Menú
¡Llama gratis! 900 831 816

Especial 2003: cuatro claves y un desafio para el nuevo año

Es momento de balances. Ya no sólo porque ha acabado un año. Más allá, estamos en los últimos días de, posiblemente, la legislatura más polémica e intensa de la democracia en lo que a educación y formación se refiere. No en vano, tuvimos la aprobació

Publicado en Histórico Reportajes
Foto de Especial 2003: cuatro claves y un desafio para el nuevo año

La LOU pisa el acelerador


Pilar del Castillo hace balance de los cuatro años de legislatura a punto de concluir y no se corta un pelo al confesarse muy satisfecha de la nueva Universidad que deja a sus sucesores...


FGW / Redacción Aprendemas.com – Enero de 2004


Se ha cumplido el segundo año de la polémica Ley de Ordenación Universitaria (LOU) y poco a poco hemos empezado a conocer los resultados de algunas de sus más trascendentales medidas.


Eligiendo rector...


Hemos presenciado por primera vez la realización de reñidos procesos electorales para elegir rector en la mayoría de universidades públicas. Dos, tres, incluso cuatro candidatos pujando por los miles de electores en cada una de esas comunidades universitarias. Discursos, promesas, debates entre aspirantes, presentando cada uno sus proyectos y propuestas. Algo que, en definitiva, ha conferido un carácter mucho más justo y democrático a la universidad pública española.


En concreto, el nuevo sistema de elección de rectores se basa en un sufragio universal ponderado en el que el voto de profesores titulares y catedráticos vale el 51%, el de los docentes no funcionarios e investigadores el 9%, el de los alumnos el 30% y el del personal de administración y servicios el 10%. Y este año se han llevado a cabo el de algunas instituciones de gran peso como el de la Universidad de Salamanca en febrero de 2003, del que salió victorioso el Catedrático en Bioquímica Enrique Battaner, o el de la Universidad Carlos III en marzo de 2003 tras el que fue reelegido Gregorio Peces-Barba, asimismo, el de la Universidad Complutense de Madrid el pasado abril que ha supuesto cambio de rector al salir en segunda vuelta Carlos Berzosa, decano de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, también el de la Universidad de Castilla-La Mancha en noviembre con el catedrático de química Ernesto Martínez Atar como vencedor y el de la Universidad de Granada en Diciembre con el Profesor David Aguilar como claro vencedor.


El caso es que ya son pocas las universidades que no han realizado procesos electorales bajo la nueva LOU, -pendiente queda la Universidad Politécnica de Madrid que las ha convocado para marzo de 2004-, nuevo sistema que la comunidad universitaria ha acogido con recelo pero al que se ha terminado acostumbrando. Más difíciles de asimilar han sido, por el contrario, dos aspectos de la LOU que siguen sembrando la discordia.


Seleccionando personal docente...


Por un lado, tenemos el actual modelo de selección de profesores que también este año ha seguido implantando el Ministerio de Educación para todas las universidades públicas y privadas a través de la nueva Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Con la antigua Ley de Reforma Universitaria era cada universidad la que decidía quien ingresaba o ascendía dentro de su plantilla de docentes. Lo que con la LOU se ha dispuesto es que a partir de ahora todos los docentes que quieran acceder a determinadas modalidades de contrato en sus correspondientes universidades deberán obtener una evaluación positiva de su carrera académica previa por parte de un equipo de expertos elegidos por la ANECA. Hasta día de hoy tres cuartas partes de los evaluados han pasado satisfactoriamente estas pruebas.




 


En cualquier caso, la decisión ha creado malestar pues entienden los detractores de esta reforma que no es posible la existencia de un sistema público de evaluación que sea justo, y que, asimismo, haya un comité de expertos técnica y moralmente capacitado para decidir sobre la competencia de un determinado docente en una materia que no todos sus miembros conocen en profundidad.


Los requisitos son, según la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), demasiado exigentes y ambiciosos para que se lleguen a cumplir en el futuro más cercano, reforma para la que, también en opinión de esta institución, el Gobierno no ha puesto aún los recursos financieros suficientes. Por lo menos durante varios años no va a ser posible que gran parte de las universidades cumplan con la exigencia del gobierno en cuanto a número de docentes con doctorado, por ejemplo.


Pero hay que reconocer en honor a la verdad que si los títulos expedidos por las setenta universidades españolas, públicas y privadas, tienen el mismo valor oficial es lógico que los docentes responsables de impartir las distintas enseñanzas en este nivel deban responder a una preparación académica homologable desde un sistema público de evaluación y acreditación de su calidad. Si no fuera la ANECA, sería, de cualquier manera, inevitable la creación de una institución similar para asumir esta función tan necesaria en la enseñanza superior. El CRUE pide, no obstante, una mayor participación del Consejo de Coordinación Universitaria en la nueva agencia. Piden, además, un mayor número de plazas convocadas en determinadas especialidades, así como, la agrupación de las plazas vacantes en una sola convocatoria.


Accediendo a la Universidad...


Tenemos, por otro lado, el no menos controvertido proyecto de Real Decreto que ha empezado a tramitar este final de año el Ministerio de Educación para cambiar el sistema de acceso a la universidad. Da carácter legal al distrito abierto, que, por cierto, se venía implantando en años anteriores según ya habían acordado en 2000 todas las universidades públicas españolas. Además, el Decreto permitirá que las personas mayores de 45 años accedan a los estudios universitarios sin necesidad de pasar por los correspondientes procedimientos de admisión, valorándose en estos casos los estudios académicos que posean y, sobretodo, su experiencia profesional. Las universidades que decidan establecer procesos de admisión deberán hacerlo dos veces por año, con carácter ordinario y extraordinario.


Así y todo, la novedad más llamativa de este proyecto de decreto es que se permitirá a las universidades públicas establecer a partir del curso 2005-2006 sus propios procedimientos de admisión, independientemente de las que sean obligatorias por ley. Entre éstas, podría incluirse entrevistas personales, pruebas de evaluación de conocimientos específicos, pasando por un sistema de puntos según las notas obtenidas en el bachillerato o la toma en consideración de los curricula.


Como era de esperar, esta inminente reforma ha despertado airadas críticas desde diversos colectivos. Los propios miembros del Consejo de Coordinación Universitaria ya han criticado la posibilidad que abre la nueva norma para que las universidades dejen plazas vacantes si consideran que los alumnos no reúnen los requisitos necesarios para su ocupación, algo que a los rectores les parece inadmisible. PSOE e Izquierda Unida han acusado al PP de querer sustituir la antigua selectividad por una “carrera de obstáculos”. La Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST), por su parte, denuncia que con la nueva norma desaparecerá la igualdad de acceso a la universidad existente en la actualidad para




 


todos los españoles, favoreciendo a las clases más pudientes, cuyos hijos tienen más acceso al aprendizaje de enseñanzas no oficiales y nuevas tecnologías, entre otras ventajas.


Los nuevos decretos “a la europea”...


Definitivamente, ha sido un año en el que ha querido Pilar del Castillo dar forma a las ambiciosas reformas marcadas por su ministerio al principio de esta legislatura, caso particular de la enseñanza superior. Y ahí también estaba como gran referente para el sistema universitario español la Declaración de Bolonia, firmada el 19 de junio de 1999 por los ministros de educación de 29 países europeos, entre ellos todos los de la Unión europea. El objetivo era la realización del llamado Espacio Europeo de Educación Superior, partiendo de la consecución de algunos propósitos fundamentales, tales son: la adopción de un sistema de titulación basada en dos ciclos, diplomatura o pregrado y licenciatura o grado; la creación de un sistema de créditos que facilite la equiparación de titulaciones entre los distintos países; promoción de la movilidad; cooperación europea en el aseguramiento de la calidad y por último, promoción de la cooperación entre instituciones en lo referente al desarrollo curricular, movilidad y programas de estudio, entre otros.


Se han promulgado, por tanto, este año varios importantes reales decretos que desarrollan la LOU, al tiempo que adaptan el sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior. Directamente relacionados, el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de Educación Superior desde mayo de 2003, se espera que estimule la movilidad, al incrementar las posibilidades de desplazamiento tanto para los titulados españoles con la finalidad de realizar estudios total o parcialmente en otros países y con sistemas extranjeros de educación superior, como asimismo para los extranjeros que puedan realizar en nuestro país total o parcialmente estudios superiores con mismo reconocimiento en su país de origen.


Complementando éste, ha venido el Real Decreto que regula la expedición del Suplemento Europeo al Título, de fecha 1 de agosto de 2003, que dará origen a un documento con información unificada, personalizada para cada titulado universitario, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación superior. Y el 5 de septiembre del presente año fue también aprobado el Real Decreto que implanta en nuestro país el nuevo Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias. En él se establece el crédito europeo como unidad de medida académica en las enseñanzas universitarias oficiales en todo el territorio nacional. El caso es que este nuevo sistema podrá comenzar a aplicarse ya a partir del presente curso académico, suponiendo, más allá, un adelanto a la fecha prevista en el calendario de Bolonia.


Atención particular merece por su trascendencia otros dos reales decretos con los que se va a dibujar una nueva estructura de las Enseñanzas Universitarias en España, más cercana a la existente en los países europeos más desarrollados. Y desde luego no ha sido ajeno a la polémica el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado (licenciado, arquitecto e ingeniero), al pretender variar la duración de los estudios, que se reducen a cuatro años en la mayoría de los casos y en algunos incluso a tres. Sería el nuevo primer ciclo de las enseñanzas universitarias, o nivel de grado, de entre 180 y 240 créditos y cuya superación dará derecho a la obtención del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, según el caso.




 


Merced a esta disposición, y dado que en la declaración de Bolonia se fija una duración mínima de tres años para los estudios de pregrado, podría darse la paradoja de que, empleando exactamente el mismo tiempo de estudio, unos alumnos obtuvieran un grado y otros simplemente el mencionado pregrado, tal sería el caso los ingenieros y arquitectos técnicos. De ahí que estos hayan manifestado su total oposición a la reforma, al menos en los términos anteriormente señalados.


El nivel de Postgrado estará integrado por el segundo ciclo de enseñanzas, así como por el tercer ciclo. Tendríamos el segundo ciclo de enseñanzas universitarias dedicado a la profundización y especialización de las enseñanzas básicas y de formación general del primer ciclo, o bien a la preparación para la investigación en un determinado campo humanístico, científico, artístico o tecnológico. El tercer ciclo comprenderá la realización y defensa de una tesis doctoral, superado el cual dará derecho a la obtención del título de Doctor. Para la regulación de este nivel, para la obtención y regulación de los títulos oficiales de master y doctor, al tiempo, el Ministerio de Educación ha promovido otro proyecto de real decreto específico.


Haciendo balance...


Pero, más allá, 2003 ha sido el año del adiós a la actual legislatura, en tanto en cuanto las elecciones generales ya están muy próximas. Una legislatura que será recordada por el gran número de leyes orgánicas y de los correspondientes reales decretos y resoluciones de desarrollo. Y tuvimos a modo de despedida y balance la rueda de prensa que ofreció el pasado 4 de diciembre Pilar del Castillo junto a los altos cargos de su departamento en la que se mostró muy satisfecha del “trabajo titánico” desarrollado en estos cuatro años, jalonados por cuatro leyes de máxima trascendencia para el Sistema Educativo Español.


El proceso de reformas comenzó con la aprobación, en diciembre de 2000, de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas (conocidos como Decretos de Humanidades). Un año después, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica de Universidades y, durante el año 2002, se procedió a la aprobación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación y de la Ley Orgánica de Formación Profesional.


La ministra Del Castillo dijo que el MECD ha querido en todo momento alcanzar "el máximo acuerdo" con los diferentes agentes educativos y fuerzas políticas, pero que algunos de ellos "se autoexcluyeron" al acudir con una actitud "radicalmente negativa" desde el principio. Entiende ella que la “inmensa mayoría" de profesionales ha estado de acuerdo con los elementos sustantivos de las propuestas del Ministerio.


En relación a la enseñanza superior los altos cargos del MECD que acompañaron a la ministra en el balance de la legislatura subrayaron iniciativas como los 28.000 millones de pesetas invertidos en tres años en el sistema universitario y la creación de seis nuevas becas universitarias. Crece el gasto mientras el número de alumnos ha estado descendiendo significativamente en los últimos cuatro años como consecuencia de la regresión demográfica de la población en la franja de edad entre los 18 y 25 años.


En el curso 2003-2004 se han matriculado en las universidades españolas 1.476.194 alumnos, que se reparten en un 91% en centros públicos y en un 9% en centros privados. Esto supone 30.054 estudiantes menos. Según los datos aportados por el ministerio, hay mayor número de universitarios en las carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguidas de las Técnicas, Humanidades, Ciencias de la Salud y, por último, Ciencias Experimentales.




 


El gasto público en educación sigue aumentando. Estima el Gobierno que en el último decenio ha subido un 26,9% en términos reales. El descenso del alumnado (en el mismo periodo ha sido de un 10,7%) consolida la tendencia de mayor inversión por estudiante, tendencia que se ha intensificado desde el curso 95-96.


En cuanto a las inversiones del MECD en becas y ayudas al estudio, los presupuestos han aumentado en los últimos diez años un 21,1% en términos reales, mientras que el alumnado de enseñanzas universitarias y no universitarias ha disminuido un 10,8% en el mismo periodo. Es a partir de 1997 cuando se hace evidente el mayor esfuerzo inversor en becas por parte del Ministerio. En particular, el importe previsto de la convocatoria para becas del MECD para el curso escolar 2003-2004 es de 785,7 millones de euros, lo que supondrá un incremento de un 9% con respecto al curso anterior.


Claro que la oposición, tras la citada intervención de la ministra no quisieron perder la oportunidad para hacer también su propio balance, desde luego, en este caso menos complaciente. El grupo socialista culpó a Pilar del Castillo de haber "dinamitado" el consenso básico alcanzado en materia educativa y ha realizado una gestión "catastrófica". Según la portavoz del Grupo Socialista en materia educativa, Amparo Valcarce, l MECD ha sacado adelante las tres reformas educativas "en absoluta soledad y confrontando" a rectores, profesores, padres, estudiantes y la oposición política. Y como ejemplo claro puso las manifestaciones masivas, las más concurridas de toda la democracia, a propósito de diferentes medidas promulgadas por el Ministerio de Educación.


No considera que algunos se “autoexcluyeran” como dijo la ministra sino más bien la culpa viene de que ella ha sido totalmente incapaz de entenderse con el PSOE, IU y los nacionalistas, así como, con las autonomías, al imponer las leyes "desde el sectarismo y con el rodillo de la mayoría absoluta".


En el plano económico, la portavoz socialista de Educación en el Congreso opinó que la financiación de la educación en España está peor que hace diez años, porque en los cuatro últimos se han destinado menos recursos. Como ejemplo puso el presupuesto de este año que ha creció la mitad que el del año 2000.


Quizá equivocada según algunos pero de lo que no cabe duda es que, para bien o para mal, esta ministra tiene una voluntad a prueba de ciclones y una capacidad de trabajo de la que pocos ministros pueden presumir, como bien demuestra las tres leyes orgánicas –Ley Orgánica de Universidades, Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional y la Ley Orgánica de la Calidad en la Enseñanza-, así como, los 25 reales decretos y resoluciones posteriores que han desarrollado estas leyes.


****


Noticias y reportajes relacionados en Aprendemas.com :


La Ministra de Educación despide 2003 con gran satisfacción


Una mirada a Bolonia a las puertas del 2004


El gobierno siembra la discordia con su reforma del acceso a la Universidad


Presentado en el Congreso el Presupuesto de Educación 2004




 


El Ministerio de Educación quiere masters oficiales


EL MECD “europeíza” el sistema de créditos


Europa aún suspende en educación y formación


IRPF 2004: exentas las becas para estudios de postgrado y para investigación


Llegó la LOU y la Universidad en pie de guerra (2002: Claves)



 


 



De mejoras anda la Formación Profesional


Varios Reales Decretos promulgados a lo largo de 2003 han incrementado el alcance de la Formación Profesional. Adaptarse constantemente a la realidad profesional es ya una realidad tras la decisiva creación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.


FGW / Redacción Aprendemas.com – Enero de 2004


Aunque no de manera tan espectacular como en años anteriores, la Formación Profesional en sus distintas variantes ha seguido también en 2003 manteniendo una trayectoria ascendente. Datos recogidos por el Ministerio de Educación en el inicio del curso académico 2003-2004 sitúan el número de alumnos matriculados en 503.869, lo que supone 4.678 más que el curso anterior. En nuestro país, el porcentaje de alumnos que decide seguir estudios de Formación Profesional Reglada se sitúa en poco más del 40%, frente a un 58% de la Unión Europea. Con todo, en España, la balanza de las preferencias en educación superior siguen inclinándose hacia los estudios puramente universitarios. De cada cinco jóvenes de entre 18 y 23 años, todavía son cuatro los que optan por la Universidad y ello a pesar de que, paradójicamente, muchos licenciados terminan trabajando en puestos para los que sería más adecuada la Formación Profesional.


Y es que, según datos oficiales, el 70% de los titulados en FP encuentra un empleo nada más finalizar los estudios. Su primer salario se sitúa entre 18.000 y 21.000 € -tramo en el que se mueven la mayoría de titulados en esta modalidad educativa-.


Así las cosas, el Gobierno español ha querido en 2003 seguir potenciando la Formación Profesional. En el aspecto regulador, se ha seguido en lo esencial las directrices marcadas desde Bruselas por la UE, medidas, por otra parte, que ya se venían incorporando al sistemas educativo y productivo español desde 1993 a través de los dos Programas Nacionales de FP.


La Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, aprobada en las Cortes Generales españolas el día 6 de junio de 2002, puso las bases para la definitiva modernización de esta modalidad de enseñanza. De entre los aspectos tratados en esta nueva legislación debe ser destacados la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, la integración de las tres modalidades de FP (reglada, continua y ocupacional, es decir, se quiere consolidar entre nuestros profesionales una formación a lo largo de toda la vida), la homologación de las titulaciones españolas a las existentes en la Unión Europea, con el fin de facilitar la movilidad y el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a lo largo de la experiencia laboral y del aprendizaje no formal.


A lo largo de 2003 se ha trabajado en el desarrollo del nuevo Sistema de Formación Profesional tal y como quedó definido en la citada ley. Por su trascendencia, es de resaltar el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en cuyo proyecto han estado involucrados los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Trabajo y Asuntos Sociales. Obtuvo el 30 de julio del pasado año dictamen favorable por parte del Consejo de Estado.


El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales viene a ser la piedra angular en torno a la que se quiere fundamentar todo el Sistema Nacional de





 


Formación Profesional ya previsto en la ley, desde lo que es la propia enseñanza reglada, la Formación Profesional Ocupacional hasta finalmente lo que es la Formación Continua, ya sea ésta oficial (aprendizaje formal) o extraoficial (aprendizaje informal).


En fechas próximas a la aprobación de tan importante RD, participó la Secretaria General de Educación y Formación Profesional del MECD, Isabel Couso, en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en donde justificó la implantación de este Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como, del Catálogo Modular Asociado de Formación Profesional. Formarán ambos, el eje central en torno al que se articule los tres Subsistemas de Formación Profesional, no sólo desde un planteamiento normativo sino además referencial. De acuerdo a la demanda de las empresas y la sociedad, este catálogo va a necesitar de un proceso continuo de actualización.


Couso citó ahí los tres motivos fundamentales por los que es necesario dicho catálogo: primero, por estar más cerca de las demandas concretas y necesidades reales del sistema productivo, en la medida en que la formación continua responde al principio de la demanda; segundo, por garantizar, por ello, una más precisa vinculación entre cualificaciones profesionales ofertadas y las demandas del sistema productivo; y tercero, por ser un supuesto necesario para el reconocimiento y la valoración social de las cualificaciones.


Por tanto, según comunicó el Ministerio de Educación, servirá para ordenar sistemáticamente las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y la formación asociada a las mismas para atender a los requerimientos del empleo. Espera con ello el Gobierno mejorar la transparencia de nuestro mercado de trabajo, que se convierta en un elemento integrador de las distintas administraciones educativas y laborales, que así facilite a trabajadores, desempleados y jóvenes el progreso en la carrera profesional.


Cuatro son los objetivos básicos del Catálogo: Procurar la adecuación de la formación profesional a las necesidades del sistema productivo, Promover la integración y el desarrollo de las ofertas de formación profesional, Facilitar la formación a lo largo de la vida, mediante la acreditación y acumulación de aprendizajes profesionales adquiridos en distintos ámbitos y Contribuir a la transparencia y unidad del mercado laboral y a la movilidad de los trabajadores.


Será el Instituto Nacional de las Cualificaciones el encargado de elaborar y mantener actualizadas, mediante su revisión periódica efectuada en un plazo no superior a cinco años, las cualificaciones profesionales incluidas en el Catálogo. El Catálogo está constituido por las cualificaciones profesionales más significativas, ordenadas por niveles de cualificación, según la competencia profesional requerida por las actividades productivas.


En 2003, el Ministerio de Educación ha promovido la creación de tres nuevos títulos de Formación Profesional, Técnico en Atención Sociosanitaria, Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos y Técnico en Joyería, que sumados a los ya existentes han permitido que los alumnos en este curso hayan podido elegir entre un total de 142 titulaciones agrupadas en 22 familias profesionales, lista que abarca, –quizá-, la totalidad de sectores productivos.


Adaptarse a la realidad laboral, se hacía necesario, no obstante, que encontrara de alguna manera reconocimiento dentro de la Formación Profesional oficial todo aquel proceso aprendizaje, acciones formativas para el empleo, experiencia laboral o cualesquiera conocimientos útiles adquiridos en la actividad laboral. Y en diciembre de 2003 finalmente se ha dado solución a esta problemática al ser aprobado por el





 


Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Real Decreto por el que se establecen las directrices de los Certificados de Profesionalidad. Permitirán éstos, en definitiva, acreditar oficialmente las competencias adquiridas mediante distintas vías relacionadas con la Formación Profesional, entre ellas, la formación profesional ocupacional y continua, los programas de formación y empleo, los contratos de aprendizaje y para la formación, y la experiencia laboral.


Es algo que ya en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional regulado en 1993 se señalaba como necesario, es decir, establecer los itinerarios formativos y los conocimientos mínimos requeridos para cada especialidad.


Los certificados de profesionalidad proporcionarán información comprobada de la competencia de los trabajadores, con objeto de agilizar los procesos de búsqueda de empleo y permitir una adecuada gestión de los recursos humanos en las empresas, así como de facilitar la movilidad y la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo. Asimismo, solucionará un grave problema con el que se encuentra gran parte de la población activa, que está en disposición de determinadas competencias, obtenidas a través de vías alternativas a la formación y para los que no existía procedimiento que les permitiera acceder a un certificado que lo acreditara.


Estos certificados tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. No obstante, para obtenerlo, el nuevo Real Decreto aprobado en noviembre de 2003 establece que será condición necesaria para que sea expedido a los solicitantes que éstos hayan superado las correspondientes pruebas de acceso. Se establecen dos tipos de vías distintas: la formativa y la experiencia laboral. Las acciones de formación continua, así como las acciones de formación ocupacional de las Comunidades autónomas no incluidas en el Plan Nacional de Inserción Profesional (Plan FIP), se consideran ahora ofertas formativas susceptibles de certificación.


Y también este año se ha dado un importante paso por ampliar el alcance de la Formación Profesional Reglada a otras enseñanzas equivalentes aunque no oficiales. El caso es que ya en 2001 habían suscrito el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación un convenio para que la formación que reciben los soldados y marineros profesionales esté homologada con la oficial. Así, después de la firma de dicho convenio el Ministerio de Defensa decidía la creación de los títulos de Técnico Militar, y establecía las normas para el diseño de sus planes de estudio, de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.


En julio de 2003 se aprobaron finalmente dichos planes, que desarrollan para la obtención del título de Técnico Militar contenidos similares a la Formación Profesional específica, y quedan homologados con la misma. En diciembre, los ministros de Educación y Defensa, Pilar del Castillo y Federico Trillo-Figueroa, han rubricado en una Orden Ministerial según la cual se establece la equivalencia de las titulaciones que se obtienen en Las Fuerzas Armadas con las de la enseñanza general del sistema educativo.


De esta forma, titulaciones como Máquinas e instalaciones navales de la Armada, o Cartografía e Imprenta del Ejército de Tierra, darán derecho a títulos oficiales como: Operación, control y mantenimiento de máquinas e instalaciones del buque, o Impresión en Artes Gráficas, respectivamente. Definitivamente, ningún conocimiento útil para el empleo y para la sociedad debe quedar sin reconocimiento, eso es lo que esperamos para este nuevo año 2004.


****





 


Noticias y reportajes relacionados en Aprendemas.com :


Una nueva ley para la Formación Profesional, calma contenida (Claves educativas 2002)


Luz verde al nuevo Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales


Cerca el RD que oficializará los Certificados de Profesionalidad


Los títulos del Ejército, ascendidos a oficiales


La Formación Profesional más de moda




 


 



La Formación Continua se recicla por decreto


Ha sido el año definitivo de la “Reforma”, tira y afloja entre el ministerio, los sindicatos y las comunidades autónomas para no quedar al margen del cada vez más elevado presupuesto que mueve en nuestro país la Formación Continua de los empleados a cuenta de los Fondos Públicos.


FGW / Redacción Aprendemas.com – Enero de 2004


Los datos dados a conocer por Eurostat en el segundo trimestre de 2003 (obtenidos en años anteriores) dejaron claro que las empresas españolas siguen siendo reacias a invertir tiempo y dinero en la formación de sus empleados. España es el cuarto país de la Unión Europea que menos horas dedica a la formación profesional continua de sus trabajadores. Apenas 6 horas por cada 1.000 trabajadas con las que sólo supera a Alemania y Austria (5 horas), y a Portugal (4 horas). Muy lejos quedan nuestros vecinos del norte, como Dinamarca que con 14 horas por cada 1.000 ocupa el primer puesto en este aspecto, Suecia con 12 horas, Finlandia y los Países Bajos, ambos con 11 horas, Irlanda y Bélgica con 9 y Luxemburgo con 8.


Seguimos en el furgón de cola...


Y si las cifras generales son negativas, más preocupante aún es la situación en la que se encuentran las pequeñas y medianas empresas españolas. Aquí la desventaja es mucho más acusada con respecto a los países europeos más pródigos en la formación de sus empleados. En concreto, en lo que se refiere a las medianas empresas (de entre 50 y 249 empleados), 14 son las horas que Dinamarca destina a la formación mientras que en España son 5, igualándose en este caso a Luxemburgo y Alemania. En cuanto a las pequeñas empresas (de entre 10 y 49 empleados), España se coloca penúltima, con 3 horas por cada 1.000 trabajadas, y sólo por delante de Portugal, éste con 1 hora. En el otro extremo están las 12 horas de Dinamarca, las 9 de Suecia, las 8 de Irlanda y Finlandia y las 7 de los Países Bajos.


Lógicamente, las grandes empresas europeas, aquellas con 250 o más trabajadores en plantilla, son las que mayor número de horas laborales de los empleados dedican a su formación. Dinamarca y Suecia son de nuevo los países que se colocan a la cabeza con 14 horas y por el lado negativo se sitúan Alemania, Austria y Portugal cuyas empresas destinan entre 6 y 8 horas a la formación de sus empleados, siguiendo a este grupo España con 10 horas y el resto de países ya con 11.


El año de la reforma...


El 1 de enero de 2004 ha sido la fecha marcada para la entrada en vigor del nuevo Subsistema de Formación Continua, el que va a sustituir los III Acuerdos Nacionales de Formación Continua y la que ha sido institución gestora de los correspondientes fondos durante los últimos 10 años, nos referimos en este último caso a la FORCEM.




 


Y desde que Eduardo Zaplana anunció en diciembre de 2002 su firme voluntad de reforma ha estado el Ministerio de Trabajo preparando el Real Decreto que daría forma definitiva a este nuevo subsistema. Era de dominio público la intención manifestada por el Gobierno de dar a las empresas el máximo protagonismo, en definitiva, que fueran ellas las que decidieran cómo, cuándo y quién, llevaría a cabo los programas subvencionados de Formación Continua de sus propios empleados.


Claro que este aspecto ha generado una agria polémica a lo largo del 2003 ya que muchas instituciones y colectivos tenían el fundado temor de quedar al margen de la gestión de una partida de gasto que pronto llegará a los 1.000 millones de euros en toda España y que alcanza a aproximadamente 1.700.000 personas cada año. Mientras la reforma era sólo un proyecto, no encontró el Gobierno respaldo si exceptuamos lógicamente a las empresas y su institución representativa, la patronal.


Se necesitaba, por tanto, el apoyo de otros agentes que dieran más legitimidad y fuerza al subsistema en ciernes. Junio y julio fueron meses de borradores y de negociación entre el Ministerio de Trabajo y los dos sindicatos mayoritarios españoles, que finalmente se saldó con el respaldo público de éstos últimos al Real Decreto de reforma de la Formación Continua tras asumir varias de sus reivindicaciones más importantes.


Y ha sido el 1 de agosto el día elegido para que el Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Trabajo y Asuntos Sociales, aprobara el Real Decreto 1046/2003 por el que se regula a partir del 1 de enero de 2004 el Subsistema de Formación Profesional Continua. Cuatro premisas en torno a las que se ha diseñado el nuevo Subsistema: garantizar que todas las empresas, y especialmente las pequeñas, accedan a la formación continua; asegurar la participación de un mayor número de trabajadores en las actividades formativas; simplificar los trámites, para mejorar la gestión y hacer el sistema más transparente; y permitir que todas las empresas que hagan formación tengan derecho a reducciones en las cotizaciones sociales.


La empresa como epicentro...


La novedad fundamental del modelo es que a partir de ahora serán las propias empresas las que decidirán y desarrollarán sus acciones formativas. Elegirán, así pues, sea cual sea su tamaño, actividad o ubicación, el modelo de formación, su contenido, cómo y cuándo la hace. Podrá optar entre prestarla de forma directa, con sus propios medios, o en centros especializados, o bien recurrir a la colaboración de las asociaciones empresariales o sindicales, o a agrupaciones constituidas por las empresas.


Todas las empresas que hagan formación para sus trabajadores tendrán derecho a bonificaciones en las cotizaciones sociales, de manera automática, sin gestión intermedia de ninguna Administración. En concreto, las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para formación continua, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año anterior, un porcentaje de bonificación, en función del tamaño de la empresa. Este porcentaje se establecerá anualmente, beneficiando a las empresas pequeñas, de forma que cuanto menor sea la empresa, mayor será el porcentaje de bonificación. Incluso, para las empresas de 1 a 5 trabajadores se garantizará un crédito de bonificación, las cuales, además se verán exentas de la obligación de cofinanciar parte alguna de los costes totales de la formación continua. Suponiendo lo anterior un cambio de peso, no significa que por empleado se vaya a destinar menores recursos a la formación




 


continua que, de hecho, se mantiene en el 0,7% (0,35%+0,35%) de su salario bruto.


A modo de ejemplo, pudimos conocer a finales de 2003 las bonificaciones que aplicarán este año sobre la cuota de formación profesional de acuerdo a lo ingresado por cada empresa (en el año inmediatamente anterior). Las empresas de más de 250 trabajadores podrán deducir hasta un 42,5%, las de 249 a 50 trabajadores un 52,5%, las de 10 a 49 un 65% y las de 6 a 9 un 90%. Pendiente queda de concretar las compañías de menos de 6 empleados. En cualquier caso, en 2004 se va a destinar a Formación Continua un presupuesto total de 701, 44 millones de euros.


La Formación Continua realizada por las empresas se complementará con otra oferta formativa gestionada a nivel estatal. Y aquí será el INEM, previo informe de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, el organismo encargado de suscribir contratos-programa con diferentes entidades formativas, contando especialmente con las organizaciones patronales y sindicales más representativas. Confederaciones y federaciones de cooperativas y sociedades laborales, así como, asociaciones de trabajadores autónomos laborales pueden igualmente suscribirse a contratos programa.


El Ministerio de Trabajo prevé conseguir con todo esto certeza jurídica y transparencia en el disfrute en las ayudas públicas, ya que las empresas van a conocer desde el primer momento el crédito del que disponen para la formación de sus trabajadores. Parece evidente, asimismo, que las pequeñas empresas se verán favorecidas en el nuevo modelo. Además, hará posible que otros colectivos y personas participen en los diferentes planes formativos. Ya no sólo los trabajadores asalariados que cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación, asimismo, se incluyen desde enero de 2004 a los trabajadores fijos discontinuos en periodos de no ocupación, los trabajadores que accedan a la situación de desempleo cuando se encuentran en periodo de formación y a los que se acojan a regulación de empleo en sus periodos de suspensión por expediente autorizado. También el personal al servicio de las Administraciones Públicas, y a los trabajadores del Régimen Especial Agrario (REASS), de Autónomos, del Mar y otros de la Seguridad Social que no coticen por la contingencia de formación (estos últimos sólo mediante contratos programas).


Como órganos de participación tenemos las Comisiones Paritarias Sectoriales y Territoriales, integradas por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el sector y en el territorio. Por otro lado tenemos la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, encargada de impulsar y difundir la formación entre las empresas y trabajadores, de coordinar y evaluar las políticas formativas, elaborar y proponer estudios, así como, de efectuar un seguimiento y control de las acciones, asumiendo así las tan importantes funciones que tenían atribuidas la Fundación Tripartita y la Fundación para la Formación Continua (FORCEM).


Y está, por último, la Comisión Estatal de Formación Continua, presidida por el/la Secretario/a General de Empleo y formada por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como, la Administración General del Estado y, como gran novedad, las Comunidades Autónomas. Estima, de este modo, el Gobierno suficiente el peso dado a las Comunidades Autónomas en el nuevo modelo, teniendo en cuenta las dos trascendentales sentencias del Tribunal Constitucional que en 2002 dictaminaron el legítimo derecho de las comunidades a participar plenamente en la gestión de los fondos y de las acciones de formación continua.




 


Sin embargo, son varias las comunidades autónomas que se quejan de que el Gobierno pretende es centralizar toda la gestión de la formación continua, evidentemente a su favor, cuando hay ciertas comunidades, tal y como se estableció en sus correspondientes estatutos de autonomía, a las que se debe traspasar la gestión de este fondo en lo que se refiere a su territorio. Según Carles Campuzano, diputado de CiU, el nuevo Subsistema de Formación Continua impuesto por el PP es anticonstitucional, ilegal y totalmente ineficaz. Recordó esas sentencias del alto tribunal que, entre otras cosas, reconocía que la recaudación de las cuotas de formación continua de las nóminas de los trabajadores no es parte de la caja única de la Seguridad Social, que, por el contrario, son los diferentes gobiernos autonómicos los que tienen la gestión de la misma. Calificaba, además, la posición de los sindicatos de “débiles y sumisas” con el único propósito de quedarse con una parte del beneficio de la formación. Así las cosas, varios son los gobiernos autónomos que se dieron prisa en anunciar que van a recurrir la nueva normativa que regulará subsistema.


Respecto estas amenazas el Gobierno Central emitió un comunicado en diciembre de 2003 en el que afirmaba que Real Decreto se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como apreció el Consejo de Estado en su díctamen.


El fin de una década...


Necesitaba, en todo caso, la Formación Continua una profunda reforma. Familiares ya son para la mayoría de españoles los casos de fraude o malversación de fondos públicos destinados a la formación de los empleados, que a partir de 1996 se han sucedido y que, finalmente, han supuesto el fin de la FORCEM y de todo el subsistema que representaba. Investigaciones por parte del Tribunal de Cuentas en 2001 y, posteriormente, en 2003, tanto de la Brigada de Investigación Económica y Financiera de la Policía como de la Guardia Civil, apuntaban a determinadas empresas, personas e instituciones, que estaban apropiándose de fondos públicos, incluidos Fondos Estructurales de la Unión Europea, que justificaban simulando la realización de cursos de Formación Continua. Se trataría básicamente, por tanto, de delitos de fraude a los intereses de la UE, apropiación indebida y falsedad documental.


Y como principales ejecutores, las investigaciones se dirigen hacia los que han sido organizadores de los cursos, es decir, diferentes organizaciones empresariales y las federaciones sindicales de UGT y CCOO. Especialmente, los dos sindicatos mayoritarios han sido señalados como organizadores de una trama que busca la financiación ilegal de sus estructuras y actividades a través de los fondos de la FORCEM. Aclarar los hechos y buscar a los culpables, es, precisamente, lo que ahora trata de hacer el Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, dirigido por Teresa Palacios, responsabilidad que ya ejerce en exclusiva desde septiembre de 2003.


Claro que tantos casos acumulados han terminado por llamar la atención a las autoridades de Bruselas. De hecho, se llegó a temer en septiembre de 2003 por la pérdida de los tan importantes Fondos Estructurales (FSE), nada más y nada menos que 11.917 millones de euros tiene España asignados en el período 2000-2006. Y tan seria era dicha amenaza que Eduardo Zaplana no dudó en viajar a Bruselas para reunirse con la Comisaria Europea de Trabajo y Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulu, y dar explicaciones. La sanción finalmente impuesta por la Comisión Europea supondrá descontar a España de las próximas subvenciones del Fondo Social Europeo al INEM la cuantía de esos 105 millones de euros defraudados, noticia que desde el Gobierno se ha recibido con gran alivio. Asimismo, Diamantopoulu instó al gobierno a que presente un plan destinado a




 


controlar la distribución de los fondos que se dedican a este capítulo de la formación continua.


Aparte del control que llevará a cabo la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, el 21 de 2003 se presentó en el Congreso de los Diputados la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2004, que prevé un significativo endurecimiento de las sanciones en las irregularidades que se detecten en la gestión de la formación continua u ocupacional. Hasta 90.000 euros de multa se podrá imponer a los empresarios, directivos y/o empresas que se beneficien ilegalmente de los Fondos para la Formación continua.


Tenemos por un lado las faltas leves derivadas del incumplimiento, tanto por parte de los solicitantes como de los beneficiarios, de las obligaciones de carácter formal o documental exigidas. Considera infracciones graves, por otra parte, la falta de un sistema de control de la asistencia a los cursos, el incumplimiento de los requisitos exigidos a los alumnos para participar en las acciones formativas, la expedición de diplomas falsos o la justificación falsa de costes subvencionales, la subcontratación con entidades no autorizadas de la ejecución de las acciones formativas, la desviación de las ayudas percibidas por los trabajadores hacia otros fines y que el beneficiario, de acuerdo con la empresa gestora, justifique acciones formativas inexistentes. En estos supuesto las multas oscilarán entre los 300,02 y 3.005,06 euros.


Y tenemos, por último, el conjunto de faltas consideradas muy graves que incluye el falseamiento de los datos documentales, la no ejecución de la acción formativa, el desarrollo de actividades que no se correspondan con la concesión de subvenciones, la solicitud de cantidades a los participantes cuando se trate de un curso subvencionado o la falsificación de la identidad de un participante o la simulación de una contratación laboral. Para estos casos están previstas sanciones entre los 3.005,07 y los 90.151.82 euros.


****


Noticias y reportajes relacionados en Aprendemas.com :


Europa pasa factura por los desmanes de la FORCEM


Los autónomos reciben poca formación según un informe


Firme el Gobierno rediseñando la Formación Continua


Férreo control del Gobierno en la nueva Formación Continua


Formación Continua: ¿qué y cómo?


La formación en la pequeña empresa: una asignatura pendiente



 


 

Luces y sombras en las enseñanzas no regladas


Tenían la esperanza las Organizaciones de Consumidores que en 2003 se podrían solucionar diversos aspectos legales que tan nefastas consecuencias habían tenido tras la quiebra de varios importantes centros de idiomas. Sin embargo, el gobierno se ha quedado muy corto en la prometida reforma de la Ley de Créditos al Consumo.


FGW / Redacción Aprendemas.com – Enero de 2004


A principios de 2003 aún quedaba por solucionarse los casos de las quiebras de los centros de idiomas que a lo largo del año anterior se habían venido sucediendo por toda la geografía española. Especialmente sonado había sido el Caso Opening, empresa que en el momento de declararse en suspensión de pagos tenía matriculados en sus 75 centros un total de 82.000 alumnos. Peor aún, cerca de 45.000 de ellos habían solicitado créditos en diferentes entidades bancarias para financiar sus cursos, las cuales, pese al cese de las clases, seguían reclamando su devolución bajo la amenaza de entrar en el tan temido registro de impagados.


Y otros escándalos pronto salieron a la luz, entre ellos, la quiebra de Brighton-Barcelona, también la abultada deuda de Wall Street que obligó a la matriz, Grupo Sylvan, a inyectar 6,5 millones de euros y a cerrar varias de sus sedes, incluso, Cambridge, y asimismo Oxford English en Madrid, otro sonado escándalo que pudimos conocer a través de los medios ya a principios de 2003 cuyo cese de actividad dejó sin clases a 4.500 afectados, además, con 5,4 millones de euros que éstos debían devolver a Finanzia (BBVA).


Sólo en el último caso el gobierno reaccionó con prontitud, acordando el Ministerio de Sanidad y Consumo con Oxford English, y en colaboración con las autoridades autonómicas de consumo, la adhesión del centro al Sistema Arbitral de Consumo vigente en nuestro país. La consecuencia de esto es que los laudos que se dictaran en este procedimiento arbitral tendrían carácter ejecutivo, equiparándose a una sentencia judicial.


Ya sea éste o los casos anteriores, los bancos implicados siempre han dejado claro que los contratos crediticios han sido firmados entre los bancos y los alumnos y, por tanto, son ellos, –los alumnos-, los únicos obligados a devolver las cantidades adeudadas. Y desde luego, estos bancos piensan defender sus intereses hasta sus últimas consecuencias, ante la opinión pública y ante los tribunales.


No opinan lo mismo los alumnos afectados que argumentan que estos contratos los firmaban en los propios centros de idiomas, -no en las oficinas bancarias-, a veces incluso engañados por comerciales sin escrúpulos, y que en cualquier caso han de suponerse vinculados a la prestación de un servicio, en este caso los cursos de idiomas. Al dejar de impartirse los curso por cerrar el centro sus puertas, es justo que, inmediatamente, se deje de pagar las cuotas de estos créditos.


Pleitos tengas y los ganes...


Lo que quizá no se esperaban los bancos fue la firme determinación por parte de los usuarios de defender sus derechos, decidiendo agruparse para hacerse fuertes en los tribunales. Al menos de momento, pensarían estas entidades, los usuarios no iban a tener más remedio que ir devolviendo las cuotas de los préstamos a la




 


espera de la definitiva sentencia que a buen seguro no llegaría hasta pasado un par de años.


Cumpliendo una destacada función de defensa de los intereses de miles de usuarios afectados, hemos tenido a diferentes organizaciones de consumidores que a lo largo del 2003 han obtenido éxitos judiciales de importancia. La implicación de profesionales y abogados especializados, el hecho de aunar esfuerzos, ha dado gran solidez a las varias acciones colectivas emprendidas a finales de 2003 y primeros meses de 2003. En total se han puesto cerca de 100 demandas particulares y 20 colectivas de organizaciones de consumidores y usuarios. De los 80.000 que tenían créditos, 20.000 afectados por la crisis dejaron de pagar los créditos de consumo cuando cesó el servicio.


Pronto, a finales de enero de 2003 tuvimos los primeros frutos. Así, tras dos meses de litigio el Juzgado de Instrucción Número 8 de Sevilla emitió un auto en el que dictaminaba, como medida cautelar, la paralización del cobro de las mensualidades y la cancelación o supresión temporal de datos en los ficheros de morosos a aquellos que no continúen pagando los créditos que firmaron con cualquiera de los centros de la empresa Opening. Además, decidió este juzgado hacer extensivo el auto a todos los alumnos de Opening que en el ámbito nacional estuvieran implicados en similares procedimientos judiciales, promovidos individual o colectivamente, ante otros órganos judiciales, hayan sido o no resueltos. Cuatro fueron las entidades financieras afectadas: Eurocrédito, Banco Santander Central Hispano, Banco Serfin y Finanzia Banco de Crédito.


Juzgados situados en otros puntos de la geografía española, como el de Primera Instancia de Fuenlabrada, en número 50 de Primera Instancia de Madrid o otros tantos en Valencia y Barcelona, dictaminaron en los dos meses posteriores similares medidas cautelares que hicieron albergar esperanzas de una próxima solución favorable para los alumnos.


Y a principios de abril fue precisamente la titular del mencionado juzgado de Andalucía, Carmen Pérez Guijo, la que dio la primera sentencia firme sobre este contencioso, decretando, en primer lugar, la prohibición de inscribir en el registro de morosos a todas aquellas personas que dejaron de pagar las mensualidades con motivo del cierre de los centros de Opening. Asimismo, obligaba a que todos los alumnos afectados por el cierre de las academias recibieran de las entidades bancarias implicadas las cantidades que hayan abonado desde la suspensión de pagos (31/7/2002), incluidos los intereses legales. (No los meses anteriores a la quiebra). Además, la sentencia condena a las entidades bancarias a abstenerse en el futuro a realizar conductas encuadrables a la enjuiciada o asimilables a la misma.


Esta sentencia ha tenido repercusión nacional y afectado a todos los alumnos que se quedaron en la calle tras el cierre de las academias, si exceptuamos aquellos que se encontraban inmersos en otros procesos judiciales individuales o colectivos contra las academias, aquellos que habían contratado los cursos en calidad de empresarios o profesionales o quienes hubiesen suscrito créditos para la financiación de los cursos con entidades distintas a Santander Central Hispano, BBVA Finanzia, Pastor Servicios Financieros o Eurocrédito. En total suponía una cantidad aproximada de 67,5 millones de euros, quizá más, dado que los cursos tenían un precio medio de entre 1.500 y 3.000 euros y que el número de alumnos afectados en toda España, entre centros Opening propios y franquiciados, se elevaba a 45.000 (una parte muy pequeña de los alumnos abonaba sus cursos al contado).


Una crisis más allá de los idiomas...




 


Ya no sólo la enseñanza de idiomas, esta crisis afecta a los centros de enseñanzas no regladas en general entre los que se incluyen otros tan importantes como los de informática o los de apoyo escolar. Y todos se han mostrado muy preocupados ya que estos casos particulares han minado inmerecidamente el prestigio del sector en su conjunto. Las asociaciones que agrupan este colectivo de empresas han llevado a cabo una intensa actividad a lo largo del 2003 para recuperar la confianza del usuario, destacando sobretodo la revisión o promulgación de nuevos códigos éticos para los centros de enseñanza privados. La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid con el apoyo de la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia-ANCED, por ejemplo, elaboraron el “Código de Buenas Prácticas en la Contratación del servicio de Enseñanza no Reglada” al que se han adherido el año pasado numerosos centros privados madrileños.


El colectivo de mayor peso en España, la Confederación Española de Centros y Academias Privadas (CECAP), aprobó en febrero de 2003 el “Código Ético de la Confederación Española de Centros de Formación y Academias Privadas (CECAP)”, compromiso de autoadhesión (voluntario) en cuya elaboración tuvo en cuenta las directrices el Instituto Nacional del Consumo, del Ministerio de Sanidad y Consumo, en colaboración con las comunidades autónomas.


El Código Ético, además de establecer niveles adecuados tanto de titulación académica del profesorado como del número de alumnos por aula, asegura que la oferta, promoción y publicidad se ajustan al principio de veracidad y no induzcan a error en cuanto al Centro, los servicios y los certificados y diplomas que expida. Los Centros deberán contar con un servicio de información y orientación para los alumnos matriculados o potenciales que les permita conocer las características de los cursos y cualquier otra información relevante. Deberá ofrecer en lugar visible y accesible datos como su denominación, titular, horarios de atención al público, procedimiento para tramitar consultas o reclamaciones, relación de cursos y turnos, condiciones de contratación y de baja anticipada, entre otros. También que los certificados, diplomas o títulos expedidos por el centro son de carácter privado.


Transparencia en los precios ha sido otro de los propósitos de este código ético. sus centros confederados faciliten por escrito, de forma clara y suficiente, el precio total del curso y de las cuotas en que se divide el mismo, especificando las fechas de sus vencimientos, así como el importe de los derechos de matrícula e inscripción. Asimismo, se comprometen los adheridos a informar por escrito del precio del material didáctico, en el caso de que éste no vaya incluido en el coste total del curso. El importe total del curso incluirá un desglose de todos y cada uno de los conceptos contratados. También se detallará la forma de pago, derecho de desestimiento del alumno y las causas, formalidades, así como, las consecuencias de la resolución de los contratos.


En cuanto a los contratos, se aceptan dos modelos, según la formación sea de carácter abierto y continuado, o bien cerrado y determinado, de acuerdo a modelos consensuados por la representación empresarial del sector con las Organizaciones de Consumidores, y siempre por escrito. Si existe financiación se deberá dar una información clara, precisa e inequívoca sobre la naturaleza, modalidad y condiciones de la financiación. Informar sobre el financiador, TAE o, en su caso, tipo de interés nominal anual, así como, como los gastos aplicables y condiciones en las que podrán modificarse ambos. Habrá que especificar caramente el importe, número y periodicidad de los pagos para el reembolso del crédito. En ningún caso el Centro podrá imponer la financiación con una entidad determinada, ni ceder o subrogar el crédito a terceros sin el consentimiento expreso e inequívoco del alumno.




 


En caso de reclamaciones, el código exige al Centro su resolución en no más de 15 días. Si el alumno no está de acuerdo podrá acudir a la Junta Arbitral de Consumo, sistema que los centros se comprometen a aceptar como mecanismo de resolución de los conflictos que se pudieran plantear. Para asegurar el cumplimiento del Código Ético se establece una Comisión Deontológica Nacional, en colaboración con las Comisiones Deontológicas Territoriales.


Reformando la Ley...


Así y todo, en el caso particular de los créditos para financiar enseñanzas no regladas, las asociaciones de consumidores han reclamado del Gobierno que éste vaya más allá con una nueva legislación específica. En este sentido, el Ministerio de Sanidad y Consumo informó desde principios de 2003 que se proponía modificar la Ley de Crédito al Consumo para facilitar la vinculación entre los contratos de consumo y de crédito, de forma que los ciudadanos sólo tengan que pagar mientras se presta el servicio contratado. También se dijo que esta reforma incorporaría como cláusula abusiva el pago anticipado de servicios continuados.


Hasta ese momento, según se señaló desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Ley recogía garantías "claramente insuficientes" y era "ambigua e inoperante", especialmente en lo que respecta al artículo 14 y 15 que no deja claro el derecho del consumidor frente a la entidad financiera cuando se incumple el contrato de compraventa o de prestación de servicios vinculado al crédito.


Por fin en septiembre vino la prometida reforma, incluida en el anteproyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de 2004, sin embargo, el Gobierno se limitó a añadir la posibilidad de someter los créditos gratuitos (sin intereses) a la Ley de Crédito al Consumo. Aunque positivo, las organizaciones de consumidores se mostraron decepcionadas pues los cambios nada tenían que ver con lo que anticipó el Ministerio. Manuel Pardos, Presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), valoró las medidas como “muy cortas” puesto que se ciñen al problema de las academias de idiomas y no a otros bienes y servicios.


Para FACUA los cambios no modifican en absoluto la situación de indefensión en la que se encuentran los usuarios ante la compra de productos o contratación de servicios que no cumplen lo anunciado, resultan defectuosos o dejan de prestarse. Tanto el PSOE como las organizaciones de consumidores siguen exigiendo la modificación del artículo 15, de ese modo, suprimir el requisito de la exclusividad de acuerdo entre el concedente del crédito y el proveedor de bienes y servicios, dado que este término se presta a diversas interpretaciones contrarias al espíritu de la Ley, en las que se están intentando escudar, por ejemplo, las financieras implicadas en los casos Opening y similares.


Pero lo que definitivamente en lo académico ha constatado la crisis de los centros de idiomas ha sido el fracaso de un nuevo modelo de enseñanza basado el los contenidos multimedia con el apoyo de un tutor-profesor, en el que se basaban centros como Opening y Wall Street Institute. El modelo tradicional de enseñanza de idiomas, en donde el profesor es el protagonista, goza de mucha mayor aceptación como así ha puesto de manifiesto las matriculaciones de 2003. Son estas academias de toda la vida las que, muy al contrario, han visto aumentar el número de alumnos pase a la crisis del sector.


Caso similar ha ocurrido entre las academias de informática y las apoyo escolar cuyo ejemplo más significativo lo tenemos en Sylvan Learning Center. La falta de viabilidad económica de este centro ha hecho que la su empresa americana




 


propietaria, (Grupo Sylvan, que también era propietaria de Wall Street Institute), haya intentado deshacerse por todos los medios de tan pesado lastre, cosa que prácticamente ha conseguido el pasado verano al traspasar el 51% de las acciones de Sylvan Learning Center a una compañía holandesa de capital riesgo.


****


Noticias y Reportajes relacionados en Aprendemas.com :


“Efecto OPENING” o la crisis de las enseñanzas no regladas (Claves 2002)


De momento los afectados de Opening no tendrán que pagar a los bancos


Un juzgado de Andalucía da la razón a los afectados de Opening


Recientes sentencias respaldan a los afectados de Opening


Quizá un laudo que dé pronta solución a los afectados de Oxford


Nueva ley que poco ayuda a los afectados Opening y similares


Estudiante: ¡Cuidado con los préstamos!


La crisis de los idiomas pasa factura a Sylvan