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Trujillo exige formación cualificada a los intermediarios inmobiliarios

A la espera de la aprobación del estatuto que regule la profesión, previsiblemente antes del verano, el Ministerio de Vivienda ha anunciado que exigirá a los intermediarios inmobiliarios para poder ejercer como tales una formación específica, así com

Publicado en Histórico Noticias
Foto de Trujillo exige formación cualificada a los intermediarios inmobiliarios

“Las actividades de intermediación inmobiliaria podrán ser ejercidas libremente sin necesidad de estar en posesión de título alguno ni de pertenencia a ningún Colegio Oficial”. Siete años han pasado desde que este aserto contenido en el Real Decreto-ley 4/2000 de 23 de junio de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes diera campo libre al desarrollo de la profesión.



Ni título ni pertenencia a algún Colegio Oficial. El Gobierno del PP liberalizó entonces la intermediación inmobiliaria con el objetivo de introducir mayor competencia en el mercado y reducir el precio de la vivienda. Por este motivo, a día de hoy, cualquier persona puede ejercer de gestor inmobiliario.



Especialistas del sector aclaran que no se debe confundir gestor inmobiliario con Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API) que es, según APIRed, el profesional con la formación y habilitación legal necesaria para la intermediación y asesoramiento técnico en transacciones inmobiliarias, cuya actividad está regulada por el Estado. Además, y sobre todo, es el único que posee un título oficial expedido por el Ministerio de Vivienda. Se podría definir como el ‘mediador cualificado’.



A raíz del año 2000 cuando se liberalizó el ejercicio de la profesión, el mercado inmobiliario constataba una inversión cada vez más fuerte en la compra de viviendas por lo que era preciso contar con más rigor y profesionalización en la prestación de servicios. A pesar de que era mucho mayor el número de profesionales a quien acudir, también se hacía notable la falta de garantías para el consumidor. De ahí que el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria establezca la pertenencia de un seguro de responsabilidad civil como uno de los rasgos diferenciadores entre APIs y otro tipo de intermediarios a quienes no se les exige tal documento.



En Cataluña, el Proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda que espera su tramitación parlamentaria desde el pasado mes de diciembre, define la figura del agente inmobiliario como “la persona física o jurídica que se dedica de forma habitual y retribuida, dentro del territorio de Cataluña, a la prestación de servicios de mediación, asesoramiento y gestión en transacciones inmobiliarias, referidas a las operaciones de compraventa, alquiler, permuta o cesión de bienes inmuebles, así como los derechos relativos a los mismos, incluidos su constitución”. 



Y dedica, asimismo, un apartado a ciertos requisitos que se exigen para el desempeño de la profesión como disponer de un establecimiento abierto al público, estar en posesión de la capacitación profesional, constituir y mantener permanentemente en vigor una garantía que responda a las cantidades que el agente recibe, así como una póliza de responsabilidad civil.



El texto describe además las obligaciones de los agentes y destaca que el Gobierno de la Generalitat, “con la finalidad de introducir criterios de transparencia en el sector y de protección al consumidor, creará un registro obligatorio de agentes inmobiliarios”.



Aunque actualmente se puede ejercer de intermediador en el mercado inmobiliario sin título, hay programas como el que imparte la Universidad de La Rioja desde el año 2002, para adquirir una formación especializada de 52 créditos y obtener así el título “Master Universitario en Gestión y Asesoramiento sobre la Propiedad Inmobiliaria”. Un título que ofrece la oportunidad de pertenecer a Corporaciones de Derecho Público en las que se encuentran adscritos los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. La próxima convocatoria tendrá su inicio el próximo mes de octubre.



A la espera del Estatuto



Ante el déficit de intermediarios inmobiliarios cualificados, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, expuso a comienzos del mes de junio al Consejo Rector de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que se está trabajando en la futura normativa para regular el ejercicio de la intermediación, haciendo especial hincapié en la formación de los actores del sector.



Los APIs proponen, por lo pronto, la creación de un registro público en el que se tengan que inscribir todos los intermediarios, que se prohíba el ejercicio de la profesión a quienes tengan antecedentes penales y la obligatoriedad de disponer de una oficina abierta al público. Asimismo, consideran necesario que los agentes de la propiedad suscriban un seguro de responsabilidad civil de hasta 600.000 euros con el que ya cuentan todos los APIs.



Por el momento, el texto del futuro estatuto que regula a este colectivo se encuentra sometido al estudio del Consejo de Estado y a la espera del dictamen. Santiago Baena, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, ha declarado que confían en que para antes del verano se hayan dado “pasos de gigante” en la nueva normativa que regule el sector.


  


Más información:



Ministerio de Vivienda



Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria



Proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña



“Master Universitario en Gestión y Asesoramiento sobre la Propiedad Inmobiliaria”



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