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El Gobierno rehace el Subsistema de Formación Continua

Dos Reales Decretos ha estado preparando el Gobierno Central este verano con los que se va a dibujar un nuevo escenario en lo que se refiere a la Formación Continua en las empresas. Claro que no todos están conformes con que la gestión y reparto de f

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Interesante fue el encuentro que dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid se impartió durante los pasados días 30, 31 de julio y 1 de agosto relativo al futuro de la formación continua en España. De hecho, bajo el título “FORMACIÓN CONTINUA: COMPETITIVIDAD Y COHESIÓN SOCIAL” se dieron cita esos días varios de los principales artífices de la ya inminente reforma legislativa del subsistema de la formación continua.

Participaron, entre otros, la Secretaria General de Empleo, Carmen de Miguel, la directora general del INEM, María Dolores Cano, también Teresa Muñoz Rodríguez que es la representante de UGT en el Patronato de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, y Francisco Moreno Chamorro por parte de CCOO en este mismo organismo. De destacar fue, asimismo, la presencia de Vicente Bertolín Puchol, Director General de FORCEM, y la de Javier Ferrer, así como, la de José María Díaz Zabala, uno Presidente y el otro Director Gerente de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Este último habló precisamente sobre el futuro de la formación continua ahora que el Gobierno está plenamente inmerso en la profunda reforma de éste subsistema y de las instituciones que gestionan fondos y acciones.

Ha sido, a fin de cuentas, un encuentro que el Gobierno ha utilizado para “vender” tanto a las diferentes facciones como, especialmente, a la opinión pública española, los varios reales decretos que prepara y que tanta polémica están suscitando. Y anda necesitado el Ministerio de Trabajo de mejor prensa a este respecto toda vez que han sido meses de duras negociaciones, con poderes e instituciones que se sienten gravemente perjudicadas, apartadas de unos fondos, los de la Formación Continua, cada día mas cuantiosos, algunos que, ni siquiera ya bien entrado agosto, han querido dar su brazo a torcer y que, por tanto, si esto se aprueba es única y exclusivamente porque una amplia mayoría parlamentaria respalda al gobierno. Eso sí, siempre les quedará a los insatisfechos el recursos del Tribunal Constitucional, y a fe que éste tiene mucho que decir si una nueva norma no se ajusta a la ley fundamental del sistema jurídico español.

Por eso tampoco podía faltar la actual secretaria general de Educación y Formación Profesional del MECD, Isabel Couso, que en el mismo discurso de inauguración del encuentro celebrado en San Lorenzo de El Escorial aprovechó para hablar de la trascendental Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional de 2002, anticipando los vínculos que se van a trazar entre el sistema educativo en sentido amplio con el sistema productivo y consecuentemente con el subsistema de formación continua. Habló de cómo en muy pocos años la idea de aprendizaje a lo largo de la vida ha pasado de ser un principio o idea meramente invocados a convertirse en componente interno de nuestros sistemas de educación y de formación, y de cómo en éste y próximos años va a tener que seguir desarrollándose. Un camino que ha de recorrer España junto con el resto de países de la Unión Europea, siendo fundamental, establecer objetivos comunes, puntos de referencia y reconocimiento mutuo en lo relativo a las cualificaciones.
Un catálogo para formarse toda la vida...

Y claro, siendo inminente la aprobación del Real Decreto por el que se regulará el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, Couso quiso hacer entender a la concurrencia las profundas consecuencias que esta reforma, -ya contemplada en la última Ley de FP de 2002-, tendrá sobre el futuro de la Formación Continua, más allá, de la formación-educación a lo largo de toda la vida. Y es que el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales pronto vendrá a ser la piedra angular en torno a la que se quiere fundamentar toda la Formación Profesional -la puramente inicial reglada, la ocupacional y la continua-, cercano en la medida de lo posible a las cambiantes necesidades del sistema productivo y estableciendo sólidos nexos de unión de estas citadas tres disciplinas con el resto de enseñanzas regladas. Y así, de dar carácter legal, calidad, adaptabilidad y total reconocimiento a los conocimientos y competencias adquiridos durante la vida es de lo que se trata en definitiva.

Hay que añadir que este proyecto de Real Decreto, en el que han trabajado conjuntamente estos últimos meses el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, obtuvo el pasado 30 de julio dictamen favorable por parte del Consejo de Estado, quedando, por tanto, ya sólo pendiente la aprobación por el Consejo de Ministro y la discusión y más que probable aprobación en las dos cámaras representativas.

Desbloqueando la Formación Continua...


Mucho más polémico está siendo, por el contrario, la reforma del Subsistema de Formación Continua que está llevando a cabo, en este caso, sólo el Ministerio de Trabajo. Y es que, no olvidemos, aquí se está decidiendo cómo se va a repartir la responsabilidad sobre un presupuesto total que se acerca a los 1.000 millones de euros y que alcanza a aproximadamente 1.700.000 personas cada año..

Esta reforma que va a acabar con la vigencia de los III Acuerdos Nacionales de Formación Continua (2001-2004) ha sido para el Gobierno más que justificada, de cuyas razones ya dieron cuenta a la sociedad en el mismo comunicado de aprobación del Decreto.
Primero, tenían en su contra sendas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en abril y octubre de 2002, en las que se daba la razón a dos comunidades autónomas. Por otra parte la promulgación en 2002 de la Ley Orgánica de Cualificaciones y de la Formación Profesional, que establece un Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y un sistema de reconocimiento y evaluación de la experiencia profesional que obliga a prever mecanismos mediante los cuales la formación continua se vaya adaptando, es decir, precisamente el proyecto de Real Decreto previamente citado y ya aprobado por el Consejo de Estado. Pero es que además, muchos todavía se acordarán de los dictámenes emitidos el año pasado por el Tribunal Constitucional relativos a las deficiencias en la gestión de los fondos para la Formación Continua, que tanto daño institucional han hecho a la FORCEM. Y asimismo, las observaciones emitidas por la Comisión Europea, que ha exigido a España la formación de un grupo de trabajo para examinar todo el sistema de gestión y control del mismo. Tan burocrático y complejo era, por otra parte, el procedimiento de tramitación y ejecución que era imposible para las empresas planificar y realizar la formación cuando la necesitaban, formación a la que, para colmo, la mayoría de Pymes no podía ni siquiera acceder.

Necesitaba el Gobierno que alguno de los agentes sociales y otros poderes le apoyaran en este proyecto de Real Decreto. Especialmente han sido varias comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña, las que de ningún modo han querido ceder un ápice en tanto en cuanto consideran que se les está vulnerando varios derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución española. Recordemos que ya hay dos sentencias a su favor. Lejanas las posiciones, teniendo en cuenta que sí goza del beneplácito de la patronal ya que esta reforma favorece sobretodo a las empresas, Eduardo Zaplana ha entendido necesario acercarse asimismo a los sindicatos que, de hecho, ha sido uno de los tres agentes con representación en la extinta FORCEM.
Y tras diversas reuniones a lo largo del mes de julio, finalmente se ha conseguido un acuerdo que satisficiera tanto a CCOO como a UGT. Así, los dos principales sindicatos españoles manifestaron en una declaración pública conjunta respaldar el nuevo Subsistema de Formación Continua propuesto por el Gobierno pues estiman que recogerá de manera significativa sus planteamientos al respecto. Sí matizaron, no obstante, su convicción de que los III Acuerdos de Formación Continua deberían haber seguido vigentes (incorporando medidas para un mayor control) y que el nuevo sistema de bonificaciones a las empresas supondrá pervertir el carácter solidario de la cuota de cada empleado dedicada a formación. Con todo, se muestran satisfechos de que se refuerce la solidaridad con las empresas de menor tamaño y se incorporen medidas de apoyo a las Pymes, a la vez que se mantenga la cofinanciación por parte de las grandes empresas. También estiman positivo la mejora de la representación legal de los trabajadores en las empresas, que se aumente en transparencia y control, que se dé continuidad a los órganos de decisión y gestión y al imprescindible hecho de que se va a ganar en agilidad.

Claro que, tantas son las instituciones afectadas, tantos los intereses contrapuestos, que no parece posible dejar a todos contentos. También ha negociado tímidamente el Gobierno con las comunidades “rebeldes”, buscó Eduardo Zaplana el respaldo en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales celebrada el pasado 30 de julio, vano esfuerzo en lo que se refiere a varias de las comunidades más reacias. Tan delicadas han sido las negociaciones que la reforma se ha retrasado mucho más de lo deseado, creándose, de hecho, una situación de preocupante parálisis. Para la formación correspondiente al ejercicio 2003, sin ir más lejos, la Comisión Tripartita de Formación Continua ha tenido que acordar, a propuesta de la Dirección General del INEM, que se prorrogaran las convocatorias de ayudas para los Planes de Formación Continua y de permisos individuales de formación publicados en el año 2002, y de ese modo, dar por el momento una solución a la grave situación de incertidumbre generada. Esto se decidió el pasado 25 de julio.

Agilizando la formación en las empresas...

Bien sabía Eduardo Zaplana que cualquier iniciativa política de difícil consenso es mejor emprenderla en plena temporada estival por eso de que con el calor a los rivales se les puede espesar las ideas. También tendría la esperanza de pillar a alguno de ellos en una playa paradisíaca y remota sin ninguna posibilidad de reacción. El caso es que ha sido el 1 de agosto el día elegido para que el Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Trabajo y Asuntos Sociales, aprobara el Real Decreto por el que se regulará a partir del 1 de enero de 2004 el Subsistema de Formación Profesional Continua.

Este nuevo modelo se fundamenta en la novedad de que a partir de ahora serán las propias empresas las que decidirán y desarrollarán sus acciones formativas. Elegirán, así pues, sea cual sea su tamaño, actividad o ubicación, el modelo de formación, su contenido, cómo y cuándo la hace. Podrá optar entre prestarla de forma directa, con sus propios medios, o en centros especializados, o bien recurrir a la colaboración de las asociaciones empresariales o sindicales, o a agrupaciones constituidas por las empresas.

Todas las empresas que hagan formación para sus trabajadores tendrán derecho a bonificaciones en las cotizaciones sociales, de manera automática, sin gestión intermedia de ninguna Administración. En concreto, las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para formación continua, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año anterior, un porcentaje de bonificación, en función del tamaño de la empresa. Este porcentaje se establecerá anualmente, beneficiando a las empresas de menor tamaño, de forma que cuanto menor sea la empresa, mayor será el porcentaje de bonificación. Incluso, para las empresas de 1 a 5 trabajadores se garantizará un crédito de bonificación, las cuales, además se verán exentas de la obligación de cofinanciar parte alguna de los costes totales de la formación continua. De cualquier manera, el Gobierno ha querido dejar claro en su comunicado que el nuevo modelo no implicará que se vayan a destinar menores recursos a la formación continua. En concreto, se mantiene el porcentaje del 0,35 por ciento que recauda actualmente la Seguridad Social en concepto de formación.

Algo que también ha querido destacar desde el Ministerio de Trabajo es que a partir de esta reforma van a ser más los colectivos y personas que participarán en los diferentes planes formativos. En principio, corresponde ser beneficiarios a los trabajadores asalariados que cotizan a la Seguridad Social en concepto de formación profesional. No obstante, se incluirá en el modelo a partir de 2004 a los trabajadores fijos discontinuos en periodos de no ocupación, los trabajadores que accedan a la situación de desempleo cuando se encuentran en periodo de formación y a los que se acojan a regulación de empleo en sus periodos de suspensión por expediente autorizado. También el personal al servicio de las Administraciones Públicas, y a los trabajadores del Régimen Especial Agrario (REASS), de Autónomos, del Mar y otros de la Seguridad Social que no coticen por la contingencia de formación (estos últimos sólo mediante contratos programas).

Se distinguirá dos tipos de formación: la específica, directamente aplicable al puesto de trabajo actual, y la general, aquella que incluye una enseñanza que no es única o principalmente aplicable al puesto actual del trabajador en su empresa, sino que proporciona cualificaciones transferibles a otros ámbitos laborales. Sea la que sea, lo esencial es que dichas acciones formativas deberán guardar relación con la actividad empresarial. Y tendremos a la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo que servirá especialmente como instrumento de apoyo, información y asistencia técnica, y que también las incentivará para que se agrupen a la hora de formar a sus trabajadores.

El Ministerio de Trabajo prevé conseguir con todo esto certeza jurídica y transparencia en el disfrute en las ayudas públicas, ya que las empresas van a conocer desde el primer momento el crédito del que disponen para la formación de sus trabajadores. Es evidente, asimismo, que las pequeñas empresas van a verse favorecidas en el nuevo modelo.

Por otra parte, se contemplan los llamados “contratos programa”, en este caso ayudas concedidas por el INEM previo informe de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo que se dedicarán a financiar planes de formación a las confederaciones empresariales y sindicales más representativas (mediante contratos programa), siempre y cuando afecten a más de una comunidad autónoma. Se da cabida, así, a la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, de la que puede derivar planes de formación continua a cuenta del INEM. Confederaciones y federaciones de cooperativas y sociedades laborales, así como, asociaciones de trabajadores autónomos laborales podrán igualmente suscribirse a contratos programa.

Y para hacer completo este modelo, en definitiva, también vincularlo al nuevo Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, la reforma contempla una serie de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación, fundamentalmente con el fin de conocer el mercado de trabajo y anticiparse a los cambios en el sistema productivo en lo que respecta a sus necesidades formativas.

Nunca llueve al gusto de todos...

¿Y las decisiones?, ¿y la gestión?, y aquí es donde nos encontramos con la gran manzana de la discordia. Decidido está por el Gobierno de manera unilateral que, aprobado el Real Decreto, se constituirá una Comisión Estatal de Formación Continua, presidida por el/la Secretario/a General de Empleo y formada por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, la Administración General del Estado y, como gran novedad, las Comunidades Autónomas. De impulsar y difundir la formación entre las empresas y trabajadores, de coordinar y evaluar las políticas formativas, elaborar y proponer estudios, así como, de efectuar un seguimiento y control de las acciones, se encargará la nueva Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, asumiendo así las tan importantes funciones que tenían atribuidas la Fundación Tripartita y la Fundación para la Formación Continua (FORCEM). Las Comisiones Paritarias Sectoriales y Territoriales, integradas por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el sector y en el territorio, serán los otros dos órganos de participación.

Ciertamente al Gobierno esto le parece suficiente como para ajustarse a las sentencias del Tribunal Constitucional que el año pasado dictaminaron el legítimo derecho de las comunidades a participar plenamente en la gestión de los fondos y de las acciones de formación continua. Sin embargo, son varias las comunidades autónomas que se quejan de que el Gobierno pretende es centralizar toda la gestión de la formación continua, evidentemente a su favor, cuando hay ciertas comunidades, tal y como se estableció en sus correspondientes estatutos de autonomía, a las que se debe traspasar la gestión de este fondo en lo referente a su territorio. De ahí que Carles Campuzano, diputado de CiU, afirmara tras la reciente aprobación que el modelo de formación continua que propone el Gobierno del PP es anticonstitucional, ilegal y totalmente ineficaz. Recordó la sentencia del alto tribunal que entre otras cosas reconocía que la recaudación de las cuotas de formación continua de las nóminas de los trabajadores no es parte de la caja única de la Seguridad Social y, por otro lado, son los diferentes gobiernos autonómicos los que tienen la gestión de la misma. Calificaba, además, la posición de los sindicatos de “débiles y sumisas” con el único propósito de quedarse con una parte del beneficio de la formación.


Por supuesto, son varios los gobiernos autónomos que se han dado prisa en anunciar, ya no sólo que van a recurrir la nueva normativa que regulará subsistema, sino que, además, recurrirán la recientemente anunciada prórroga a este año de los planes de formación continua del 2002. De momento, CiU y PNV han solicitado la comparecencia de Zaplana en el Congreso, a lo que el Gobierno ha hecho oídos sordos. Así las cosas, parece que septiembre se presenta muy caliente. Sin duda, mucho todavía queda por discutir estos últimos cuatro meses del año.

Enlaces de interés:
Web Oficial del Ministerio de Trabajo
Web Oficial del Ministerio de Educación
Web Oficial del INEM
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
Especial Ley FP (MECD)
Texto Íntegro Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y la Formación Profesional (pdf)
Declaración pública conjunta de UGT y CCOO sobre el Real Decreto que regula la Formación Continua
Luz verde al nuevo Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
Zarpazo letal del Gobierno a la FORCEM
Férreo control del Gobierno en la nueva Formación Continua

La Formación Continua, La FORCEM y los nuevos retos (2002: claves de un año de profundas reformas educativas)

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