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El Gobierno aprueba la reforma urgente de la formación profesional para el empleo

El Gobierno ha aprobado la reforma urgente de la formación profesional para el empleo. El Consejo de Ministros también ha publicado la oferta de empleo público y ha concretado la ley de voluntariado. [Foto: Consejo de Ministros, 20 de marzo de 2015/L

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Estudiantes-grado-INEEl Gobierno ha aprobado la reforma urgente de la formación profesional para el empleo, que tiene como objetivos estratégicos favorecer la creación de empleo estable y de calidad, contribuir a la competitividad empresarial, garantizar el derecho a la formación laboral especialmente de las personas más vulnerables, ofrecer garantías de empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores, y consolidar una cultura de la formación.

 

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Además, la reforma también pretende lograr una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos empleados y evitar cualquier irregularidad en la gestión de los fondos públicos ligados al empleo, al tiempo que trata de coordinar a todos los actores y las Administraciones públicas con un marco jurídico común para todos.

 

El nuevo enfoque quiere corregir las debilidades detectadas en el sistema. De esta manera, se quiere atender a las necesidades específicas del tejido productivo de cada Comunidad Autónoma, dando un protagonismo esencial a los agentes sociales y la negociación colectiva, que deberá responder de manera eficaz a las necesidades reales de empresas y trabajadores. También se intenta desarrollar un sistema eficiente basado en la coordinación de todos los agentes implicados, en un escenario de planificación estratégica plurianual que recogerá las necesidades del tejido producto y los trabajadores.

 

Otro objetivo es implantar la llamada cuenta-formación, que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera profesional con el objetivo de acreditar su historial formativa y de orientar la oferta formativa al incremento de su empleabilidad.

 

La reforma pretende también que la teleformación sea un instrumento que permita dotar al sistema de mayor eficacia y flexibilidad. Además, en el nuevo modelo, la formación también será clave e incluirá la posibilidad de impartición en la propia empresa. Asimismo, las compañías podrán encomendar la formación a una entidad externa acreditada. También se simplificarán los procedimientos de gestión y se facilitará el desarrollo de acciones formativas ajustadas a las necesidades reales de empresas y trabajadores.

 

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En relación con la formación para desempleados, se pondrá en marcha el cheque formación, para que sea el propio desempleado que elija la entidad de la que recibe formación. En cuanto a otras novedades relacionadas con la formación, la reforma establece que el pago anticipado en ningún caso podrá superar el 25%, prohibiéndose al subcontratación. El régimen de concesión directa sólo podrá utilizarse en supuestos excepcionales y, para ahondar en la simplificación, se posibilitará un sistema de justificación por módulos.

 

Asimismo, se va a apostar por la evaluación permanente de la calidad y se establecerá un principio de tolerancia cero contra el fraude. Cuando se haya incumplido la legalidad se aprobará un régimen sancionador que incluye la imposibilidad de volver a trabajar para la Administración pública en cinco años.

 

Para la reforma se señalan a las organizaciones de autónomos como elementos claves para la detección de necesidades, así como a la hora de diseñar, programar y difundir la oferta formativa dirigida a los trabajadores autónomos. En este sentido, se reconoce el derecho a la formación profesional para el empleo a trabajadores por cuenta propia.

 

Oferta de empleo pública

 

Por otro lado, en el último Consejo de Ministros el Gobierno también ha aprobado la oferta de empleo público ordinaria y extraordinaria para 2015, con un total de 11.250 plazas.

 

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Sumadas las plazas de las dos ofertas, la ordinaria y la extraordinaria, son 7.416 nuevas las plazas del turno libre, de las que 3.058 son para la Administración General del Estado, 1.430 para Justicia, 1.374 para la Policía Nacional, 820 para la Guardia Civil, 484 para la Agencia Tributaria y 250 para funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

 

Por otro lado, la promoción interna se eleva a 3.834 plazas, entre las que destacan 2.708 plazas en la Administración General del Estado, 596 en Justicia y 480 para Policía y Guardia Civil.

 

Las 7.416 nuevas plazas del turno libre y las 3.834 plazas de promoción interna son un 340% y un 79% más, respectivamente, que las plazas libres y de promoción interna de 2014. Aumentan las plazas en todos los sectores, pero principalmente en Justicia, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional y en la Administración General del Estado. Este año comienza a reforzarse también el empleo público. Así, la tasa de reposición para servicios prioritarios se eleva al 50%, con una oferta de empleo público extraordinaria, con 724 nuevas plazas, y se reforzará, entre otros sectores, la lucha contra el fraude fiscal y laboral.

 

Ley del voluntariado

 

Por último, el Consejo de Ministros también ha tratado las mejoras en la ley del voluntariado, con el fin de delimitar los márgenes competenciales de las Administraciones públicas y concretar más el concepto de programas de voluntariado de competencia estatal.

 

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Entre los objetivos de la nueva norma se encuentran, entre otros, la regulación, los mecanismos de cooperación de las Administraciones con las entidades locales, la apertura del voluntariado a otros ámbitos, y la expansión del papel de las empresas y universidades en la activación de iniciativas de voluntariado.

 

Por otro lado, la ley establece los ámbitos de las actuaciones voluntarias, añadiéndose el voluntariado paralímpico dentro de la categoría “deportiva” y la protección de animales dentro de la ambiental. La nueva normativa concreta también los derechos y deberes de los voluntarios, garantizándose, como novedad, la igualdad en el acceso al voluntariado de las personas en situación de dependencia. Además, se fija en doce años la edad mínima para que participen menores en proyectos y se define el margen de actuación de las entidades y la función de la Administración.

 

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Más información:

 

Reforma de la formación profesional para el empleo

 

Oferta de Empleo Público

 

Ley del Voluntariado

 

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