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El coste de la enseñanza en castellano

El Gobierno deducirá o retendrá de la financiación autonómica la matrícula, escolarización, transporte, comedor e internado de los alumnos que se decanten por la enseñanza en castellano. [Foto: José Ignacio Wert en la rueda de prensa posterior al Con

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Estudiantes-grado-INEEl Gobierno ha decidido asumir íntegramente la escolarización privada de los alumnos que no tengan garantizada la enseñanza en castellano como lengua vehicular en centros públicos o concertados, pero repercutirá el coste a la autonomía correspondiente. Con esta medida se pretende “garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en ambas lenguas oficiales”.

 

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La normativa afecta especialmente a Cataluña. A través de la nueva normativa, el Gobierno deducirá o retendrá de la financiación autonómica a las Comunidades con lengua cooficial la matrícula, escolarización, transporte, comedor e internado de los alumnos que quieran optar el curso que viene a una enseñanza en castellano si no se garantizan plazas públicas suficientes.

 

El procedimiento será iniciado por las familiase instruido por la Alta Inspección de Educación. Los beneficiarios son los alumnos que cursen educación obligatoria y tendrá un límite del gasto medio por alumno de 6.057 euros. Si la escolarización en el centro privado rebasa este límite será la familia quien asumirá la diferencia.

 

Las familias tendrán que abonar por adelantado a los centros privados la cuotade escolarización, el comedor o el transporte, y en un plazo máximo de seis meses se producirá la resolución de las solicitudes.

 

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha defendido la medida afirmando que “no se están intentando establecer modelos de utilización del castellano como lengua vehicular exclusiva en las Comunidades con lengua cooficial propia. Se trata de garantizar el derecho reconocido por el Tribunal Constitucional”.

 

Asimismo, el Gobierno ha recordado los requisitos para poner en marcha este mecanismo subsidiario: que el modelo educativo solo contemple el uso del castellano en Lengua y Literatura castellanas, que los padres lo hayan solicitado y no hayan sido asistidos, que no haya proporción razonable de ambas lenguas, o que el alumno se haya tenido que matricular en otro centro.

 

Asimismo, el Gobierno ha resaltado que el mecanismo “únicamente se activaría si la Administración educativa incumpliese su deber constitucional de garantizar la presencia de ambas lenguas cooficiales como vehiculares en su programación”.

 

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Más información

 

Ministerio de Educación

 

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