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Wert ofrece escalonar la aplicación de la LOMCE ante las críticas de las Comunidades

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha ofrecido a los responsables autonómicos de Educación escalonar la aplicación de la LOMCE. La oposición critica duramente la nueva normativa.

Publicado en Histórico Noticias
Foto de Wert ofrece escalonar la aplicación de la LOMCE ante las críticas de las Comunidades
Estudiantes-grado-INEEl ministro de Educación, José Ignacio Wert, intervino ayer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado ofreciendo a los responsables autonómicos de Educación en la Cámara Alta un escalonamiento de la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), recoge Europa Press. Asimismo, Wert ha señalado que la financiación de la norma irá ligada al calendario de aplicación de la misma. [Ver cursos de Primaria, Secundaria, FP y Grados]

 

De los 15 consejeros que han participado en la Comisión, los de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias han hecho frente común en su rechazo a la LOMCE, una normativa con cuyo contenido no están de acuerdo y que, en su opinión, invade las competencias regionales. Todo ello les ha llevado a anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional tras la aprobación de la normativa.

 

La consejera del Gobierno vasco, Cristina Uriarte, ha señalado que la iniciativa invade competencias vascas y carece de consenso político y social. “Esta ley no nos sirve para mejorar el sistema de educación de Euskadi”, ha afirmado. Por su parte, la consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha manifestado que “la ley representa una involución y situaría a Catalunya 32 años atrás”. El consejero andaluz, Luciano Alonso, ha subrayado que la LOMCE es “una norma que rompe la igualdad, impide el apoyo a los más desfavorecidos e incluye herramientas desfasadas como las reválidas”, al tiempo que ha señalado que “si no hay rectificación, nos veremos obligados a ir al Constitucional”. Ana González Rodríguez, consejera por Asturias, ha afirmado que “se están invadiendo competencias de nuestras Comunidades con la pretensión ideológica de devolvernos a otros modelos educativos segregadores y de hace mucho tiempo”. Y el consejero canario, José Miguel Pérez, ha acusado al Gobierno de “convertir el derecho a la educación en un negocio”.

 

Grupos de la oposición

 

Los grupos de la posición en el Senado han solicitado la retirada de la LOMCE y la apertura de un proceso de diálogo para consensuar un nuevo texto ya que, según señalan, la ley “favorece a la enseñanza privada frente a la pública y no respeta las lenguas cooficiales”.

 

El portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Vicente Álvarez Areces, ha manifestado que “el Gobierno no puede pretender una mejora de la calidad de la enseñanza mientras recorta más de 5.000 euros” y ha asegurado que el Ejecutivo busca “la privatización de la enseñanza y atacar a la red pública”. Según ha afirmado, “vamos a rechazar este proyecto de ley para abrir un proceso de diálogo con vocación de estabilidad y respetuoso con la realidad lingüística del Estado. Si no es así la ley nace muerta”.

 

Por su parte, el senador de CiU, Ramón Alturo, ha lamentado que se explique la ley cuando el proyecto ya está en proceso de enmiendas. La portavoz de la Entesa Catalana del Progrès, María Jesús Sequera ha reprochado al Ejecutivo “la falta de diálogo, el desprestigio de la FP y la criminalización de los docentes”, mientras que la senadora de Amaiur, Amalur Mendizábal, ha calificado de “insultante” el proyecto de ley y ha trasladado su compromiso de derogarlo cuando cambie la mayoría parlamentaria.

 

Defensa de la normativa

 

En cuanto a la afirmación sobre la “criminalización” del profesorado, la secretaria de Estado, Monserrat Gomendio, señaló que estas palabras “están fuera de lugar, no responden a la realidad y son una falta de responsabilidad”.

 

Gomendio se apoyó en diversos estudios internacionales para la defensa de la reforma. “Los datos son incontestables y otra cosa son las interpretaciones que se hagan de ello. La mayor parte de las reformas educativas se basan en evidencias y no en percepciones subjetivas sin ningún dato que las sustenten”, manifestó.

 

La secretaria de Estado también señaló que “la comunidad educativa somos todos” y “ningún sindicato o partido político puede erigirse como portavoz”. Además, Gomendio ha señalado que el Ejecutivo entiende que es el Estado quien tiene que velar por el derecho de las familias a elegir la lengua con la que quieren que sus hijos sean educados.

 

Por último, la secretaria de Estado también ha defendido que “el Ministerio de Educación ha estado abierto al diálogo durante la elaboración del proyecto”, al tiempo que ha lamentado que la oposición “no haya hecho propuestas constructivas”.

 

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