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La CRUE busca en Santander un pacto de Estado de universidades

Financiación, investigación, desarrollo e innovación, la internacionalización y el espacio europeo y la calidad y acreditación del profesorado, serán varios de los temas que la CRUE pondrá en la mesa de debate los próximos 28 y 29 de junio en Santand

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A veces da la sensación de que las distintas administraciones que salen de las urnas después de un periodo de elecciones, utilizan la Educación en general y a la Universidad en particular como una pelota de tenis a merced del raquetazo de turno. Lo acabamos de ver una vez más con la llegada al poder del Partido Socialista elegido democráticamente tras los comicios del pasado 14 de marzo, que no ha tardado mucho en manifestar su deseo de poner en práctica la derogación de la LOCE para volver a la antigua LOGSE, anteriormente inhabilitada por el Gobierno del Partido Popular. Y lo mismo ocurre en cuanto a la educación superior, la universitaria, cuyas reformas siempre se aplican según los criterios de los políticos que lleven en cada momento determinado la sartén por el mango a la hora de legislar en materia educativa.


 


Quizá por ello sea bueno llegar a un pacto de Estado entre los distintos sectores implicados, administraciones, instituciones universitarias y agentes sociales, para que de una vez por todas el sistema formativo superior mantenga una línea estable de actuación ajena a los cambios políticos, a través de la cual las universidades y todo lo que en ellas se engloba puedan seguir unos parámetros más o menos estandarizados que acaben con la confusión reinante tras cada cambio político.


 


El primer paso en este sentido puede darlo la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, CRUE, que ha organizado para los próximos 28 y 29 de junio el encuentro «Las universidades en la sociedad del conocimiento: hacia un pacto de Estado», dentro de las actividades de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Con este encuentro, los organizadores pretenden abrir un espacio de debate y reflexión sobre la misión de la Universidad en la sociedad actual y sobre los procesos de adaptación que las instituciones académicas están llevando a cabo.


 


El programa, dirigido por los miembros de la CRUE y rectores de las universidades de Oviedo y Cantabria, Juan Antonio Vázquez y Federico Gutiérrez-Solana, se compone de dos conferencias y cuatro mesas redondas en las que participarán representantes de diversos sectores implicados en el posible pacto de Estado. Montserrat Palma, portavoz socialista en la Comisión de Educación y Ciencia en el Congreso de los Diputados; Josep María Bricall, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona; Javier Álvarez Guisasosla, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León; Ignacio Berdugo, coordinador de relaciones con universidades de América Latina del Grupo Santander o los rectores de las universidades de Jaén, Valencia y Vigo, entre otros, serán los encargados de expresar sus posturas respecto a diversas problemáticas.


 


Así, los participantes abordarán temas como la misión de la Universidad en la sociedad del conocimiento, la financiación universitaria, la investigación, el desarrollo, la innovación, la integración en el espacio europeo e internacionalización o la calidad y acreditación del profesorado universitario.


 


Reforma de la LOU


 


El sistema universitario español ha experimentado profundos cambios en el último cuarto de siglo. Con la llegada al poder del Partido Popular hace ocho años, se pretendió cambiar la estructura anterior basada en la LRU o Ley de Reforma Universitaria para imponer la Ley Orgánica de Universidades (LOU), cuyos objetivos podrían resumirse a grandes rasgos en la actualización de las enseñanzas y conocimientos que se imparten en las Universidades españolas; flexibilización de las enseñanzas que se imparten; vinculación de Universidad y sociedad aproximando las enseñanzas a las necesidades sociales, o la adaptación del sistema de enseñanza superior a los requerimientos derivados de las directivas de la Unión Europea.


 


Por su parte, el Partido Socialista ya ha manifestado tras la formación del último gobierno su deseo de reformar al menos siete apartados de la LOU, de los que tres (habilitación, la ANECA y el acceso a la Universidad) sufrirán un cambio por el procedimiento de urgencia mientras que el resto deberá seguir un proceso en busca del consenso entre los colectivos universitarios afectados.


 


En cuanto a la habilitación del profesorado, la LOU sólo habilita a un número limitado de candidatos convocando varias pruebas a lo largo del año. La reforma pretende un sistema que habilite a todos los aspirantes que acrediten méritos suficientes independientemente de las vacantes en las universidades, compitiendo todos por las plazas que posteriormente las universidades vayan ofertando.


 


La reforma también se ocupará de modificar la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), revisando su estructura, composición y competencias, al igual que el acceso de los estudiantes a la Universidad. Con la actual ley, que no ha llegado a ponerse en marcha en este apartado, se pretende que sean las universidades quienes hagan sus propias pruebas de acceso, pero la reforma va a mantener el anterior pero todavía vigente sistema de selectividad, más justo y menos discriminatorio según el actual gobierno y la mayoría de los sectores implicados.


 


La LOU modificó la elección de los rectores de las universidades aplicando el sufragio universal y, aunque en la mayoría de los casos esto ha beneficiado a los candidatos «progresistas», cuyas voces consideran este apartado como bueno y no modificable, la reforma pretende en principio volver al sistema de elección a través del Claustro tal y como se establecía en la ley anterior, por lo que este punto será uno de los más conflictivos a la hora de su reforma.


 


El actual Ministerio de Educación quiere igualmente devolverle al Claustro de cada universidad la capacidad de aprobar las líneas generales de actuación y romper con el máximo de 300 miembros que establecía le LOU, que le daba a este organismo un papel de menor relevancia. Asimismo el Consejo Social de cada universidad, formado por miembros de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social de la comunidad autónoma, verá reforzado su papel de enlace con la sociedad.


 


Por su parte, el personal contratado, docente e investigador, no puede superar con la actual ley el 49% del total, pero el Ministerio de Educación modificará este apartado y concederá además una mejora de sus condiciones laborales.


 


 


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Enlaces de interés :


 


CRUE


 


UIMP


 


Ministerio de Educación y Ciencia


 


Legislación universitaria


 


LOU


 


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