
Asimismo, el Gobierno señala que el empleo no declarado impide la recuperación económica y el logro de los objetivos nacionales de reducción del déficit público. Por ello, con las nuevas medidas se pretende incrementar el sistema de protección social y las garantías de los trabajadores.
La norma aprobada tiene su origen en la convicción de que la situación económica del país hace necesario combatir con mayor intensidad estas prácticas. Así, el Plan articula medidas de distinta naturaleza para recuperar el nivel de justicia y solidaridad social en nuestro mercado de trabajo y en la economía española, al tiempo que potencia los mecanismos de control como disuasión frente a la ocultación de las relaciones laborales.
En este marco, se abrirá un proceso de regularización voluntaria del empleo irregular de trabajadores hasta el 31 de julio. Durante este proceso, las empresas que decidan acogerse voluntariamente deberán proceder a comunicar el alta de los trabajadores en la Seguridad Social. Transcurrido este plazo, se endurecerán las sanciones administrativas.
El Plan también comprende la intensificación de la vigilancia y el control del trabajo no declarado por parte de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como la realización de campañas de sensibilización pública.
Más información:
Consejo de Ministros Plan Control Empleo Sumergido
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