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Tres años y 12 meses arreglando la universidad: balance 2003

Acaba un año intenso pero, más allá, acaba una legislatura que si de algo se ha caracterizado ha sido, fundamentalmente, por las trascendentales reformas, -leyes orgánicas, reales decretos y resoluciones-, que se han llevado a cabo en el ámbito educa

Publicado en Histórico Noticias
Foto de Tres años y 12 meses arreglando la universidad: balance 2003

Se ha cumplido el segundo año de la polémica Ley de Ordenación Universitaria (LOU) y poco a poco hemos empezado a conocer los resultados de algunas de sus más trascendentales medidas.


 


Hemos presenciado por primera vez la realización de reñidos procesos electorales para elegir rector en la mayoría de universidades públicas. Dos, tres, incluso cuatro candidatos pujando por los miles de electores en cada una de esas comunidades universitarias. Discursos, promesas, debates entre aspirantes, presentando cada uno sus proyectos y propuestas. Algo que, en definitiva, ha conferido un carácter mucho más justo y democrático a la universidad pública española.


 


En concreto, el nuevo sistema de elección de rectores se basa en un sufragio universal ponderado en el que el voto de profesores titulares y catedráticos vale el 51%, el de los docentes no funcionarios e investigadores el 9%, el de los alumnos el 30% y el del personal de administración y servicios el 10%. Y este año se han llevado a cabo el de algunas instituciones de gran peso como el de la Universidad de Salamanca en febrero de 2003, del que salió victorioso el Catedrático en Bioquímica Enrique Battaner, o el de la Universidad Carlos III en marzo de 2003 tras el que fue reelegido Gregorio Peces-Barba, asimismo, el de la Universidad Complutense de Madrid el pasado abril que ha supuesto cambio de rector al salir en segunda vuelta Carlos Berzosa, decano de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, también el de la Universidad de Castilla-La Mancha en noviembre con el catedrático de química Ernesto Martínez Atar como vencedor y el de la Universidad de Granada en Diciembre con el Profesor David Aguilar como claro vencedor.


 


El caso es que ya son pocas las universidades que no han realizado procesos electorales bajo la nueva LOU, -pendiente queda la Universidad Politécnica de Madrid que ha convocado elecciones para marzo de 2004-, nuevo sistema que la comunidad universitaria ha acogido con recelo pero al que se ha terminado acostumbrando. Más difíciles de asimilar han sido, por el contrario, dos aspectos de la LOU que siguen sembrando la discordia.


 


Por un lado, tenemos el actual modelo de selección de profesores que también este año ha seguido implantando el Ministerio de Educación para todas las universidades públicas y privadas a través de la nueva Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Con la antigua Ley de Reforma Universitaria era cada universidad la que decidía quien ingresaba o ascendía dentro de su plantilla de docentes. Lo que con la LOU se ha dispuesto es que a partir de ahora todos los docentes que quieran acceder a determinadas modalidades de contrato en sus correspondientes universidades deberán obtener una evaluación positiva de su carrera académica previa por parte de un equipo de expertos elegidos por la ANECA. Hasta día de hoy tres cuartas partes de los evaluados han pasado satisfactoriamente estas pruebas.


 


En cualquier caso, la decisión ha creado malestar pues entienden los detractores de esta reforma que no es posible la existencia de un sistema público de evaluación que sea justo, y que, asimismo, haya un comité de expertos técnica y moralmente capacitado para decidir sobre la competencia de un determinado docente en una materia que no todos sus miembros conocen en profundidad.


 


Los requisitos son, según la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), demasiado exigentes y ambiciosos para que se lleguen a cumplir en el futuro más cercano, reforma para la que, también en opinión de esta institución, el Gobierno no ha puesto aún los recursos financieros suficientes. Por lo menos durante varios años no va a ser posible que gran parte de las universidades cumplan con la exigencia del gobierno en cuanto a número de docentes con doctorado, por ejemplo.


 


Pero hay que reconocer en honor a la verdad que si los títulos expedidos por las setenta universidades españolas, públicas y privadas, tienen el mismo valor oficial es lógico que los docentes responsables de impartir las distintas enseñanzas en este nivel deban responder a una preparación académica homologable desde un sistema público de evaluación y acreditación de su calidad. Si no fuera la ANECA, sería, de cualquier manera, inevitable la creación de una institución similar para asumir esta función tan necesaria en la enseñanza superior. El CRUE pide, no obstante, una mayor participación del Consejo de Coordinación Universitaria en la nueva agencia. Piden, además, un mayor número de plazas convocadas en determinadas especialidades, así como, la agrupación de las plazas vacantes en una sola convocatoria.


 


Tenemos, por otro lado, el no menos controvertido proyecto de Real Decreto que ha empezado a tramitar este final de año el Ministerio de Educación para cambiar el sistema de acceso a la universidad. Da carácter legal al distrito abierto, que, por cierto, se venía implantando en años anteriores según ya habían acordado en 2000 todas las universidades públicas españolas. Además, el Decreto permitirá que las personas mayores de 45 años accedan a los estudios universitarios sin necesidad de pasar por los correspondientes procedimientos de admisión, valorándose en estos casos los estudios académicos que posean y, sobretodo, su experiencia profesional. Las universidades que decidan establecer procesos de admisión deberán hacerlo dos veces por año, con carácter ordinario y extraordinario.


 


Así y todo, la novedad más llamativa de este proyecto de decreto es que se permitirá a las universidades públicas establecer a partir del curso 2005-2006 sus propios procedimientos de admisión, independientemente de las que sean obligatorias por ley. Entre éstas, podría incluirse entrevistas personales, pruebas de evaluación de conocimientos específicos, pasando por un sistema de puntos según las notas obtenidas en el bachillerato o la toma en consideración de los curricula.


 


Como era de esperar, esta inminente reforma ha despertado airadas críticas desde diversos colectivos. Los propios miembros del Consejo de Coordinación Universitaria ya han criticado la posibilidad que abre la nueva norma para que las universidades dejen plazas vacantes si consideran que los alumnos no reúnen los requisitos necesarios para su ocupación, algo que a los rectores les parece inadmisible. PSOE e Izquierda Unida han acusado al PP de querer sustituir la antigua selectividad por una “carrera de obstáculos”. La Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST), por su parte, denuncia que con la nueva norma desaparecerá la igualdad de acceso a la universidad existente en la actualidad para todos los españoles, favoreciendo a las clases más pudientes, cuyos hijos tienen más acceso al aprendizaje de enseñanzas no oficiales y nuevas tecnologías, entre otras ventajas.


 


Definitivamente, ha sido un año en el que ha querido Pilar del Castillo dar forma a las ambiciosas reformas marcadas por su ministerio al principio de esta legislatura, caso particular de la enseñanza superior. Y ahí también estaba como gran referente para el sistema universitario español la Declaración de Bolonia, firmada el 19 de junio de 1999 por los ministros de educación de 29 países europeos, entre ellos todos los de la Unión europea. El objetivo era la realización del llamado Espacio Europeo de Educación Superior, partiendo de la consecución de algunos propósitos fundamentales, tales son: la adopción de un sistema de titulación basada en dos ciclos, diplomatura o pregrado y licenciatura o grado; la creación de un sistema de créditos que facilite la equiparación de titulaciones entre los distintos países; promoción de la movilidad; cooperación europea en el aseguramiento de la calidad y por último, promoción de la cooperación entre instituciones en lo referente al desarrollo curricular, movilidad y programas de estudio, entre otros.


 


Se han promulgado, por tanto, este año varios importantes reales decretos que desarrollan la LOU, al tiempo que adaptan el sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior. Directamente relacionados, el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de Educación Superior desde mayo de 2003, se espera que estimule la movilidad, al incrementar las posibilidades de desplazamiento tanto para los titulados españoles con la finalidad de realizar estudios total o parcialmente en otros países y con sistemas extranjeros de educación superior, como asimismo para los extranjeros que puedan realizar en nuestro país total o parcialmente estudios superiores con mismo reconocimiento en su país de origen.


 


Complementando éste, ha venido el Real Decreto que regula la expedición del Suplemento Europeo al Título, de fecha 1 de agosto de 2003, que dará origen a un documento con información unificada, personalizada para cada titulado universitario, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de educación superior. Y el 5 de septiembre del presente año fue también aprobado el Real Decreto que implanta en nuestro país el nuevo Sistema Europeo de Créditos y el Sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias. En él se establece el crédito europeo como unidad de medida académica en las enseñanzas universitarias oficiales en todo el territorio nacional. El caso es que este nuevo sistema podrá comenzar a aplicarse ya a partir del presente curso académico, suponiendo, más allá, un adelanto a la fecha prevista en el calendario de Bolonia.


 


Atención particular merece por su trascendencia otros dos reales decretos con los que se va a dibujar una nueva estructura de las Enseñanzas Universitarias en España, más cercana a la existente en los países europeos más desarrollados. Y desde luego no ha sido ajeno a la polémica el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado (licenciado, arquitecto e ingeniero), al pretender variar la duración de los estudios, que se reducen a cuatro años en la mayoría de los casos y en algunos incluso a tres. Sería el nuevo primer ciclo de las enseñanzas universitarias, o nivel de grado, de entre 180 y 240 créditos y cuya superación dará derecho a la obtención del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, según el caso.


 


Merced a esta disposición, y dado que en la declaración de Bolonia se fija una duración mínima de tres años para los estudios de pregrado, podría darse la paradoja de que, empleando exactamente el mismo tiempo de estudio, unos alumnos obtuvieran un grado y otros simplemente el mencionado pregrado, tal sería el caso los ingenieros y arquitectos técnicos. De ahí que estos hayan manifestado su total oposición a la reforma, al menos en los términos anteriormente señalados.


 


El nivel de Postgrado estará integrado por el segundo ciclo de enseñanzas, así como por el tercer ciclo. Tendríamos el segundo ciclo de enseñanzas universitarias dedicado a la profundización y especialización de las enseñanzas básicas y de formación general del primer ciclo, o bien a la preparación para la investigación en un determinado campo humanístico, científico, artístico o tecnológico. El tercer ciclo comprenderá la realización y defensa de una tesis doctoral, superado el cual dará derecho a la obtención del título de Doctor. Para la regulación de este nivel, para la obtención y regulación de los títulos oficiales de master y doctor, al tiempo, el Ministerio de Educación ha promovido otro proyecto de real decreto específico.


 


Pero, más allá, 2003 ha sido el año del adiós a la actual legislatura, en tanto en cuanto las elecciones generales ya están muy próximas. Una legislatura que será recordada por el gran número de leyes orgánicas y de los correspondientes reales decretos y resoluciones de desarrollo. Y tuvimos a modo de despedida y balance la rueda de prensa que ofreció el pasado 4 de diciembre Pilar del Castillo junto a los altos cargos de su departamento en la que se mostró muy satisfecha del “trabajo titánico” desarrollado en estos cuatro años, jalonados por cuatro leyes de máxima trascendencia para el Sistema Educativo Español.


 


El proceso de reformas comenzó con la aprobación, en diciembre de 2000, de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas (conocidos como Decretos de Humanidades). Un año después, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica de Universidades y, durante el año 2002, se procedió a la aprobación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación y de la Ley Orgánica de Formación Profesional.


 


La ministra Del Castillo dijo que el MECD ha querido en todo momento alcanzar "el máximo acuerdo" con los diferentes agentes educativos y fuerzas políticas, pero que algunos de ellos "se autoexcluyeron" al acudir con una actitud "radicalmente negativa" desde el principio. Entiende ella que la “inmensa mayoría" de profesionales ha estado de acuerdo con los elementos sustantivos de las propuestas del Ministerio.


 


En relación a la enseñanza superior los altos cargos del MECD que acompañaron a la ministra en el balance de la legislatura subrayaron iniciativas como los 28.000 millones de pesetas invertidos en tres años en el sistema universitario y la creación de seis nuevas becas universitarias. Crece el gasto mientras el número de alumnos ha estado descendiendo significativamente en los últimos cuatro años como consecuencia de la regresión demográfica de la población en la franja de edad entre los 18 y 25 años.


 


En el curso 2003-2004 se han matriculado en las universidades españolas 1.476.194 alumnos, que se reparten en un 91% en centros públicos y en un 9% en centros privados. Esto supone 30.054 estudiantes menos. Según los datos aportados por el ministerio, hay mayor número de universitarios en las carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguidas de las Técnicas, Humanidades, Ciencias de la Salud y, por último, Ciencias Experimentales.


 


El gasto público en educación sigue aumentando. Estima el Gobierno que en el último decenio ha subido un 26,9% en términos reales. El descenso del alumnado (en el mismo periodo ha sido de un 10,7%) consolida la tendencia de mayor inversión por estudiante, tendencia que se ha intensificado desde el curso 95-96.


 


En cuanto a las inversiones del MECD en becas y ayudas  al estudio, los presupuestos han aumentado en los últimos diez años un 21,1% en términos reales, mientras que el alumnado de enseñanzas universitarias y no universitarias ha disminuido un 10,8% en el mismo periodo. Es a partir de 1997 cuando se hace  evidente el mayor esfuerzo inversor en becas por parte del Ministerio. En particular, el importe previsto de la convocatoria para becas del MECD para el curso escolar 2003-2004 es de 785,7 millones de euros, lo que supondrá un incremento de un 9% con respecto al curso anterior.


 


Claro que la oposición, tras la citada intervención de la ministra no quisieron perder la oportunidad para hacer también su propio balance, desde luego, en este caso menos complaciente. El grupo socialista culpó a Pilar del Castillo de haber "dinamitado" el consenso básico alcanzado en materia educativa y ha realizado una gestión "catastrófica". Según la portavoz del Grupo Socialista en materia educativa, Amparo Valcarce, l MECD ha sacado adelante las tres reformas educativas "en absoluta soledad y confrontando" a rectores, profesores, padres, estudiantes y la oposición política. Y como ejemplo claro puso las manifestaciones masivas, las más concurridas de toda la democracia, a propósito de diferentes medidas promulgadas por el Ministerio de Educación.


 


No considera que algunos se “autoexcluyeran” como dijo la ministra sino más bien la culpa viene de que ella ha sido totalmente incapaz de entenderse con el PSOE, IU y los nacionalistas, así como, con las autonomías, al imponer las leyes "desde el sectarismo y con el rodillo de la mayoría absoluta".


 


En el plano económico, la portavoz socialista de Educación en el Congreso opinó que la financiación de la educación en España está peor que hace diez años, porque en los cuatro últimos se han destinado menos recursos. Como ejemplo puso el presupuesto de este año que ha creció la mitad que el del año 2000.


 


Quizá equivocada según algunos pero de lo que no cabe duda es que, para bien o para mal, esta ministra tiene una voluntad a prueba de ciclones y una capacidad de trabajo de la que pocos ministros pueden presumir, como bien demuestra las tres leyes orgánicas –Ley Orgánica de Universidades, Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional y la Ley Orgánica de la Calidad en la Enseñanza-, así como, los 25 reales decretos y resoluciones posteriores que han desarrollado estas leyes.


 


 


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Enlaces de interés:


 


Nota de Prensa del Ministerio de Educación posterior a la rueda de prensa ofrecida por Pilar del Castillo para hacer balance de su legislatura al frente del ministerio


 


Comunicado del Ministerio de Educación para presentar un breve balance educativo de la legislatura


 


Web Oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte


 


Portal Universitario del MECD


 


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