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Europa pasa factura por los desmanes de la Forcem

Las aportaciones del Fondo Social Europeo son básicos para España, tanto para la mejora de la calidad en el empleo, como para la modernización de la sociedad y el desarrollo de su tejido empresarial. Los continuados escándalos derivados de los fondos

Publicado en Histórico Reportajes
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105 millones de euros va a ser lo que definitivamente tendrá que devolver España a la Comisión Europea por motivo de los varios casos de fraude en relación a las ayudas para la FORCEM, institución encargada de gestionar los fondos destinados a la formación continua en las empresas. Y esta noticia que no deja de anunciar la imposición de una cuantiosa sanción la ha recibido el Gobierno con gran alivio pues, peor aún, existía el fundado temor de que desde Bruselas se llegara a congelar estos fondos durante los próximos años.


Y lo cierto es que la FORCEM en sus primeros cinco años, desde 1992, jugó un papel decisivo e intachable en la promoción de la Formación Continua dentro de las empresas españolas. Tuvimos entonces la satisfacción de ver a la patronal y los sindicatos trabajando unidas por el bien de la población activa y del sector productivo en general. Sin embargo, a partir de 1996 se empezaron a descubrir ciertas irregularidades y sospechas de fraude que con el paso de los años han ido desgastando letalmente el sistema vigente, que ni siquiera la posterior intervención del Gobierno ha podido dar una solución que hiciera viable su supervivencia.


El caso es que en abril de 2001 el Tribunal de Cuentas presentó un informe demoledor que hizo saltar la voz de alarma en el Ministerio de Trabajo y que puso de manifiesto la ya imprescindible reforma. Posteriormente, la Brigada de Investigación Económica y Financiera de la Policía, adscrita a la Seguridad Social, presentó a principios del mes de julio de este año un nuevo informe que ha sembrado mayor inquietud si cabe. Y es que, tras realizar un muestreo sobre el 5% de los cursos del INEM subvencionados por la UE en 2001, este cuerpo detectó irregularidades en el 95% de ellos. Ciudad Real, Valencia, La Coruña y Cádiz fueron las provincias en las que se encontraron mayor número de irregularidades, no obstante, se habla de que éstas podrían alcanzar a prácticamente a todas las comunidades españolas.


Se trataría básicamente de delitos de fraude a los intereses de la UE, apropiación indebida y falsedad documental. En el informe se citan, inclusive, varias empresas implicadas en los citados fraudes que parecen haber sido creadas con el único objetivo de captar estos fondos públicos. Y como principales ejecutores, las investigaciones se dirigen contra los que han sido organizadores de los cursos, es decir, diferentes organizaciones empresariales y las federaciones sindicales de UGT y CCOO. Especialmente, los dos sindicatos mayoritarios han sido señalados como organizadores de una trama que busca la financiación ilegal de sus estructuras y actividades a través de los fondos de la FORCEM. Ya se han presentado varias denuncias por parte de instituciones, como el sindicato minoritario “Manos Limpias” que está luchando denodadamente por clarificar los hechos y por que se depuren responsabilidades.


Persiguiendo a los culpables...


Vista la elevada cantidad económica que pueden implicar estos delitos, así como, su amplitud geográfica que afecta a diferentes Audiencias Territoriales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió en julio de este año que fuera la misma Audiencia el tribunal competente para investigar los hechos denunciados. El caso ha recaído en el Juzgado de Instrucción Número 3, dirigido por Teresa Palacios, responsabilidad que ejerce en exclusiva desde septiembre. La denuncia de momento se circunscribe al año 2001 pero fuentes judiciales han informado que esta podría ampliarse a otros años dependiendo de los resultados de la investigación.


De momento, 50 personas ha pedido la Fiscalía que acudan a declarar, entre los que se encuentran sindicalistas, empresarios y algunos de los alumnos inscritos en los cursos que se han detectado irregularidades. De entre ellos, el fiscal anticorrupción encargado de este caso, Luis Rueda, dirigió hace unos días un escrito en el que pedía a Teresa Palacios que se citara a declarar como imputadas a 17 personas, seis de ellas cargos de UGT.


Así pues, las autoridades empiezan a tomar medidas para poner fin al uso negligente y fraudulento de los Fondos para la Formación Continua en las empresas. No en vano, la Fiscalía de la Audiencia Nacional estima que el fraude podría alcanzar el 15% de los 630 millones de euros recibidos de la UE sólo en 2001.


Los casos de fraude se acumulan


Hace unos días vinieron noticias de Barcelona informando de la detención que realizaron Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de seis altos cargos del Hospital Espíritu Santo de Santa Coloma de Gramenet y de la Unió Catalana d'Hospitals. El delito que se les imputa asciende a 460.000 euros por un fraude de subvenciones públicas.


Este suceso se remonta a los años 1996, 1997 y 1998 en los que el Hospital Espíritu Santo solicitó una subvención del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del FORCEM, para la realización de 49 cursos dirigidos a sus trabajadores. La Unió Catalana d'Hospitals, actuó de interlocutor con la administración. Los cursos no fueron realizados para lo cual se presentaros listas ficticias de alumnos participantes, muchos de ellos miembros del comité de empresa. El año pasado representantes del comité de empresa pusieron una denuncia.


Así y todo, ha sido un grave caso descubierto hace poco más de un mes en Cádiz lo que ha agotado la santa paciencia de la Comisión Europea. Nada más y nada menos que a 84 millones de euros asciende este nuevo fraude investigado por la Guardia Civil, y otra vez los sindicatos son el centro de la sospecha que, no obstante, ve en todo esto una conspiración para enrarecer el diálogo entre Gobierno y los agentes sociales.


Tanto va el cántaro a la fuente...


Ante la seria amenaza de perder las aportaciones del Fondo Social Europeo, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales se desplazó a Bruselas para reunirse con la Comisaria Europea de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulu. Zaplana reconoció ahí la gravedad de los fraudes que ahora mismo se investigan judicialmente, aunque sí dejó claro a su homóloga en la Comisión que es erróneo tildar de fraudulento a todo el Subsistema de Formación Continua cuando en términos generales ha sido muy positivo para España. Además, el Ministro recordó que estos fondos europeos son de importancia capital para nuestro país.


De agradecer ha sido la actitud dialogante de Diamantopoulu que desde el primer momento manifestó la voluntad de no paralizar las partidas comunitarias destinadas a cursos de formación en España. Pidió que, no obstante, que se aceleraran las investigaciones para aclarar todo lo ocurrido. Zaplana también aprovechó para explicar los significativos cambios que se van a introducir en la gestión de los fondos europeos y el nuevo Subsistema de Formación Continua, más “transparente y eficaz” y que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2004.


 

No se van a parar, por tanto, los pagos correspondientes al período 2000-2006. La sanción finalmente impuesta por la Comisión Europea supondrá descontar a España de las próximas subvenciones del Fondo Social Europeo al INEM la cuantía de esos 105 millones de euros defraudados. Será por el periodo 1994-2000, 8,5 millones de euros que corresponden al sexenio 1994-1999 y el resto a 2000. Bruselas no enviará sus inspectores sino que establece sus sanciones comprobando los medios que ponen los distintos Estados para intentar que no haya desviaciones, a la vista del fraude cometido. Diamantopoulu instó al gobierno a que presentase un plan destinado a controlar la distribución de los fondos que se dedican a este capítulo de la formación continua, petición a la que nuestro Ministro de Trabajo respondió exponiendo a la Comisaria la nueva Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo que vendrá a sustituir a la FORCEM.

Precisamente, el Real Decreto que regulará el nuevo modelo de Formación Profesional Continua ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de noviembre. Según informó el Gobierno ese mismo día, el nuevo sistema cuenta con el respaldo de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como del Consejo de Estado. Contó, por el contrario, con la oposición de las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, así como Cataluña y el País Vasco.

Como novedad más resaltable, (y que más polémica ha suscitado), de este nuevo subsistema es que las propias empresas a partir del 1 de enero van a ser las únicas en decidir cómo quieren llevar a cabo sus planes formativos subvencionados, ya sea directamente, en centros especializados, a través de asociaciones empresariales o sindicales, o mediante agrupaciones constituidas. Para ello, dispondrán de un crédito que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año anterior, añadiéndose un porcentaje de bonificación en función del tamaño de la empresa, esto es, cuanto más pequeña más porcentaje.

Endurecer las sanciones

En lo que respecta al control del fraude, el Gobierno ha tomado buena nota. El pasado 21 de noviembre presentó en el Congreso de los Diputados la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2004, que prevé un endurecimiento de las sanciones en las irregularidades que se detecten en la gestión de la formación continua u ocupacional. Hasta 90.000 euros de multa se podrá imponer a los empresarios, directivos y/o empresas que se beneficien ilegalmente de los Fondos para la Formación continua.

Así pues, tenemos por un lado las faltas leves derivadas del incumplimiento, tanto por parte de los solicitantes como de los beneficiarios, de las obligaciones de carácter formal o documental exigidas. Considera infracciones graves, por otra parte, la falta de un sistema de control de la asistencia a los cursos, el incumplimiento de los requisitos exigidos a los alumnos para participar en las acciones formativas, la expedición de diplomas falsos o la justificación falsa de costes subvencionales, la subcontratación con entidades no autorizadas de la ejecución de las acciones formativas, la desviación de las ayudas percibidas por los trabajadores hacia otros fines y que el beneficiario, de acuerdo con la empresa gestora, justifique acciones formativas inexistentes. En estos supuesto las multas oscilarán entre los 300,02 y 3.005,06 euros.

Y tenemos, por último, el conjunto de faltas consideradas muy graves que incluye el falseamiento de los datos documentales, la no ejecución de la acción formativa, el desarrollo de actividades que no se correspondan con la concesión de subvenciones, la solicitud de cantidades a los participantes cuando se trate de un curso subvencionado o la falsificación de la identidad de un participante o la simulación de una contratación laboral. Para estos casos están previstas sanciones entre los 3.005,07 y los 90.151.82 euros.

Cuantiosos e imprescindibles fondos

En definitiva, toca mano dura para los estafadores pues Gobierno español no se puede permitir el lujo de prescindir de las cuantiosas aportaciones provenientes del Fondo Social Europeo (FSE). Es éste un fondo estructural, destinado a corregir los desequilibrios existentes entre las regiones menos ricas y las más desarrolladas, en temas de empleo y recursos humanos. Desde 1997, el FSE se ha convertido en el principal instrumento financiero de apoyo al desarrollo de la Estrategia Europea de Empleo, a través de los Planes Nacionales de Acción para el Empleo.

Fundamentalmente, la financiación va dirigida a actuaciones en el ámbito de la educación y la formación profesional, la generación de nueva actividad, la investigación y el desarrollo, la igualdad de oportunidades, la adaptabilidad de empresas y trabajadores a los cambios productivos, de apoyo al empleo por cuenta propia y al incremento del acceso y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, entre otras.

Para hacernos una idea de la importancia que tiene para nuestro país este fondo sólo tenemos que echar un vistazo al Programa 2000-2006, en el que en su primera mitad (hasta diciembre de 2002) España ha recibido un total de 3.345 millones de euros. Así, durante estos tres años se han beneficiado 10.751.229 personas, de las cuales, el 55,5% (5.960.557) han sido mujeres y el 30,8% (3.309.685) menores de 25 años.

Y desde la Comisión Europea también son conscientes de la necesidad de España por estos fondos, habida cuenta del retraso que registran muchas de las comunidades con respecto al PIB medio por habitante del conjunto de países europeos, comunidades que en muchos casos están catalogadas como regiones de objetivo 1 (tienen un PIB inferior al 75% de la media comunitaria). De ahí que el FSE haya financiado en un 24% la puesta en marcha de los distintos Planes, triplicando la media de financiación del conjunto de los países de la UE, cifrado en el 8%.

Las líneas prioritarias de programación son, en primer lugar, la inserción y reinserción de los desempleados a la que se ha destinado 1.222,8 millones de euros (36,6%), seguido del refuerzo de la estabilidad en el empleo y la adaptabilidad que ha contado con 636,3 millones (19%) y, tercero, la mejora de la educación técnico-profesional con 608.6 (18,2%).

En definitiva, para el periodo 2000-2006 se ha asignado a España, a través del FSE, un montante total de 11.917 millones, programados en base a los distintos niveles de desarrollo de las regiones españolas y los diferentes ámbitos de actuación de políticas y programas de empleo. Pero ojo, porque desde la Comisión no se va a tolerar más tropelías por parte de las autoridades españolas, los empresarios y demás instituciones responsables de gestionar los fondos para la formación continua. Y si perdiéramos las tan cuantiosas aportaciones venidas de Bruselas... eso sí que sería un desastre.

***
Enlaces de interés:

Web Institucional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Web Institucional de la Comisión Europea de Empleo y Asuntos Sociales

Web Oficial del Fondo Social Europeo (FSE)

Web Oficial Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo


Web del INEM dedicada al Fondo Social Europeo


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