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Los cambios en las cotizaciones sociales ponen contra las cuerdas al sector educativo

La nueva normativa sobre cotizaciones a la Seguridad Social, que conlleva un incremento en los pagos a la Seguridad Social del 31%, podría suponer al sector educativo unos 300 millones de euros. [Foto: Expertos que han participado en la mesa redonda

Publicado en Histórico Noticias
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Estudiantes-grado-INERepresentantes de la educación privada y concertada han mostrado su preocupación y cautela ante el Decreto Ley aprobado por el Gobierno que conlleva un incremento en los pagos a la Seguridad Social del 31%, lo que según sus cálculos podría suponer al sector educativo 300 millones de euros. [Ver cursos de Primaria y ESO]

 

Los expertos entienden que no se ha dejado claro quién debe asumir ese 31% extra en las cotizaciones sociales. En el caso de los colegios concertados, se presupone que el coste adicional debería ser soportado por las consejerías de Educación, con el problema que supone que esa partida no figure en sus presupuestos.

 

En la mesa redonda celebrada por Consultores Argos, los ponentes han abordado el impacto de la nueva normativa para los colegios concertados o privados, debatiéndose temas como a quién corresponde asumir el aumento de la nueva cotización a la Seguridad Social en el caso de los colegios concertados, o cómo cuantificar beneficios sociales del comedor escolar, entre otras cuestiones.

 

Según cálculos realizados por la CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza) y otras patronales del sector, la nueva normativa podría suponer para un colegio medio de unos 80 trabajadores un incremento en los costes salariales de entre 75.000 y 95.000 euros adicionales. A pesar de todo, los expertos consideran que los centros educativos deben “esperar y calcular minuciosamente el nuevo escenario de cotizaciones mientras se clarifica la nueva situación”.

 

Críticas de los expertos

 

Los miembros del sector educativo critican que la medida del Gobierno se haya realizado sin diálogo social “y concebida para suplir un déficit presupuestario”. Los expertos consideran también que el Gobierno “no ha tenido en cuenta las especificidades del sector, ni ha calculado el impacto que supondrá para los centros privados y concertados”.

 

Uno de los puntos de mayor dificultad en la aplicación del Real Decreto al ámbito de la enseñanza será la valoración de aspectos considerados como “retribución en especie”, tales como los gastos de escolarización de los hijos de profesores, el comedor escolar o las actividades extraescolares.

 

Por otra parte, los expertos consideran que “la nueva normativa abre la puerta a que trabajadores de un mismo centro educativo, de la misma categoría y antigüedad, tengan bases de cotización distintas y gastos salariales dispares en función de sus situación familiar, lo que puede derivar en un incremento de la conflictividad entre trabajadores, tensiones sociales y problemas en las negociaciones de convenios colectivos”.  Por otro lado, señalan que la nueva legislación “castiga a las familias numerosas y puede condicionar las contrataciones de personal en los colegios”.

 

Por todo ello, los miembros del sector educativo esperan que el Gobierno recapacite y pueda surgir una renegociación.

 

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