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El Estado cede a las autonomías la mitad de los fondos para Formación Continua

Nuevo reparto con el que se espera cumplir pasadas sentencias del Tribunal Constitucional al respecto. Sin embargo, comunidades autónomas como Galicia, País Vasco o Madrid ya han expresado su rechazo al Secretario General de Empleo.

Publicado en Histórico Noticias
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Valeriano Gómez, Secretario General de Empleo, informó ayer a los representantes de las comunidades autónomas presentes en la XXV Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, del incremento en los fondos transferidos a las mismas para la gestión de la Formación Continua y que ascienden a un total de 219 millones de euros, un 62,2% más que los 135 millones de euros recibidos en 2004. Este incremento se hace posible tras la publicación el pasado mes de abril del Real Decreto Ley 7/2005 de 22 de abril por el que se modificaba la Ley de Presupuestos Generales del Estado en lo que se refería a la financiación de la Formación Continua.


 


Gestión al 50% entre Estado y Comunidades


 


Tras el aumento del presupuesto a las comunidades autónomas, los fondos que finalmente se destinan en 2005 para ayudas y subvenciones de Formación Continua quedan distribuidos al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas –ganando éstas 14 puntos al 36% con el que participaban el pasado año-, lo cual se ajusta a las sentencias del Tribunal Constitucional de abril y octubre de 2002 y se adelanta en un año el objetivo de alcanzar este nivel de participación fijado inicialmente para 2006.


 


Este reparto a partes iguales en la gestión del presupuesto para Formación Continua no ha convencido a comunidades como Galicia, País Vasco y Madrid, incluso algunas afines al partido gobernante como Cataluña. Belén Prado, consejera gallega de Empleo, ha advertido que el Gobierno “incumple” con este modelo las sentencias del Tribunal Constitucional del año 2002, pues no otorga a las comunidades autónomas la gestión del cien por cien de los fondos destinados a formación.


 


El secretario general de Empleo ha negado este aspecto arguyendo que el fallo del Constitucional no hablaba de adjudicar la total gestión a los gobiernos autonómicos, sino que lo que hacía era instar a que aumentara su participación, medida que sí cumple el nuevo reparto. Asimismo, añadió que este modelo tiene el objetivo de realizar las acciones necesarias para transferir las competencias en formación continua a las comunidades autónomas. El citado incremento en el presupuesto va a ir acompañado de la modificación de la normativa actual vigente tanto en contratos de programas como en materia de bonificaciones a la formación continua en las empresas con el fin de, por un lado, favorecer el desarrollo de la formación continua sectorial en el ámbito autonómico, y por otro, incorporar dentro de las competencias de gestión de las comunidades autónomas las de evaluación, seguimiento y control de las bonificaciones a la formación continua a las empresas.


 


"Lo que dice el Gobierno es que, junto a las acciones formativas que realizan las comunidades autónomas, tiene que haber una financiación estatal para las actuaciones de formación amparadas en la negociación colectiva sectorial estatal". Resaltó, además, que esto se hace posible con un modelo que garantice que un tercio de los fondos se dedique a bonificar las cuotas de las empresas que den cursos de formación a sus empleados, otro tercio destinado a la gestión estatal, y los fondos restantes a las comunidades autónomas.


 


 



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Más información:


 


Real Decreto Ley 7/2005 de 22 de abril


 


Sentencias del Tribunal Constitucional de abril y octubre de 2002


 


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