Agentes de
Operación “Estudiante”
La operación, denominada “Estudiante”, se inició en San Sebastián donde se produjeron las primeras tres detenciones de supuestos fisioterapeutas que declararon haber obtenido dichos títulos previo pago de unos 18.000 euros.
Según informan fuentes del Ministerio del Interior, a raíz de estas primeras detenciones pudo identificarse al propietario de la academia que ofertaba las falsas titulaciones y que estaba ubicada en una localidad alicantina. Este individuo, Eduardo P.M., poseía además una clínica en la que ejercía como licenciado en Medicina y Cirugía y su mujer regentaba una parafarmacia contigua como diplomada.
Los datos bancarios de la mencionada academia reflejaban numerosas transferencias bancarias en concepto de “convalidación de títulos”. Los agentes confeccionaron un listado con los ordenantes de dichos ingresos que fue remitido al Ministerio de Educación y Ciencia. Muchos de estos sujetos habían logrado homologar sus títulos, los cuales pudo comprobarse posteriormente que eran falsos.
Asimismo se averiguó que Eduardo P.M. contaba con otro socio, José L.M., que residía en Málaga donde poseía otra academia desde la que ofrecía también estas falsificaciones que habían sido homologadas.
Los dos propietarios de estas academias mantenían contactos con distintos sujetos de las universidades de Perú, a donde realizaban viajes periódicos. Una vez que tenían un comprador, los certificados de cargas horarias, los certificados de estudios y la resolución rectoral, los detenidos pedían que les ingresasen una cantidad de dinero que oscilaba entre los 6.000 y 12.000 euros. Cuando ya poseían el título era cuando se solicitaba el último ingreso hasta alcanzar los 18.000 euros por titulación. Toda la documentación era presentada al Ministerio de Educación y Ciencia que, mediante resolución, les otorgaba la homologación que les habilitaba para ejercer como tales.
La mayor parte de los títulos expedidos eran licenciaturas de Médico Cirujano, de éstos un gran numero de detenidos trabajaban en clínicas privadas expidiendo altas y bajas medicas, así como recetando fármacos. Alguno de los detenidos trabajaba en residencias de la tercera edad, como es el caso de Cáceres, donde una imprudencia profesional casi les cuesta la vida a dos ancianos por la receta de unos fármacos.
Todos los detenidos han hecho entrega en las diferentes plantillas de los títulos originales, así como los certificados de las cargas horarias y resoluciones rectorales de las titulaciones.
Las investigaciones no han concluido y se esperan próximas detenciones en Lima (Perú) de los responsables de emitir y enviar dichos títulos a España.
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Más información:
Ministerio del Interior
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