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“El nuevo sistema de acceso a la Abogacía facilitará la libre circulación de profesionales”

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha señalado que la nueva ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, que entrará en vigor el 31 de octubre de 2011, garantizará una capacitación adecuada que nos homologará con Europa y facilit

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El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió la nueva ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, que entrará en vigor el 31 de octubre de 2011, afirmando que va a garantizar que los futuros profesionales cuenten con una capacitación adecuada que nos permitirá homologarnos con Europa y facilitará la libre circulación y el establecimiento de nuestros profesionales en cualquier país de la UE. En cuanto a la situación actual de la ley, según precisó el ministro, el reglamento de desarrollo, una vez adaptado al programa de Bolonia, será enviado próximamente al Consejo de Estado para informe. [Ver cursos de Idiomas]


 


Caamaño señaló que esta nueva normativa pretende dar respuesta a las demandas de los colegios de abogados para que el acceso a la abogacía esté condicionado a una formación específica, más allá del genérico título de Grado en Derecho. Además, el ministro también aludió a la transformación que el ejercicio de la abogacía experimentará con el uso de las nuevas tecnologías.


 


En el mercado de servicios, la abogacía ostenta una posición singular y característica que no comparte con ninguna otra profesión: es el único servicio profesional que es objeto de un derecho fundamental”, señaló el ministro, quien también afirmó que “la defensa en juicio de los derechos e intereses de los ciudadanos constituye un servicio privado con una trascendente dimensión institucional. La abogacía es pieza fundamental del sistema de justicia, ya que sin abogado no hay defensa y sin defensa no hay proceso justo ni juez imparcial”. En opinión de Caamaño, “sólo una abogacía institucionalmente organizada puede operar como el contrapoder que exige todo sistema de justicia”.


 


El ministro manifestó también que “la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos requiere de una supervisión que garantice la calidad de los servicios prestados. Por tanto, la pertenencia de los abogados al Colegio obedece a una obligación sistemática derivada de la función social que desempeñan”.


 


Por otro lado, Francisco Caamaño habló sobre la asistencia jurídica gratuita, señalando que es otro ámbito en el que la abogacía desempeña con intensidad ese papel garante de los derechos de los ciudadanos. El ministró señaló que los 230 millones de euros que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas destinan a esta prestaciónson una cantidad considerable que crece año tras año. La solución no pasa por un cambio de modelo, sino por una racionalización adecuada del sistema vigente, por lo que es hora de adecuar ese excelente sistema a las necesidades actuales”.


 


 


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Más información:


 


Ministerio de Justicia


 


Colegio de Abogados de Madrid


 


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