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FORCEM e IMEFE: dos escándalos para calentar el otoño

Los cursos subvencionados son una excelente oportunidad de colocación y de mejora laboral. Así también son una eficaz herramienta para la mejora competitiva de las empresas. Sin embargo, hay otros que opinan que las subvenciones para la realización d

Publicado en Histórico Noticias
Foto de FORCEM e IMEFE: dos escándalos para calentar el otoño

FGW / Redacción Aprendemas.com – 18/10/2002


IMEFE, la puntilla que necesitaba Álvarez del Manzano...


Al final el alcalde de Madrid ha tenido que comerse sus palabras. El apoyo incondicional que ha mostrado en varias de sus pasadas declaraciones sobre la integridad e inocencia de su edil y directora del IMEFE (Instituto Madrileño de Formación y Empleo), María Antonia Suárez, ha quedado en entredicho en el reciente informe que ha presentado la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo. Y es que la Inspección del Estado y posterior informe ha puesto de manifiesto un gran número de anomalías en la gestión de esta institución municipal entre los años 1994 y 1998.


Ya desde finales de 2000 el PSOE, en boca de una de sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid, Isabel Villalonga, venía denunciando reiteradas anomalías y en especial redes empresariales con escasa o nula plantilla docente o infraestructura y participadas por gestores supuestamente vinculados al PP que, según este partido, copaban los primeros puestos en la adjudicación de cursos para formar parados. Y fue precisamente con el escándalo surgido en 2001 después de comprobar que el 60% de un ambicioso programa de cursos a presos cobrados por algunas de estas sociedades nunca se dieron, (lo cual pudo certificar la Dirección General de Instituciones Penitenciarias), que el Ayuntamiento no tuvo más remedio que aceptar la creación de una comisión de investigación que a la postre ha destapado éste y nuevos escándalos, la mayoría de los cuales atañían a las cuantiosas ayudas del Fondo Social Europeo.


Y en éstas llegó el Tribunal de Cuentas que ya el año pasado en un primer informe de la Intervención General del Estado cifró el gasto injustificado del IMEFE en 7,2 millones de euros. Ahora, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, responsable de responder ante Bruselas del gasto de las ayudas europeas, acaba de exigirle al Ayuntamiento de Madrid que devuelva ayudas de la UE por un monto de casi seis millones de euros tras concluir su propia auditoría (976 millones de pesetas). Y eso que aún queda pendiente otro informe sobre los costes correspondientes a la realización de los cursos contratados por el IMEFE con terceros (academias privadas), denominados asistencias técnicas. En este sentido hay que recordar que este organismo público ha dejado en manos de empresas privadas el 81% de sus cursos y de sus costes. Así pues, si el importe de los cursos gestionados por el Ayuntamiento ha sido de 8,5 millones de euros entre 1994 y 1999, el coste de los cursos externos habrá superado aproximadamente los 36 millones de euros.


Principalmente se le reprocha al IMEFE que, entre los años 1994 y 1999, pese a tener indicios de reiteradas estafas no se adoptaron medidas correctoras en ningún momento. Cursos que no llegaban ni siquiera a realizarse pero que constaban como realizados, alumnos que nunca se habían inscrito, u otros que se inscribían pero que nunca acudieron a sus centros de impartición, cursos que no se anulaban pese a no llegar al cupo mínimo exigido (30% primero y 50% a partir de 1995), falta de objetividad en la adjudicación de cursos, minusválidos sin certificación u otros que excedían la edad media, empresas que se creaban con el único fin de ser contratadas por el IMEFE, estas y otras han sido las numerosas y continuas irregularidades que han hecho concluir a los auditores del Ministerio de Trabajo que el órgano de gestión ha sido cuanto menos negligente por “falta de control”.


Así el panorama y a la espera de nuevos informes comprometedores, la responsable de este importante instituto municipal de formación de desempleados no tenía otra alternativa honorable, si ya se permite utilizar esta palabra, que presentar su dimisión irrevocable, cosa que hizo el pasado miércoles día 15 de octubre y que acompañó con el cese de sus 12 colaboradores en el órgano de gestión. Sí quiso matizar esta, ahora sólo, edil del PP en el Ayuntamiento de la capital, y como así también se dijo en el informe, que no ha habido responsabilidad política en el asunto sino, en todo caso, tal y como reconoció, una desacertada gestión. Sea como sea, dada la gravedad de los hechos comprobados, la dimisión era ineludible.


¿Y quién pondrá orden en la FORCEM?


Pero es que no nos habíamos recuperado aún de esta explosiva noticia en el sector de la formación, cuando nos enteramos que de nuevo otras instituciones y empresas hacen un uso “perverso” por corrupto de una buena parte de los presupuestos supuestamente asignados a los cursos subvencionados que, no olvidemos, todos los españoles y europeos financiamos con toda nuestra buena voluntad. El caso es que ya ni los patronales ni los sindicatos pueden estar libres de sospecha. Bueno, lo cierto es que nunca lo estuvieron y por si fuera poco en esta ocasión le ha tocado el turno a las instituciones implicadas en la gestión de la FORCEM.


Respecto a este asunto, la caja de Pandora fue abierta por la jueza Teresa Palacios a propósito de unas supuestas irregularidades cometidas dos años antes en varios cursos para empleados financiados por la FORCEM. Tras sucesivas denuncias se comprobó que tanto la UGT como Comisiones Obreras habían estado falseando diplomas de cursos hasta un número de al menos 400 personas, todo en la provincia de Cádiz y especialmente en la ciudad de Jerez de la Frontera, y por ello fueron objeto de investigación al menos 12 academias y empresas dedicadas a la formación.


Pero este escándalo pronto se ha comprobado que no era aislado y en otras provincias se han destapado escándalos similares en el que también se han visto implicadas las patronales, sindicatos y empresas privadas. En este sentido hay que recordar que UGT anunció hace unas semanas que congelaría el pago de los fondos de formación de los cursos de 2001 (36 millones de euros) pues antes debía investigar, de entre sus gestores y el cerca de millar de centros colaboradores, quienes habían actuado fraudulentamente.


Y es que además el Tribunal de Cuentas ya desde hace tiempo había puesto sus ojos a tanto desmadre financiero en una institución de formación continua financiada casi íntegramente por el INEM y que también incluía generosas aportaciones por parte del Fondo Social Europeo. Entre 1993 y 1998 el FORCEM manejó 306.000 millones de euros y se ha podido saber que 14 de ellos fueron, cuanto menos, derrochados, cosa de la que ya en 1999 el Tribunal alertó. Ahora ha descubierto que entre 1996 y 1998 59.552 alumnos de los 271.204 que participaron en sus 587 planes de formación realizados no estaban registrados en al Seguridad Social y que por tanto no existían. Entre las irregularidades se ha citado cursos no impartidos, alumnos inexistentes, cobro de matrículas gratuitas, imputación de sobrecostes y falsificación de facturas. En definitiva, las deficiencias son muchas y graves y así este órgano oficial encargado de la investigación ha exigido, de momento, la devolución de 2,1 millones de euros por parte de la patronal (1,5 millones) y los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT.


Estas a continuación son las instituciones y las cuentas pormenorizadas de lo que el Tribunal de Cuentas reclama su devolución al INEM:


Confederación de Empresarios de Galicia: 942.556 euros.
CCOO: 337671 euros.
CEOE. 246.290 euros.
CEPYME: 175.470 euros.
Confederación de Empresarios de Castellón: 76.428 euros.
UGT País Valenciano: 68.456 euros.
Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife: 61.898 euros.
Fundación Técnica para la Máquina Herramienta: 49.561 euros.
Fundación Pascual Tomás: 47.015 euros.
Federación Vizcaína de Empresas del Metal: 46.427 euros.
CCOO Andalucía: 31.712 euros.
Confederación de Empresarios de Alicante: 11.347 euros.
Confederación de Empresarios de Baleares: 10.649 euros.
UGT Andalucía: 978 euros.


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