo acompañan a este fenómeno al que los poderes públicos deben dedicar los más denodados esfuerzos si queremos que la sociedad en su conjunto salga ganando. A toda Europa ha dejado sobrecogida las imágenes de enorme violencia callejera vividas estas semanas en Francia como consecuencia, precisamente, de problemas asociados a décadas de inmigración. El fracaso del sistema educativo y la falta de alternativas laborales para los inmigrantes, han contribuido decisivamente a generar un sistema social poco cohesionado. Frente a frente ganadores y perdedores, siendo rencor y enfrentamiento el efecto más terrible de esta perversión.


 


Es ocasión, más que nunca, para sacar conclusiones y actuar en consecuencia. La integración ha de ser, en este sentido, el imperativo a seguir en toda acción dirigida a tan numeroso colectivo. No queda otra que la integración, si no plenamente cultural, cuanto menos socio-laboral de los inmigrantes a fin de lograr una convivencia cordial y productiva de la que se beneficie toda la sociedad. Por supuesto, la formación viene a jugar en tan complicado desafío un papel esencial.


 


No es cuestión de empezar la casa por el tejado, pues antes de afrontar cualquier acción es imprescindible conocer la problemática en profundidad, saber utilizar los medios apropiados y estar capacitado para tomar decisiones coherentes. En definitiva, no son sólo los inmigrantes los que deben formarse, también los profesionales que van a trabajar con el colectivo y asumir responsabilidades han de cualificarse de manera conveniente. Hace apenas unos años, dicho conocimiento sólo era posible adquirirlo a través de la experiencia. Ahora, afortunadamente, ya empiezan a ser abundantes los programas educativos que abordan la inmigración con el objetivo de preparar especialistas en los diferentes ámbitos de actuación.


 


Centrándonos en el ámbito escolar -sobre todo en colegios públicos e institutos-, es fundamental el papel que juegan los profesores en la integración académica de los alumnos inmigrantes. Sin embargo, tal como denuncian diversas instituciones vinculadas al ámbito educativo, a día de hoy la mayoría de docentes no sabe afrontar los problemas de convivencia e integración que surgen a diario en las aulas. Se echa en falta programas formativos que aborden la seriamente la materia en España, no obstante algunas instituciones y escuelas especializadas empiezan a reaccionar. Por su carácter oficial, merece su atención el Instituto Superior de Formación del Profesorado, dependiente del Ministerio de Educación, el cual ya incluye entre sus concurridos cursos de verano varios dedicados a tratar la problemática de la diversidad en el aula. Y también tenemos, como ejemplo muy reciente, el curso que actualmente está impartiendo ACCEM (asociación que trabaja para mejorar la situación de los inmigrantes), en colaboración con el Ministerio de Educación, bajo el título “Plan de Formación del Profesorado en Intervención Socioeducativa con Inmigrantes”.


 


Las universidades son otra institución muy preocupada los últimos años en formar especialistas en todo lo concerniente a la inmigración y extranjería, un campo que de hecho se está revelando como yacimiento de empleo con gran potencial. Tanto es así que ya existen varios departamentos dedicados en exclusiva a esta materia, caso del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones creado por la Universidad Pontificia de Comillas hace 9 años y que ofrece dos másters, dos cursos de especialización, un programa de doctorado, formación para especialistas y monográficos sobre cuestiones migratorias a través de un Aula Permanente. En Cataluña, donde la migración es un fenómeno muy presente, la oferta universitaria es abundante y desde múltiples enfoques. Destacan la tarraconense Universidad Rovira i Virgili con un Especialista Universitario en Gestión Global de la Inmigración, asimismo el Centro Les Heures de la Universidad de Barcelona con un Máster en Inmigración y Educación intercultural y el Instituto de Formación Continua de la Universidad Pompeu Fabra con su interesante Diploma de posgrado en Ciudadanía e Inmigración: la Gestión de la Diversidad Cultural. Con todo, es la Fundació Pere Tarrés, adscrita a la Universidad Ramón Llull, la institución de la ciudad condal más especializada en temas sociales, incluida la integración social de los inmigrantes, como deja patente su Postgrado en Acción social e integral con personas de origen inmigrante.


 


Bien es cierto que el fenómeno migratorio afecta a todas las comunidades autónomas españolas y que, por tanto, la oferta educativa no ha de quedar limitada a las dos principales ciudades del país. Prácticamente todas las universidades españolas incluyen, entre su oferta de postgrado, programas que giran en torno a tal cuestión. La Universidad de Zaragoza, por ejemplo, está impartiendo actualmente un “Diploma de Especialización en Migraciones Internacionales y sus Implicaciones Socioeconómicas” y otro que a punto está de dar comienzo dirigido a profesores de español para alumnos inmigrantes, un campo, por cierto, con gran futuro.


 


Y asimismo empieza a ser abundante la oferta de programas impartidos por instituciones privadas, algunas de éstas con un elevado nivel de especialización. De lo que se trata, a fin de cuentas, es de localizar aquellos campos que mayores oportunidades de empleo están generando. Tal es el caso del Derecho de Extranjería e Inmigración, ideal para abogados y trabajadores sociales, cuya formación servirá fundamentalmente para afrontar los cada vez más habituales procesos de regularización de inmigrantes. Los llamados ‘técnicos de inmigración en el área jurídica’, partiendo de una licenciatura, sólo necesitarán un sencillo curso 50 horas.


 


Con todo, algunas organizaciones siguen lamentándose de lagunas formativas alarmantes en determinadas actividades profesionales relacionadas con el fenómeno de la inmigración, algunas tan importantes como ‘mediación intercultural’ o ‘traducción e interpretación en los servicios públicos’. Mediación Intercultural es una modalidad de intervención orientada hacia la comunicación, acercamiento, comprensión mutua, convivencia, así como, a la resolución de conflictos entre grupos o personas cultural y étnicamente diferenciados. De los centros formativos que abordan esta temática, destaca, desde hace casi 10 años, la labor de la Escuela de Mediadores Sociales para la Integración (EMSI). En la actualidad colabora estrechamente con la Cruz Roja y la Comunidad de Madrid, con una oferta de talleres y cursos especializados muy variada. También merecen mención la Federación Andalucía Acoge y el AEP Desenvolupament Comunitari de Cataluña, más que nada porque se trata, junto con la EMSI, de las casi únicas iniciativas llevadas a cabo en nuestro país sobre la materia. De igual modo, la interpretación y traducción se han convertido en dos servicios fundamentales en las instancias públicas, siendo la falta de profesionales convenientemente formados y acreditados un obstáculo para los inmigrantes que no hablan español en el trato con la administración y en el ejercicio de sus derechos y deberes.


 


Dejando aparte la acción social, los servicios dirigidos al colectivo inmigrante pueden ser muy lucrativos. No en vano, muchas de estas personas empiezan a gozar de una situación favorable en lo económico que aprovechan para comprar vivienda u otras operaciones de índole diversa. Las entidades financieras sólo acaban de encontrar un enorme filón que va a precisar de productos y servicios bancarios ajustados a las necesidades de un cliente muy particular. Comprender este campo poco explorado es, precisamente, el objetivo de unas jornadas que muy oportunamente ha organizado para principios de 2006 IEB - Options & Futures Institute.


 


Los inmigrantes también necesitan formación


 


‘Mujer, inmigrante, de religión musulmana y que sólo habla el árabe de manera fluida’: es difícil encontrar un perfil que tenga más complicado la integración sociolaboral en nuestro país. Podemos decir de manera general que la condición de mujer inmigrante constituye un serio inconveniente a efectos de acceder a un puesto de trabajo, no por la escasa oferta sino fundamentalmente por carecer de alternativas más allá de los trabajos en lo que la sociedad las ha encasillado. Así, por el momento, su única oportunidad de inserción laboral pasa por desarrollar actividades ‘típicamente’ femeninas, es decir, empleos vinculados a los servicios de proximidad como pueden ser tareas de mantenimiento y cuidado de la infraestructura del hogar, tareas de mediación entre la familia y los servicios públicos y privados o, simplemente, tareas de organización, gestión y representación familiar.

Diseñar un programa formativo dirigido a este particular colectivo no va a resultar sencillo. Es más, son muchos los expertos que a día de hoy se preguntan hasta qué punto los programas de formación son realmente una herramienta de inserción laboral, o por el contrario sirven como vehículo para reincidir en la precaria situación laboral en la que estas mujeres previamente se encontraban. Todo dependerá del tipo de acciones que se emprendan, si bien es cierto que actualmente muchas de estas se limitan únicamente a promover su socialización (lo que sería aprender la lengua y adquirir autonomía personal y autoestima) o a reproducir los trabajos tradicionalmente femeninos en base a las necesidades de la sociedad y a lo que, más en concreto, precisan las empresas. Complacer al sector productivo no necesariamente tiene que venir en beneficio de las mujeres, pues una vez alcanzado un suficiente nivel de socialización lo que de verdad necesitan estas personas es adquirir conocimiento técnicos que les permita ampliar las oportunidades y prosperar en el mercado laboral.


 


Lo que está claro es que vivimos en una sociedad marcadamente multiétnica, lo cual exige aplicar políticas sociales que potencien la integración al tiempo que faciliten un correcto desarrollo profesional de los diferentes colectivos. La formación ha de convertirse también en ese ‘posibilitador’ de oportunidades laborales, necesaria para que los inmigrantes lleven a cabo sus tareas de una manera eficaz y segura. Primero en el acceso al mercado laboral, lo que sería –por ejemplo- una ‘preformación’ (cursos de alfabetización, de español, de conocimiento del entorno) y, asimismo, una formación profesional especializada y práctica de inserción. Luego, una formación continua que potencie en el profesional inmigrante unas condiciones de trabajo, cualificación y productividad óptimas y que también fomenten la promoción a puestos de mayor categoría y mejor remuneración.


 


Claro que esto de momento no es más que un deseo. Los programas de formación específica previa dirigida a inmigrantes son escasos, teniéndose que adaptar a una oferta de cursos general, a menudo sin cumplir un mínimo nivel de alfabetización y conocimiento del castellano. Los cursos impartidos en España no aprovechan los conocimientos, hábitos y aptitudes que éstos han adquirido en sus países de origen. A ello hay que unir los contratos precarios a los que acceden en la mayoría de los casos, que, entre otras cosas, les impide beneficiarse de la Formación Continua promovida por las empresas, lo que resulta especialmente grave cuando se trata de prevenir riesgos laborales. El desinterés de la empresa por todo lo que gira en torno a la formación de los inmigrantes supone un lastre de cara a conocer las verdaderas necesidades formativas del colectivo para su mejor integración laboral.


 


Se trata de un fenómeno en constante cambio, que registra cifras crecientes y con enormes lagunas en cuanto al conocimiento de las necesidades formativas. Así es muy difícil diseñar un política de inmigración eficaz y, en particular, llevar a cabo acciones formativas que realmente se traduzcan en una mejora de las condiciones laborales. Precisamente, arrojar luz sobre esta cuestión es lo que pretende ahora la Comunidad de Madrid con un estudio que está a punto de concluir en colaboración con el CSIC. A partir de la encuesta a 1.200 inmigrantes, ofrecerá un diagnóstico sobre la situación laboral y las necesidades formativas del colectivo en dicha comunidad. El resultado servirá a la Consejería de Empleo y Mujer para proponer y coordinar un futuro plan estratégico de empleo que beneficie al colectivo de inmigrantes madrileños que actualmente representa algo más del 13% de la población.


 


Enmarcado en al Pan de Investigación e Innovación de Catalunya, la Generalitat también va apoyar económicamente diferentes proyectos de investigación relacionados con las políticas de inmigración, fundamentalmente, para conocer el impacto económico de la inmigración en la Comunidad, su integración en el mercado laboral y para impulsar el establecimiento de indicadores sobre el grado de integración de los ciudadanos de origen extranjero. Una primera dotación de 60.000 euros será repartida muy próximamente entre universidades y centros públicos y privados sin ánimo de lucro. Hasta 6.000 euros podrá recibir cada institución con el fin de llevar a cabo proyectos específicos que analicen, entre otros aspectos, la aplicación de políticas de igualdad -por ejemplo, el acceso a servicios de Formación Profesional o de participación y mejora de capacitación individual-, el diseño de programas para la integración lingüística, la alfabetización digital, la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres inmigrantes o la educación, inserción social y económica de los jóvenes inmigrantes.



 


Los redoblados esfuerzos del sector público


 


A falta de iniciativa empresarial significativa, la responsabilidad de formación de los inmigrantes recae mayoritariamente en las administraciones públicas, desde instancias estatales hasta el ámbito meramente local. A los departamentos de trabajo autonómicos corresponde, aparte del seguimiento, la selección y aprobación de los distintos proyectos que presentan los centros colaboradores. De financiar estos programas se encargan las administraciones, Autonómica y Central, y muy en especial la Unión Europea a través de Fondos Estructurales. Por su parte, los ayuntamientos, diputaciones locales e instituciones del ‘tercer sector’ (sindicatos, fundaciones, asociaciones y ONGs) son los otros agentes más implicados en las acciones concretas.


 


Con el objetivo de que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos incrementen los programas de acogida e integración y de refuerzo educativo de los ciudadanos inmigrantes, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha redoblado sus esfuerzos comprometiéndose a destinar el llamado Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y Refuerzo Educativo. La asignación de los recursos a las Autonomías se ha realizado, según el Ejecutivo, en base a principios de equidad y transparencia, atendiendo a criterios objetivos como el número de inmigrantes empadronados, de trabajadores afiliados a la Seguridad Social y de menores extranjeros escolarizados, entre otros.


 


Entre las comunidades autónomas que ya han acordado con el Ministerio el presupuesto público a recibir, Madrid dispondrá de 27.754.749 euros en materia de acogida, integración y refuerzo educativo de inmigrantes. Del presupuesto global, 15.679.771 euros permitirán la puesta en marcha de programas relacionados con la acogida e integración de inmigrantes y 12.074.977 euros serán para refuerzo educativo.


 


La Comunidad de Castilla-La Mancha, por su parte, recibirá 4.185.081 euros, de los que 2.212.384 euros se dedicarán a la puesta en marcha de programas relacionados con la acogida e integración de inmigrantes y 1.972.697 euros al refuerzo educativo. La dotación fijada para Galicia es de 1.832.282 euros. Para el desarrollo de programas de acogida e integración de inmigrantes se destinarán 1.123.875 euros y 708.407 para el refuerzo educativo. Según el consejero gallego José Luis Méndez, durante la firma del correspondiente acuerdo con el Ministerio de Trabajo, esta iniciativa permite a Galicia dar un salto “cualitativo y cuantitativo” espectacular en la atención a los inmigrantes, una partida 10 veces superior al presupuesto dedicado a este colectivo en años anteriores.


 


En cuanto a Murcia, el Ministerio de Trabajo otorgará un total de 7,4 millones de euros: 5 millones a programas para la acogida e integración de inmigrantes y 2,3 al refuerzo educativo. Valencia, por otra parte, recibirá una cuantía de 14.375.550 euros por el pacto firmado entre Caldera y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps para destinar un total de  8.175.959 euros a la puesta en marcha de programas y 6.199.595 euros para el refuerzo educativo.


 


 


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Enlaces de interés:


 


Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales


 


Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración


 


Ministerio de Educación y Ciencia


 


Federación Nacional de Trabajadores Autónomos


 


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