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El Gobierno reforzará las sanciones a desempleados que rechacen ofertas de empleo

En su lucha contra el fraude fiscal, el Gobierno ha detectado que medio millón de desempleados están cobrando indebidamente prestaciones, lo que ha generado al Estado un ahorro que supera los 3.000 millones de euros. [Foto: Consejo de Ministros, vier

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Estudiantes-grado-INEEl Gobierno ha anunciado los resultados de las actuaciones realizadas en materia de lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social que se vienen realizando desde principios de 2012. El ahorro que han supuesto para el Estado supera los 22.500 millones de euros, de los cuales 16.500 millones de euros corresponden a la lucha contra el fraude fiscal, mientras que en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social se han producido ahorros de 6.152 millones de euros, de los que 3.161 millones de euros son ahorro en prestaciones. [Ver cursos de Búsqueda de Empleo]

 

Según los datos presentados, las Fuerzas del Estado han efectuado en estos 18 meses cerca de 700 intervenciones, que han permitido detener o imputar a más de 3.000 personas. En relación con el fraude de las prestaciones por desempleo, se han realizado más de dos millones y medio de actuaciones de control, que han dado como resultado la sanción a 520.572 perceptores de prestaciones por desempleo, lo que equivale a una sexta parte de los parados. La mayoría han sido sancionados por la ausencia de la comunicación de rentas o prestaciones, o la no renovación de demanda. Las sanciones van desde la suspensión del cobro de la prestación de uno a seis meses hasta la retirada total de la misma.

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el Ministerio de Empleo presentará el próximo año una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, “que reforzará las consecuencias de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones”. Empleo también está trabajando en una nueva Ley Reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.

 

Todo ello ha hecho posible 35.761 inspecciones a empresas ficticias, con 557 millones de euros recaudados, además de detectarse fraudes en materia de incapacidad temporal, de complementos a mínimos o de jubilaciones parciales -que han supuesto un ahorro de 408 millones de euros- o actuaciones para aflorar cantidades no declaradas a la Seguridad Social -por valor de 1.714 millones de euros-.

 

En cuanto a la nueva obligación de informar sobre cuentas, valores e inmuebles en el extranjero, se han identificado bienes y valores por importe de 87.700 millones de euros. Para ello ha sido necesario el impulso del intercambio de información tributaria a nivel internacional y la rúbrica de diferentes acuerdos.

 

 

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Más información:

 

Consejo de Ministros

 

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