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Quizá un laudo que dé pronta solución a los afectados de Oxford

El ministerio de Sanidad ha acordado con Oxford English la adhesión de este centro al sistema arbitral de consumo para, de esa manera, dar una más rápida y justa solución a los afectados por la quiebra. Pero más allá, este ministerio está intervinien

Publicado en Histórico Noticias
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FGW / Redacción Aprendemas.com – 27/1/2003


La que ya llaman “crisis de los centros de enseñanza de idiomas” se ha cobrado su tercera víctima, o mejor dicho, 4.500 personas que se suman a la larga lista de afectados por las prácticas de muy dudosa ética, o cuanto menos por la nefasta gestión, de algunos empresarios. Y es que 4.500 es exactamente el número de alumnos matriculados que tenía el mismo día de su quiebra la empresa Oxford English en los 15 centros de idiomas que poseía en España. Para ser más precisos, esta cadena era propietaria de nueve centros en Barcelona, cinco en Madrid y uno en Valencia. En cuanto a los créditos de sus alumnos habían sido concedidos por Finanzia Banco de Crédito S.A., de hecho, sociedad financiera perteneciente al BBVA que éste poderoso banco utiliza para que, cuando cosas tan escabrosas como éstas ocurren, no se vean mancilladas sus lustrosas cuatro iniciales que, parece ser, son sinónimo de prestigio en nuestro país, (y digo yo que tal prestigio será para sus gestores).


El caso es que la sombra de Opening es tan alargada y de tal suerte, que más bien diríase que es ciclón implacable, de todo lo que se está llevando a su paso. Así, según un comunicado previo hecho por los responsables de Oxford English, la traumática quiebra en septiembre del año pasado del que era segunda empresa más grande de España en la enseñanza de idiomas -nos referimos a Opening- había obligado a los centros a cambiar el sistema anterior de pago anticipado a través de financiación bancaria por un pago tradicional mes a mes. Este simple hecho, creo tensiones financieras que ha llevado a que los profesores de Oxford English no hayan visto una peseta de su sueldo en dos meses y medio. A principios de año, dado que el barco empezaba a tener más grietas que el “Prestige”, la dirección quiso negociar con Financia un crédito de cerca de 1,38 millones de euros que estabilizara su rumbo. En total, 2,6 millones de euros necesitaba este centro para solucionar sus problemas de liquidez, así pues, el resto lo conseguiría con los 1,20 millones de euros que la Generalitat de Cataluña le concedería en el caso que llegaran a buen puerto las anteriores negociaciones. No obstante, esta empresa informó a sus clientes de que en caso de no haber más alternativa que suspender sus cursos, todos aquellos que tuvieran comprometidos créditos con Finanzia no deberían devolver los créditos solicitados ya que "es un tipo de financiación más parecido al descuento comercial que al crédito al consumo".


Como era de esperar, no se llegó a ningún acuerdo por lo que el 14 de enero pasado Oxford English ha tenido que cerrar sus puertas. De esa manera, según fuentes de CCOO, suman cerca de 5,4 millones de euros la cantidad que adeudan los matriculados en sus diferentes cursos a Finanzia, cantidades ya abonadas de las que no recibirán contraprestación a no ser que los centros de formación no reglada afectados por la quiebra sigan en funcionamiento. Así las cosas, tenemos nuevo culebrón para la sobremesa nada más empezar el año, y eso que el de Opening, ni mucho menos, había terminado todavía.


Con estos preocupantes sucesos, no es extraño que desde hace un par de meses el Ministerio de Sanidad y Consumo se haya empezado a interesar en poner un poco de orden en una actividad que no parece aún ver alguna luz al final del túnel. Por lo pronto, el Ministerio de Sanidad y Consumo previamente realizó un esfuerzo en defensa de los derechos de los alumnos afectados por el caso Opening, que se concretó en el impulso de un acuerdo entre las entidades financieras y otras academias a fin de ofrecer a los alumnos con créditos pendientes la finalización de los cursos que tenían contratados. Al tiempo, la Ministra Ana Pastor solicitó en su momento a las entidades financieras implicadas en el cierre de Opening que no incluyeran en el registro de morosos a los alumnos que dejaron de pagar los créditos, mientras no existieran alternativas adecuadas.


En relación al problema concreto de Oxford English, este ministerio, junto con las autoridades autonómicas de consumo, ha acordado con la empresa propietaria del citado centro su adhesión al sistema arbitral de consumo vigente en nuestro país. Esto supondrá que los laudos que se dicten en este procedimiento arbitral tendrán carácter ejecutivo, equiparándose a una sentencia judicial, lo cual es una excelente noticia para los alumnos afectados por la quiebra que no van a estar a merced de la voluntad, legítima pero injusta, de una entidad financiera de la que van a ser deudores, tanto en cuanto, un tribunal no dicte lo contrario.


No obstante, según ya se informó hace unos meses, el ministerio quiere ir más lejos y cortar de raíz unos créditos que no tienen en cuenta las particularidades de los centros de enseñanzas no regladas, y así, tampoco sus actividades comerciales. En este sentido, se está preparando la modificación de la Ley de Crédito al Consumo para facilitar la vinculación entre los contratos de consumo y de crédito, de forma que los ciudadanos sólo tengan que pagar mientras se presta el servicio contratado. Hay que decir que esta modificación también incorporará como cláusula abusiva el pago anticipado de servicios continuados.


Además de estas iniciativas, encaminadas a resolver el problema planteado a los ciudadanos por el cierre de diferentes academias de idiomas, la Dirección General de Consumo y Atención al Ciudadano en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, ha impulsado en este último mes la adopción de un código de buenas prácticas en el sector de enseñanzas no regladas, como es el caso de las academias de inglés. Según comunicó este ministerio, dicho código comenzará a aplicarse en breve en todo el país e incluye un protocolo de reclamación a través del Sistema Arbitral de Consumo. También, para complementar todo esto, la Confederación Española de Centros y Academias Privadas (CECAP) aprobará en breve un código de buenas prácticas, en el que intervendrán las asociaciones de consumidores y usuarios. Sólo entonces, quizá veamos un poco de luz al final del túnel.



redaccion@aprendemas.com



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