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Educación, segunda fuente de quejas al Defensor del Pueblo

Las quejas planteadas al Defensor del Pueblo en 2006 sobre violencia en el medio escolar, aunque no representan cifras muy altas en conjunto, sí que registraron un "incremento notable" respecto a ejercicios anteriores. Hace unas semanas, Enrique Múgi

Publicado en Histórico Reportajes
Foto de Educación, segunda fuente de quejas al Defensor del Pueblo
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Ante gran número de medios, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, y la Presidenta del Comité Español de UNICEF, Consuelo Crespo, presentaron hace unos días el nuevo estudio realizado por ambas instituciones sobre la violencia en el ámbito escolar. El que fue presentado en el año 2000 se  ha tomado como referencia para este último estudio. Se trata con ello de mostrar la evolución de la situación escolar en los últimos años a fin de comprobar si los programas puestos en marcha por las distintas administraciones para erradicar la violencia en el entorno escolar han dado sus frutos.


 


Aparte del informe sobre violencia escolar, el Defensor del Pueblo presentó hace unas semanas el Informe Anual correspondiente al ejercicio pasado en el que se recogieron un total de 89.518 quejas, un 126% más que en 2005. Mientras la Administración económica recibe el mayor número de quejas (17.220 en total), debido principalmente a las reclamaciones colectivas presentadas por inversores en productos filatélicos, la Administración educativa se sitúa en segundo lugar con 2.592 quejas. La falta de plazas para niños de 0 a 3 años, las deficiencias de las instalaciones escolares o las críticas contra la concesión y cuantía de las becas y ayudas al estudio, son algunos de los asuntos más reiterados.


 


Violencia escolar


 


Las quejas presentadas durante este ejercicio ante el Defensor del Pueblo relativas a episodios de violencia escolar, aunque no representan cifras muy altas en el conjunto de las relacionadas con la educación, sí que suponen un incremento notable respecto a ejercicios anteriores. En general, el Defensor del Pueblo ha podido apreciar que ante los casos de violencia escolar los centros docentes y su entorno próximo responden con medidas eficaces e inmediatas, lo cual ayuda a evitar su expansión y mantenimiento a lo largo del tiempo.


 


Así por ejemplo, en el caso de un estudiante madrileño que recibía constantes abusos por parte de un grupo de compañeros de origen inmigrante, que presentaban un desfase curricular importante y un grave rechazo del entorno escolar, el centro optó por poner en marcha un grupo específico de compensación educativa, entre cuyos objetivos se encontraba el desarrollo de capacidades y habilidades relacionadas con la convivencia, el respeto y la solidaridad, la mejora de las relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo y en la consideración positiva de la diversidad de opiniones, creencias e intereses.


 


No actuó con igual diligencia, en opinión del Defensor del Pueblo, un centro ubicado en una localidad cercana a la ciudad de Madrid ante los insultos y vejaciones que sufrían dos hermanas por parte de un numeroso grupo de alumnos. El padre de las niñas denunció ante el Defensor del Pueblo que el centro no tomara ninguna medida de sanción contra los autores de las agresiones. El Defensor instó a la intervención de la inspección educativa para que valorara en un informe la actuación del centro. Finalmente, la inspección determinó que los insultos sistemáticos de que habían sido objeto las alumnas no podían estimarse constitutivos de acoso escolar porque este concepto "no se extendería a las agresiones reiteradas cuando las mismas son de carácter verbal".


 


Tampoco está de acuerdo el Defensor del Pueblo con el informe de inspección realizado por un caso de acoso verbal en un centro de la comunidad madrileña en donde, como solución al conflicto, se había instado a los alumnos agresores a evitar cualquier contacto con la niña agredida. La exclusión social, estima el Defensor del Pueblo, nunca puede ser una solución para un problema de acoso, siendo lo más recomendable procesos de resolución de conflictos entre iguales, mucho más eficaces desde el punto de vista pedagógico.


 


El análisis de estas y otras conductas similares le ha permitido al Defensor del Pueblo constatar  que en muchas ocasiones los alumnos tienen miedo a reconocer las agresiones a las que están siendo sometidos en los centros educativos. En uno de los casos más graves, sólo después de que los alumnos agresores siguieran a la víctima hasta su casa, entraran en la misma empleando amenazas y fuerza física y sustrajeran distintos objetos, el alumno agredido no fue capaz de confesarle la situación a la que estaba siendo sometido desde hacía meses a sus padres.


 


Es significativo que muchos más niños se reconozcan como agresores de los que se confiesan víctimas. Para evitar que el alumno llegue a convertirse en un maltratador es fundamental la prevención de este tipo de conductas, como también lo es que exista un clima social y una conciencia personal y colectiva de rechazo a la violencia.


 


 

Detalles del informe sobre violencia escolar


 


Debido a la presencia social y en los medios de comunicación de este tipo de violencia, el Defensor del Pueblo realizó en el año 2000 un informe monográfico sobre violencia escolar y este año ha procedido a su actualización. La conclusión de dicho informe es que, en términos generales, el panorama del maltrato entre iguales por abuso de poder ha mejorado, especialmente en aquellas conductas abusivas más frecuentes y menos graves. Así, por ejemplo, el porcentaje de incidencia total de las víctimas de insultos pasa del 39,1% al 27% y la de víctimas de motes ofensivos del 37,7% al 26,6%. También disminuyen los porcentajes declarados de víctimas de otras conductas más graves, como la agresión física indirecta. Además el acoso sexual ha caído casi dos tercios, lo que supone una indudable mejoría respecto de la situación anterior.


 


Sin embargo, otras conductas como la exclusión social más directa (no dejar participar), ciertas formas de agresión física y las modalidades más graves de amenazas, no muestran esta tendencia a la baja y se mantienen en niveles similares a los de 1999. La conclusión de estos datos es que las políticas preventivas y las líneas de intervención que se han seguido durante estos años han logrado buenos resultados en ciertos ámbitos, pero son todavía insuficientes ya que no resuelven en absoluto el problema. En todos los centros educativos incluidos en la muestra se han detectado todos los tipos de maltrato estudiados. Un 30% de los alumnos de secundaria son víctimas habituales de conductas de exclusión social. Y, en porcentajes inversamente proporcionales a la gravedad de los actos, otros alumnos en todos los centros sufren conductas violentas.


 


Hay que hacer referencia al uso de las nuevas tecnologías como medio para recibir o ejercer el maltrato. Conocido como cyberbullying, este tipo de maltrato es especialmente perjudicial por la gran difusión y publicidad que puede llegar a tener. Sin embargo, a pesar de la notoriedad que ha adquirido el cyberbullying en los medios de comunicación últimamente, los resultados muestran que son pocos los estudiantes que utilizan o padecen esta forma de abuso: aproximadamente el 5% tanto de las víctimas como de los agresores.


 


Con respecto al género, son más los chicos que mencionan que "se les pega" y que "reciben motes ofensivos" que las chicas, mientras que son más las chicas de las que "se habla mal a sus espaldas". En el resto de acciones hay tantas víctimas femeninas como masculinas. No es así en el caso de los agresores. La mayoría de las agresiones las llevan a cabo varones, excepto en una situación, hablar mal de los compañeros se asocia más al género femenino.


 


Desde al año 2000 se ha notado una reducción en el número de alumnos víctimas de agresiones que no lo comunican a nadie, del 15% al 10%. Cuando las víctimas deciden hablar sobre ello, el interlocutor elegido con más frecuencia son los amigos, seguido por la familia y, en tercer lugar, los compañeros de clase. Son muy pocos, en torno al 14%, los que optan por hablar del maltrato con su profesor.


 


Más de dos tercios de los "agresores" consideran que quienes observan los malos tratos permanecen notablemente pasivos y, además, alrededor del 25% considera que los agresores son animados por los compañeros. Si la víctima es un amigo casi la mitad de los testigos deciden intervenir para frenar la agresión, pero si se trata de un compañero este porcentaje disminuye a un tercio. Asimismo hay que señalar que casi una cuarta parte de los estudiantes manifiestan sentir miedo a ir a su centro educativo, por distintos motivos y con distinta frecuencia.


 


Enseñanzas universitarias


 


En cuanto al acceso a las enseñanzas universitarias, según el Informe Anual 2006 del Defensor del Pueblo una cuestión que ha suscitado numerosas quejas ha sido, una vez más, la escasez de plazas libres en Ciencias de la Salud, ya que la continua disminución del número de alumnos que acceden a la universidad ha provocado que en el resto de ramas la oferta de plazas se adecue a la demanda de los alumnos.


 


Por otro lado, desde hace más de diez años todos los informes del Defensor del Pueblo incluyen un apartado dedicado a la homologación de los títulos universitarios extranjeros dada la problemática que suele generar el sistema utilizado. El extraordinario incremento en el número de solicitudes de homologación por el significativo aumento de la inmigración en España y por el impulso dado a los programas de intercambio de estudiantes hace cada vez más necesario un sistema eficaz que gestione las peticiones de homologación ágilmente.


 


Bien es cierto que gracias a la adopción de las primeras medidas capaces de paliar esta situación ha comenzado a apreciarse una tendencia significativamente decreciente en el número de quejas recibidas desde la segunda mitad del año 2005, tras la entrada en vigor del Real Decreto por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Esta normativa simplifica sensiblemente la tramitación del expediente e introduce la posibilidad de homologar un grado académico, lo que permite a los solicitantes obtener el reconocimiento del nivel académico alcanzado en sus países aunque se trate de titulaciones que no se encuentren recogidas en el catálogo de títulos universitarios oficiales españoles.


 


Se han recibido quejas también sobre el establecimiento y la obtención y expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional establecidos por el Gobierno, así como respecto al proceso de homologación e inclusión de los mismos en el Catálogo de títulos universitarios oficiales.


 


El informe del Defensor del Pueblo también hace referencia a las quejas que revelan que el sistema educativo todavía no ha asumido, con todas sus consecuencias, que determinados estudios artísticos sean considerados superiores y equivalgan a los títulos correspondientes universitarios de licenciado o diplomado. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la negación a una alumna de estudios superiores de Diseño de la plaza que había solicitado en una residencia dependiente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, por entender la dirección de la misma que no reunía el requisito de ser estudiante universitario necesario para obtener plaza.


 


Como cada año, las becas y ayudas al estudio es una de las materias más analizadas por el Defensor del Pueblo. El volumen de quejas que se presentan al año sobre esta materia refleja con bastante fiabilidad la repercusión de las novedades que cada año introduce cada convocatoria, ya sea simplificando los trámites, acortando los plazos de cobro, modificando las condiciones de carácter económico y académico exigidas, diversificando los componentes de las becas o incrementando sus cuantías.


 


 

El aumento de las inversiones destinadas a los programas de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia, y el esfuerzo realizado para abonar las ayudas durante el primer trimestre del curso han conseguido disminuir el número de quejas presentadas en este ámbito. Sin embargo un aspecto sigue motivando las críticas de los estudiantes en unos índices similares a los de las convocatorias anteriores, este es la valoración que los órganos de selección realizan de la situación económico-familiar del aspirante.


 


Cabe destacar que todas las universidades públicas españolas, a excepción de la Universidad de La Rioja y de las Universidades de Galicia, han dispuesto ya la exención de precios para los alumnos universitarios con discapacidad, una exención que en la mayoría de las universidades alcanza el total del precio.


 


Finalmente, el Defensor del Pueblo destaca la favorable acogida entre los alumnos de los incrementos la cuantía de las ayudas de movilidad Erasmus. Aunque estas becas deben contemplarse como una ayuda para fomentar la movilidad, compensando los costes adicionales producidos por el desplazamiento a otro país y no para cubrir los gastos ocasionados en el país de acogida, la extremadamente escasa cuantía que se proporcionaba a los becarios españoles (apenas superaba el 10% del gasto total de su estancia), motivó el inicio de oficio de una investigación ante la Agencia Nacional Erasmus.


 


En el informe realizado por el Defensor del Pueblo se proclamaba la importancia que para la formación integral del estudiante universitario tiene el correcto funcionamiento y desarrollo de estos programas y, por tanto, la necesidad de que las autoridades estatales, autonómicas, locales y universitarias, hicieran un esfuerzo adicional de colaboración con las ayudas comunitarias.  En esta línea, el próximo curso contará con un incremento que sitúa la cuantía de las becas en torno a los 6.000 euros, seis veces más del máximo actual.


 


Educación no universitaria


 


En materia de escolarización de alumnos, el pasado ejercicio registró de nuevo quejas sobre la insuficiencia o la inadecuada distribución de la oferta de plazas para niños de tres años que realizan determinadas administraciones educativas. En el informe anterior se hizo referencia a  quejas similares. Uno de los casos más polémicos se refería a la publicación en varios de medios de comunicación de la escasez de plazas ofertadas en la Comunidad de Madrid, apenas el 7% de la población escolar estimada de este grupo de edad. Esta cifra contrastaba con las que, en referencia a cursos anteriores, había aportado la Consejería de Educación de la Comunidad , que mencionaban ya una tasa de escolarización de casi el 12%.


 


La Consejería de Educación ha presentado los datos referidos al comienzo del año 2006, según los cuales el porcentaje de niños de 0 a 3 años escolarizados es del 13%. Aunque la Consejería de la comunidad ha realizado un esfuerzo notable para aumentar las ayudas para la escolarización en centros privados en el primer ciclo de la educación infantil, el Defensor del Pueblo estima que este último tipo de ayudas no es equiparable con la atención de los alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, aunque sólo sea por la consideración de que las mismas no cubren necesariamente el coste total de las correspondientes enseñanzas.


 


Otra queja se refiere a la normativa sobre la escolarización de alumnos extranjeros menores de edad pero que han superado la etapa obligatoria de escolarización. Según la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, los alumnos que se encuentren en esta situación pueden continuar sus estudios en la modalidad de enseñanzas para personas adultas. El Defensor del Pueblo ha estimado que la Consejería ha hecho una interpretación "estrictamente literal" de los preceptos de las leyes que contradice el derecho contemplado en la Ley de extranjería a que todos los jóvenes extranjeros menores de 18 años reciban una educación en las mismas condiciones que los españoles.


 


En materia de instalaciones escolares, las quejas que en este ejercicio se han planteado cubren un abanico muy amplio, aunque las más trascendentes hacen referencia casos a deficiencias en su estado de conservación y mantenimiento o a la carencia de determinadas instalaciones o de medidas de seguridad preceptivas.


 


En este sentido, una queja formulada por el padre de una alumna del colegio de una localidad de la provincia de Jaén ha denunciado que el edificio destinado a la escolarización de los alumnos de educación infantil está en obras desde hace dos cursos por lo que, a causa de ello, los alumnos han sido trasladados a aulas prefabricadas.


 


El Defensor del Pueblo ha tomado medidas para que se supriman las barreras arquitectónicas existentes en un determinado instituto de educación secundaria de una pedanía de la ciudad de Murcia a raíz de una queja presentada por la madre de un alumno tetrapléjico, al no permitir la plena integración en su grupo. Según expuso la madre, estas barreras arquitectónicas internas impedían a su hijo acceder al aula de informática, ubicada en el primer piso y donde se impartían las enseñanzas del ciclo de formación profesional que cursa el alumno, por lo que la solución del centro fue trasladarle a un cuarto de la planta baja en donde se conectaba mediante cámara web con el aula en la que se imparten las clases. Como consecuencia de esta situación el alumno ha caído en una depresión de la que está siendo medicado. El instituto ha sido obligado a adoptar las medidas precisas para hacer posible la integración física del alumno en su grupo antes de que finalice este curso.


 


 


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Más información:


 


Defensor del Pueblo


 


UNICEF


 


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