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Primeras voces contra el Proyecto de LOE tras su aprobación

Partidos políticos, organizaciones estudiantiles y docentes, gobiernos regionales o la Conferencia Episcopal, son algunos de los colectivos que han mostrado su rechazo por diversos motivos al proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), tras su recie

Publicado en Histórico Noticias
Foto de Primeras voces contra el Proyecto de LOE tras su aprobación

El Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), que incluye una memoria económica valorada en 6.000 millones de euros para los próximos cinco años, persigue tres principios esenciales: la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos, la necesidad de que todos los miembros de la comunidad educativa participen para alcanzar este desafío y el compromiso con los objetivos educativos de la Unión Europea. Así lo dice el texto, a lo que sigue un denso meollo de normas, planes y disposiciones que, apenas unos días después de su aprobación en Consejo de Ministros, ya ha levantado ampollas entre muy diversos colectivos.


 


Partidos políticos, sindicatos de estudiantes, catedráticos de instituto, asociaciones de padres de alumnos, gobiernos regionales y la Conferencia Episcopal, todos ellos por diversos motivos, han dejado claro su desacuerdo con este nuevo escenario educativo esbozado por el Ministerio de Educación y aprobado por el Ejecutivo. La retirada de ayudas a determinados centros concertados, la nueva situación de la asignatura de religión, su parecido con la LOGSE o la insuficiencia de la memoria económica, son algunas de las cuestiones más conflictivas en torno a la LOE que sin duda hace presagiar un otoño muy «caliente» para el Gobierno del presidente Zapatero.


 


La principal fuerza de la oposición, el Partido Popular, pronto se ha declarado contraria a la nueva ley desde diversos frentes. El ex consejero de Educación y actual director general de la Fundación San Pablo-CEU, Carlos Mayor Oreja, ha declarado recientemente en los cursos de verano de esta institución en Málaga que la nueva ley «está lejos de afrontar los problemas educativos de España y además profundiza en ellos». La incapacidad por parte de la LOE de afrontar problemas como el fracaso escolar, la falta de autoridad del profesor, la inexistencia de la cultura del esfuerzo, la devaluación de la asignatura de religión y la supresión de ayudas a escolares al prohibir el concierto de centros que no tienen educación mixta, constituyen las carencias más graves de la nueva ley, según Mayor Oreja que, a su juicio, «supondrá un atraso en la formación y una educación mucho más debilitada».


 


En esta misma línea, algunos gobiernos autonómicos dirigidos también por el Partido Popular, como los de Madrid o Valencia, han criticado que la LOE no recoja ni una sola de las propuestas formuladas desde sus consejerías de Educación. Sin ir más lejos, el titular de esta consejería de la Comunidad de Madrid, Luis Peral, ha puesto énfasis en la falta de consenso en cuanto a la elaboración de la ley, a la que acusa de estar redactada a propósito de forma confusa tras un pacto con el nacionalismo excluyente. La desaparición de las sanciones administrativas destinadas a los libros cuyos textos vulneren la Constitución, la desaparición del derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos o la degradación de la enseñanza secundaria en calidad y exigencia, son algunos de los puntos de la LOE más criticados por el mencionado consejero.


 


Otra formación política, en este caso CIU, sigue una línea crítica muy parecida a la de los popularess. Su portavoz de Educación, Mercé Pigem, habría preferido una ley que apostara por la cultura del esfuerzo, potenciara la carrera docente y garantizase a los padres la libertad de elección de centro. Además, esta formación es partidaria de una ley que respete las competencias autonómicas en materia de educación, más concretamente las que se establezcan en el nuevo Estatuto de Cataluña. Al igual que el Partido Popular, Convergencia i Unió cree insuficiente la aportación por parte del Estado de tan sólo el 55% de la memoria económica.


 


Por su parte, el Sindicato de Estudiantes ya ha anunciado una huelga general contra la LOE para el mes de octubre. Esta organización considera la ley como «un grave ataque a la educación pública» y ha exigido a través de un comunicado que el PSOE cumpla las expectativas que «millones de jóvenes y trabajadores» han puesto en ellos tras su entrada al Gobierno. Medias como la concertación de la segunda etapa de educación infantil, la discriminación por razón de sexo, «el pago del chantaje por escolarizar inmigrantes», así como la insuficiencia de la memoria económica, son para este sindicato las lagunas más visibles de la nueva ley educativa.


 


Tampoco los portavoces de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (ANCABA) han querido dejar pasar la ocasión para criticar la LOE por nacer «sin pulso y sin fuerza», fundamentalmente debido al ánimo de acabar con la antigua Ley de Calidad aprobada por el anterior Gobierno. Los catedráticos de instituto califican la ley como una mera continuación de la antigua LOGSE, a la que directamente culpan del bajo rendimiento de los escolares españoles, como bien dejó patente el controvertido informe PISA 2003. Según este colectivo, el Gobierno ha perdido una gran oportunidad para rehacer la enseñanza española, ya que esta ley no promociona el esfuerzo ni los objetivos de calidad, además de no ofrecer soluciones para los problemas de cada día.


 


Por último, la Conferencia Episcopal ha calificado de «inaceptable» el proyecto de Ley de Educación, pues pone en peligro la enseñanza de la religión y recorta el derecho de los padres a decidir sobre la educación de los hijos en concordancia con sus creencias religiosas. Cabe recordar que según la LOE, la asignatura de religión será a partir de ahora voluntaria para los alumnos y no evaluable.


 


 


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Enlaces de interés:


 


Ministerio de Educación y Ciencia


 


Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE)


 


Informe Pisa 2003


 


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