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Sindicatos y Gobierno se ponen de acuerdo en el Estatuto del Funcionario

El preacuerdo cerrado por Gobierno y sindicatos pretende acabar con la temporalidad de los funcionarios y modernizar la Administración. Además, es la primera vez que se recogen condiciones homogéneas para todos los empleados públicos.

Publicado en Histórico Noticias
Foto de Sindicatos y Gobierno se ponen de acuerdo en el Estatuto del Funcionario

Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, ha anunciado que el Gobierno y los sindicatos UGT, CC OO y CSI-CSIF, han llegado a un preacuerdo sobre el Estatuto del Empleo Público. El texto debe ser aprobado ahora por el Consejo de Ministros, discutido por las comunidades autónomas y refrendado por el Parlamento.


 


El nuevo Estatuto regulará el trabajo de 2,5 millones de empleados y entrará en vigor en los primeros meses de 2007. El Informe de la Comisión de Expertos, realizado hace un año, sirvió de base para la elaboración del primer borrador del anteproyecto de  ley. En las últimas semanas, Gobierno y agentes sociales han trabajado sobre el segundo borrador para llegar al acuerdo.


 


El objetivo del preacuerdo es crear un cuerpo de funcionarios «motivados, formados, bien orientados y satisfechos con el trabajo que están realizando», señaló Jordi Sevilla, y para ello el texto regula de forma detallada la carrera profesional, el código de conducta y la negociación colectiva como «un elemento clave de mejora del servicio público».


 


Los sindicatos también se mostraron satisfechos con el preacuerdo alcanzado, y consideran que el nuevo Estatuto del Empleado Público contribuirá a mejorar tanto las condiciones de trabajo de los empleados como el funcionamiento de la Administración. En este sentido, el representante de FSAP-CC OO, Enrique Fossoul, afirmó que «es un acuerdo positivo, que deberá ser mejorado en su tramitación».


 


Por su parte, el representante de FSP-UGT, Julio Lacuerda, subrayó que el nuevo régimen de los trabajadores públicos era necesario para sanear «aquellas prácticas que perjudican a miles de personas que padecen de temporalidad». «El Gobierno ha comprendido el problema y ha puesto las medidas oportunas para acabar con la temporalidad, lo que demuestra que hay una verdadera vocación de mejorar la función pública de nuestro país», concluyó.


 


Uno de los mecanismos de modernización contemplados por el Estatuto consiste en los empleados públicos deberán responder de los resultados de su actuación, para lo que se establecerá una evaluación objetiva en el desempeño de sus tareas.


 


Los datos del CIS


 


El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado, entre enero y marzo de 2006, una encuesta a los empleados de la Administración sobre su situación laboral. 


 


El Estatuto Básico del Empleado Público ha incluido algunas de las opiniones recogidas en  el sondeo, como que cerca del 90 % de los funcionarios opina que las retribuciones deberían ir ligadas al rendimiento y a la calidad de trabajo efectuado.    

Así mismo, es significativo el apoyo mayoritario que recibe la posible puesta en marcha de un plan de prejubilaciones anticipadas para los funcionarios; casi un 80 por ciento está de acuerdo y más del 50 por ciento considera que la jubilación debería ser antes de los 65 años, situando la edad media ideal de jubilación en 61.       

Los encuestados también valoran la simplificación de los procesos y procedimientos administrativos, con una aceptación del 90 por ciento de los funcionarios, seguida del plan de mejora de la Formación (88%) y de las Oficinas 060 de Atención a los ciudadanos que se pondrán en marcha en las próximas semanas (86%). 


El 93 por ciento considera que el funcionamiento de la Administración ha mejorado gracias al empleo de las nuevas tecnologías, y tres de cada cuatro estiman adecuado el equipamiento de su centro de trabajo en este concepto. El 86% se muestra de acuerdo en que la adaptación al uso de las nuevas tecnologías sea uno de los criterios básicos para la reorganización de la Administración en los próximos años.


 


En general, los funcionarios encuestados tienen sentimiento de servicio a los ciudadanos, muestran un elevado grado de satisfacción con su trabajo, no desean pasar a trabajar en el sector privado, eligen la Administración General del Estado preferentemente por la seguridad en el empleo, pero consideran que socialmente el trabajo de funcionario está peor valorado que el trabajo en la empresa privada.


 


Además, el sondeo del CIS revela que una mayoría de funcionarios consideran que no están retribuidos adecuadamente, tiene más titulación de la exigida para sus puestos y considera que la Administración ofrece pocas posibilidades o ninguna de lograr una carrera administrativa satisfactoria.


 


 


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Más información:


 


Ministerio de Administraciones Públicas


 


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