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La política lingüística catalana de nuevo en entredicho

La controversia que afecta a Cataluña y al resto del Estado durante los últimos meses, debida principalmente a la reforma de su Estatuto de Autonomía, salpica también a la política lingüística de la Genealitat. La Justicia ha vuelto a ordenar al Gobi

Publicado en Histórico Noticias
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La enseñanza en castellano no atraviesa buenos momentos en Cataluña, a pesar de que la Ley y las instancias judiciales protejan en cierta medida la escolarización en el idioma oficial del Estado. Durante el curso 2004/2005, sólo recibieron enseñanza en castellano en esta comunidad autónoma “4 o 5 niños”, según un portavoz de la Consejería de Educación de la Generalitat, a pesar de que actualmente el 52%  de los catalanes tienen al castellano por lengua materna frente a un 48% que tiene como tal a la lengua catalana.


 


Y la situación parece que no tiene visos de retroceso porque tanto el presidente de la Generalitat de Catalunya, Pascual Maragall, como la consejera de Educación de la citada institución, Marta Cid, declararon la pasada semana que el modelo de enseñanza en Cataluña no va a cambiar, pese al último dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).


 


El caso es que el citado dictamen obliga a escolarizar en la lengua de Cervantes a un niño de 7 años en esa Comunidad Autónoma, al menos impartiendo cuatro horas semanales de lengua española que establece la ley, tal y como había solicitado su padre ante la Justicia. En la argumentación el Tribunal señala que en el artículo 21.2 de la vigente Ley de Política Lingüística que aprobó el Parlamento catalán en 1997, se establece que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano". Además, el mismo texto legislativo recoge que "la Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo", señalando también que son los padres y los tutores quienes deben ejercer ese derecho, aplicable en la educación infantil y hasta segundo curso de primaria.


 


Por otra parte, la polémica sentencia del TSJC se suma a otras dictadas durante los últimos años, que no cuestionaban el modelo lingüístico educativo, sino algunas aplicaciones que realiza la Generalitat. De hecho, el mismo Tribunal ha ordenado a la administración autonómica en tres ocasiones, la última en diciembre de 2005, a incluir en los formularios de matriculación una casilla donde se pregunte por el idioma de escolarización preferido por los padres.


 


A pesar de esta resolución judicial, el presidente Maragall, que cuenta en este caso con el respaldo de todos los partidos con representación parlamentaria en Cataluña a excepción del PP, ha señalado recientemente a la agencia EFE que "La ley se cumplirá, como se ha hecho siempre", achacando la actual controversia a la politización que sufre la educación catalana. Asimismo, el máximo responsable del Ejecutivo catalán, se escuda en anteriores resoluciones judiciales para justificar el actual sistema de enseñanza que impera en Cataluña, principalmente por parte del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, además de estar reconocido en diversos ámbitos internacionales.


 


No obstante la Oficina del Defensor del Pueblo, capitaneada por el ex ministro socialista, Enrique Mújica, ha señalado también recientemente y a la misma agencia de noticias que a lo largo del pasado año 2005, su departamento recibió 481 quejas de ciudadanos catalanes, tanto en lo concerniente a la enseñanza en castellano en Cataluña como a otras acciones que emprende la oficina de garantía lingüística de la Generalitat.


 


Por ello, el Defensor del Pueblo ha recomendado al Gobierno Catalán que en los impresos de preinscripción de los alumnos de primaria se pregunte por la lengua en que los padres quieren que se les imparta la enseñanza primaria, además de informar del derecho que tienen los estudiantes a ser escolarizados en su idioma habitual. Cabe recordar en esta misma línea que el artículo 3 de la Constitución Española recoge la obligación y el deber de todo ciudadano a aprender el castellano y su derecho a usarlo, aunque el nuevo Estatuto de Cataluña, todavía en proceso de aprobación por las Cortes españolas, recoge en su articulado la obligación de todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma de conocer y usar el catalán.


 


Por su parte, el portavoz parlamentario del Partido Popular en Cataluña, Francesc Vendrell, ha reprochado a Maragall que defienda una España plural, pluricultural y plurilingüe, y al mismo tiempo defienda la Cataluña unitaria con una sola lengua y cultura. Al respecto, el portavoz popular ha señalado además que "es incomprensible que en esta Cataluña plural los que quieran que sus hijos se escolaricen en su lengua materna tengan que ir al juzgado, y también que se quiera que las cátedras universitarias sean sólo en catalán".


 


En cuanto a la postura adoptada por la Administración central, la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, se mostró partidaria la pasada semana de que la Enseñanza en Cataluña aporte el suficiente conocimiento tanto del castellano como del catalán. Asimismo la ministra, en relación a la última sentencia del TSJC, mostró su confianza en las normas de política lingüística porque llevan funcionando desde hace varios años, produciendo una situación de tranquilidad en el sistema educativo.


 


 


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Enlaces de interés:


 


Generalitat de Catalunya


 


Consejería de Educación Generalitat de Catalunya


 


Ley de Política Lingüística de Cataluña


 


Ministerio de Educación y Ciencia


 


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