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Un juzgado de Andalucía da la razón a los afectados de Opening

Lo que sobretodo ha demostrado el largo proceso abierto tras la quiebra de este centro de idiomas es que los consumidores españoles ya no están dispuestos a abdicar de sus derechos por muy grande que sea la presión de grupos empresariales o financier

Publicado en Histórico Noticias
Foto de Un juzgado de Andalucía da la razón a los afectados de Opening

Prisa se está dando el poder judicial en solucionar los graves problemas derivados de la quiebra de la cadena de centros de idiomas Opening. Y lo cierto es que ya se habían dictado sentencias cautelares sobre este asunto en diversos juzgados de varias ciudades españolas, pero sólo ha sido el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla el primero en dar sentencia definitiva por la que se obliga a Opening, así como, a los bancos Santander Central Hispano, BBVA Finanzia, Pastor Servicios Financieros y Eurocrédito, a devolver las cantidades abonadas por los alumnos afectados desde el cierre de sus centros y así también en dar por finalizados los contratos con esta empresa.


Vamos a decirlo, aquí hay algunos listillos que se han quedado con mucho dinero o, al menos, que han actuado con negligencia económica, y hay otros que para colmo han colaborado, consciente o inconscientemente, en todo este turbio negocio. Muerto el rey, principal culpable de este desaguisado -de cuyos responsables digamos además que ni siquiera acudieron a la vista-, los malos de la película han pasado a ser los bancos, aquellos que colaboraron con Opening en la concesión de créditos para financiar los cursos de idiomas y ahora objetivo prioritario de los encolerizados usuarios afectados y las asociaciones que los defienden. Y estas entidades financieras sí van a dar la cara y defender sus intereses agotando todos los recursos a su alcance. No olvidemos que mucho dinero está en juego en todo este asunto.


Y de momento no se van a salir con la suya pues Carmen Pérez Guijo, la titular de este juzgado andaluz, según fuentes de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, ha decretado, en primer lugar, la prohibición de inscribir en el registro de morosos a todas aquellas personas que dejaron de pagar las mensualidades con motivo del cierre de los centros de Opening. Y lo que es más importante, por esta sentencia todos los alumnos afectados por el cierre de las academias tendrán que recibir de las entidades bancarias implicadas las cantidades que hayan abonado desde la suspensión de pagos, incluidos los intereses legales, acaecida aquel infame día 31 de julio de 2002. No establece, sin embargo, la devolución de la parte correspondiente del curso de los meses anteriores a la quiebra, cosa que los demandantes, UCE Andalucía, FACUA y Al-Andalus, y la propia Junta de Andalucía, también reclamaban. Sea como sea, en total hablamos de una cantidad que, según las asociaciones de consumidores, podría ascender a 67,5 millones de euros, quizá más, si tenemos en cuenta que los cursos tenían un precio medio de entre 1.500 y 3.000 euros y que el número de alumnos afectados en toda España, entre centros propios y franquiciados, se eleva a 45.000 (ya que sólo una parte muy pequeña de los alumnos abonaba sus cursos al contado).


Tal y como ha informado FACUA en su página web, la sentencia tiene repercusión nacional y afectará a todos los alumnos que se quedaron en la calle tras el cierre de las academias, si exceptuamos aquellos que se encuentren inmersos en otros procesos judiciales individuales o colectivos contra las academias, aquellos que hayan contratado los cursos en calidad de empresarios o profesionales o quienes suscribiesen créditos para la financiación de los cursos con entidades distintas a Santander Central Hispano, BBVA Finanzia, Pastor Servicios Financieros o Eurocrédito. Además, la sentencia condena a las entidades bancarias a «abstenerse en el futuro a realizar conductas encuadrables a la enjuiciada o asimilables a la misma».


Pero los alumnos no han sido los únicos dañados en todo este culebrón. Recientemente, un grupo de 26 franquiciados de Opening ubicados en Madrid, a través de los servicios jurídicos de la Asociación Española para la Defensa del Franquiciado, han presentado una querella por estafa y apropiación indebida contra la matriz. Se quejan de que después de haber realizado importantes inversiones, han visto cómo se diluía su negocio debido a todo el escándalo levantado con la quiebra. Además de las importantes pérdidas, muchos de los franquiciados han sido demandados por parte de los alumnos cuando, según ellos, no han tenido responsabilidad alguna en los hechos, ya que éstos se han producido por la política impuesta por el franquiciador.


La inversión media para abrir un centro de Opening oscilaba entre los 240.000 y los 480.000 euros. En el momento de mayor expansión de la cadena llegó a haber más de cien establecimientos asociados, aunque una gran parte de ellos fueron luego recomprados por la matriz cuando los franquiciados no pudieron hacer frente a los tan elevados gastos. Según Juan Ramón Montero, asesor jurídico de la Aedeff, “esto permitía al franquiciador ampliar su cartera de centros propios -al principio casi inexistente- a un precio reducido, al tiempo que lograba credibilidad por contar con establecimientos gestionados en propiedad”.


Wall Street y sus problemas


Pero esta no es la única cadena de academias que ha levantado las iras de los usuarios en las últimas semanas. El otro gran coloso de los idiomas y aún presente en toda España, se ha visto obligada en el último año a cerrar 27 centros. Con estos cierres y con alguna fuerte inyección financiera recibida de parte de su matriz americana, parece que ha alejado definitivamente la amenaza de cierre definitivo, no obstante, no ha podido evitar la demanda de asociaciones y usuarios afectados por los cierres.


Cinco han sido los centro cerrados en Andalucía y ya la gran organización de consumidores andaluces FACUA está llevando a cabo acciones para que la empresa devuelva el dinero a los miles de afectados si no tiene capacidad para garantizar la continuidad de las clases, así como, para la paralización de los créditos bancarios suscritos para la financiación de buena parte de los cursos. Por su parte, otros 400 afectados por el cierre de su único centro en Orense también han decidido emprender acciones contra esta cadena y así poder recuperar el dinero invertido o dejar de pagar los créditos que se han solicitado, para lo que han decidido contratar los servicios de un abogado. Algunos ya están diciendo que todos dejen de pagar los recibos del banco que puntualmente les llega, sin embargo, el jefe de servicio del Instituto Gallego de Consumo (ICG), Antonio Aguarón, está recomendando que no dejen de momento de pagar sin más estos recibos del banco pues el siguiente paso sería la inclusión en el registro de morosos. Esto tendría consecuencias muy negativas sobre los usuarios en su relación con los bancos en otros asuntos, los cuales, no se resolverían hasta que hubiera una sentencia definitiva en los juzgados.


Y también hemos conocido recientemente otra sentencia en contra de esta cadena de idiomas. En este caso tiene que ver con sus campañas publicitarias que según ha dictado la Audiencia Provincial de Madrid se hizo de manera engañosa. Wall Street “regalaba” en su publicidad un curso intensivo de inglés a aquellas personas que se matricularan en más de dos niveles, aunque en la práctica sólo podían acceder a dicha oferta aquellos alumnos que se matricularan en tres niveles o más. Según la Audiencia, este aspecto podía pasar inadvertido para el destinatario debido al pequeño tamaño de la letra, por lo cual, ha condenado a Wall Street a abstenerse en el futuro de realizar este tipo de publicidad y a difundir, a su costa, el fallo del tribunal en un diario estatal de gran tirada.


Lo que está claro es que los usuarios españoles han tomado conciencia de sus derechos y están dispuestas a demostrar que ninguna gran empresa, ni entidad financiera, ni cadena de centros de enseñanza, va salir indemne de cualquier acción poco ortodoxa en contra de los intereses de sus clientes.



Redacción Aprendemas.com - FGW



Enlaces de interés:


Web de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía - FACUA


Página Web de Wall Street Institute – España


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