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Estudiante: ¡Cuidado con los préstamos!

La quiebra de una importante cadena de centros de enseñanza no reglada debe concienciar a la sociedad y a las instituciones sobre la necesidad de una más estricta regulación de este tipo de centros y de sus actividades comerciales. Quizá sea tarde pa

Publicado en Histórico Reportajes
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Como ya todos bien saben, estos días el sector de la formación vive unos días muy turbulentos tras el reciente anuncio de la suspensión de pagos de un importante centro de idiomas extendido por toda España y las negativas consecuencias que sobre muchos de sus alumnos matriculados está provocando tan grave suceso. Pero tampoco se puede decir que esta quiebra de un centro de formación sea una novedad en nuestro país. Todos los años, tal y como aparecen numerosas academias, otras desaparecen, en ocasiones acosadas por sus cuantiosas deudas. Por poner un ejemplo que hace poco más de un año mereció la atención de los medios de comunicación, el centro para la preparación de opositores Aula Magna tuvo que cerrar las puertas de sus 19 sedes repartidas por toda España debido a los casi 500 millones de deudas que arrastraba, lo cual supuso que 153 empleados se encontraran con un expediente de regulación de empleo y varios meses sin cobrar una peseta.


Y aún así, lo que mayor malestar provocó entre la opinión pública fue el hecho de que los 18.000 alumnos matriculados en este centro se encontraron de la noche a la mañana sin posibilidad de seguir asistiendo a unas clases abonadas, ya fueran hechas en efectivo por parte de algunos alumnos, o pagadas a través un préstamo como así hizo la mayoría de los matriculados (aproximadamente estos solicitaron un total de 1.000 millones de pesetas). De estos últimos, los bancos que les habían concedido dichos préstamos, sobretodo Cofidís y Finanzia, pronto se apresuraron a anunciar que, por mucho que el servicio en cuestión se les dejara de prestar, los alumnos debían seguir devolviendo las cuotas correspondientes pues a ello se habían obligado por contrato directamente con las entidades financieras. Muchas personas se sintieron estafadas y pronto se pudieron escuchar algunas airadas críticas hacia determinados tipos de préstamos para financiar estudios que suponían un riesgo para los “consumidores” de cursos, aunque en realidad poco se hizo finalmente.



En esta nueva suspensión de pagos, aproximadamente de los 82.000 alumnos matriculados, 45.000 tienen préstamos pendientes de devolución que ascienden a un total de 35 millones de euros. El cierre afectará a la mayoría de estos y de nuevo las entidades de crédito, de entre las que hay que destacar el SCH, se han apresurado a informar que la deuda contraída debe ser devuelta íntegramente por el solicitante (el alumno), se preste o no el servicio para el que pidieron el préstamo. Pero ahora, tal ha sido la dimensión de la quiebra, el alcance territorial y el número de afectados, que todos los medios nacionales están haciendo correr ríos de tinta.



Y así, los gobiernos locales y las asociaciones de consumidores parecen mucho más sensibilizados que hace un año. Pese al pesimismo, han llamado a la unidad de todos los afectados y se han anunciado acciones legales contra todo acto sospechoso de ser fraudulento. El Ministerio de Sanidad y Consumo aclaró que los consumidores no están obligados a pagar los créditos vinculados a un servicio que se les ha dejado de prestar. Además, instó a las comunidades autónomas a que examinen si el centro ha infringido la legislación vigente sobre Defensa de Consumidores. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía estudian una fórmula legal para que los alumnos puedan rescindir los créditos suscritos. Por otra parte, el gobierno vasco impulsará desde las asociaciones de consumidores una negociación a nivel global con las entidades financieras para que los alumnos de su comunidad no salgan perjudicados en la medida de lo posible. La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) está recabando las denuncias de los usuarios de estos centros y emprenderá una defensa unitaria de los afectados. No obstante lo dicho, mientras todas estas acciones se van resolviendo en los juzgados, tal y como han informado los responsables de varias instituciones y asociaciones de consumo, las cuotas de estos préstamos deben ser pagadas pues el que no lo hiciera pasaría a formar parte del RAI, ahí donde está todo aquel que tenga créditos impagados.

El crédito de la discordia 


Para bien o para mal, lo cierto es que en los últimos años ha proliferado un buen número de centros de educación no reglada para adultos con una nueva forma de plantear su relación con el alumno y así de comercializar sus cursos. En primer lugar se trata de academias con una amplia oferta horaria, con énfasis en los sistemas multimedia, dando así la posibilidad de que el alumno aprenda con total flexibilidad durante un número ilimitado de horas siempre dentro de un intervalo fijado que éste habrá “comprado” por paquetes temporales a un precio mínimo generalmente de unas 200.000 pesetas. A menudo, éstas empresas basan su estrategia de captación de clientes en intensas campañas publicitarias, sin duda arriesgadas tanto en cuanto suponen un rápido endeudamiento que tienen que compensar con un gran número de matrículas en un breve espacio de tiempo. De ahí, que esta especie de “gimnasios del saber”, y a diferencia de los centros de formación clásicos, recurran a las entidades de crédito aplicando un novedoso sistema de financiación cada vez más extendido en nuestro país.


Para facilitar el pago de la matrícula el centro ofrece al cliente la alternativa de financiarlo a través de un crédito al consumo con una entidad concertada previamente. Es decir, el alumno paga al centro desde el principio con dinero prestado pero no recibe una garantía de que efectivamente va a recibir ese servicio íntegramente. Y hay que decir a este respecto que por término medio un 75% de los alumnos que se matriculan en este tipo de academias recurren a dichos préstamos. Según el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, José María Múgica, con esto el centro gana por partida doble pues “cobra del banco por adelantado y luego el alumno no puede dar marcha atrás porque debe el dinero a una entidad financiera, y no a quien presta el servicio”. Transcurridos unos días posteriores a la matriculación, entre 10 y 15, el alumno ya no podrá arrepentirse y así se verá obligado a devolver hasta la última cuota del préstamo. Según reconoce este mismo interlocutor, el sistema no va contra la ley pero se apoya en un vacío legal y provoca la indefensión del consumidor.


Por el contrario, estos centros se defienden asegurando que el alumno es consciente en todo momento de que está pidiendo un crédito, del cual, el centro se encarga de abonar sus intereses. Además, se ofrecen todas las facilidades para que el curso se lleve a cabo en su totalidad y en caso de fuerza mayor es posible rescindir el contrato.


No obstante, a este respecto las asociaciones de consumidores están dispuestas a llegar hasta el final para que sucesos como los más recientes no se vuelvan a repetir. No se puede permitir que un estudiante se vincule con un contrato en el que interviene una entidad financiera que no está presente. En este sentido, lo habitual es que el contrato se firme en el mismo centro, en este se especifica que el centro realiza una cesión de crédito al alumno por lo que éste pasa a convertirse en deudor de un tercero. Pero este tipo de contratos puede inducir a confusión sobretodo si el documento de solicitud del crédito no es suficientemente claro y si el comercial del centro no informa convenientemente al cliente.


Carmen Torres, de la Unión de Consumidores de España, asegura que, dado el volumen de documentos que se ponen a la firma, el alumno no se entera de que suscribe un crédito y firma todo si leer. (Ha ocurrido no pocas veces que el que firmaba este tipo de contratos no era consciente de que en realidad estaba suscribiendo un préstamo). Y sobretodo se queja del problema añadido que supone el hecho de que la obligación a pagar resulta ajena a que se cumplan los servicios pactados, pues la prestación de servicios y el préstamo en sí siguen vías distintas en los tribunales y el segundo tiene un procedimiento mucho más rápido que el primero. Es decir, el alumno tiene que pagar religiosamente sus cuotas al banco mientras que su reclamación le llevará un año o más en los juzgados.


Muchos opinan que las entidades de crédito que apoyan estas prácticas deberían asumir cierta parte de responsabilidad. No es ético que se alcancen acuerdos para la cesión de créditos al consumo y luego no se preocupen de cómo los están “colocando” a sus clientes estos centros. Desde luego deberían ayudar a aquellos alumnos ahora afectados, y quizá engañados, cambiando de manera significativa las condiciones de devolución. Parte responsabilidad la tienen los bancos en todo este asunto, al menos por su falta de control.

Así las cosas, piden con insistencia las diferentes asociaciones de consumidores una regulación específica y más estricta sobre este tipo de prácticas comerciales y sobre este tipo de financiación. Piden entre otras cosas que estas academias de enseñanzas no regladas depositen una fianza y que precisen de una licencia específica para la cesión de créditos a terceros. Y se pide por último que las Comunidades Autónomas lleven un férreo control de las acciones de estos centros.


Qué debe hacerse a la hora de contratar un curso financiado con un crédito


Para los que estén pensando en solicitar un crédito para financiar algún tipo de estudios no reglados, sucesos como el ocurrido recientemente deben servir como lección de lo que no se debería hacer y de cuál es la mejor manera de asegurarse que uno efectivamente va a recibir lo que se le ha prometido. En primer lugar, lo ideal es que la relación comercial quede entre el centro y el alumno, que no haya pagos previos por un curso, es decir, que se pague a mes vencido o que al menos se acuerde el día de cada mes en el que el alumno deba abonar el importe mensual del curso. Si el pago se puede hacer fraccionado, tanto mejor.


En el caso de que la única alternativa sea la solicitud de un crédito, el interesado tiene que conocer en detalle hasta lo que le sea posible las garantías de continuidad, honradez y solvencia del centro en cuestión. Antes de firmar ningún documento, deberá conocer a los implicados en la operación, incluido el banco que concede el crédito y qué tipo de relación contractual tiene con el centro. Deberá conocer en detalle el tipo de préstamo que va a solicitar y las condiciones de devolución. Es esencial ser consciente de que la única manera que tiene el alumno de garantizar el cumplimiento del servicio por parte del centro es que el crédito sea vinculado, es decir, que la devolución de las cuotas dependa de que el centro esté cumpliendo con su compromiso adquirido para con el alumno. En definitiva, siempre que el centro proponga algún tipo de contrato que incluya financiación, el interesado debe informarse a fondo y consultar a un profesional de alguna de las asociaciones de consumidores repartidas por España, llevando dicho documento para que comprueben su buena fe y las implicaciones del mismo. Además, si el préstamo no es vinculado y aún así se pretende financiar el coste de la matrícula con un préstamo, el interesado debería también informarse de los productos similares que ofrecen otras entidades financieras.


Y si algo falla...


Las consecuencias más graves cuando se ha a firmado un mal contrato de financiación vienen cuando el centro de formación, por los motivos que sean, deja de cumplir con su compromiso de llevar a cabo su tarea formativa. Aquí ya sólo queda esperar a la definitiva decisión judicial tras las pertinentes denuncias.


Sobre la reciente suspensión, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha querido aclarar a los afectados, antes de nada, que éstos son titulares de unos derechos exigibles en los tribunales y en concreto se refirió a la legislación relativa a los créditos vinculados a la prestación de un servicio que no obligan al cliente a seguir pagando, siempre y cuando se cumplan unas condiciones previas. “Si la empresa incumple su parte del contrato, el consumidor no estará obligado a pagar el crédito vinculado al mismo”, siempre que el consumidor haya concertado el contrato de concesión de crédito con un empresario distinto del proveedor de los servicios que quiere financiar; que entre la empresa que concede el crédito y el proveedor de los servicios exista un acuerdo previo, en exclusiva, para la concesión de créditos a los clientes del proveedor; y que el crédito obtenido por el consumidor lo haya sido precisamente en aplicación de dicho acuerdo previo mencionado anteriormente.


Así pues, el ministerio recomienda que la reclamación se formule también ante la entidad financiera, y siempre, de forma que permita al consumidor tener constancia de que ha efectuado la reclamación y ésta ha sido recibida por la institución a la que se dirige. No obstante, hasta que los tribunales den un veredicto al respecto, el gobierno recomienda que los que tengan créditos pendientes los vayan devolviendo.


Asimismo, es recomendable que se consulte a alguna de las numerosas asociaciones de consumidores y que uno se informe de los pasos a seguir para llevar a cabo la denuncia de la manera más eficaz posible. Así por ejemplo, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), en todas sus delegaciones provinciales, ha dispuesto un dispositivo para atender a los afectados. Los denunciantes han de presentar una fotocopia del contrato con el centro en cuestión y otra del contrato de la entidad financiera con la que suscribió el crédito. Estos documentos serán enviados a la Dirección General de Consumo de la Junta.


redaccion@aprendemas.com


Para mayor información, esta a continuación es a web oficial del Ministerio de Sanidad y Consumo para consultas de los consumidores:


www.consumo-inc.es
(En esta se incluye información sobre la normativa aplicable en la contratación de cursos de enseñanza vinculados a la concesión de créditos de consumo).


La Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña



Dirección de Consumo de la Comunidad Autónoma Vasca



Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios



Confederación Española de Consumidores y Usuarios



Banco Santander Central-Hispano (SCH)



Unión de Consumidores de España



Confederación Española de Centros y Academias Privadas


Para informarse en todo lo relativo a los créditos para estudios lo mejor es acudir al Servicio de Orientación al Consumidor dependientes de cada municipio o área local:


Servicio de Orientación al Consumidor de Barcelona Tno. 93 402 70 00


Servicio de Orientación al Consumidor de la Comunidad de Madrid Tno. 91 548 92 01


Oficina municipal de información al consumidor (Sevilla). Tno. 95 423 39 79


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