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Educación para la Ciudadanía: la delgada línea roja

Para algunos sectores la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) supone un avance necesario en materia educativa ya que el ámbito escolar es el responsable, en gran medida, del comportamiento y los valores futuros que conforman cualquier soc

Publicado en Histórico Reportajes
Foto de Educación para la Ciudadanía: la delgada línea roja
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La discrepancia que existe entre los defensores y detractores de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, constituye una excepción en toda Europa, donde esta materia se ha implantado, sin problemas, desde hace años como parte de las competencias cívicas asumidas por países como Finlandia, Suecia, Grecia, Portugal, Italia o Francia entre otros. De esta manera, el caso español se ha visto envuelto en una polémica en la que ha tomado parte también el ámbito judicial. El debate comienza con la afirmación de que la educación moral pertenece, exclusivamente, al ámbito privado. El Ministerio de Educación ha argumentado en diversas ocasiones que “pretender instalar la moral en el ámbito estrictamente familiar es desconocer que el abanico de las relaciones de un ser humano desborda ampliamente el entorno de sus familiares” ya que necesariamente “sus comportamientos afectan negativamente al resto de la comunidad en la que viven”.


 


Sin embargo, grupos como las Escuelas Católicas de Madrid han mostrado su desacuerdo ya que, a su juicio, la implantación de esta materia “genera graves riesgos de adoctrinamiento”.


Una de las asociaciones que más claramente ha mostrado su oposición frontal a esta asignatura ha sido la Plataforma de Profesionales por la Ética, un grupo que promueve, apoya y fomenta las objeciones de conciencia en toda España junto al Foro de la Familia que ha puesto en marcha el Observatorio de la Objeción de Conciencia. Las propuestas de estos sectores pasan por convertir la asignatura obligatoria a una de carácter optativo o eliminarla del sistema educativo.


 


El punto de encuentro: pacto en Educación


 


Los constantes cambios sufridos a lo largo de todo el periodo democrático en materia educativa han desembocado en un sistema inestable que perjudica, principalmente, a los estudiantes. De esta manera, a pesar de los desencuentros tras la puesta en marcha de EpC, parece existir un punto de encuentro y es la petición de alcanzar un gran pacto de estado en materia educativa de manera que este ámbito no se vea afectado por los cambios de gobierno. En este sentido, sindicatos de enseñanza, confederaciones de padres y madres de alumnos y asociaciones de estudiantes han coincidido a la hora de solicitar al presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, un pacto de Estado por la educación. El problema surge a la hora de establecer una unanimidad de criterios entre los distintos agentes para alcanzar un consenso.


 


Por su parte, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, José Campos, ha instado a Zapatero a que “siga indagando por un pacto de Estado en Educación ya que no sólo es posible, sino muy necesario para que la educación no se utilice como arma arrojadiza como se ha estado haciendo estos cuatro años”. Para la presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Lola Abelló, también es necesario alcanzar un pacto nacional en educación, aunque podría resultar complicado “por la actitud de confrontación del PP”. Por su parte, el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, ha señalado que el acuerdo entre partidos sólo es posible “si realmente existen garantías de cumplimiento por parte del Gobierno”.


 

La experiencia europea como garantía


 


El Gobierno siempre se ha defendido de las acusaciones de adoctrinamiento apoyándose en el argumento de que Europa ha recomendado la implantación de estas enseñanzas ya sea como una asignatura independiente o incorporada a otras materias. Además, la experiencia europea pone de manifiesto la libertad existente a la hora de impartir la asignatura, pudiendo adaptarla a las tradiciones de cada país.


 


Actualmente, son muchos los países que imparten clases de Educación para la Ciudadanía, aunque existen matices que diferencian unas de otras. Uno de los puntos más polémicos para los detractores de esta iniciativa radica en la explicación de los distintos tipos de familia y de la homosexualidad. En este sentido, por ejemplo, Polonia imparte sus clases de Educación Cívica de 2º a 4º de la ESO y en los dos últimos cursos de Bachillerato. A lo largo de estos cursos el tema de la homosexualidad queda completamente al margen, aunque sí se trata el tema de la familia y de la no discriminación por razón de sexo o religión.


 


El caso contrario se da en Bulgaria donde en el curso equivalente a 2º de Bachillerato se imparte “El Mundo y la persona”, una asignatura que habla de la sexualidad incluyendo la homosexualidad y la transexualidad. En el curso siguiente se abordan las relaciones personales, el amor y la familia en su dimensión ética y jurídica. La organización política, administrativa, la identidad nacional, con sus costumbres, tradiciones y religión o las fuentes de conflicto, incidiendo en los que se pueden producir entre las distintas etnias se desgranan en diferentes materias entre primaria y secundaria.  


 


El caso de Noruega, donde no existe separación entre el poder político y el eclesiástico, “Educación cristiana y moral” constituye una asignatura obligatoria para todos los alumnos. Se trata de una materia en la que se explica el cristianismo y las demás religiones sin hacer proselitismo. El resto de la educación cívica, fundamentada en valores como la democracia, se aborda en el área de Ciencias Sociales e Historia, asignatura de carácter optativo en Bachillerato.


 


 


Un libro, una opción


 


El Ministerio de Educación ha explicado que esta materia nace con el objetivo de “favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio”. En este sentido, uno de los impulsores de la asignatura y responsable del manual editado por Santillana, el filósofo José Antonio Marina, ha explicado que “cada vez que surge un problema, la sociedad se vuelve a la escuela pidiendo soluciones. Esta asignatura debería ser la respuesta de la escuela a esa demanda”.


 


La oferta de manuales existentes ofrece un amplio abanico de postulados morales que van desde el rechazo frontal al aborto, la descalificación de la laicidad o la negativa a reconocer el matrimonio entre homosexuales hasta la defensa de una sexualidad libre, información detallada sobre la píldora del día después o las críticas hacia la Iglesia Católica por considerar una “perversión” el amor entre personas del mismo sexo. El punto común de todos los manuales lo constituyen aspectos como la lucha contra el acoso escolar, la descripción de las instituciones democráticas o la necesidad de preservar el medio ambiente.


 


El abanico de material disponible posibilita, en opinión de los defensores de la asignatura, que ésta pueda ser impartida en clase sin violentar las conciencias de los alumnos, padres o profesores. En este sentido se ha expresado el sacerdote Manuel de Castro, secretario de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (patronal de los colegios católicos concertados), quien ha destacado que “al menos tres manuales de estudio, de las editoriales Santillana, Edebé y SM, resultan perfectamente asumibles para los creyentes”. Por su parte, la presidenta de la Patronal Católica de Centros Privados (CECE), Isabel Bazo, se ha mostrado reacia a estas afirmaciones ya que, a su juicio, “aunque se aprecian diferencias entre unos manuales y otros, los editados por Octaedro o Algaida resultan, en todo punto, inadmisibles”. En la misma línea se ha expresado el portavoz de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, quien ha denunciado “las filigranas de muchos manuales para no agredir las creencias más íntimas de los católicos y seguir al mismo tiempo el decreto de contenidos del Ministerio de Educación”.

La polémica


 


La Constitución Española recoge la objeción de conciencia en el punto segundo del artículo 30, refiriéndose al caso del servicio militar, aunque existe en diversas profesiones como la periodística o la profesión médica. Este derecho se cita también en el artículo 53 como último recurso en casos de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. Sin embargo, la objeción de conciencia se somete (como el resto del ordenamiento jurídico) al principio de legalidad (artículo 9) el cual exige que los ciudadanos estén sometidos a las leyes en todo caso. En este punto, tal y como ha explicado el Ministerio de Educación, todas las Comunidades Autónomas y los centros educativos tienen el deber de impartir la asignatura de EpC ya que está declarada como tal por la Ley Orgánica de Educación, aprobada por el Congreso de los Diputados el 6 de mayo del año 2006.


 


Sin embargo, para los detractores de la asignatura, la objeción de conciencia constituye “un mecanismo para defender a nuestros hijos de la contaminación ideológica por parte de extraños”. Además, tal y como se recoge en la página web del Observatorio para la Objeción de Conciencia, una iniciativa del Foro de la Familia en la que colaboran distintas entidades familiares como Andoc, Centro Jurídico Tomás Moro, Hazteoír y Profesionales por la Ética, “no se trata de una desobediencia a la Ley, sino del ejercicio de un derecho amparado por la propia Constitución y reconocido como tal por abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.


 


El movimiento contra EpC ha llegado incluso a instancias judiciales. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideraba que esta materia “vulnera los derechos fundamentales a educar a los hijos en la formación religiosa”, aunque la Junta ya ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, único órgano que sienta jurisprudencia en España. La postura de la Junta, tal y como ha explicado el Consejero de Educación Sebastián Cano, “coincide con la del TSJ de Cataluña y de Asturias que, en casos parecidos o idénticos a este, han fallado en sentido contrario al denegar el derecho a la objeción”.


 


La sentencia andaluza supuso el punto de partida para las asociaciones y comunidades que se posicionan en contra de la asignatura. De esta manera, tras conocer el fallo del TSJA, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciaba que “los alumnos de los centros educativos que objeten para el próximo curso 2008-2009 quedarán exentos de cursarla y por lo tanto de ser evaluados”. Esta decisión reavivó la polémica enfrentando a detractores y defensores de la materia. En este sentido, agrupaciones como ANPE- Sindicato Independiente o AMEPE (Asociación Madrileña de Empresas Privadas de Enseñanza) mostraron su apoyo a la decisión de Aguirre ya que, a su juicio, “es una muestra de respeto hacia los padres”. Sin embargo, el pasado día 13 de marzo durante una sesión plenaria, la presidenta regional afirmó que “'la principal obligación de los poderes públicos es cumplir la Ley y la Comunidad de Madrid la cumplirá de manera estricta”  aunque “queremos dar solución a la demanda de esos padres que creen que la asignatura es una intromisión del Ministerio en la educación de sus hijos”.


 


La polémica ha llegado también a la Comunidad Valenciana donde su presidente, Francisco Camps ha anunciado que esta materia se impartirá, pero en inglés y con carácter optativo. De esta manera, según Camps, será necesario incorporar unos 125 profesores interinos en las especialidades de Geografía e Historia o Filosofía y acometer una inversión de entre 1,6 y 3,2 millones de euros para poner en marcha la iniciativa. Murcia constituye otro ejemplo de medidas en contra de EpC ya que el consejero de Educación, Ciencia e Investigación, Juan Ramón Medina, ha apuntado que no penalizará a los 541 padres de la región que hasta ahora han declarado su intención de objetar. En este sentido, Medina ha explicado que esto será así “hasta que el Tribunal Supremo no aclare a los gobernantes si cabe o no la objeción”.


 


 


 


Más información:


Programa Íntegro de EpC aprobado por el MEC


 


Ministerio de Educación y Ciencia


 


 


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