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Galicia promueve un nuevo sistema de FP ajustado al mercado laboral

450 millones de € es la cantidad que la Xunta de Galicia invertirá los próximos 4 años en la formación de trabajadores y desempleados. El objetivo de la administración gallega es adecuar la oferta formativa a la demanda del mercado laboral, para ello

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La Conselleria de Traballo de la Xunta de Galicia dispondrá de 450 millones de euros en los próximos cuatro años para invertir en políticas de formación profesional destinadas a desempleados y ocupados. La Xunta prevé que el número de trabajadores beneficiarios alcance la cifra de 300.000, según las estimaciones avanzadas por Ricardo Varela, conselleiro de Traballo. El objetivo básico del nuevo modelo formativo es prestar una atención individualizada a los demandantes de empleo a través de itinerarios de inserción personalizados y establecer procedimientos ágiles y flexibles de homologación de especialidades.


En formación ocupacional (para parados), la programación de cursos se hará en función de las necesidades de cada comarca. Así, la oferta no será igual en todas partes. Ésta variará según el índice de paro y de las características del tejido empresarial e industrial de la zona. Ricardo Varela explicó que la identificación de las necesidades de las diferentes áreas podrá llevarse a cabo por sectores, familias profesionales o acciones formativas, de forma que «se superen los desequilibrios territoriales existentes».    

Para identificar las prioridades, la Administración gallega ha puesto en marcha un total de 15 Comisiones Sectoriales de Formación Profesional, que
actuarán como órganos colegiados de carácter consultivo y de asesoramiento, en las que están presentes Xunta, patronal y sindicatos. Cada una de las partes aporta 45 representantes. De esta forma, los grupos de trabajo dispondrán de 135 expertos en 15 áreas, en las que se analizarán las características productivas, la oferta formativa y las carencias que hay en este ámbito. Por el momento se han seleccionado aquellos sectores más representativos en la economía gallega, como edificación y obra civil, comercio y marketing, servicios socioculturales, hostelería y turismo o actividad marítimo-pesquera.     

Para la identificación de necesidades de las empresas y de los territorios, aparte de las 15 comisiones, la Xunta ha recurrido al observatorio ocupacional, un instrumento técnico para conocer el funcionamiento del mercado laboral, es decir, cuáles son las ocupaciones en progresión y cuáles son los datos de contrataciones y de salidas profesionales. Para la elaboración de la escala de prioridades en la oferta formativa también se tendrán en cuenta las propuestas que hagan los agentes sociales en los distintos órganos en los que participan, como el Consello Galego de Relacións Laborais o el Comité Autonómico de Emprego.


La reforma impulsada por Traballo incorpora a su vez otro pilar importante: la modificación del sistema de selección del alumnado en los cursos. A partir de ahora, el desempleado se incorporará al programa en función de lo que indique en su itinerario personalizado de inserción. Es la primera vez que la comunidad gallega adopta esta medida, que ya fue prevista por la ley estatal del 2003. Con esto se pretende evitar que la oficina de empleo mande al parado a un curso que no se adapte a sus características.      

Galicia será la primera comunidad en poner en marcha un sistema de certificación profesional para valorar la competencia de quien ha realizado un curso, lo que supone abrir una vía alternativa al reconocimiento académico reglado. Es decir, que los trabajadores podrán disponer de un documento oficial que les reconozca los conocimientos adquiridos en el transcurso de su actividad laboral. Asimismo, la Xunta realizará un control de la calidad de quienes ofrecen cursos. Éstos también podrán optar a un certificado que acredite su nivel en la enseñanza. De hecho, la Xunta ya ha llevado a cabo una primera campaña de certificación en algunos de sus centros y de sus colaboradores.


Varela también ha destacado la atención específica que el programa destinará a los colectivos en riesgo de exclusión social y que están en desventaja respeto de la mayoría. Dado que una de las actuaciones más adecuadas en relación con estos colectivos son los programas experimentales, la Consejería de Trabajo duplicó en el 2006 el esfuerzo presupuestario dedicado a las acciones de formación.    


Esta iniciativa responde a una importante carencia formativa que afecta al 76% de los demandantes inscritos en las oficinas de empleo en Galicia y al 62% de los menores de 30 años desempleados, de ahí –explicó Varela- que “se produjese la llegada de mano de obra foránea, para cubrir esas necesidades del mercado de trabajo. Ahora, a través de este trabajo de análisis y planificación ya tenemos una fotografía clara de en qué tenemos que formarlos”.


 


Más información en:


 


Consejeria de Trabajo



Xunta de Galicia


 


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