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Varios estudios ponen en duda la veracidad de los datos en los que se basa la Ley de Dependencia

La puesta en marcha de la Ley de Dependencia beneficiará a más de 1.125.000 personas dependientes en nuestro país, según los datos oficiales. Pero esta cifra es objeto de controversia, un estudio elaborado por el Instituto del Capital Social de la Un

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La aprobación a finales del año pasado de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, despertó lógicas expectativas tanto por la importancia del tema como por el hecho de haber sido presentada formalmente como “el cuarto pilar del estado del bienestar”.



Aparte de la prestación de servicios a través de centros y programas públicos o concertados en el que los beneficiarios tendrán derechos a una serie de asistencias (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche, atención residencial…) según su grado y nivel de dependencia, las personas dependientes que no puedan acceder al servicio público o concertado recibirán una prestación económica para que puedan recibirlo en el sector privado.


 El Instituto del Capital Social (INCAS), de la Universidad Abat Oliba CEU, ha analizado  la adecuación entre lo que propone la Ley y los medios que establece. El estudio “Análisis de la Suficiencia Económica de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, dirigido por Josep Miró i Ardevol, muestra que existe cierta confusión tanto en las definiciones como en su traducción numérica, respecto a la cantidad de personas afectadas y a los recursos financieros necesarios.



La Ley, por ejemplo, no fija el denominado nivel mínimo de asistencia, y la aportación económica que establece para las comunidades autónomas acabará siendo para ellas una carga ya que la Ley obliga en los convenios con las CCAA a que éstas aporten lo mismo que la Administración General del Estado. Tampoco hace una previsión del número de plazas necesarias en centros de día y residencias; y la participación de los usuarios en el copago de los servicios en razón de su capacidad económica puede determinar situaciones que lleguen a hacer inviable la prestación.



Las cifras oficiales apuntan a que actualmente hay más de 1.125.000 personas dependientes en nuestro país, y según las previsiones podrían aumentar en los próximos años hasta alcanzar 1,5 millones aproximadamente en 2020. El Ministerio de Trabajo anunció que este Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia creará 300.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos ocho años.



El estudio del INCAS asegura que la Memoria de la Ley muestra que ésta se ha hecho sin saber el número exacto de personas dependientes y su gravedad. Si en un apartado de la Memoria sobre las previsiones económicas se establece que en el 2005 existían 565.111 personas dependientes en su grado más grave, los calificados de dependencia severa y gran dependencia, en unas páginas más allá establece que en 1999 eran ya 311.260 los hombres y 530.606 las mujeres afectadas por aquellos dos grados máximos. En total suman 841.866 personas, es decir, 276.775 más.



La primera cifra es la que constituye la previsión oficial. Pero no es posible que en 2005 haya menos dependientes severos y totales que en 1999, teniendo en cuenta el lógico proceso de envejecimiento de la población. Cualquier previsión económica, y sobre el número de plazas en residencias y centros de día, “salta así por los aires”, asegura Miró.



Pero la diferencia con la cifra real de personas afectadas puede ser todavía mayor. Un reciente estudio de la Fundación del BBVA, establece que el número total es de 2 millones, y eleva la dependencia severa y la gran dependencia hasta 1,4 millones, casi tres veces más que la previsión económica de la Ley, con el añadido de que ésta dice calcularlos para la población mayor de 6 años, mientras que el estudio de la Fundación se refiere a los mayores de 64 años.



Desde el punto de vista económico, la Ley se financia con los 1.778 millones del coste actual, más 4.424 millones adicionales que aportarán el Gobierno central y las autonomías al 50%, y 3.153 millones de euros que pagarán los personas afectadas. Según el estudio, el dinero que deberán aportar los afectados equivale al 34% del total y al 41.5% de las nuevas aportaciones. Y, a pesar de todo, los autores del estudio afirman que faltará dinero, como mínimo cerca de 1.000 millones según resulte la realidad del número y gravedad de los afectados.


 


Más información:



Instituto del Capital Social (INCAS)



Universidad Abat Oliba CEU



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