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2002: claves de un año de profundas reformas educativas

No podíamos entrar plenamente en el 2003 sin dejar de hablar del que ha sido quizá el año más intenso en lo que a formación y educación se refiere de las últimas tres décadas. No en vano, el gobierno de Aznar, con los dos consecutivos Ministros de Tr

Publicado en Histórico Reportajes
Foto de 2002: claves de un año de profundas reformas educativas

Llegó la LOU y la Universidad en pie de guerra


Entró el año 2002 muy caliente en lo que a educación superior se refiere. Y es que la nueva Ley de Universidades (LOU), aprobada por las Cortes Generales el 20 de diciembre de 2001, ha sido una de las más fuertes apuestas del Ministerio de Educación en esta legislatura y precisamente el año que acaba de concluir ha supuesto la puesta en marcha y primera prueba de fuego para los tan polémicos cambios que a partir de aquel trascendental día se incorporaron al Sistema Universitario Español. Y lo cierto es que no todo el mundo acogió con entusiasmo esta reforma que el gobierno calificó de impecable.


La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), influyente institución portavoz de los profesionales de la enseñanza superior, ha sido una de las más críticas y reacias al gobierno ya fuera en los prolegómenos o una vez aprobada la LOU. Se queja esta institución del nuevo sistema de elección de los rectores y el consejo en las universidades públicas mediante sufragio universal ponderado, en el que el voto de profesores titulares y catedráticos vale el 51%, el de los docentes no funcionarios e investigadores, el 9%; el de los alumnos, el 30% y el del personal de administración y servicios el 10%. No ha gustado ni a los rectores de las universidades, ni siquiera a muchos de los alumnos que según el CRUE van a ver su poder representativo reducido sustancialmente. Además, molesta a los responsables de las universidades públicas que en ésta y en otras reformas se trata de favorecer a las instituciones privadas que no tienen que cumplir con medidas tan exigentes.


Pero la ley es la ley y ya varias universidades públicas han tenido que aplicarla estrictamente una vez se han ido acercando sus correspondientes procesos electorales. Y la primera en experimentar el nuevo sistema ha sido la Universidad de Valencia en febrero de 2002, a la que se han presentado como candidatos a rector dos de sus catedráticos, saliendo finalmente elegido Francisco Tomas Vert. Posteriormente, otras universidades se han tenido que enfrentar a similares procesos para la elección de rector. La Autónoma de Barcelona lo hizo en marzo, ha sido la primera en Cataluña, y en la provincia de Madrid en abril se hizo en la Universidad Autónoma de Madrid. Y así, este año ya un 25% de las universidades ha celebrado sus elecciones a rector y curioso ha sido ver por primera vez que los candidatos recurran a ciertas prácticas publicitarias en sus campañas electorales tales como carteles, cartas a los profesores y al personal, invitaciones para acudir a votar, así como, la elaboración de páginas web.


Pero cada uno se queja en lo que más le toca y los políticos han preferido incidir en el poco sólido soporte financiero del que se ha dotado a la nueva ley, que hace imposible llevar a cabo tan ambiciosas reformas del Sistema Universitario Español. Y sin embargo, por parte del CREU, pero sobretodo por parte del colectivo de docentes, la mayor preocupación viene con el asunto de la contratación del profesorado según la nueva LOU. Es el tema que más polémica ha suscitado, dados los difíciles requisitos exigidos y el férreo control que las autoridades políticas van a poder ejercer en este aspecto. Anuncian los responsables universitarios que el sistemas de concurso público no va a ser capaz a corto y medio plazo de cubrir las necesidades de personal docente de las universidades, falta según ellos previsión y reflexión por parte del gobierno. Además, falta que las comunidades autónomas, a las que se cede esta competencia, pongan en marcha sus propias normativas. Así pues, se ha tenido que establecer un período de transición hasta la aplicación completa de la ley en este aspecto, y mientras esto ocurre, las universidades podrán seguir contratando un número extra de profesores asociados para cubrir sus necesidades más urgentes de personal.


Todo ello, lleva a la crítica más profunda, al fondo de la cuestión según los rectores, catedráticos y demás docentes. Y es que, según éstos, se está sacrificando buena parte del derecho fundamental de autonomía universitaria reconocido en la constitución de 1978, la nueva ley va en contra de la libertad de cátedra, contra su autogobierno y autoorganización, en favor de un mayor control político, tanto por parte del gobierno central como, sobretodo, por parte de los gobiernos autonómicos, de todo lo cual se deduce que estamos ante una legislación claramente anticonstitucional.


Y la segunda cuestión de fondo. “No se puede legislar pensando que otro pagará” que es lo que plantea la Junta de Andalucía y que ámbitos estudiantiles y docentes también denuncian. La financiación de la educación superior es hoy todavía un problema, por insuficiente y por injusta en muchos aspectos. Escasas becas y ayudas en favor de la excesiva financiación de las tasas de matrícula, no ofreciendo además otras alternativas financieras como podrían ser los créditos blandos para gastos académicos. Especialmente molestó al colectivo de estudiantes la congelación en el presupuesto de las Becas Séneca del curso 2002-2003, para financiar la movilidad de estudiantes (y también profesores) entre las distintas universidades españolas conocido como Programa SICUE. Como muestra de ello valga las 17.200 plazas de intercambio que han sido convocadas por 55 universidades españolas, 7.000 plazas más que el año anterior, concediéndose únicamente 1.500 becas, con lo cual, muchos estudiantes han optado por quedarse en su universidad de origen y de ese modo renunciar al intercambio. Así pues, no ha mejorado gran cosa en este año el Sistema Universitario en cuanto al que es uno de sus objetivos prioritarios, la movilidad de estudiantes y profesores, y ello, en gran parte debido a la falta de financiación. Un reciente informe presentado por el CRUE, en España las becas compensatorias y de movilidad sólo llegan al 3,54 por ciento de los universitarios. El gobierno en los últimos años ha disminuido su gasto relativo en enseñanza superior pública, aunque se reconoce en el informe que el gasto por alumno ha subido debido a la regresión demográfica que se vive hoy en nuestras universidades. De hecho, este año se han matriculado en enseñanza superior 32.000 estudiantes menos que el curso anterior, en total 1.529.357 alumnos, de los que un 91,4% lo hizo en una universidad pública.



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Una nueva ley para la Formación Profesional, calma contenida


Ninguna ley va a estar libre de polémica en cualquier país democrático, pero lo cierto es que la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, aprobada definitivamente por en las Cortes Generales españolas el día 6 de junio de este pasado año 2002, no a levantado excesiva oposición si exceptuamos la ejercida por los gobiernos de varias comunidades autónomas (250 enmiendas en total), aunque, teniendo en cuenta el poder absoluto que detenta el Partido Popular en ambas cámaras, bien poco iba a importar eso al actual gobierno. No obstante, las distintas medidas de reforma han sido debatidas durante más de un año con todos los agentes sociales, y ha contado con el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, del Consejo Escolar del Estado y del Consejo de Estado, así como del Consejo General de la Formación Profesional. Evidentemente los grupos de la oposición no han opinado lo mismo y acusan al gobierno central de falta de diálogo y de hacer una ley a la medida de sus intereses particulares.


Sin duda, era muy necesaria dicha reforma dada la importancia que están adquiriendo estos estudios en nuestro sistema educativo, y así también, en nuestro sistema productivo, carente como está de mano de mano de obra especializada. Y como muestra, baste decir que la FP en su modalidad de enseñanza reglada ha sido la única, junto a la Educación Infantil, que en el curso académico 2002-2003 ha registrado un cierto incremento en el número de matriculados (1.902 que hacen un total de 498.002 alumnos), en claro contraste con el Bachillerato y la Enseñanza Universitaria, las cuales, de hecho, han retrocedido este año en 29.207 y 32.300 alumnos respectivamente. Además, hay que destacar el número de centros que imparten ciclos formativos de FP ha crecido de manera importante en los últimos seis años hasta ya superar este curso los 2.500 en toda España. Así las cosas, en estos momentos un 41% de los estudiantes de Enseñanza Secundaria no obligatoria (la posterior a la ESO) sigue estudios de Formación Profesional, algo inimaginable hace apenas diez años, lo cual, no quita que aún quede mucho por avanzar habida cuenta de que en Europa la media está en el 58%.


Y lo cierto es que en la nueva ley se ha seguido en lo esencial las directrices de las Directivas Europeas, medidas, por otra parte, que ya se venían incorporando al sistemas educativo y productivo español desde 1993 a través de los dos Programas Nacionales de FP. Así pues, de entre los aspectos tratados en la nueva legislación hay que destacar la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional; la integración de las tres modalidades de FP (reglada, continua y ocupacional, es decir, se quiere consolidar entre nuestros profesionales una formación a lo largo de toda la vida); la homologación de las titulaciones españolas a las existentes en la Unión Europea, con el fin de facilitar la movilidad; el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a lo largo de la experiencia laboral y del aprendizaje no formal; la creación de un Sistema de Información y Orientación para alumnos, familias y trabajadores; y la creación de un sistema de evaluación y calidad externo para adecuar el sistema de FP a las necesidades de la sociedad.


Pero en lo particular, no cabe duda de que lo que menos ha gustado a aquellas comunidades autónomas gobernadas por la oposición ha sido la elaboración del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales o el régimen organizativo de los futuros centros integrados de FP. Y es que se ha diseñado un Sistema de Cualificaciones en el que las autonomías participarán pero no tendrán la última palabra que es, por el contrario, para el gobierno, cuando, según se quejan algunas autonomías, son ellas mismas las que mejor conocen sus propios tejidos productivos y laborales. Tampoco ha gustado, tal y como puso de manifiesto la Generalitat de Cataluña, cómo se van a gestionar los nuevos Centros Integrados de FP cuya evaluación y acreditación debería estar en manos exclusiva de las autonomías. Es, de alguna manera, crear una red de centros de FP controlados por el gobierno central cuando ya desde hace años las competencias educativas han sido transferidas a las autonomías.


Sea como sea, el caso es que ya se ha comenzado el desarrollo reglamentario de esta Ley, con la adscripción al MECD del Instituto Nacional de las Cualificaciones, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de diciembre.



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Especial Ley de Calidad (MEC)


Especial Ley de FP (MEC)


 

Ley de Calidad en la Enseñanza, el torbellino que se llevó la marea


Tras más de nueve meses de intenso debate con toda la comunidad educativa (o al menos aquella que quiso debatir), la Ley de Calidad en la Enseñanza quedó definitivamente aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de diciembre. Y de ese modo, con esta tercera ley de tan profundo calado el Ministerio de Educación parece que ha dado por concluidas el conjunto de importantes reformas que se había marcado como meta prioritaria para esta legislatura. Fundamentalmente, trata el Gobierno con esta última reforma legislativa, en primer lugar, de prevenir y combatir el fracaso escolar, que actualmente es del 25% en nuestro país, por encima de la media de la Unión Europea; asimismo, quiere elevar el nivel de formación y de conocimientos de los alumnos que, según informes nacionales e internacionales, presenta carencias en las materias básicas; impulsar un sistema efectivo de oportunidades para todos, que garantice el máximo grado de integración; fomentar la cultura del esfuerzo y de la evaluación; y, por último, mejorar las condiciones para el desarrollo de la función docente. Con ello, Pilar del Castillo, dijo a finales de diciembre sentirse plenamente satisfecha ya que en su opinión la Ley de Calidad responde a las expectativas de "la inmensa mayoría de los ciudadanos", así como, de las organizaciones vinculadas al sector educativo y de los profesores.


Pero esta reforma del Sistema Educativo Español no ha gustado ni a la oposición ni a los sindicatos que si no han organizado mayor revuelo ha sido más que nada por aquel problema de aún mayor repercusión en estos momentos como es el del hundimiento del “Prestige”. Pero esto no ha quitado que se hayan celebrado numerosas manifestaciones contra la ley en diversas ciudades españolas, y tal es el caso de la huelga de estudiantes en Barcelona que acabó en batalla campal del pasado 28 de octubre o la convocada en Madrid el 14 de noviembre por sindicatos (CCOO y UGT) y por la oposición (PSOE e IU), a la que según estimaciones pudieron haber acudido más de 15.000 personas. Diversos responsables de estas instituciones han coincidido en señalar que la nueva ley va asociada a un modelo de empleo barato y de poca cualificación, supone un claro y directo atentado contra la igualdad de oportunidades en la escuela pública. Además, se quejaban del escaso respaldo financiero de esta ley en particular y del Sistema Educativo Español en general. Por otro lado, los integrantes de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública han manifestado reiteradamente a los medios españoles su preocupación por el descarado apoyo que esta ley presta a la enseñanza privada (educación concertada) en detrimento de la pública


Así las cosas, en el debate del Congreso se presentaron casi 1.200 enmiendas y sólo salió adelante con el voto a favor del PP y de Coalición Canaria, y de ese modo, sólo gracias a la mayoría absoluta que detenta este partido en ambas cámaras. Tras la aprobación, Carmen Chacón, la secretaria de Educación del PSOE, manifestó el malestar de su partido por la celeridad en la tramitación, la falta de consenso y soberbia demostrada por el gobierno en todo el proceso de preparación de la ley, de la que además criticó la flagrante invasión competencial en perjuicio de las comunidades y de la ausencia de una memoria económica que dé solidez a las novedades introducidas en la enseñanza reglada. Marisa Castro, representando IU, calificó las reformas de “trasnochadas”, “centralistas y reglamentistas hasta la saciedad”.


Dos asuntos tratados en esta reciente reforma legislativa son dignos de especial mención. Por un lado se suprime el examen de selectividad aunque se establece un nuevo examen general que se ha dado en llamar Prueba General de Bachillerato (PGB) o “Reválida”, como ya la llaman coloquialmente los docentes, que será externa a los centros y que va a ser imprescindible superar para incorporarse, o bien a la Formación Profesional específica de Grado Superior o bien a la Universidad. Pero lo que además pretende la nueva ley es ir llevando a los jóvenes por diferentes caminos a lo largo de toda su trayectoria académica según las capacidades y conocimientos que vayan demostrando, siempre sin cerrar la puerta a las otras alternativas, tanto si fuera Enseñanza Secundaria o Bachillerato como si fuera Formación Profesional en sus diferentes variantes regladas o, posteriormente, en la propia universidad. Es decir, que un alumno pueda pasar, por ejemplo, de la Educación Secundaria Obligatoria a la Formación Profesional de Primer Grado, pero que si lo desea posteriormente, tras obtener el título necesario, pueda optar por realizar el Bachillerato, o por el contrario acceder a una especialidad de FP de Grado Medio, incluso posteriormente desde ahí acceder a estudios superiores. Es lo que se ha denominado los itinerarios formativos y que también ha levantado críticas por parte de la oposición pues piensa que va a cerrar a muchos alumnos, injustamente y por anticipado, las puertas a la educación cualificada.


Teniendo en cuenta la importancia creciente de la Formación Profesional, la LOCE ha querido establecer estrechos lazos entre las distintas modalidades de enseñanza reglada, complementándose y compenetrándose con la LOU y sobretodo con la Ley de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y asimismo facilitar a los jóvenes que así lo deseen la incorporación competente al mercado de trabajo. Y en esto hay que mencionar los nuevos Programas de Iniciación Profesional, más integrado en el Sistema Educativo que sustituye a los denostados Programas de Garantía Social.


Es tanto el contenido de esta reforma que casi todos coinciden en que esta Ley no se aplicará plenamente hasta quizá pasados cinco años y, desde luego, sus primeros efectos no se empezarán a notar hasta el próximo curso. Por el momento, el Ministerio de Educación ha anunciado que a lo largo del primer semestre de 2003 se irán aprobando los decretos que desarrollarán tan trascendental norma.



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Datos y cifras curso escolar 2002-2003 (MEC)



“Efecto OPENING” o la crisis de las enseñanzas no regladas


La verdad es que ya se venía avisando desde principios 2002. La cadena de centros de idiomas Opening estaba pasando por serios dificultades financieras debido a las deudas que arrastraba y que ponían en duda la continuación de su actividad formativa. Y lo que al principio fue sólo un rumor, se confirmó el 31 de julio cuando esta empresa se declaró definitivamente en suspensión de pagos y además con muy escasas posibilidades de salir de tan grave agujero financiero. Y en septiembre no consiguió convencer a nadie para que le rescatara con lo cual ya sólo quedaba la quiebra y liquidación, y de ese modo, los 82.000 alumnos matriculados en sus 75 centros repartidos por toda España se encontraron de la noche a la mañana con la imposibilidad de continuar con unos cursos que en la mayoría de los casos ya habían pagado hacía tiempo. Con todo, la sorpresa más desagradable se la llevaron los muchos que ingenuamente pensaban que no iban a tener ningún problema al haber firmado contratos de pago por cuotas mensuales, al ser informados, sin embargo, de que en realidad habían solicitado un crédito a una entidad bancaria. Así las cosas, no es extraño que Opening haya sido la empresa que más reclamaciones ha acaparado en el año 2002 en el todo el conjunto de asociaciones españolas de consumidores.


Aproximadamente 45.000 alumnos financiaron su curso de idiomas a través de créditos gestionados por el propio centro y concedidos por diferentes entidades financieras de gran peso en nuestro país, entre otros, Pastor Servicios Financieros, Santander Central Hispano, Financia Banco de Crédito o Eurocrédito. Por supuesto, la mayoría sabía que había pedido un crédito pero lo cierto es que también unos pocos habían sido vilmente engañados. Y en esto debemos culpar a la agresiva política comercial que llevaba desarrollando esta empresa en los últimos tiempos, a algunos de sus comerciales sin escrúpulos, a las entidades de crédito que querían beneficiarse de la tarta, tapándo los ojos ante lo que en ocasiones era un flagrante engaño y haciéndose así cómplices de esta práctica tan poco ética, y también al sistema legal y ejecutivo que no emprendió nunca acciones para frenar tantos atropellos para con los consumidores.


Y vinieron otras crisis. De Brighton-Barcelona, con 4.000 alumnos afectados, incluso Wall Street Institute, el otro gigante de los idiomas con 122 centros en toda España, tuvo que reconocer en noviembre de 2002 que pasaba por ciertas dificultades hasta el punto de necesitar que su matriz americana le inyectara 6,5 millones de euros. Entonces quedó claro que los idiomas pasabon en esos momentos por una particular crisis. Y es que la mayoría de entidades financieras habían perdido la confianza en estas empresas y sobretodo en esos dudosos créditos al consumo que, no sin razón, tan mala imagen les ha dado ante la opinión pública. También los potenciales alumnos han mirado con mucho recelo sus ofertas y en Aprendemas.com nos preocupó saber que en septiembre habían bajado las matriculaciones en cursos de idiomas hasta suponer aproximadamente la mitad de las del año anterior en el mismo mes. Breve crisis, no obstante, que más bien tiene su origen en la falta de confianza pues lo que está claro es que los idiomas son un elemento imprescindible para el desarrollo profesional de cualquier persona, y de ahí que su demanda tarde o temprano tenga que recuperarse.


Pero más allá, el asunto de los créditos ha demostrado que, ya no sólo los idiomas, sino las enseñanzas no regladas en general necesitan de unas reglas mínimas que todos los centros deberían cumplir sin objeción, y así también, debería establecerse unos eficaces instrumentos de control y vigilancia. Y en este sentido algunos colectivos representativos del sector han dado pasos importantes desde entonces siendo digno de mención el Código de Buenas Prácticas en la Contratación del servicio de Enseñanza no Reglada promovido por la Consejería de Economía y Nuevas Tecnologías de la Comunidad de Madrid, que fue presentado el pasado 4 de diciembre y al que se han adherido importantes asociaciones, entre ellas, la ANCED que es la asociación que aglutina a gran parte de los centros españoles de enseñanza a distancia. Así pues, el objetivo de este Código es mejorar la calidad de los contratos de enseñanza no reglada, para proteger los legítimos intereses económicos y sociales de los usuarios, y proporcionar a los Centros una acreditación de las buenas prácticas empresariales. Ya antes, por iniciativa propia y dada la polémica levantada a propósito de estos sucesos, algunos centros, como es el caso de Wall Street Institute, optaron por suprimir de raíz esta alternativa de financiación. Además, según ya anunció el Ministerio de Sanidad y Consumo el pasado 30 de octubre se está preparando para el año que viene una legislación concreta para regular esta modalidad de créditos al consumo y las prácticas comerciales de los centros de enseñanza no reglada.



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Parece que al fin Opening abrirá de nuevo sus puertas


Definitivamente en Opening ya no se hablará inglés


Enseñanza de idiomas: una crisis por contagio


Estudiante: ¡Cuidado con los préstamos!


Las enseñanzas no regladas también necesitan sus reglas


Desde diciembre Madrid tiene su código ético para las Enseñanzas No Regladas


 


 

La Formación Continua, la FORCEM y los nuevos retos


Está claro que no todo es enseñanza reglada. Más allá, la formación a lo largo de toda la vida, ya sea en el colegio, en las universidades, en los centros de formación, en las escuelas de postgrado o en las propias empresas, es cada vez más importante en cualquier sociedad moderna. Precisamente el Plan de Acción para el Empleo del Reino de España – 2002 señaló como desafío prioritario en ése y en años sucesivos la creación intensiva de empleo, sobretodo empleo indefinido, así como, la promoción del empleo de calidad. Y en este sentido se mencionó como aspectos a incidir de manera particular la educación y formación, tanto de la población ocupada como de los desempleados. Y es que, pese a los significativos avances reconocidos, de hecho, por la propia Comisión Europea, hay que decir que en materia de formación continua de los trabajadores nuestro país todavía está a gran distancia de la Europa más desarrollada, sólo superando en este aspecto a Grecia y Portugal.


En efecto, destacan de España los últimos informes de la Comisión, especialmente, la mejora del nivel educativo de la población femenina en edad de trabajar, con una presencia mayoritaria entre los estudiantes universitarios y que ha traído aparejado un continuo incremento de las mujeres en las tasas de participación en el empleo, así como, en la calidad de los trabajos que desempeñan. Y en lo que respecta al gasto de las empresas en la formación de sus empleados, vemos que nuestro país ha ido creciendo en la proporción de masa salarial que éstas le dedican, ya alcanzando el año antepasado el 1,8% según la CEOE, lo cual, justifica que ese año un 54% de las empresas medianas y grandes tuvieran un presupuesto específico para formación y que el 88 % de las empresas realizara de alguna manera una actividad formativa (datos obtenidos de una encuesta a 600 empresas). En total, más de 350.000 trabajadores en activo a lo largo de un año, que en términos relativos aún queda muy lejos de las alcanzadas por otros países europeos, tales como, Reino Unido en el que el 22% de su población entre 25 y 65 años participa en actividades educativas y de formación continua, o de Finlandia que registra una proporción del 18%. La media europea en este aspecto se sitúa en el 8,4%, casi el doble que en España, pese a lo cual, sigue siendo muy lejana al porcentaje alcanzado por él que es el líder absoluto, Estados Unidos.


Lo cierto es que la proporción de población activa de 25 a 65 años que participa en acciones de formación empresarial sigue un continuo crecimiento aunque ha evolucionado de forma bastante discreta en los últimos años. Así en nuestro país, pasó del 4% en 1996 al 4,6% en 2001, y si tomamos el conjunto de los países de la Unión Europea nos daremos cuenta que entre 1996 aumentó en un 50% de promedio pero que ya desde 1999 el incremento de esta variable fue casi nulo (2%). Un estancamiento del que sólo se salvan unos pocos países como Holanda, Reino Unido o los Países Escandinavos, y que en su conjunto aleja a Europa cada vez más de las altas cotas de educación terciaria y continua registradas en los Estados Unidos, lo cual, habida cuenta de su directa relación con la productividad de un país, aleja igualmente a las economías europeas, incluida la española, del gigante americano.


Y si hablamos de la modalidad más incipiente y con mayor potencial de crecimiento, es decir, del e-learning, la diferencia es aún mayor. En España, contando los 3.703.569 de empresas existentes (3.666.533 son PYMES), según una encuesta de la Consultora de Formación Nexe en 2002, sólo el 0,36% de ellas había tenido hasta ese momento alguna experiencia de e-learning. Sí es importante señalar, no obstante, que en el caso de los grandes negocios esta proporción sube hasta el 36%. Definitivamente, el e-learning no ha despegado como se esperaba hace dos años. El grupo Doxa en otro estudio a principio de ese año, concluyó que el sistema de enseñanza online aún sólo representa el 2,8% de la formación en las empresas españolas, llegando al 4% en las compañías con más de cuatro mil empleados. Parece ser que existen en nuestro país importantes barreras tecnológicas y desinformación que, especialmente entre los responsables de formación, genera desconfianza, a lo que hay que unir la habitual incertidumbre de las primeras experiencias y la poca tangibilidad de los resultados a corto plazo. Así pues, el e-learning está aún en fase embrionaria y es de esperar que tanto en 2003 como en 2004 el sector crezca a un ritmo de entre 25 y 30% anual. Para ello el factor clave, en opinión de los expertos, estará en el cambio cultural y de mentalización que experimenten en todo este tiempo las empresas españolas y sus empleados, así como, en la trayectoria que siga nuestra economía.


Pero no sólo es el e-learning lo que separa a España y al resto de países europeos, del todopoderoso Estados Unidos. Otros motivos o carencias, quizá más sutiles, tienen también su parte de culpa. Habla la Comisión en diferentes informes publicados en 2002, especialmente de la falta de políticas que estimulen de forma definitiva el aprendizaje permanente, tanto por parte de las empresas como por parte de las personas, de la rigidez e inmovilidad, de la congestión del mercado de trabajo y del déficit de cualificaciones debido a un erróneo planteamiento educativo-formativo a todos los niveles. Para empezar, hay que lamentar el alto nivel de fracaso escolar que, siendo superior al 19%, contribuye en gran medida al desempleo juvenil, profesionales muy bajo nivel educativo que posteriormente, además, gozan de una tasa de participación en programas formativos un 13,5% inferior a perfiles de alto nivel educativo (diplomados y licenciados).


Asimismo, se señala como otro factor negativo, el bajo nivel de participación en los programas formativos de los trabajadores de más edad, sobre lo que hay que apuntar que en España la probabilidad de que las personas con edades comprendidas entre los 55 y los 64 años participen en actividades de educación y de formación es aproximadamente cinco veces inferior a la de las personas de 25 a 34 años de edad, como del mismo modo, es de lamentar la escasa participación de los empleados de las PYMEs y de los trabajadores con contratos flexibles. Y tampoco podemos olvidar el creciente desfase en el acceso a la formación entre las personas que ocupan puestos con un nivel de cualificación elevado y los poco cualificados, cuya tasa de participación en el segundo caso es 6,5 veces inferior a la de los trabajadores con cualificaciones elevadas (y cuatro veces inferior a las personas con un nivel medio).


Y lo que sin duda hace más imperfecto el mercado laboral radica en los desajustes entre la cualificación de los profesionales y lo que las empresas están demandando y demandarán en el futuro más próximo. Así por ejemplo, en un estudio sobre el empleo para 2003 en toda la Comunidad de Madrid se ha estimado en torno a 111.000 los puestos vacantes, de los que el 35% se deberá a reposiciones de la fuerza laboral y un 65% a empleos de nueva creación, caracterizados fundamentalmente por la exigencia de ciertas competencias novedosas, de las que actualmente carece la mayoría de candidatos. Particularmente, perfiles con conocimientos en tecnologías de la información y la comunicación van a ser deficitarios al menos hasta el 2005. En Europa, entre un 10% y 12% de los puestos con estas características no parece que vayan a ser cubiertos teniendo en cuenta que su demanda crecerá alrededor del 38%, y concretamente en España, en el año 2003 se estima que no van a cubrirse un 13,7% de estos puestos.


Estos desajustes, tanto educativos como en formación continua, son, en definitiva, los que también en 2002 nos han mantenido lejos aún de ese ideal de sociedad de la que con tanta pompa habla en gobierno. Si las empresas son incapaces de adaptarse a los continuos cambios en cuanto a determinados conocimientos técnicos, se ven incapacitadas para aplicar, por ello, ciertas tecnologías, que de ese modo incrementen la productividad y que las haga más competitivas, es lógico que el país en su conjunto ralentice su propio desarrollo. Pero es que la educación y la formación a lo largo de toda la vida ya no sólo es un factor esencial en el desarrollo económico y así en el nivel de vida de las personas, es, además, un factor decisivo para evolucionar hacia una mejor sociedad en la que las personas tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente, esa que llaman la sociedad del conocimiento.


Lo que parece claro es que, poco a poco, los países europeos van hacia dicho ideal, hacia sociedades en las que los propios trabajadores son los poseedores del principal medio de producción, es decir, el conocimiento útil que detentan y cómo lo aplican. En definitiva, trabajadores del conocimiento cuya empleabilidad, cuya calidad en el empleo, se fundamenta en la formación a lo largo de toda la vida, y donde la Administración Pública está llamada a jugar un importante papel, al menos, en el Viejo Continente. Y con respecto a nuestro Gobierno Central, hay que decir que hace tiempo que decidió asumir un cierto protagonismo en lo que se refiere a la formación continua de los trabajadores en activo.


El año 2000 supuso la firma del III Pacto de Formación Continua, por el cual, la institución encargada de gestionar los fondos de formación continua de las empresas, FORCEM, pasó a tener un órgano de gestión tripartito, al incorporarse al mismo el INEM. Paralelo a esta mayor implicación en la gestión, se ha realizado un progresivo incremento de financiación pública, pasando de 382 millones de euros en 1997 a 730 millones de euros en 2001. De ese modo, el número de trabajadores que ha recibido formación por esta vía ha pasado de 1,3 millones de personas en 1997 a 1,65 millones estimados en 2001. Y progresivamente se incorporó en mayor medida a los trabajadores de las Pymes en programas de formación, en ese último año, se incorporó también a los autónomos y a los socios de cooperativas (14% de los trabajadores formados). Se ha dado prioridad a la financiación de programas dirigidos a mujeres, trabajadores no cualificados y trabajadores mayores de 45 años, así como, a la formación en nuevas tecnologías. En 2001, según datos del ministerio, participaron en programas de Formación Profesional Continua un total de 2.490.812 trabajadores en activo con un gasto estimado de 888.470 euros.


En 2002 se propuso el gobierno aumentar esta partida hasta los 953.930 millones de euros que asimismo incrementaría el total de alumnos hasta los 2.667.040. En particular ha querido centrar sus esfuerzos el Ministerio de Trabajo en la puesta en marcha de todos los instrumentos previstos en la Ley de Formación Profesional y las Cualificaciones. Pero la gran sorpresa del año no vino hasta diciembre...


Y eso que ya había avisado el Ministerio de Trabajo sobre su intención de hacer algún cambio de fondo en la FORCEM. En el Plan de Acción para el Empleo del Reino de España – 2002 expuso la necesidad de intensificar el control sobre la Formación Continua. Insistió en un incremento en la participación de las autoridades locales y regionales, sobretodo a través de los recursos del Fondo Social Europeo, para todo lo cual, se pedía la colaboración de los agentes sociales.


Los escándalos aireados a propósito de varios casos de irregularidades en la gestión de los fondos de la institución por parte de patronales y sindicatos, habían hecho sonar la voz de alarma y ya habían sido motivo de los cambios de la FORCEM en el III Pacto de Formación Continua. Pero este año pasado varias investigaciones abiertas y sobretodo la sentencia del Tribunal de Cuentas para la devolución por parte de los dos grandes sindicatos y la patronal de 2,1 millones de euros al INEM, todo ello debido a reiteradas irregularidades en la gestión de los fondos para Formación Continua contabilizadas entre los años 1996 y 1998, hacía sospechar que el Gobierno no iba a quedarse con los brazos cruzados. Y así, el 20 de diciembre, y de manera unilateral, el Ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, aprovechando la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales informó a los consejeros de las distintas comunidades autónomas que, a partir de este año que ahora comienza, serán las propias CC AA y las empresas las que gestionarán los fondos de formación del FORCEM, lo cual, ha supuesto cortar de raíz el anterior sistema de formación continua, apartando, de ese modo, a los sindicatos y a la patronal de cualquier gestión en estos fondos.


Especialmente ha sentado mal esta decisión arbitraria a los sindicatos mayoritarios que han tildado al gobierno de traidor por romper el actual acuerdo en vigor, del cual, recuerdan que había sido refrendado por el Tribunal Constitucional. Además, aseguran que esta reforma “sólo beneficiará a las grandes empresas en detrimento de las PYMES, pues sólo las grandes y medianas compañías tienen capacidad para planificar, organizar y gestionar en esta materia". Por su parte, la Generalitat de Cataluña, las patronales y los sindicatos catalanes rechazan el modelo de formación continua y reclaman que sea la Administración catalana la encargada de gestionar los fondos administrados por la Fundación para la Formación Continua (FORCEM), en lugar de las empresas a través de bonificaciones fiscales. Tampoco ha gustado esta reforma a los autónomos que temen que les vaya a hacer mucho más difícil el acceso a la formación continua, al no tener la posibilidad de utilizar el “crédito de formación” con cargo a la cuota que sólo va a ser posible, por el contrario, a las grandes y medianas empresas. Además, no parece que tengan previsto un sistema de formación para los propios autónomos, como antes sí estaba previsto.


Y en un contexto de necesario estímulo de la formación a lo largo de toda la vida no podemos olvidar que en el ámbito privado se está empezando también a valorar muy positivamente este tipo de acciones como factor decisivo en cualquier sistema productivo moderno. Particularmente, algunas grandes empresas han empezado a desarrollar ambiciosos proyectos para incorporar sistemáticamente el conocimiento en toda su estructura. Y en el 2002 se ha intensificado dicha tendencia, año del que hay que destacar éxitos como el de la nueva Universidad Corporativa de Unión FENOSA premiada con el segundo puesto de los premios Corporate University Best in Class (Cubic 2002), en definitiva, ya consolidada como una de las mejores universidades corporativas fuera de Estados Unidos. Y también hay que destacar el Centro Corporativo de Formación puesto en marcha el pasado año por el BBVA y por el cual espera que 800 mandos pasen por sus cursos en 2003. En la formación de directivos contará con el respaldo del IESE, para su escuela de finanzas contará con el apoyo del Instituto de Empresa en la que se espera formar a 875 empleados este mismo año, escuela de negocios que también se encargará de la escuela de tecnología del BBVA, tanto presencial como online, y en la que se formarán 550 empleados.


Sin embargo, todavía hay una gran proporción de empresas poco interesadas en la formación continua, incluso de aquella subvencionada, y en estos casos, sus empleados difícilmente van poder acceder a programas formativos gratuitos o, cuanto menos, con condiciones ventajosas. La Comisión puso de manifiesto en un estudio comparativo sobre la política empresarial europea en 2002 su gran preocupación respecto a las políticas desarrolladas por los gobiernos de la mayoría de países comunitarios, que en nada estimulan el aprendizaje de sus ciudadanos a lo largo de la toda la vida. En particular, los distintos sistemas fiscales europeos siguen basados en tradicionales modelos donde los principales componentes de riqueza o bienestar son las pensiones de jubilación y la vivienda, en perjuicio del capital humano. Se incentiva fiscalmente las pensiones privadas que favorecen la jubilación anticipada y que, en cierto modo, lleva aparejado una depreciación del capital humano, de la posibilidad de mejora a través del aprendizaje permanente.


Y si nuestro gobierno quiere construir una auténtica sociedad del conocimiento, aquella de la que tanto presume, mucho va a tener que cambiar en cuanto al planteamiento de su política fiscal. Pues el capital humano, no olvidemos, el recurso clave de nuestra sociedad, se deprecia si no aprende constantemente. Así pues, es urgente un mejor balance en el tratamiento fiscal de las varias fuentes de ingresos de las personas, que haga más competitivo y alargue el ciclo de vida de las personas en el mercado de trabajo. Todo curso de reciclaje, de actualización, de profundización, de mejora profesional, es una inversión, en primer lugar para el individuo que se hace más productivo y que incrementará sus ingresos, y luego para la sociedad que, cuanto menos, se beneficiará en un futuro de una mayor cotización de dicho contribuyente. Y si todo esto es cierto, si de verdad queremos una sociedad moderna, hay que reivindicar desde este momento, desde este año 2003 que ahora sólo comienza, que de una vez por todas los gastos que realicen las personas en su propia formación útil para el empleo sean siempre deducibles en el IRPF. Y si las empresas pueden deducir sus gastos de formación de sus empleados, por qué no los particulares. ¿Acaso no sería esto una reivindicación justa?



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Y hablemos de los esfuerzos hechos en materia de Formación Ocupacional. No olvidemos que 2002 ha sido un año difícil para nuestro sistema productivo, lo que lógicamente ha repercutido de manera negativa en la creación de empleo. En 2001 se llevaron a cabo 1.482.043 acciones de inserción en las que participaron un total de1.060.926 personas, de ellas 58,7 % fueron mujeres. Fue prioritario Formación Ocupacional, Empleo de interés Social y Orientación Profesional, Formación y acciones personalizadas de mejora de la capacidad de ocupación de los desempleados, acciones todas estas que coparon el 87,3 % del presupuesto.


En concreto, en el llamado Plan FIP 2001 (Formación e Inserción Profesional), tanto el INEM, sus centros colaboradores, como las comunidades autónomas con las competencias transferidas (todas a excepción del País Vasco, Ceuta y Melilla) impartieron en conjunto un total de 25.798 cursos en los que participaron 317.375 trabajadores desempleados. Los programas formativos van dirigidos casi en exclusiva a parados o a personas que ocupan empleos precarios, especialmente a colectivos con dificultades para incorporarse al mercado laboral, tales como, parados de larga duración mayores de 25 años, jóvenes menores de 25 años, mujeres en especialidades en las que están infrarrepresentadas, minusválidos e inmigrantes. Así pues, de todas estas personas beneficiarias del plan, digno de destacar es que 199.284 (62,8%) fueran mujeres, frente a 118.091 hombres; el 28,8% tenían edades comprendidas entre los 20 y 24 años, de hecho, el grupo más concurrido, seguido del de edades comprendidas entre los 25 y 29 años con el 24,6%.


Entre el año 2002 y el 2006 se ha previsto financiar, con fondos de la Administración Central, formación para 346.000 desempleados cada año de promedio. A falta de resultados definitivos del año el objetivo de 2002 ha sido mantener un incremento sostenido del gasto en 2 puntos porcentuales, y así llegar a formar a 506.000 personas, es decir, al 23% de los desempleados, claro está, incluyendo las actuaciones de las CC.AA. con su propio presupuesto. Un dato del que se congratula el gobierno si tenemos en cuenta que entre 1997 y el 2002 el número de desempleados que participan en cursos de formación se ha incrementado en un 273%. Sin embargo, el año pasado no ha estado exento de polémica y el hecho de la salida a la luz de varios casos de gestión irregular de estos fondos, sospechas de fraude en los cursos, en distintas comunidades, especialmente en el caso del IMEFE madrileño que supuso la dimisión de su responsable, María Antonia Suárez, ha llevado a dudar de que se hayan cumplido plenamente dichos objetivos. Todo esto no debe suponer un frenazo en seco en los nuevos presupuestos. A fin de cuentas, la formación es una acción esencial en la integración laboral de los desempleados, y así, el pasado 19 diciembre Eduardo Zaplana, el actual Ministro de trabajo, presentó la previsión de gasto para el 2003. En concreto se destinarán 1.674 millones de euros a políticas activas de empleo, de los que al Plan FIP 2003 se destinarán 646,62 millones.



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