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Educación quiere que se apruebe la reforma de la LOU en 2005

Así lo expresó la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, tras la última reunión del CCU en Valencia. La vuelta a una prueba única de acceso a la Universidad, la reforma de los estudios de Grado y Postgrado para converger con Europa

Publicado en Histórico Noticias
Foto de Educación quiere que se apruebe la reforma de la LOU en 2005

El Ministerio de Educación y Ciencia, capitaneado actualmente por la ministra María Jesús San Segundo, está empeñado en hacer prácticamente borrón y cuenta nueva con la Ley Orgánica de Universidades (LOU), promulgada y puesta en marcha por el anterior Gobierno del Partido Popular. Muchos de los puntos más polémicos de esta ley se verán reformados a lo largo de 2005 en el Parlamento, si la titular del Ministerio logra sacar adelante la remodelación de esta norma, para lo que desde hace varios meses se vienen manteniendo conversaciones con distintos colectivos implicados en el sistema universitario.


 


Tras la reunión del pleno del Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) la pasada semana en Valencia, la ministra San Segundo adelantó una serie medidas para el futuro que darán al traste con la ley elaborada por su antecesora en el cargo, Pilar del Castillo. Así, el Gobierno pretende, entre otras modificaciones de la LOU, reformar su artículo 42 para implantar una única prueba de acceso a la Universidad tal y como venía haciéndose hasta ahora, y terminar con el actual sistema que pretendía dotar a las universidades de cierta autonomía para elaborar sus propias pruebas a la hora de seleccionar a los alumnos.


 


La actual ley también recoge la próxima implantación del examen de Reválida, una prueba que debía superarse al terminar la enseñanza secundaria para poder optar a las pruebas específicas de cada Universidad, circunstancia que quedará en papel mojado después de la reforma que está preparando el Gobierno.


 


Esta única prueba de acceso será elaborada conjuntamente entre los responsables de las universidades y de la educación secundaria, que ya han iniciado sus trabajos a través de una comisión mixta para ultimar una propuesta final de regulación sobre la prueba de acceso. Según ha manifestado recientemente la ministra San Segundo, se tratará de una prueba nueva en la que va a tener especial trascendencia el conocimiento de idiomas y en la que se ponderarán de forma diferente los bloques de materias según la carrera a la que se quiera acceder.


 


Otro de los puntos fuertes de la citada reforma se centrará en el proceso de adaptación del sistema universitario español al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, para lo que los Reales Decretos de estudios de Grado y Postgrado ya se encuentran en su última fase de elaboración. De hecho, las subcomisiones del Consejo de Coordinación Universitaria encargadas de este asunto van a comenzar en breve los trabajos que darán paso al nuevo mapa de titulaciones de Grado, con el objetivo de actualizar los planes de estudios y adaptarlos a lo que realmente demanda el mercado de trabajo.


 


Por ejemplo, uno de los cambios en el nuevo mapa educativo europeo afectará directamente al sistema de créditos universitarios, que pasarán a medirse por las horas de trabajo que los alumnos han de invertir para conseguir los objetivos fijados. La reforma en este campo, en opinión de la propia ministra, pretende lograr una enseñanza más “transparente y homologable en Europa”, lo que repercutirá en una mayor movilidad de los estudiantes en todo el continente.


 


Por otra parte, como se viene apuntando desde hace varios meses a través de los medios de comunicación, existe una comunión casi perfecta entre la Administración central educativa y los rectores de las universidades españolas, agrupados en la CRUE. En este sentido la responsable del Departamento de Educación va a plasmar sobre el papel de la nueva ley que salga tras la reforma, gran parte de las reivindicaciones formuladas por los máximos mandatarios de las universidades aunque todavía existe algún punto donde no se ha alcanzado el consenso necesario.


 


No obstante, cabe destacar el próximo establecimiento de una comisión de financiación para establecer un modelo universitario, algo que los rectores consideran fundamental aunque más la propia financiación que la comisión en sí. Asimismo, otro de los apartados que más controversia han generado entre el Gobierno y la CRUE es el relativo al sistema de elección de los rectores, uno de los escasos puntos en los que éstos coincidían con la LOU del Gobierno “Popular”. En este aspecto el Ministerio de Educación pretende cambiar el actual sistema de sufragio universal ponderado para la elección de los rectores, reforzando todavía más la autonomía universitaria, concediendo libertad a las propias universidades para introducir sus propios criterios en el proceso de elección de los rectores y la duración de sus mandatos. 


 


Además, el Ministerio quiere potenciar la investigación universitaria llegando a acuerdos con las comunidades autónomas y las instituciones para aumentar la oferta de plazas de investigadores, facilitando la contratación permanente. En esta misma línea, y buscando un mayor interés por parte de los jóvenes de cara a introducirse en la carrera docente investigadora, el Gobierno atenderá la petición de los rectores de cambiar la forma de acceso del profesorado a la Universidad, sustituyendo la prueba actual de habilitación por un modelo de acreditación con criterios públicos y conocidos. El Partido Socialista ya se comprometió durante la campaña electoral del pasado mes de marzo a elaborar un modelo de acreditación que valorara los méritos de los aspirantes, para que luego en una segunda fase fueran las propias universidades quienes escogieran entre los mejores candidatos.


 


Por su parte, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), encargada de la evaluación en los sistemas de acceso a la profesión de docente universitario, pasará de ser una fundación privada financiada con fondos públicos a ser un organismo totalmente público al que se incorporarán las comunidades autónomas. 


 


En cuanto al Consejo de Coordinación Universitaria se verá en parte modificado para dotarle de una mayor agilidad y eficiencia. El CCU, máximo órgano consultivo del sistema de enseñanza superior, actualmente integrado por los rectores, las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación, puede abrir sus puertas en breve a la entrada de los estudiantes, quienes desde hace tiempo vienen solicitando formar parte de este órgano en la toma de decisiones. Asimismo, el Ministerio de Educación está estudiando darle un mayor protagonismo a la representación de los estudiantes en los órganos de participación universitaria, además de crear un estatuto del estudiante donde se reflejen sus deberes y derechos.   


 


Por último, y en lo relativo la reforma del Consejo Social de las universidades, -órgano mediante el cual éstas rinden cuentas a la sociedad sobre el conjunto de sus actividades-, el Ministerio es partidario de reforzar su papel de enlace con la sociedad sin renunciar a la integración del mundo empresarial, pero sin darle tanto protagonismo en el Consejo como actualmente recoge la LOU. Además, el Gobierno quiere suprimir la presencia de tres miembros del Consejo Social en los órganos de gobierno de las universidades por ser innecesaria para la gestión, y serán los parlamentos regionales los que elijan por una mayoría cualificada a los presidentes de los consejos sociales.


 


 


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Enlaces de interés:


 


Ministerio de Educación y Ciencia


 


Ley Orgánica de Universidades (LOU)


 


Consejo de Coordinación Universitaria (CCU)


 


Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE)


 


Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)


 


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