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El nuevo Decreto de FP integra la formación de trabajadores y desempleados

Con la aprobación del nuevo Decreto que regula la Formación Profesional para el empleo, las diferencias entre formación continua (para trabajadores) y ocupacional (para desempleados) desaparecen del ordenamiento jurídico español. Además, con el objet

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el subsistema de formación para el empleo, en el que se integran las dos modalidades de formación profesional existentes en España desde hace casi quince años: la ocupacional, destinada a personas desempleados, y la continua, dirigida a los trabajadores.


 


A partir de ahora, los destinatarios de la formación profesional para el empleo serán todos los trabajadores ocupados y desempleados, incluidos los que no cotizan por formación profesional, y en ambos colectivos tendrán prioridad para participar en las acciones aquellos trabajadores con mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo.


 


El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales considera que la integración de ambas modalidades de formación en un sistema único favorece el acceso a la formación de toda la población activa con objeto de promover el aprendizaje permanente para la competitividad, el empleo y el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.


 


El origen de la norma aprobada está en el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, suscrito en febrero de 2006 por el Gobierno y los interlocutores sociales dentro del proceso de Diálogo Social. El nuevo modelo de formación respeta la competencia de gestión de las comunidades autónomas, así como el papel de los agentes sociales.


 


Doble beneficio para las empresas


 


Las empresas dispondrán anualmente de un crédito para la formación de sus trabajadores que cubrirá total o parcialmente los costes de la formación que realicen. De esta manera se consigue, por un lado, atender las necesidades específicas de empresas y trabajadores y, por otro, trasladar la ayuda hasta sus usuarios directos, por lo que la financiación de los programas de formación puestos en marcha por las empresas se realizará a través de un sistema de bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social.


 


El nuevo Decreto hace especial hincapié en facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la formación, por lo que éstas podrán beneficiarse de medidas específicas en el tratamiento de sus bonificaciones y tendrán la opción, además, de agruparse con otras empresas para participar en actividades formativas y reducir así los costes derivados de las mismas.


 


El presupuesto destinado al nuevo modelo asciende a 2.235.875.000 euros, de los que más de 1.800 millones (81%) tienen su origen en la recaudación de la cuota de formación profesional y el 19% restante en las ayudas del Fondo Social Europeo.


 


Según los cálculos realizados, de las 88.900 empresas que realizaron actuaciones de formación 2006 se pasará a 303.500 en 2010 y de 1.146.600 trabajadores que la recibieron el pasado año a 2.224.187, lo que significa cuatro puntos porcentuales más de lo establecido en la Estrategia de Lisboa.


 


Apoyo de los sindicatos


 


UGT ha manifestado su satisfacción por la aprobación del Decreto que “representa una oportunidad para que España se aproxime a los países de la UE más avanzados en la formación permanente de los trabajadores, lo que les beneficia directamente para incrementar sus posibilidades de conseguir mejores empleos”.


 


El sindicato afirma que esta norma compatibiliza tanto los intereses de los empresarios y de las Administraciones competentes, como los de los trabajadores. Asimismo, ha valorado muy positivamente el reconocimiento del carácter gratuito de la formación permanente, tanto de trabajadores en activo como desempleados, y el refuerzo de papel de la Representación Legal de los Trabajadores, como garantes de la no discriminación de los mismos.


 


Por su parte, CCOO considera la norma como un avance en los derechos fundamentales de los trabajadores. Los beneficios de este nuevo modelo, arguyen, son “el incremento de la inversión en formación por parte de las Administraciones Publicas y de las Empresas, y la celeridad de los desarrollos normativos aun pendientes de la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional”, como es el caso de los Reales Decretos de Certificados Profesionales, Centros Nacionales de Referencia y Procedimiento de Evaluación, Reconocimiento y Acreditación de Competencias y Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de otros aprendizajes formales e informales.


 


Más información:


 


Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales


 


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