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La nueva LOU, tras su aprobación en el Congreso, ya va camino del Senado

Con la única oposición del Partido Popular, el proyecto de modificación parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) recibió ayer el visto bueno en el Congreso con 189 votos a favor, 132 en contra y una abstención.

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Foto de La nueva LOU, tras su aprobación en el Congreso, ya va camino del Senado

 


El Pleno del Congreso aprobó ayer la ponencia de la Comisión de Educación y Ciencia sobre el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la LOU, con 189 votos a favor, 132 en contra y una abstención. Con ello, la reforma universitaria continúa su trámite parlamentario y pasa ahora al Senado.


 


La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, destacó en su intervención la voluntad de llegar a acuerdos con los distintos grupos políticos y ha explicado que “este proyecto fortalece la apertura de nuestras universidades hacia la sociedad, mejora la calidad de nuestras universidades, impulsa de un modo más firme la cooperación entre las administraciones, refuerza los derechos de estudiantes y profesores y mejora las condiciones laborales del personal de administración y servicios”.


 


Según informan desde el ministerio, el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la LOU busca dotar a las universidades de mayores márgenes de autonomía en la toma de decisiones, en su administración y en su funcionamiento interno. Destacan, asimismo, las líneas maestras de la reforma especialmente el impulso a la investigación hecha en universidades y a la interrelación de éstas con el sector productivo en el ámbito de la transferencia de conocimiento.


 


El proyecto plantea que las universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, promoviendo la movilidad del personal docente e investigador, las excedencias para impulsar empresas innovadoras, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, creación de centros o la participación en plataformas tecnológicas.


 


En cuanto al profesorado, la reforma permite un nuevo sistema de acreditación que sustituye a la habilitación. El nuevo sistema valora el currículum individual de los aspirantes, sin competir por un número cerrado de acreditaciones, y que se basa en los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Las Universidades podrán seleccionar, mediante concurso oposición pública y transparente, el mejor profesorado posible, el que más se ajuste al perfil de cada universidad.


 


No obstante, se han alzado voces en contra, por ejemplo, desde el Partido Popular. Eugenio Nasarre, portavoz del PP sobre Educación, argumento el voto popular en contra del texto normativo “en compromiso con los que luchan por una universidad abierta” y “devolver la esperanza” a las universidades. Desde el PP opinan, además, que dicha reforma se encamina a un “mercado de las acreditaciones” del profesorado.


 


Para la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) el texto legislativo es insuficiente. De hecho, Juan Vázquez, presidente de la CRUE, ha declarado a ABC que les hubiera gustado ver “más medidas y referencias sobre la transmisión del conocimiento y la relación con el tejido productivo” pero que, por lo general, con esta reforma las universidades “ganan flexibilidad y capacidad de acción”.


 


Estudiantes


 


La reforma de la Ley contempla la elaboración de un Estatuto del estudiante universitario, que deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un Consejo de los estudiantes universitarios como vía para garantizar la necesaria participación de los estudiantes en el sistema universitario. Además, entre las novedades incorporadas, se incluye que podrán ver reconocida su experiencia laboral a efectos académicos, y que podrán recibir una atención académica que permita compatibilizar sus estudios con la actividad laboral.


 


Otra de las novedades introducidas es que se han explicitado en el texto aspectos relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior, como la estructuración de los estudios universitarios en tres ciclos: Grado, Master y Doctorado. En este sentido, la Ley también impulsa la creación de programas dirigidos a la renovación metodológica de la enseñanza universitaria.


 


Asimismo, se proponen medidas para fomentar la movilidad internacional de los estudiantes, del profesorado y del Personal de Administración y Servicios, así como para permitir la movilidad de alumnos y profesores de otros países europeos hacia España. En este sentido, se ha introducido la creación de una fundación del sector público estatal, que potenciará la proyección exterior del sistema universitario prestando una atención especial al EEES y al Espacio Iberoamericano de Conocimiento.


 


A este respecto, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) admitió que con las modificaciones incorporadas el proyecto había mejorado pero manifestaron su oposición a la fijación de unos umbrales de renta mínimos y comunes a todas las comunidades autónomas para acceder a las becas. Sobre ello contestó Mercedes Cabrera admitiendo que la política de becas “tiene que ser una política que garantice la igualdad de acceso de todos los estudiantes de cualquier comunidad autónoma a esas becas” y que continuarán trabajando en esa línea.


 


Cooperación


 


Por otra parte, con el fin de impulsar la cooperación y la concertación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, la nueva redacción otorga un mayor protagonismo a la Conferencia General de Política Universitaria.


 


Entre sus nuevos cometidos está la elaboración de un informe bianual sobre la situación del sistema universitario y su financiación, así como la formulación de propuestas que permitan mejorar su calidad y su eficiencia, asegurar la suficiencia financiera del mismo, y garantizar a los ciudadanos las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.


 


En el ámbito de la colaboración institucional, el proyecto también prevé que se establezcan mecanismos de cooperación, coordinación y reconocimiento mutuo de la ANECA con otras agencias de evaluación autonómicas.


 


Profesorado y personal de administración


 


Respecto al profesorado, la revisión permite que los profesores ayudantes puedan interrumpir el cómputo del período de contrato en situaciones de incapacidad temporal, maternidad o adopción.


 


El texto revisado también contempla la mejora de las condiciones laborales del Personal de Administración y de Servicios: las universidades fomentarán la formación permanente de dicho personal, con el fin de que pueda seguir programas que aumenten sus habilidades y competencias profesionales, así como su movilidad entre distintas universidades.


 


 


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Más información:


 


Ministerio de Educación


 


Conferencia de Rectores de Universidades Españolas


 


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