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Proponen destinar 2.700 millones más a las universidades en cinco años

La Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria propone ampliar la financiación universitaria en un total de 2.733 millones de euros en un periodo de cinco años, pasando de este modo del 1,2 al 1,5% del Producto Interior Bruto (

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El Consejo de Educación de la Unión Europea ha declarado que Europa solamente podrá convertirse en una economía del conocimiento muy avanzada si la educación y la formación funcionan como motores de crecimiento económico, innovación, investigación, competitividad, empleo duradero, integración social y ciudadanía.



Bajo esta premisa, la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) acaba de publicar un informe sobre la Financiación del Sistema Universitario Español, en el que se ha abordado la utilización de los recursos, sobre todos los fiscales, que requiere el desarrollo de la actividad universitaria. El documento presenta un diagnostico de la situación actual del Sistema Universitario español, las dificultades que afronta y los cambios que debe abordar para mejorar su nivel de excelencia y su rentabilidad social. Pero la aportación del Consejo no se limita exclusivamente al análisis, ya que presenta también una serie de propuestas y recomendaciones encaminadas a mejorar la situación universitaria en España.



Diferencias y similitudes de los modelos español y europeo



El informe toma como referencia a otros países de la Unión, cuyo sistema universitario contribuye al desarrollo social, cultural y económico. En estos países existe una elevada valoración social de la universidad, lo que facilita que el gasto público en educación superior sea más elevado y contribuye, además, a recabar aportaciones privadas. Asimismo, estas universidades corresponden a la sociedad con la práctica activa de una responsabilidad social.



Según los datos comparativos en cuanto al tamaño de las universidades, la media europea es 13.000 alumnos, sin embargo en España esta cifra es de 20.651 estudiantes. El gasto por estudiante en educación superior es más del doble en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE- (21.212 $) que la media europea (9.872 $) y que España (8.943 $ por cada estudiante). En términos del PIB los datos están más igualados, el gasto público total en educación superior tanto en la UE19 como en la OCDE es del 1,3% del PIB, mientras que el gasto español en este campo es algo inferior.



En el plano organizativo, el informe hace hincapié en que los sistemas universitarios de los países avanzados de mayor tamaño poblacional presentan un marcado perfil de diferenciación y especialización de sus instituciones de educación superior, distinguiéndose según sus funciones docentes de grado, postgrado y doctorado, o según sus funciones de investigación, transferencia tecnológica e innovación. En este sentido, la situación actual en España es la de un sistema universitario “con nula diferenciación y escasa especialización”.



El sistema universitario español



En los últimos 20 años, el número total de estudiantes matriculados ha aumentado un 69,04%, aunque este crecimiento ha sido bastante desigual. Por ejemplo, en las titulaciones de humanidades el aumento no ha llegado al 15%, mientras que en las titulaciones técnicas el crecimiento ha sido del 178%. En cuanto a la titularidad de los centros, las instituciones públicas cuentan con un 58% más de alumnos, y las privadas con un 372% más.



Como parte negativa, el informe señala la debilidad de la eficiencia de nuestro sistema universitario, ya que parte de la oferta de títulos registra demandas muy débiles. Así por ejemplo, existe una demanda de enseñanzas de la rama de ciencias de la salud superior en un 270% a la oferta disponible, pero en el resto de las enseñanzas la oferta es mayor que la demanda, desde un 5% para las titulaciones de sociales hasta un 33 % para las experimentales.



Además, según los datos de la situación económica de las universidades públicas presenciales en el año 2004, los ingresos procedentes de los usuarios cubren únicamente el 26% del gasto, y la financiación pública corre a cargo del resto (73,96 %). Esta dependencia de la financiación de carácter público “es una característica estructural de nuestro sistema”.



Finalmente, los estudios disponibles muestran debilidades en el sistema de I+D+i, señalando la reducida movilidad de investigadores y la reducida presencia de investigadores en el sector privado, que en España son el 30% del total de los investigadores mientras que en la UE15 alcanzan el 49%.



Propuestas del Consejo de Coordinación Universitario para mejorar el sistema universitario



El Consejo de Coordinación Universitaria considera que se debe mejorar y completar los instrumentos que facilitan la igualdad en el acceso a las enseñanzas universitarias, de manera que la renta familiar o personal no condicione el ingreso en una determinada enseñanza.



Complementariamente, deben establecerse unas referencias de financiación para subvencionar la capacidad investigadora del PDI en cada universidad. El hecho de que no exista una financiación diferenciada y específica para cubrir estas actividades investigadoras incide negativamente en el desarrollo de dicha función.



Asimismo, es necesario abordar un análisis de la oferta y de la demanda de enseñanzas universitarias de grado que permita fijar las estrategias específicas a las universidades y a los sistemas universitarios regionales que garanticen una respuesta adecuada a las diferentes demandas académicas, y proporcionen viabilidad a las actuales y futuras ofertas de enseñanza.



En lo concerniente a los resultados de la formación universitaria, es necesario acercar la duración real de las enseñanzas a la prevista en la duración oficial de los programas de estudio, teniendo en cuenta que los estudiantes pueden optar por diferentes ritmos debido a que hayan decidido compaginar una actividad laboral con el estudio.



La búsqueda de mejoras de eficiencia en los rendimientos académicos de los estudiantes universitarios es un objetivo primordial, aunque hay que tener en cuenta que la calidad de la preparación de los alumnos que acceden a las mismas es uno de los factores más determinantes. Está comprobado estadísticamente que la nota de corte de acceso de los estudiantes a sus respectivas enseñanzas universitarias guarda una relación positiva con el éxito y negativa con el abandono de los estudios.



Igualmente, está confirmado que los alumnos que cursan enseñanzas técnicas obtienen peores resultados que los alcanzados por el conjunto de los estudiantes universitarios.



El Espació Europeo de Educación Superior define un nuevo concepto de crédito, que se basa en el trabajo de aprendizaje que debe realizar el estudiante para alcanzar el nivel de conocimientos y competencias definidos en su plan de estudios, y no en el tiempo que el profesorado u otro personal de apoyo dedica a que lo alcance. Este hecho conlleva una dificultad, ya que no existe una relación directa entre el número de créditos del estudiante y el número de horas de dedicación del profesorado, haciendo necesario tener en cuenta cuantas de las horas de dedicación del estudiante requieren de la presencia de profesorado o personal auxiliar y cuantas de estas horas corresponderán al trabajo personal del estudiante.



Los modelos de los países de referencia constan de un número muy reducido de clases en las que el profesor explica una determinada lección a los alumnos, pero estas  clases cuentan con un número reducido de estudiantes lo que permite recibir una atención mucho más personalizada. Los alumnos tiene más responsabilidad en estos modelos, y los docentes se encargan de supervisar sus prácticas y trabajos.



Así pues, el Consejo considera que en la elaboración de los nuevos planes de estudio se debe conseguir un grado de tutelaje y atención más personalizados, así como una participación más activa de los estudiantes.



La formación bajo demanda constituye una de las actuaciones que las universidades pueden impulsar y extender para satisfacer los intereses de los empleadores y de los titulados universitarios en sus requerimientos de actualización e incorporación de nuevos conocimientos.



¿Recursos públicos o privados?



Sólo Reino Unido, España, Italia, Japón y Australia dedican menos del 1% del PIB para financiar el gasto público en instituciones de educación superior. Para poder proporcionar a nuestras instituciones de educación superior recursos en el entorno del 1,5% del PIB con el objetivo de que provean a la sociedad de más servicios y de mayor calidad, tanto las administraciones públicas como el sector privado tendrán que incrementar sus niveles de financiación de la actividad de las universidades.



Como no parece previsible una modificación generalizada de los precios públicos de la enseñanza superior, la aportación privada debe incrementarse y esto podría hacerse a través de varias fuentes, como el incremento de la actividad de formación no reglada de las universidades públicas o el incremento de la provisión de servicios de I+D+i a las empresas e instituciones privadas.



Por su parte, el incremento de la financiación pública debería dirigirse a lograr una mejora de la equidad del Sistema, a inducir una mejora de la calidad de los servicios educativos y a promover una mayor actividad y unos mejores resultados de la actividad de I+D+i.



Propuestas de la Comisión de Financiación Universitaria del CCU



En este sentido, la Comisión de Financiación considera que, en un periodo de cinco años, la financiación del Sistema Universitario español debería alcanzar el 1,5% del PIB (actualmente se sitúa en el 1,22%). Esto significa una ampliación de recursos de 2.733 millones de euros.



La Comisión propone que la ampliación de recursos sea un esfuerzo compartido entre el sector público y el privado. Una colaboración en la que el sector privado aporte el 20% del total (547 millones de euros) y el resto (2.186 millones de euros) debería provenir de mayores recursos aportados desde las administraciones públicas estatal y autonómica.



Este aumento de la financiación debe encaminarse a mejorar las siguientes áreas:



- Ampliación de becas y ayudas al estudio para garantizar la igualdad de oportunidades. En este sentido, se propone incrementar los recursos actuales para desarrollar el sistema de becas y de préstamos públicos ligados a renta futura (préstamosrenta) para los estudiantes universitarios, que debería revisarse y potenciarse.



- Mejora de la calidad educativa y la equidad de la enseñanza superior, y el equilibrio de la capacidad de I+D+i de las universidades. Es necesario garantizar en el conjunto del territorio del Estado que cualquier estudiante de una determinada titulación, en cualquier universidad pública, pueda ser atendido con recursos similares a los que se dediquen a otro que estudia esa misma titulación en otra universidad del Sistema.



- Fondo de Fomento a la Actividad de I+D+i de las universidades. Se recomienda la creación y dotación de un fondo estatal, que considere la cobertura de los costes derivados del desarrollo de la actividad de I+D+i en las universidades, considerando los proyectos públicos competitivos y los contratos de investigación y desarrollo tecnológico suscritos con empresas.



- Fondo de Reconocimiento de Resultados de las Universidades en su actividad de I+D+i. Se recomienda la creación y dotación de un Fondo Estatal para financiar diferentes instrumentos de reconocimiento de resultados estratégicos en la actividad de I+D+i desarrollada por las universidades.



- Reordenación del sistema retributivo estatal de productividad docente, de gestión e investigadora del profesorado universitario. El sector universitario, que fue pionero en el campo del incentivo profesional con el complemento de productividad investigadora de los profesores (los sexenios), necesita “una revisión en profundidad” de sus complementos de productividad docente e investigadora.



Recursos para la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior



Para adaptarse el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el sistema universitario requiere más recursos para aumentar la atención personalizada al alumno o, lo que es lo mismo, la reducción del Tamaño Medio del Grupo (TMG), como por ejemplo, más profesorado, infraestructuras, medios y laboratorios, Bibliotecas que se transformen en Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), una oferta de aprendizaje de idiomas más intensa y disponible, más personal de apoyo al aprendizaje, etc.



Sin embargo, otras áreas requieren menos recursos, como es el caso de la adaptación de la oferta de titulaciones a la demanda (menos créditos impartidos). La importancia de esta reforma queda patente al comprobar que más de un 60% de la actual oferta de titulaciones tiene menos de 75 nuevos alumnos por año.



La Comisión estima que la adaptación al EEES no debería suponer al Sistema Universitario de España unos recursos adicionales de más de un 0,10/0,12 % del PIB.


 



Más información:



Consejo de Coordinación Universitaria (CCU)



Informe: Financiación del Sistema Universitario Español



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