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La formación continua no funcionará mientras haya tanta hipocresía

Algo está fallando en nuestro sistema de formación continua. El descontrol generalizado de los últimos años y los consecuentes escándalos han puesto en tela de juicio una institución, la FORCEM, que nació hace diez años para transformar el mercado la

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Redacción Aprendemas.com – 21/11/2002


Recientes noticias sobre varios casos de estafa o, cuanto menos, de graves irregularidades en la gestión de diferentes programas formativos subvencionados, han sacado a colación un modelo de formación continua que parece que no está funcionando. Como todo el mundo sabe, los escándalos más sonados han sido el conocido como caso “Pallerols” hace ya más de una año y los más recientes del IMEFE madrileño y de la FORCEM, este último, en el que se han visto implicados empresas, sindicatos y centros de formación en la mayoría de comunidades españolas. Con todo, muchos otros han sido los más que posibles casos de malversación de fondos que han generado en la población una decepcionante sensación de corrupción e irresponsabilidad generalizada por parte de los agentes, políticos y personas implicadas en la gestión. Pero veamos de dónde viene todo esto...


1992, con la firma del Primer Acuerdo Nacional de Formación Continua y la inmediata creación de la Fundación FORCEM, marcó el inicio de una nueva etapa en la relación de las empresas con sus empleados. Por aquel entonces, las empresas carecían de una cultura formativa, eran muy recelosas a la hora de invertir en la formación de sus empleados y éstos a su vez no entendían la formación continua como beneficiosa, además, era necesario crear un mercado laboral cualificado. Así, este nuevo acuerdo pretendía cambiar dicha tendencia y lo cierto es que en este primer acuerdo se llevaron a cabo importantes reformas que fueron reconocidas en Europa como muy avanzadas en cuanto a la formación de los empleados.


Desde el principio, esta institución para la formación continua se fundamentaba en la corresponsabilidad de los dos agentes sociales, sindicatos y patronales, tanto en la gestión como en la aportación económica consistente, a fin de cuentas, en una tasa sobre el salario. Gracias a esta voluntad de colaboración, se introdujeron con gran éxito en nuestro país medidas como el diseño de planes de formación agrupados que favorecían a las pequeñas y medianas empresas o la exigencia de un plan de formación para acceder a las subvenciones.


Pero con el tiempo una nueva realidad laboral en la que ya las empresas empezaban a invertir en formación, incluso algunas más de a lo que estaban obligadas, y en la que el número total de personas que se formaban anualmente crecía de una manera exponencial hasta alcanzar el millón y medio de alumnos, debió hacer que las personas implicadas se planteasen realizar una significativa reforma del sistema. Por el contrario, el Segundo Acuerdo de Formación continua firmado en 1996 no trajo ningún cambio y así marcó un período posterior de al menos dos años de descontrol en el gasto, de recelos y ambiciones, y, de ese modo, se conocieron una serie de escándalos que tanto daño han hecho a la institución poniendo de manifiesto la imprescindible reforma del sistema.


Por eso, en el Tercer Acuerdo firmado en 2000 se involucró el gobierno (INEM) en la gestión de la FORCEM pasando a ser éste un órgano tripartito, aunque también hay que decir que por lo demás se siguió sin hacer las profundas mejoras necesarias. En estos momentos, según declaró, el director general de la Fundación Cirem, Oriol Homs, entre los agentes hay un cierto clima de desconfianza y de desgobierno que impide el correcto funcionamiento y desarrollo de la institución. En opinión de este profundo conocedor del problema tres son las cuestiones que lo bloquean: el hecho de que los promotores de actividades formativas sean al mismo tiempo cogestores del FORCEM (hay que tener en cuenta que algunas instituciones pueden estar tentados a utilizar sus fondos para financiarse); la incorporación de las comunidades autónomas en el sistema (que hace más difícil el control); y el exceso de burocratización que muchas veces hace que la institución sea más un freno al desarrollo de la formación que un aliciente.


Los más recientes casos conocidos están concienciando de los errores cometidos y en la necesaria renovación, la cual, aún no ha comenzado. Hay que tener en cuenta que la formación continua es una de las grandes líneas estratégicas europeas y así también españolas, pero lo que algunos expertos critican de la formación continua es fundamentalmente que no cumple con la labor que debería.


El catedrático de sociología por la Universidad Complutense, Juan José Castillo, hace un par de semanas publicó un lúcido escrito en el periódico El País en el que certeramente dio las razones por las que el sistema de formación continua español falla en sus más elementales objetivos para con la sociedad. En opinión de este estudioso, es a menudo este tipo de formación desconocido por los trabajadores, de sus derechos en esta materia, y para la mayoría de empresas no tiene el rango de política prioritaria, planificándose normalmente de una manera improvisada y descoordinada. Su uso es, por otra parte, muy poco rentable para el sistema económico nacional cuando las empresas en general gastan mucho más en sus empleados cualificados y directivos que el los puestos inferiores de la jerarquía. Además, sólo serán tomados en serio los programas formativos cuando se garantice que las nuevas competencias adquiridas se traduzcan directamente en una cualificación reconocida por la empresa y en un incremento salarial adecuado.


Sin embargo, las empresas y el gobierno no lo ponen fácil por mucho que se presuma de ello. Y es que el lugar que ocupa la formación continua dentro del conjunto de las políticas económicas y laborales de nuestro país es absolutamente incoherente. En este sentido, es lamentable que por un lado nuestros gobernantes hablen y pongan a la formación como motor prioritario del desarrollo económico-social y que por otro lado amparen políticas insolidarias con los empleados dentro de las organizaciones empresariales, fomentando un mercado laboral donde el contrato temporal es de uso habitual, quizá permanente pero en todo caso basura, y donde se degrada la consideración profesional de los trabajadores. Como muy agudamente dijo Juan José Castillo en El País, “no se puede proponer un sistema formativo para una organización de la producción cualificante, y simultáneamente, sistemas productivos que degradan y descualifican los puestos de trabajo”.


La política es muy bonita, un discurso adornado por las más bellas palabras, cargado de ética sublime, de bondad mesiánica, de voluntad por la justicia y la mejora. Pero de nada sirve cuando los hechos nos dicen que en nuestro país se hace casi siempre lo contrario. Y muchas empresas están muy a gusto con esta situación, es decir, teniendo pocas posibilidades de negociación los trabajadores, teniendo la empresa abierta la vía de los bajos salarios, interesada sólo en la mano de obra barata, y por ello poco interesada en la cualificación desde su misma base jerárquica. La formación es para las “peores” empresas, (y de esas hay unas cuantas muy grandes en España), una amenaza para su cómoda posición de semiexplotación de los empleados, pues supondría la mejora de las condiciones de estos últimos, su desarrollo personal y profesional, dar seguridad y consolidar en el puesto de trabajo, mejorando la posición negociadora del empleado y favoreciendo su promoción interna. Y esto, algunos desgraciados sentados en su poltrona piensan sinceramente, no se puede permitir


Porque en nuestro país hay gente con una gran preparación, diplomados y licenciados incluso, que han estudiado buena parte de su vida y que luego se pasan años ocupando puestos degradantes para lo que es su cualificación, y aún así, esperando que esto sólo sea transitorio, esperando que les den una oportunidad, cuando en realidad los mandos intermedios, quizá sus responsables o los que están más arriba, la agresiva política de Recursos Humanos de muchas empresas, no deja de ponerles zancadillas. Y es que, (pensarán aquellos directivos inmerecedores de su posición de privilegio), cuando alguien encaja en un puesto, cuando hace sus tareas muy eficientemente, lo mejor es que ahí permanezca el resto de sus días. Para ello habrá que hundirle, tendrá que pensar que no merece mejorar y que es muy afortunado por el simple hecho de tener un mísero salario. Lo cierto es que todavía en España hay profundas injusticias, tiene un mercado laboral que pese a los progresos sigue sufriendo de un alto índice de paro, inflexible, deshumanizado por empresas de políticas hostiles con la mayoría de sus empleados. Donde la voluntad en muchos casos es que la cantidad prime sobre la calidad.


Así las cosas, tampoco digamos que somos un país de ciudadanos ejemplares si entre nosotros mismos nos explotamos. Hay muchas cosas que hacer, necesitamos buenas intenciones, acciones formativas y laborales coherentes y sinceras. Si hemos de ser mejores, no podemos ser hipócritas.




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