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Férreo control del gobierno en la nueva Formación Continua

Hace unos días el Ministerio de Trabajo presentó el segundo borrador de reforma del Sistema de Formación Continua con el que intenta, ahora, ganarse el apoyo de patronal y sindicatos en su dura pugna con las comunidades autónomas. El novedoso modelo

Publicado en Histórico Reportajes
Foto de Férreo control del gobierno en la nueva Formación Continua
Estudiantes-grado-INE

En diciembre del año pasado cuando apenas había tomado posesión de su cargo, Eduardo Zaplana, nuestro actual Ministro de Trabajo, no tardó en manifestar su firme determinación de acabar definitivamente con el sistema tripartito de formación continua, el oficialmente conocido como FORCEM. Y lo cierto es que tal decisión a casi nadie pilló por sorpresa, de muy evidentes que ya eran los problemas de gestión, sospechas, incluso certezas de malversación de fondos, que habían jalonado el errático devenir de esta importante institución durante los últimos años. Especialmente, fue un informe del Tribunal de Cuentas de noviembre de 2002 -exigiendo tanto a la CEOE como a UGT y CCOO la devolución de 2,1 millones de euros por irregularidades en la solicitud, aplicación y justificación de las ayudas entre los años 1996 y 1998-, la puntilla letal que necesitaba el gobierno para poner fin la larga y fructífera -por qué no también decirlo- actividad desarrollada por la FORCEM en sus 11 años de existencia.


Pero tampoco digamos que la FORCEM ha sido un gran fracaso cuando al poco de ser implantado allá en 1992 se le calificó de revolución sin precedentes en Europa, como organización bipartita de gestión de fondos para la formación, luego tripartita (tras el III Pacto de Formación Continua; año 2000), y que así, durante muchos años, ha jugado un papel central en la promoción de la formación de los empleados dentro de las empresas españolas. Más allá, durante un tiempo funcionó este sistema de una manera sumamente eficaz, una colaboración entre sindicatos y patronal que trajo grandes beneficios tanto al sector empresarial como al mercado laboral. Sin embargo, esto que al principio fue una fórmula ideal ya llevaba en sí misma la semilla de su final. Con el tiempo el sistema se agotó y ya ni siquiera la posterior intervención del gobierno (de ahí tripartito) pudo evitar el necesario cambio.


Informó, así pues, Eduardo Zaplana el 20 de diciembre, aprovechando la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, sobre su intención de diseñar un nuevo modelo en el que fueran directamente las empresas, en parte también las Comunidades Autónomas, las encargadas de gestionar los fondos destinados a la formación continua de los empleados. No es necesario decir que esta decisión arbitraria e inesperada sentó especialmente mal a los sindicatos mayoritarios cuya inmediata reacción fue tildar al gobierno de traidor por romper el acuerdo en vigor, del que recordaban que había sido refrendado por el Tribunal Constitucional. Además, se quejaban de que una reforma en ese sentido “sólo beneficiará a las grandes empresas en detrimento de las PYMES, pues sólo las grandes y medianas compañías tienen capacidad para planificar, organizar y gestionar en esta materia". Algunos gobiernos autónomos, particularmente la Generalitat de Catalunya, junto a las patronales y los sindicatos catalanes exigieron airadamente que fuera la Administración de dicha comunidad la encargada de gestionar en exclusiva los fondos para la Formación Continua (FORCEM), y en ningún caso las empresas a través de bonificaciones fiscales. Y también quedaba pendiente de definir la situación de los autónomos que temían que una reforma les hiciera aún más difícil acceder a programas de formación continua.


Pero el gobierno ha seguido adelante con esta reforma. Lo ha hecho, además, de acuerdo a sus intereses sabedor de la fuerte posición que le confiere el hecho de tener mayoría absoluta en ambas cámaras. La Secretaria General de Empleo, Carmen de Miguel, quiso dar un avance el pasado 25 de junio en la clausura de unas jornadas de las motivaciones y líneas maestras que se había trazado el gobierno para llevar a cabo dicha reforma. Dentro del marco europeo, de los marcado en la Cumbre Europea de Lisboa en el año 2000, se pretende configurar el denominado "espacio europeo del aprendizaje permanente", lo que supondrá, en definitiva, que los distintos estados europeos desarrollen estrategias globales en ese ámbito. Objetivo particularmente importante está siendo para el gobierno, asimismo, integrar la formación permanente de los profesionales con el resto del sistema educativo y formativo, esto es, con la Ley Orgánica de Universidades, de finales de 2001, con la Ley de Calidad en la Enseñanza, de diciembre de 2002, y con la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional, aprobada también el pasado año. Con esto prevé consolidar un nuevo modelo formativo que englobe, con carácter oficial, la formación profesional, la continua y la formación ocupacional.


En el aspecto de la formación continua, por ello, Carmen de Miguel explicó que esta reforma en desarrollo se fundamentará en torno a las siguientes cuatro premisas: garantizar que todas las empresas, y especialmente las pequeñas, accedan a la formación continua; asegurar la participación de un mayor número de trabajadores en las actividades formativas; simplificar los trámites, para mejorar la gestión y hacer el sistema más transparente; y permitir que todas las empresas que hagan formación tengan derecho a reducciones en las cotizaciones sociales.


Y con estos antecedentes hemos conocido el pasado miércoles 9 de julio la propuesta del Ministerio de Trabajo que ahora hace a los sindicatos y demás agentes sociales. Pretende en este segundo proyecto simplificar el antiguo modelo, en el que las empresas debían presentar sus proyectos de formación a la Comisión Tripartita (representada por sindicatos, patronal y Gobierno) para que, de acuerdo a unos baremos y a la disponibilidad presupuestaria, decidiera cuáles de ellos serían subvencionados. El caso es que ya no sería necesaria esta aprobación. Precisamente la principal novedad de esta reforma consistiría en que las propias empresas podrían deducir los costes de formación que pagan a la Seguridad Social, siempre y cuando cumplan unos requisitos en cuanto al número de empleados y costes. Este monto deducible pasaría a llamarse “crédito de formación continua”.


 

Claro que el Gobierno quiere establecer diferencias en base a la dimensión de las empresas. Básicamente, el mencionado crédito de formación se calcularía multiplicando el número de empleados por una cantidad que se determinaría cada año. Más allá, se quiere establecer una bonificación en relación inversamente proporcional a su tamaño, es decir, cuanto más pequeña sea la empresa esta bonificación será menor. En el caso de las empresas de uno a cinco empleados, se garantizará un “crédito de bonificación” por empresa y ya no por trabajador, cifra que se fijará anualmente por Orden Ministerial, tanto en cuantía como en tiempo.


Sí sale adelante este borrador quedará totalmente en manos de la empresa decidir la formación que quiere para la plantilla, con qué contenido, cómo y cuándo lo hace. También podrá decidir si la realiza directamente la propia empresa, a través de asociaciones empresariales, sindicales o a través de otro tipo de organizaciones o centros de formación. Lógicamente, sí estará obligada a redistribuir de una manera razonable la parte subvencionada. Podrán destinar las empresas todo el crédito para la formación de una parte de la plantilla, siempre que se respeten unos máximos tanto de coste por participante como de horas de formación.


La formación continua realizada por las empresas se complementará con otra oferta formativa gestionada a nivel estatal. Y aquí será el INEM el encargado de suscribir contratos-programa con diferentes entidades formativas, contando especialmente con las organizaciones patronales y sindicales más representativas. Es un giro con respecto al anterior borrador y quiere con ello el gobierno obtener el apoyo de sendos colectivos en su encarnizada pugna con las comunidades autónomas. De ahí que ahora se le otorgue a la patronal y los sindicatos la facultad de solicitar y ejecutar ofertas de formación continua.


Y es que son las Comunidades Autónomas las que más se oponen a esta reforma de la que opinan que se las está apartando de una manera descarada e ilegal. En este sentido, ha sido muy conflictivo el establecimiento de la nueva Comisión Estatal de Formación Continua pues lo motiva una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional a raíz de los recursos interpuestos por Galicia y Cataluña que obligaban a dar entrada a la comunidades autónomas. Este importante organismo será financiado con presupuesto del INEM y se ocupará de los denominados planes de oferta y demanda, así como, de los intersectoriales, las acciones complementarias y de la formación de los empleados públicos. Como se dijo, se contará en este caso con los sindicatos y patronales pero, en absoluto, quiere perder el control el actual Ejecutivo. Interpreta de la sentencia del Tribunal que no está obligado a transferir la totalidad de la gestión del INEM a las comunidades autónomas sino que únicamente debe permitir que estas participen en la gestión, única solución que, según el gobierno, puede garantizar el correcto funcionamiento del modelo. Sin embargo, en opinión del Portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, esto supone un preocupante retroceso desde el punto de vista autonómico, así como, desde la mejora de la empleabilidad de los trabajadores. Por tanto, anunciaron los catalanes que, de llevarse a cabo este proyecto, lo impugnarían ente el Constitucional.


Habiendo sido la falta de control el talón de Aquiles del anterior sistema, en este segundo borrador se ha querido prestar especial atención a este aspecto en cualesquiera irregularidades que pudieran producirse. Para ello, se implantará un Plan de Seguimiento y Control que, al menos, deberá alcanzar el 5% de los recursos públicos destinados a formación. Las inspecciones serán realizadas por el INEM y por la Fundación Estatal, e incluirá un control en el sitio y en el momento. Definitivamente, el Gobierno Central no quiere perder el dominio de tan jugoso pastel. No en vano, la formación continua en las empresas españolas supone cada año un nada despreciable presupuesto de casi 1.000 millones de euros.



FGW


Enlaces de interés:


www.mtas.es


www.forcem.es


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