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Voces disconformes con los decretos de Grado y Postgrado

El ingreso de España en el Espacio Europeo de Educación Superior no va a resultar tan fácil como se preveía antes de la aprobación por parte del Consejo de Ministros el pasado 21 de enero de los Decretos de Grado y Postgrado. Colectivos como los Cole

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Foto de Voces disconformes con los decretos de Grado y Postgrado

La permanente luna de miel existente entre el actual Gobierno y los rectores de las universidades españolas parece seguir su curso con cada una de las medidas que desde la Administración central se toman en materia universitaria. Tanto es así que el rector de la Universidad de Vigo y presidente del Grupo para el Espacio Europeo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Domingo Docampo, no ha reparado en elogios a la hora de valorar la reciente aprobación en Consejo de Ministros de los Reales Decretos que regularán próximamente los estudios de Grado y de Postgrado, a pesar de no conocer el documento aprobado por el Ejecutivo en su totalidad.


 


El representante de la CRUE en temas de convergencia europea para la adaptación al futuro Espacio Europeo de Educación Superior está convencido de que la reforma va a ser bien acogida por la totalidad de los miembros de la comunidad universitaria, ya que los proyectos fueron aprobados de forma unánime por la comisión académica y la de coordinación del Consejo de Coordinación Universitaria el pasado mes de octubre en Jerez de la Frontera (Cádiz). Docampo ha destacado también recientemente el esfuerzo compartido entre el Ministerio de Educación y Ciencia, las comunidades autónomas y las propias universidades para financiar los trabajos, y las medidas necesarias para lograr la adaptación de nuestro país al Espacio Europeo de Educación Superior, cuyas líneas maestras están recogidas en la Declaración de Bolonia. En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado recogen una partida de 6,6 millones de euros que, junto a las cantidades aportadas por las consejerías de educación de las comunidades autónomas, van a permitir cumplir con los plazos marcados para la convergencia europea en formación universitaria.


 


Los ingenieros técnicos disconformes


 


No obstante la satisfacción de los rectores no es compartida por algunos de los colectivos que integran la comunidad universitaria afectados por las reformas, ni por otros organismos que ya han comenzado a elevar sus protestas al Ministerio de Educación. Es el caso de los ingenieros técnicos industriales que temen por sus actuales atribuciones profesionales tras la aprobación por el Gobierno de los citados Reales Decretos, ya que, según han denunciado, el perfil del futuro titulado en Ingeniería Técnica Industrial se ha abordado con ambigüedad en el desarrollo de la reforma.


 


Este colectivo incluso ha amenazado con acudir al Tribunal Constitucional para impugnar los decretos, que tal y como están planteados mantienen los tres cursos de esta carrera pero sin todas las atribuciones profesionales actuales, como la capacidad de firmar proyectos por parte de los peritos e ingenieros industriales. Además, la adaptación a Europa tal y como está planteada significará para esta carrera que los ingenieros técnicos tendrán que cursar un máster para conservar la capacitación profesional actual.


 


Así, frente a los planes del Ministerio de Educación, los colegios de ingenieros técnicos industriales proponen que para obtener el título de ingeniero se cursen unos estudios de grado de cuatro años de duración, con los que se obtendrían competencias plenas para ejercer la profesión. Los estudios de postgrado comprenderían un máster en Ingeniería donde se recogerían las especialidades y el Doctorado orientado a la investigación y la docencia.


 


La Generalitat pide más recursos


 


Pero al Gobierno le ha salido otra china en el zapato respecto a la modificación de los estudios de Grado y de Postgrado de cara a la convergencia europea en materia universitaria: Cataluña. Como no podía ser menos, la manzana de la discordia en este caso tiene que ver con los costes y financiación de la reforma, que la Generalitat ha cifrado en unos 50 millones de euros anuales tan sólo por el hecho de alargar de tres a cuatro años algunos de los estudios superiores modificados. También desde el Gobierno catalán se ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional si no se modifican los decretos que obligan a alargar algunas carreras sin dotación presupuestaria.


 


En esta misma línea, la Generalitat ha mostrado también su malestar porque el Gobierno central aún no ha aplicado la sentencia del Tribunal Constitucional para traspasar las becas universitarias a Cataluña, ya que el Gobierno que preside Pascual Maragall considera “muy bajo” el importe y el porcentaje de becas universitarias que se otorgan a Cataluña.


 


Rechazo del sindicato de estudiantes


 


Por último, los Reales Decretos se han encontrado con el rechazo frontal de uno de los colectivos más importantes de la comunidad universitaria, representado por el Sindicato de Estudiantes. Según los representantes del alumnado universitario, además de criticar abiertamente al Gobierno por no haber contado con ellos a la hora de aprobar los decretos, con éstos se sigue fomentando la “elitización” de la enseñanza universitaria que ya se recogía en la LOU impulsada por el anterior Gobierno del Partido Popular.


 


Para fundamentar esta postura, el Sindicato de Estudiantes argumenta que la división de las titulaciones en Grado y Postgrado puede desprestigiar la formación de los que opten por la primera opción, lo que supondrá una clara discriminación porque al Postgrado sólo podrán acceder una minoría de estudiantes. Además, este colectivo ha denunciado en un reciente comunicado que las desigualdades también saldrán a la luz en el título oficial de Máster de Postgrado, ya que “cada universidad podrá seleccionar a los estudiantes que lo soliciten en base a los criterios que quiera”, según han declarado a través de un comunicado. En este sentido el sindicato estudiantil considera que la ley de la oferta y la demanda será finalmente la que marque la oferta de los cursos de postgrado de las universidades, privilegiando las ramas que sean más rentables para las empresas. El sindicato considera que las medidas aprobadas impedirán que muchos alumnos puedan continuar con sus estudios universitarios, fomentando al mismo tiempo un menor gasto público y favoreciendo a las universidades privadas y a las empresas.


 


Cabe recordar que los acuerdos alcanzados en la Declaración de Bolonia suponen, entre otras cuestiones, la unificación de un sistema de títulos que favorece la movilidad de los estudiantes entre las universidades europeas y de titulados en el mercado de trabajo. Cuando España ingrese en el Espacio Europeo de Educación Superior, lo que se estima que ocurra en el año 2007, el sistema se estructurará en enseñanzas de Grado, de tres a cuatro años, y de Postgrado (Máster y Doctorado) de al menos dos años. Mediante un sistema unitario de créditos se facilitará el reconocimiento de títulos cursados en diferentes centros de cualquier país de la Unión Europea.


 


Enlaces de interés:


 


Ministerio de Educación y Ciencia


 


Consejo de Coordinación Universitaria


 


Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)


 


Declaración de Bolonia


 


Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales


 


Sindicato de Estudiantes


 


Generalitat de Catalunya


 


 


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