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Reacciones diversas ante el nuevo proyecto de acceso a la abogacía y procura

El nuevo proyecto de acceso a la profesión de abogado y procurador es objeto de opinión diversa por parte de las instituciones relacionadas.

Publicado en Histórico Noticias
Foto de Reacciones diversas ante el nuevo proyecto de acceso a la abogacía y procura

El nuevo proyecto de ley que regulará el acceso a las profesiones de abogado y procurador que está siendo tramitado en el Congreso de los Diputados ha producido opiniones dispares entre los agentes implicados. El texto, aprobado el pasado 23 de diciembre, prevé la realización de un examen de carácter estatal como requisito necesario para acceder al ejercicio de la abogacía o procura.


 


En concreto, la futura ley exigirá un periodo de formación práctica una vez obtenida la licenciatura en Derecho y con carácter previo a la prueba de habilitación que sumará, como máximo, un tercio del contenido formativo. Desaparece asimismo la pasantía como vía de formación para los nuevos abogados, que habrán de cursar esta etapa de aprendizaje práctico en las universidades. El proyecto, no obstante, deja la puerta abierta a las Escuelas de Práctica Jurídica y Colegios de Abogados y Procuradores para que puedan impartir los cursos de acceso a la evaluación mediante convenios de colaboración con las universidades.


 


Algunas de las voces que se han pronunciado sobre el proyecto en tramitación no están de acuerdo con la desaparición de la pasantía. Tal es el caso de Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, quien en su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press del pasado 26 de enero la ha calificado de “drama”, ya que la considera la única forma de aprender bien el ejercicio de la profesión. Carnicer rechaza la pretensión de que sea la universidad la que se ocupe de formar a los letrados, ya que nunca lo ha hecho antes, aunque lo ha intentado en numerosas ocasiones. Sin embargo, sí se muestra partidario de que el Estado garantice la calidad mínima de los profesionales que defienden los derechos de los ciudadanos.


 


Otro tanto ocurre con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y el Consejo de Coordinación Universitaria, que han manifestado su oposición a que los licenciados en Derecho se vean obligados a superar un examen estatal de habilitación para ser abogados. Aún compartiendo el parecer de que existe una necesidad de reformar el acceso a la abogacía, entienden que ello debe hacerse por medio de los postgrados a partir de acuerdos con los colegios profesionales y en ningún caso supeditado a una prueba posterior. Una prueba de la que tampoco se ha mostrado partidaria la Conferencia de Decanos de Derecho.


 


Sin embargo, hay también quien considera que la nueva regulación vendrá a subsanar la excepción de España como único país de Europa donde no se exige más requisito que la licenciatura en Derecho y estar colegiado para ejercer libremente la abogacía. Así lo ha manifestado el Colegio de Abogados de Lugo, cuya opinión es que esta normativa aportará mayor seguridad jurídica a los ciudadanos en el asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad. Las críticas vienen más por la obligación que tendrán las escuelas de práctica jurídica de suscribir convenios de colaboración con las universidades para que sus cursos sean válidos de cara a la preparación del examen, un hecho que, según el colegio lucense, implica un trato desigual para estos centros.


 


La exigencia de un examen que habilite para el ejercicio de la profesión de abogado es algo habitual en otros países de Europa. En Alemania, por ejemplo, es necesario realizar dos pruebas estatales, una antes de comenzar la pasantía y otra al finalizarla. Otro tanto ocurre en Italia donde es necesario superar un examen oficial antes de colegiarse. En Francia, se requiere la obtención de un Certificado de Aptitud para acceder a una formación de 18 meses tras la cual el aspirante a letrado debe afrontar una evaluación final ante la Escuela de Abogados. Una situación que también se da en lugares como Bélgica o Suiza.


 


La nueva ley tardará seis años desde su publicación en el Boletín Oficial de Estado en entrar en vigor, medida esta que pretende salvaguardar las expectativas de quienes actualmente ya se encuentran cursando la carrera de Derecho. La nueva regulación, por otro lado, no afectará a quienes ya se encuentren inscritos en el Colegio de Abogados o Procuradores en el momento de su entrada en vigor ni tampoco a los jueces, fiscales, secretarios judiciales, miembros del cuerpo jurídico militar y funcionarios de la escala licenciados en Derecho.


 


 


*  *  *  *


 


 


Enlaces de interés:


 


Consejo General de la Abogacía Española


 


Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas


 


Consejo de Coordinación Universitaria


 


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