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El TSJC ordena adaptar la educación en castellano y catalán para seis alumnos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat que, de manera cautelar, adopte las medidas necesarias para que seis alumnos tengan el castellano y el catalán como lengua vehicular.

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Estudiantes-grado-INEEl Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Generalitat de Cataluña que adopte las medidas necesarias para que seis alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria tengan el castellano y el catalán como lengua vehicular de su enseñanza.

 

Esta medida sería adoptada de forma cautelar hasta que se resuelva la impugnación que los padres en su día plantearon. De esta manera, se adaptaría el sistema de enseñanza lingüística a la nueva situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera que tanto el castellano como el catalán son lenguas vehiculares de la enseñanza en Cataluña. La Generalitat, por su parte, ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares del TSJC.

 

El TSJC ha señalado que dichos autos “no suponen la segregación de los alumnos por razón de lengua”. Se da la circunstancia de que la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, que es la que ha notificado estos autos, es la misma que dictó un auto en 2011 en el que daba un ultimátum de dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular de las escuelas, que fue suspendido posteriormente al ser impugnado por la Generalitat.

 

En mayo de 2012, esta misma sección también reconoció el derecho de otras cuatro familias a que sus hijos fueran escolarizados con el castellano en la misma proporción que el catalán. El auto fue impugnado por la Generalitat al considerar que la decisión judicial “suponía una grieta del sistema educativo catalán”.

 

En los autos dictados ahora, la sala advierte que, pese a que da la razón a los padres, la medida no presupone que adelante el fallo sobre la cuestión de fondo planteada en el recurso. Así, los seis autos cuentan con un voto particular en contra emitido por uno de los tres magistrados de la sala, que considera que la decisión es “una suerte de ejecución anticipada de una hipotética sentencia estimatoria del recurso presentado por los padres”.

 

La consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, afirma que “no tiene ningún sentido aplicar las medidas cautelares porque no existe ningún riesgo ni peligro de que los alumnos que cursan en Cataluña no dominen el catalán y el castellano al finalizar sus estudios”. Además, Rigau ha recordado que la LEC ya prevé la atención individualizada de alumnos cuyos padres reclamen su escolarización en castellano.

 

Por su parte, el PPC y Ciutadans han reclamado a la Generalitat el cumplimiento de las sentencias del TSJC, señalando que “un Gobierno que no cumple las leyes ni las sentencias no tiene legitimidad para exigir nada a la ciudadanía. Da igual si son seis familias o seis mil. Se debe garantizar los derechos de todas las personas”.



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Más información:

Departamento de Enseñanza la Generalitat

 

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